Esta previsión es sólo la primera fase de un ambicioso proyecto que quiere convertir esta zona del Pallars Jussà en un “referente turístico de los Pirineos” con la construcción de un resort, que incluirá, además de pistas de esquí, un campo de golf, un spa de 2.500 metros, una zona village (con comercios y restaurantes) de 5.000 metros, un gran centro de convenciones con capacidad para 1.000 personas, 2.400 plazas de hotel y 900 vivendas.
Esta macrocentro vacacional tiene como objetivo atraer al turista de montaña y competir con zonas consolidadas como la Vall de Boí o la Vall d’Aran. Otro objetivo es conseguir que el turista que no sólo acuda a la zona en invierno, sino durante todo el año, para ello sus impulsores proponen reinventarlo con actividades como el senderismo o el excursionismo.
Otra arma para captar a los turistas será ofrecerles “infraestructuras de calidad, que actúen como un motor para el turismo de montanya”, explicó Josep Maria Gràcia, director de la división de Explotación Patrimonial de Vallfosca Resort.
De momento, ya se ha iniciado la construcción del campo de golf del complejo, que se inaugurará el próximo año, y de las primeras 99 viviendas en el núcleo de Espui. Una obra que, según destacó Gràcia, no va ligada ni a la estación de esquí, ni al campo de golf, ni al resort, ya que fue iniciada por la anterior empresa promotora del proyecto.
También en paralelo, está previsto construir la estación de esquí, cuyas obras ya están contratadas y se encuentran en fase inicial. Por ello, la empresa Fadesa, que gestiona actualmente el proyecto, espera que la primera fase de las pistas pueda estar terminada en la temporada 2008-2009.
Sin embargo, el dominio no será todavía esquiable en esta fecha, puesto que se calcula un periodo de dos o tres meses para probar las instalaciones antes de abrirlas al público. Por este motivo, los clientes no podrán esquiar en la Vall Fosca hasta la temporada 2009-2010.
En este periodo se espera abrir los 30 primeros kilómetros de pistas, cinco remontadores y un telecabina de última generación, del que sólo se encuentran cinco unidades en todo el mundo. Según destacó Gràcia, esta infraestructura será “más cómoda, más rápida y más fiable” que las tradicionales y supondrá una mejora importante respecto al proyecto original. También en esta fase, se prevé disponer de 1.200 plazas hoteleras (de hotel y apart hotel) incluídas en cuatro edificios.
Respecto a una segunda fase, que podría estar lista en el plazo de unos diez años, Gràcia explicó que se dispondrá de 45 kilómetros de pistas de esquí y 2.400 plazas hoteleras, que se encontrarán en el núcleo de Espui y a pie de pista.
El macroproyecto incluye también un aparcamiento subterráneo de 2.200 plazas, modificado respecto al proyecto original (que era de 1.200) a petición del Ayuntamiento de la localidad pallaresa, quien también demandó que todos los vehículos quedarán bajo el nivel de la calle, de forma que no se viera ningún automóvil.
Todo ello tendrá un coste que rondará los 500 millones de euros, una cifra de inversión que, tal y como explicó, Jaume González- Milá, director de Fadesa en Catalunya y Baleares, ha sufrido un notable incremento en relación al primer proyecto, ya que se han realizado modificaciones que han encarecido el coste de la obra.
Estas modificaciones se han realizado para “dimensionar” el conjunto y conseguir que funcione durante todo el año, explicó González-Milá, ya que, tal y como apuntó, “algunas estaciones lo hacen sobre la marcha, mientras que nosotros lo podemos hacer desde el principio”.
500 puestos de trabajo
Esta voluntad explica, según González-Milá, la fuerte apuesta a nivel de compañía que Fadesa realiza en este proyecto, que creará 250 puestos de trabajo directos y alrededor de 500 indirectos. Además, por el momento ya trabajan en la construcción del complejo unas 30 personas.
También la venta de las casas avanza a buen ritmo, puesto que, según informó Fadesa, ya se han vendido alrededor de un 70% de la primera promoción de viviendas que se construye actualmente, y que consta de 99 casas.
Sin embargo, estos alojamientos no son la principal prioridad de la empresa, quien se marcó como objetivo inmediato las obras del dominio esquiable, aunque continuó con el proceso de comercialización de esta promoción.
Proyecto complejo con oposición vecinal
Respecto a la oposición vecinal que ha acompañado la iniciativa desde sus inicios, González-Milá explicó que “es necesario ejecutar el proyecto para que la gente lo conozca” y destacó que la empresa Fadesa no ha mantenido contactos con la plataforma opositora al complejo, si bien añadió que “todas las opiniones son respetables”.
El complejo turístico ha topado con la oposición de grupos de vecinos, ecologistas y políticos desde sus inicios a finales de los 90. Además, la firma gallega Fadesa compró la promotora del proyecto (Vallfosca Interllacs) en noviembre de 2005.

Montañas de Aragón, Aramón, ha interpuesto un contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Benasque por considerar que su decisión de declarar “litigiosos” los terrenos de Cerler es “de nulidad radical”. En las últimas jornadas se ha conocido, también, que se ha hecho efectiva la opción de compra de dichos terrenos, que ya fueron vendidos cuando se aprobó el plan de reparcelación de Cerler por unos 120 millones de euros. Desde el Ayuntamiento de Benasque, el acalde, José Ignacio Abadías, mostró su sorpresa por la venta y anunció que va a solicitar el documento de compra-venta para ver “a qué precio se ha vendido y a qué va a destinar el dinero Aramón”.

La Sociedad Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque, en su último consejo del pasado día 4 de julio, decidió interponer un contencioso-administrativo contra la decisión del Ayuntamiento de Benasque de declarar “litigiosos” los terrenos de Cerler, adoptada en el pleno consistorial del 24 de mayo. Dicha medida consistorial respondía a la demanda contra Aramón presentada por los antiguos propietarios de dichas parcelas que consideran que el holding aragonés de la nieve no ha cumplido el contrato de compra-venta suscrito en 1968 por el que se les revertiría el diez por ciento urbanizado.

En la citada reunión, los consejeros decidieron interponer el contencioso contra el Ayuntamiento porque, precisaron fuentes cercanas a Montañas de Aragón, “Aramón entiende que esa decisión se produce al margen de los procedimientos legalmente establecidos” y, además, que “la decisión se toma en contra de los informes reiterados de los técnicos municipales”.

Montañas de Aragón (Aramón) ha vendido todo el suelo de la ampliación de la urbanización de Cerler por casi 120 millones de euros, tal y como ya anunció hace un año cuando se firmó la adjudicación de la primera fase y publicó este diario. No obstante, los beneficios netos que obtendrá la empresa de la nieve por la venta de los terrenos estarán en torno al 60% de la cantidad total, tras descontar el pago de los impuestos.

Aramón tiene el compromiso de reinvertir los beneficios en el valle. De hecho, esta venta era su única fuente de ingresos a corto plazo. Sin embargo, a la cifra final hay que descontar los impuestos de trasmisiones, actos jurídicos y otros conceptos derivados de la propia venta de los terrenos.

En concreto, estas cantidades deberán invertirse en la modernización y ampliación de las pistas de esquí en el valle de Ardonés, tal y como se acordó en un convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Benasque y Aramón. Sin embargo, la expansión del dominio esquiable por Ardonés cuenta con escasas posibilidades, ya que tiene importantes contraindicaciones medioambientales. Se trata de un proyecto impulsado por el municipio benasqués, al que pertenece Cerler.
Opción de compra

La empresa que ha adquirido los terrenos de ampliación de la urbanización de Cerler, un total de 18,3 hectáreas, es el grupo López Soriano, que fue el ganador hace un año del concurso cerrado para cinco empresas que se convocó para adjudicar la primera fase. López Soriano se presentó acompañado de Alosa, Ágreda Automóviles, Ordisa y la firma vasca Cosimet. En ese contrato, se firmó una opción de compra, que vencía el pasado 15 de junio y que se ejecutó unos días antes. En esas cláusulas se fijaba el precio de venta, que ahora no se ha modificado. Las 18,3 hectáreas se iban a vender en tres fases pero finalmente se adjudicaron 4,4 en una primera operación, que ha terminado un año después al ejecutar la opción de compra. Estos terrenos corresponden a la segunda unidad de ejecución del proyecto de ampliación de la urbanización de Cerler, que comenzó a tramitarse en 1966, cuando se creó la estación permutando terrenos edificable con los propietarios del área esquiable. Hasta ahora se habían urbanizado 30,5 hectáreas.

De esta segunda parte, 12,7 hectáreas están destinadas a usos comerciales, hoteleros, residenciales y aparcamientos; 1,3 a equipamientos; 2,1 a zona verde, y otras 2,1 a viales. En esta extensión, se construirán entre 1.000 y 1.200 viviendas y varios hoteles. Esa primera parte de 4,4 hectáreas todavía no se ha desarrollado. Entre otras cosas, y según explica el alcalde de Benasque, José Ignacio Abadías, porque no se han presentado los proyectos de captación de agua, red de abastecimiento, depósito de regulación y la red de depuración.

Reparcelación litigiosa

Pero no son las únicas trabas al desarrollo final de este plan. El grupo López Soriano ha adquirido unos terrenos después de que el Ayuntamiento de Benasque aprobara en un pleno en mayo declarar litigiosa la reparcelación de parte de estos suelos. Por esta decisión, el consejo de administración de la sociedad de Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque, titular de la estación e integrada en Aramón, interpondrá un contencioso administrativo contra la decisión municipal.

El acuerdo de pleno fue la respuesta a la petición de casi todos los ex propietarios del suelo que presentaron una demanda en el Juzgado de Boltaña contra Aramón, al entender que los contratos que firmaron hace cuarenta años con la promotora de la estación de esquí se han resuelto por incumplimiento. Los antiguos dueños exigen que se les devuelva unas 32 hectáreas de terreno de las 40 que vendieron. Ahora, la titularidad ha cambiado. El caso está en los tribunales.

La empresa Montañas de Aragón (Aramón) ha firmado ya el contrato de compraventa de todos los terrenos pendientes de adjudicación del proyecto de ampliación de la urbanización de Cerler, que comprende un total de 18,3 hectáreas de las que ya se habían vendido 4,4 hace justo un año. El grupo López Soriano, ganador con el apoyo de otras empresas del concurso cerrado que Aramón convocó entre cinco empresas para adjudicar la primera fase, ha ejecutado la opción de compra que firmó en ese primer contrato y que vencía el 15 de junio de este año.

La empresa de la nieve de Aragón no informó ayer del precio de venta de los terrenos, aunque ya habían anunciado que esperaban conseguir 120 millones de euros por toda la urbanización. Esta cantidad es su única fuente de ingresos a medio plazo.

Con esta operación se cierran las negociaciones para terminar el proyecto de la ampliación de la urbanización de Cerler, que comenzó a tramitarse en 1966, cuando se creó la estación permutando terrenos edificables con los propietarios del área esquiable. Hasta ahora solo se había urbanizado y construido la llamada unidad de ejecución 1, de 30,5 hectáreas de extensión, y esta venta corresponde a la segunda unidad. De todo el conjunto, 12,7 hectáreas están destinadas a usos comerciales, hoteleros, residenciales y aparcamientos; 1,3 a equipamientos; 2,1 a zona verde y otras 2,1 a viales. Se construirán entre 1.000 y 1.200 viviendas.

No obstante, el grupo López Soriano adquiere estos terrenos después de que el Ayuntamiento de Benasque aprobara en el pleno del pasado 24 de mayo declarar litigiosa la reparcelación de parte de esos suelos, a tres días de las elecciones, en contra del criterio expresado por los técnicos municipales y con solo dos votos a favor de los nueve posibles.

La declaración se produjo a petición de casi todos los antiguos titulares de los terrenos, que han presentado una demanda en el Juzgado de Boltaña. Los ex propietarios exigen a Aramón que les devuelva unas 32 hectáreas de terreno de las 40 que vendieron o que, en su defecto, pague su valor económico actual, según ellos, de unos 85 millones de euros. Los antiguos dueños entienden que los contratos firmados hace tres décadas con la promotora de la estación se han resuelto por incumplimiento.

Por su parte, el consejo de administración de la sociedad Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque, la firma propietaria de la estación de Cerler, va a presentar un contencioso administrativo contra la decisión municipal. Fuentes de Aramón argumentan que la reparcelación ya estaba aprobada y que jurídicamente es firme al no haber sido impugnada por terceros. Por ello, la empresa de la nieve de Aragón entiende que la decisión incurre en una «nulidad radical», tipificada en el artículo 62.1 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común.

La primera fase de urbanización de 18,3 hectáreas podría haberse adjudicado directamente pero se hizo un concurso imitando al sector público, aunque Aramón sea una empresa mixta con un 50% de participación de la Diputación General de Aragón e Ibercaja. En ese contrato suscrito hace un año, se firmó el derecho de compra sobre las 11,9 hectáreas restantes, que se ha materializado ahora. El 80% de los terrenos pertenecían a Aramón.

La idea inicial del grupo de la nieve era vender las 18,3 hectáreas en una sola operación con la que esperaban obtener 120 millones de euros, que tenía el visto bueno de la DGA. Esta operación se inició tras la aprobación por parte del Ayuntamiento de Benasque en febrero de 2006 del Plan Parcial de Ordenación Urbana. Sin embargo, Ibercaja prefirió fraccionarla en tres fases y un periodo de cuatro o cinco años. Finalmente, la venta se ha ejecutado en un solo año, en dos operaciones y a un solo comprador.

La primera fase comprende 4,4 hectáreas en las que se construirán 366 viviendas, en una extensión de 2,9 hectáreas y en las 1,5 restantes se edificarán tres pequeños hoteles con 309 plazas. Sin embargo, todavía no se han iniciado las obras. El alcalde de Benasque, José Ignacio Abadías, apunta que no se ha aprobado la urbanización porque aún no han presentado los proyectos de captación de agua, red de abastecimiento, depósito de regulación y la red de depuración.

En un comunicado, la plataforma considera que el tiempo transcurrido desde que los juzgados de Huesca acordaran la anulación del permiso es un plazo “más que importante” y añade que el cierre se pide no sólo por su “situación ilegal”, sino por el riesgo que supone para los usuarios.

Los portavoces de la asociación, que se refieren al aparcamiento como “la obra más controvertida de la inacabada ampliación de Aramón-Formigal”, destacan que a pesar de que la sentencia es firme desde el 30 de octubre de 2006, Aramón y el Ayuntamiento de Sallent, que concedió la licencia, “han estado dando largas”.

Los abogados de la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón han solicitado la clausura o paralización inmediata del uso del aparcamiento del Portalet, la obra más controvertida de la inacabada ampliación de Aramón-Formigal.

Esta solicitud se realiza en estos momentos al haber transcurrido ya un tiempo más que importante desde que los juzgados de Huesca dictaran sentencia firme anulando la licencia de obra y apertura del aparcamiento. Desde entonces, 30 de octubre de 2006, tanto la empresa inmobiliaria (Aramón) como el Ayuntamiento de Sallent de Gállego (el órgano que concedió la anulada licencia y el que debería cerrar en primera instancia el aparcamiento) han estado dando largas a la sentencia judicial. Por ello, se entiende que legalmente es tiempo ya de hacer cumplir la sentencia y se realiza esta solicitud. Máxime cuando con fecha 30 de marzo de 2007 el Ayuntamiento de Sallent de Gállego reconoció que la instalación no tenía licencia y que ese órgano no tenía capacidad para otorgársela.

Dicha solicitud la realiza Ecologistas en Acción en nombre de la Plataforma y lo hace formalmente al Ayuntamiento de Sallent de Gállego, órgano encargado de cumplirla y responsable de cualquier irregularidad o acontecimiento que sucediera en esa infraestructura mientras esté funcionando sin licencia.

La solicitud de cierre o clausura inmediata se realiza ya no sólo por una cuestión legal (existe una sentencia firme anulando la licencia y la ley marca, lógicamente, que no se pueden ejercer este tipo de actividades sin licencia), sino también por lo controvertido de la obra (que ha arrasado una ladera dentro de la Reserva de la Biosfera de Ordesa, en el filo de lo alegal desde el punto de vista ambiental) y por los graves riesgos en que sitúa a sus usuarios, de hecho el juez, para dictar sentencia, tuvo muy en cuenta este aspecto de riesgo potencial, recogido por los informes geológicos oficiales que indicaban que las obras del aparcamiento habían provocado deslizamientos de la ladera en que se encontraba dicha instalación y que «…ese deslizamiento inicial se encuentra probablemente en fase de actividad…».

Por todo ello, para que se cumpla la ley (Aramón no puede, o no debería poder, funcionar al margen de las leyes) y para evitar riesgos innecesarios por la utilización de esa instalación, es por lo que se pide formalmente y con la ley en la mano el cierre de este polémico mega aparcamiento de Aramón-Formigal.

El convenio urbanístico denunciado, «Convenio de colaboración para la participación en la financiación de la inversión de la nueva estación de esquí de Montanuy» fue firmado en su día por el alcalde de Montanuy -José María Agullana- y el director de Aramón -Javier Blecua-, este último actualmente investigado en los juzgados de Huesca por corrupción urbanística.

En dicho convenio se estipulaba que el Ayuntamiento de Montanuy aprobaría un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a medida de la empresa Aramón, recalificando las fincas aportadas por la empresa tras su compra como rústicas a los vecinos, para que Aramón consiguiese las oportunas plusvalías. De hecho, la encargada de redactar y sufragar el PGOU era la propia empresa Aramón.

El PGOU que se quiere aprobar permitirá masivas recalificaciones urbanísticas para la construcción de miles de nuevas segundas residencias en un valle -el de Castanesa- de 300 habitantes a las puertas del Parque Natural de Posets Maladeta.

Ahora, los vecinos de Castanesa por medio de su asociación, ante el anuncio del alcalde de querer seguir adelante con este convenio y aprobar el PGOU con urgencia han decidido llevarlo ante el Fiscal del Tribunal de Cuentas, órgano encargado de velar por la legalidad de este tipo de documentos.

De prosperar el procedimiento que instruya dicho Tribunal, se obtendría un pronunciamiento sobre la legalidad de las estipulaciones del convenio, determinándose allí las responsabilidades que se deriven del mismo y los medios para exigirla. Además, la iniciación de este procedimiento de fiscalización no excluye que, en un momento dado, se puedan ejercer acciones ante los Tribunales del orden administrativo o penal; lo que más adelante se vería.

Con la presentación de esta denuncia a la Fiscalía, se pone sobre la mesa una duda razonable sobre la legalidad del convenio, lo que algo habrá de pesar en el Ayuntamiento a la hora de aprobar el PGOU que dimana del polémico convenio urbanístico.

DESNIVEL
Denuncia popular en Castanesa
Los vecinos de Castanesa por medio de su asociación, Naturaleza Rural, denuncian ante el Fiscal del Tribunal de Cuentas el convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento de Montanuy y la empresa Aramón.

La Asociación de propietarios y vecinos del valle de Castanesa «Naturaleza Rural» ha denunciado ante el Fiscal del Tribunal de Cuentas el convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento de Montanuy y la empresa Aramón. El convenio urbanístico denunciado, «Convenio de colaboración para la participación en la financiación de la inversión de la nueva estación de esquí de Montanuy» fue firmado en su día por el alcalde de Montanuy -José María Agullana- y el director de Aramón -Javier Blecua-, este último actualmente investigado en los juzgados de Huesca por presunta corrupción urbanística.

En dicho convenio se estipulaba que el Ayuntamiento de Montanuy aprobaría un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a medida de la empresa Aramón, recalificando las fincas aportadas por la empresa tras su compra como rústicas a los vecinos, para que Aramón consiguiese las oportunas plusvalías. De hecho, la encargada de redactar y sufragar el PGOU era la propia empresa Aramón.

El PGOU que se quiere aprobar permitirá masivas recalificaciones urbanísticas para la construcción de miles de nuevas segundas residencias en un valle -el de Castanesa- de 300 habitantes a las puertas del Parque Natural de Posets Maladeta.

El pueblo se moviliza
Ahora, los vecinos de Castanesa por medio de su asociación, ante el anuncio del alcalde de querer seguir adelante con este convenio y aprobar el PGOU con urgencia han decidido llevarlo ante el Fiscal del Tribunal de Cuentas, órgano encargado de velar por la legalidad de este tipo de documentos.

De prosperar el procedimiento que instruya dicho Tribunal, se obtendría un pronunciamiento sobre la legalidad de las estipulaciones del convenio, determinándose allí las responsabilidades que se deriven del mismo y los medios para exigirla. Además, la iniciación de este procedimiento de fiscalización no excluye que, en un momento dado, se puedan ejercer acciones ante los Tribunales del orden administrativo o penal; lo que más adelante se vería.

Con la presentación de esta denuncia a la Fiscalía, se pone sobre la mesa una duda razonable sobre la legalidad del convenio, lo que algo habrá de pesar en el Ayuntamiento a la hora de aprobar el PGOU que dimana del polémico convenio urbanístico.

DIARIO DEL ALTOARAGON
Denuncian ante el Tribunal de Cuentas el plan urbanístico para Castanesa

HUESCA.- La Asociación de Propietarios y Vecinos del Valle de Castanesa ha denunciado ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas el convenio suscrito entre Aramón y el Ayuntamiento de Montanuy para el desarrollo urbanístico de la zona. La denuncia, que se refiere a la existencia de presuntas irregularidades en el acuerdo, con el que se planea financiar la operación, fue interpuesta a principios de este mes por la citada asociación, para quienes el convenio deja en manos de Aramón la responsabilidad del planeamiento urbanístico. En un comunicado, la asociación asegura que el acuerdo, suscrito en mayo de 2005 por el alcalde de la localidad, José María Agullana, y el ex consejero de Aramón, Javier Blecua, comprometía al Consistorio de Montanuy a aprobar un PGOU “a medida” de la empresa promotora. Añaden que este convenio determina la recalificación de todas las fincas adquiridas en la zona como rústicas por Aramón, que financió la redacción del PGOU de Montanuy.

Los vecinos aseguran que dicho plan, aprobado inicialmente por el pleno de Montanuy, prevé la construcción de 2.300 segundas residencias y 3.500 plazas hoteleras, lo que supondría unas 13.000 camas. Destacan que la operación urbanística permitiría a la empresa obtener 500 millones para financiar la puesta en marcha de cuatro nuevos dominios esquiables próximos a Cerler, tres campos de golf, teleféricos de gran capacidad y proyectos diversos de termalismo, hípica y deportes de hielo. La iniciativa de la asociación, que responde al anuncio hecho por el alcalde de la población de aprobar el PGOU por vía de urgencia, se plantea con el objetivo de transmitir al Tribunal de Cuentas que la “precipitación y opacidad” de las gestiones que “pueden estar relacionadas con alguna irregularidad legal”. Los vecinos no descartan recurrir en el futuro a las vías administrativa o penal.

EL PERIODICO DE ARAGON
Los vecinos llevan al Tribunal de Cuentas el convenio de Castanesa
Una entidad denuncia «recalificaciones a la carta» para beneficiar a la empresa Aramón.Comunican a la Fiscalía que el hólding ha sufragado el nuevo PGOU de Montanuy.

La asociación de propietarios y vecinos del valle de Castanesa Naturaleza Rural ha denunciado ante el fiscal del Tribunal de Cuentas (TC) el convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento de Montanuy y la empresa Aramón. En dicho acuerdo se estipulaba la redacción, a cargo del hólding semipúblico del esquí, de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que preveía la construcción de 3.500 nuevas viviendas, la mayor parte de ellas en terrenos rústicos adquiridos por la empresa que van a ser recalificados.

El alcalde de Montanuy, el socialista José María Agullana, ya avanzó en junio a EL PERIÓDICO que en el primer pleno que se celebrase en julio aprobaría la reforma urbanística. Aunque no hay fecha, se prevé que la modificación va a ser inminente. Fuentes de Aramón mostraron su extrañeza por la denuncia y por el organismo ante el que se ha presentado. El TC es un órgano auditor, que fiscaliza la gestión económica del sector público, el hólding no es una empresa pública y el convenio es un acuerdo a desarrollar en el futuro, no un negocio efectuado.

El Convenio de colaboración para la participación en la financiación de la inversión de la nueva estación de esquí de Montanuy fue firmado en el 2005 por el alcalde y el entonces director de Aramón, Javier Blecua, cesado en febrero pasado tras abrir diligencias un juzgado de Barbastro por su implicación en la venta de una parcela al Ayuntamiento de Barbastro.

El documento asigna 2.300 viviendas a los terrenos con los que se ha ido haciendo Aramón, mientras que las 1.200 restantes serán para promotores privados. Ese volumen urbanístico es el que el hólding considera necesario para financiar la puesta en funcionamiento de la futura estación de Castanesa.

Entre las presuntas irregularidades puestas en conocimiento de la Fiscalía con fecha 1 de julio se incluye el que «se traslada a una sociedad privada la iniciativa de decidir qué fincas son las urbanizables, cuándo van a ser urbanizables y qué precios han de tener esas fincas antes y después de ser urbanizadas». Lo que la asociación denomina «una recalificación a la carta» para Aramón.

El presidente de Naturaleza Rural, Manel Badía, añade que en dicho convenio se estipuló «se aprobaría un Plan de Ordenación a la medida de Aramón, recalificando las fincas aportadas por la empresa tras su compra como rústicas a los vecinos, para que Aramón consiguiese las oportunas plusvalías. De hecho, la encargada de sufragar el PGOU era la propia Aramón».

HERALDO DE ARAGON
Vecinos de Montanuy llevan a la Fiscalía el convenio entre Aramón y el Ayuntamiento
El Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias para estudiar el caso. El grupo de la nieve subraya su «sorpresa» por la denuncia y el alcalde se muestra «tranquilo» por haber actuado «correctamente».

I. ARISTU. Zaragoza | La asociación Naturaleza Rural, que agrupa a una veintena de propietarios y vecinos del valle de Castanesa, ha llevado a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas para ver si encuentra algún indicio de delito el convenio urbanístico firmado entre Aramón y el Ayuntamiento de Montanuy. El acuerdo, suscrito en mayo de 2005, comprometió al Consistorio a clasificar como suelo urbanizable residencial los terrenos que el grupo aragonés de la nieve y otros particulares aportan a la futura estación que se quiere construir en Castanesa.

A cambio, la empresa mixta participada al 50% por la DGA e Ibercaja se obligó a encargar y costear el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad, así como a reinvertir en la futura estación todas las plusvalías que obtenga con la venta de los suelos recalificados.

Según explicaron a HERALDO fuentes de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas -que tiene su sede en Madrid-, este organismo ha abierto «diligencias de investigación» para comprobar si en la documentación remitida por Naturaleza Rural se observa algún indicio de delito. «Un fiscal estudiará el caso y decidirá si se archiva, si se sigue investigando desde aquí o si se traslada a otro tribunal», señalaron las mismas fuentes.

La denuncia fue remitida a la Fiscalía el pasado 1 de julio por el presidente de la asociación Naturaleza Rural, Manel Badía. «La decisión la tomamos a raíz de que el alcalde de Montanuy anunciara tras las elecciones su intención de aprobar el PGOU definitivamente -explicó ayer Badía-. No obstante, hace tiempo que lo teníamos pensado».

El escrito enviado al Tribunal de Cuentas considera que, al estipular la creación de una sociedad mercantil que ejecute y desarrolle la estación de esquí de Castanesa, el convenio urbanístico firmado por Aramón y el Ayuntamiento «traslada a una sociedad privada la iniciativa de decidir qué fincas son las urbanizables, cuándo van a ser urbanizables y qué precios han de tener esas fincas antes y después de ser urbanizadas».

Para este grupo de vecinos y propietarios del valle, el acuerdo supone que una entidad del grupo Aramón «pase a asumir facultades propias de la potestad de planeamiento que corresponden en exclusiva al municipio». «De este modo, una empresa mercantil ajena al Ayuntamiento va a tomar parte activa en la depredación de nuestro territorio, nuestra cultura y nuestro paisaje», denuncia Naturaleza Rural.

Además, la documentación que ha recibido la Fiscalía incluye varios artículos de prensa que, según Badía, demuestran que el grupo aragonés de la nieve adquirió terrenos rústicos meses antes de la firma del convenio con el convencimiento de que iban a ser clasificados como urbanizables. «¿Eso qué es? Como mínimo información privilegiada», opinó el presidente de la asociación denunciante.

Por todo ello, los vecinos entienden que «la generación y apropiación de las plusvalías dimanantes del convenio son lesivas al interés general vulnerando el principio de legalidad al que se refiere el artículo noveno de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas». Badía explicó que han acudido a este organismo porque así se lo han recomendado las personas que le asesoran.

Por otra parte, Ecologistas en Acción anunció ayer que miembros de este grupo en Aragón se reunieron el pasado lunes y martes en Bruselas con varios eurodiputados para informarles de los «graves impactos ambientales» de la futura estación de Castanesa. Entre los diputados estaba uno de los responsables de la resolución contra el urbanismo en Valencia y el litoral mediterráneo.
Reacciones

Fuentes oficiales de Aramón declinaron valorar ayer la denuncia de la asociación Naturaleza Rural y se limitaron a mostrar su «sorpresa» por los hechos». «No tenemos noticia ni de la presentación de la denuncia ni de su contenido, por tanto no podemos decir nada al respecto», señalaron.

Mientras, el alcalde de Montanuy, el socialista José María Agullana, tampoco quiso hacer ninguna declaración. «No sé nada sobre la denuncia, así que para qué voy a hablar sobre algo que no conozco», dijo. No obstante, se mostró «muy tranquilo» porque su actuación «siempre ha sido correcta».

LA MAÑANA DIGITAL
La Asociación de Propietarios y Vecinos del valle de Castanesa, en el municipio de Montanuy (Ribagorça aragonesa), ha denunciado ante el Fiscal del Tribunal de Cuentas el convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento de Montanuy y la empresa Aramón. El convenio fue firmado hace meses por el alcalde de Montanuy, Josep Maria Agullana, y el entonces director de Aramón, Javier Blecua. En dicho convenio queda vinculado el plan urbanístico municipal (PGOU), pendiente de aprobación, con el plan de expansión de la estación de esquí de Cerler hacia Castanesa. El convenio prevé la construcción de casi 3.000 segundas residencias y más de 2.000 plazas hoteleras en un municipio, el de Montanuy, formado por 17 núcleos y 300 habitantes.

Ante el anuncio del nuevo equipo de gobierno municipal de Montanuy de su voluntad de aprobar el PGOU durante los próximos días, la asociación ha optado por llevar el convenio a los tribunales, lo que puede condicionar dicha aprobación. La asociación quiere que se investigue la legalidad del documento del convenio y se muestra preocupada porque considera que “la formalización del convenio da más potestad del planeamiento urbanístico a Aramón por encima del consistorio”, en referencia a “las recalificaciones urbanas masivas de fincas tras su compra como rústicas a los vecinos”. En este sentido, la asociación quiere que el fiscal investigue si “la generación y apropiación de las plusvalías dominantes del convenio son lesivas al interés general, de acuerdo con la ley orgánica del Tribunal de Cuentas”. La asociación califica el objetivo del convenio como de “depredación del territorio e imposición de un modelo de desarrollo contra la supervivencia del paisaje y la vida tradicional del valle”.
A la espera de ser aprobado por el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón, el PGOU ha recibido la oposición de los ecologistas de Aragón y puede verse afectado directa o indirectamente por la investigación que la UE ha iniciado sobre el desarrollo urbanístico en el Pirineo aragonés, a raíz de una petición parlamentaria de IU.
Por su parte, el alcalde de Montanuy, Josep Maria Agullana, declinó hacer ayer declaraciones sobre la denuncia de los vecinos de Castanesa.”Hasta que no vea y lea la denuncia no quiero opinar, pero creo que no afectará el proceso de aprobación del PGOU”, matizó.

HERALDO DE ARAGON
La comisión ejecutiva de Aramón decidió por unanimidad ayer por la tarde proponer al ingeniero Javier Andrés como nuevo director general del grupo aragonés de la nieve. El consejo de administración de esta empresa participada al 50% por la DGA e Ibercaja ratificará mañana el nombramiento convirtiendo a Andrés en el sustituto de Javier Blecua, aunque su cargo no será el de consejero delegado.

Andrés, de 37 años, es un hombre de la casa que hasta ahora trabajaba como director de Proyectos y Obras. Según informó la empresa en un comunicado, la comisión ejecutiva ha valorado para esta elección «su alto perfil técnico, su amplio currículum así como su pertenencia a la plantilla de Aramón». El nuevo director general del grupo es ingeniero de Caminos, y a lo largo de su carrera profesional ha desempeñado distintos cargos en empresas como Ferrovial-Agroman, Ceinsa, Agraconsa y Coalvi hasta que en 2004 se incorporó a Montañas de Aragón.

Con este nombramiento, los responsables de Aramón cubren el hueco que quedó vacante tras la destitución de Javier Blecua como consejero delegado de la entidad. El consejo de administración del grupo tomó esa decisión el pasado 4 de febrero, justo cuatro días después de que se diera a conocer una operación urbanística acordada con el Ayuntamiento de Barbastro por la que Blecua obtuvo una gran plusvalía.

La empresa reconoció entonces que el cese se producía «a fin de evitar que las actividades empresariales personales de Blecua afecten al desenvolvimiento ordinario del grupo Aramón», aunque también precisó «que la sociedad considera que en ningún caso estas acciones están vinculadas al grupo y son totalmente ajenas a la entidad». Blecua había asumido la dirección general de Aramón como consejero delegado el 11 de enero de 2005, cuando sustituyó al también depuesto Eduardo Martínez Ibarguën.

El asunto que le costó el puesto a Blecua no tiene relación con el mundo de la nieve, pero es un proceso especulativo en el que intervino una Administración pública, el Ayuntamiento de Barbastro, lo que podía perjudicar la imagen de su gestión en Aramón. La entidad tiene abiertos varios flancos de mucha importancia donde los temas urbanísticos son decisivos. En el caso de Barbastro, Blecua organizó una operación -según sus declaraciones, alentado por el alcalde socialista, Antonio Cosculluela- para hacerse con unos terrenos de titularidad equívoca por los que obtuvo una plusvalía del 1900%.

EL PERIODICO DE ARAGON
Aramón nombra gerente al Jefe de Proyectos
Javier Andrés, de 37 años, lleva tres en el hólding semipúblico del esquí.

La Comisión Ejecutiva de Aramón acordó ayer por unanimidad proponer al Consejo de Administración el nombramiento de Javier Andrés como nuevo director general del grupo participado al 50% por Ibercaja y el Gobierno de Aragón.

Andrés, ingeniero de caminos de 37 años, lleva tres trabajando en el hólding semipúblico aragonés del esquí, en el que ocupaba el cargo de Director de Proyectos y Obras.

Con anterioridad había estado empleado en empresas del sector de la construcción como Agromán, Ceinsa, Agraconsa y Coalvi. Aramón controla en la actualidad cinco estaciones de esquí aragonesas: Cerler, Formigal y Panticosa, en Huesca; y Javalambre y Valdelinares, en Teruel. En todas ellas tiene previsto desarrollar planes de expansión urbanística con los que financiará las mejoras que requieren los complejos. Hasta ahora, el hólding semipúblico no ha iniciado las obras de construcción en ninguna de las estaciones.

El puesto de director general de Aramón estaba desierto desde que a primeros de febrero fue cesado Javier Blecua tras abrir diligencias un juzgado de Barbastro por su implicación en la operación de venta de una parcela al Ayuntamiento de Barbastro para la ampliación del polígono industrial. La investigación se encuentra en la actualidad pendiente de que el juez decida si abre juicio oral para alguno de los imputados, archiva total o parcialmente la causa o solicita la práctica de nuevas pruebas. Otro imputado es el alcalde de la capital del Somontano, Antonio Cosculluela.

«He intentado gobernar con suavidad»

Relajado y sonriente. El candidato del PSOE a presidir Aragón, Marcelino Iglesias , transmite confianza. Da por hecho que va a repetir otros cuatro años al frente de la DGA.

Una campaña tranquila, ¿no?

A mí no me interesa para nada crispar la sociedad.

Dice que ha hecho muchas cosas. Deberían premiarle con la mayoría absoluta.

Pues le estoy pidiendo a la gente una mayoría suficiente para gobernar.

¿Los aragoneses no acaban de fiarse y por eso no les dan mayoría absoluta?

Han demostrado mucha pluralidad. Hay un parlamento con 5 partidos y así es muy difícil lograr mayoría absoluta.

Usted se considera progresista y de izquierdas. ¿No hubiera sido progresista poner en marcha leyes para frenar el urbanismo salvaje?

No pudimos aprobar la ley de la montaña en la anterior legislatura porque la rechazó el Parlamento. Hicimos unas directrices generales, y han resultado eficaces en el control urbanístico. En cualquier caso, quiero garantizar que en ninguna parte de nuestro territorio se hará ninguna barbaridad urbanística.

Buena promesa. ¿Las leyes las ha aparcado por contentar al PAR o a los poderes fácticos?

Tenemos la voluntad de desarrollar en la próxima legislatura la ley de urbanismo.

Ya lo iba a hacer en ésta.

La teníamos preparada y no llegamos por la disolución de las Cortes.

¡Ah! Insisto, ¿no ha sido ninguna concesión?, como desde de la derecha social y económica nadie le critica…

He intentado gobernar con suavidad, es verdad. Mi política la he propuesto como de cambio tranquilo.

¿El único futuro de la montaña son las grandes estaciones y las urbanizaciones?

Queremos estaciones competitivas, y sólo vamos a actuar en el 0,3% del territorio. El objetivo es compatibilizar un Pirineo protegido con un Pirineo vivo, humanizado.

En muchos pueblos, son mucho más grandes las urbanizaciones de viviendas secundarias que sus cascos urbanos. ¿Esa es la fórmula?

La zona más protegida y menos urbanizada del Pirineo es la aragonesa.

¿De verdad?

Sí. Hay que compatibilizar el respeto al medio ambiente con mantener vivos los valles.

¿Pero esta política fija población? La gente vende terreno y se va a la ciudad.

Esta política está generando trabajo y es la única posibilidad de que tengamos gente joven en la montaña.

Su gobierno ha apostado por la logística, pero falta una gran comunicación con Francia.

Es uno de los temas que no he sido capaz de desbloquear. Francia pasa por un momento económico duro y en el sur no ha invertido nada.

¿Es un problema francés?

Sí. Tengo el apoyo del Gobierno español y de Europa.

¿Y gracias al apoyo del Gobierno español no hay abonos para tramos del AVE Madrid-Zaragoza-Lleida?

Los habrá para Lleida-Zaragoza, Zaragoza-Huesca y Zaragoza-Calatayud.

¿Cuándo?

Cuando tengamos listo el material ferroviario adecuado.

No me imagino en ningún otro sitio que se paralice el tren varios meses entre dos capitales de provincia para arreglar la línea, y aquí se va a hacer con la Zaragoza-Teruel.

Es para que llegue antes la alta velocidad a Teruel y es una decisión técnica, no política.

¿Da por hecho que seguirá gobernando con el PAR?

No doy por hecho nada.

Bio

Nació en Bonansa el 16 de abril de 1951. Está casado y tiene dos hijos. Fue elegido alcalde de su lacalidad en 1983. Es secretario general del PSOE aragonés desde diciembre de 2000. Preside la DGA hace ocho años.

En torno a su programa electoral

«Hay que mantener la enseñanza concertada»

1 Dice que será la legislatura de los derechos sociales, pero la puesta en marcha de la asistencia a dependientes no ha sido muy acertada. Estamos en ello. La principal variación es que vamos a generar y reconocer derechos a las personas dependientes. Aprovecharemos parte de nuestro crecimiento económico para estas personas, que son las más débiles de la sociedad.

2¿También será la legislatura de las nuevas tecnologías? En los próximos ocho años, Aragón será la primera comunidad europea autosuficiente en energía limpia. Tenemos la eólica muy desplegada y en la próxima legislatura apostaremos por la biomasa y por la solar térmica.

3¿15.000 VPO en cuatro años?. n Sí, el suelo lo tenemos.

4 En Sanidad apuestan por mejorar hospitales, ¿el Servet debería ampliarse con los terrenos del estadio de La Romareda? En Sanidad, cuanto más ofrecemos, más demanda generamos. Nunca es suficiente lo que hay.

5¿En Educación se reclaman más colegios. ¿Hay que detraer esfuerzos de la concertación con la privada para aplicarlos en la pública? La escuela concertada produce enseñanza pública. Es un modelo razonable. No seríamos capaces de dar respuesta a toda la demanda educativa en Aragón sólo con los medios públicos.

6¿El objetivo a medio-largo plazo sería eliminar la concertación y ampliar la pública? No. Yo apoyo que la garantía de la enseñanza la dé el Gobierno de Aragón, y la pública como prioritaria, pero que mantengamos la concertación.

7¿Del trasvase nos olvidamos? No, tenemos que seguir estando alerta porque si el Partido Popular vuelve a gobernar, lo plantearán de nuevo.

DIARIO DEL ALTOARAGON
Cada uno de los ecologistas y algunos ciudadanos a título individual sostuvieron una letra con la que configuraron una pancarta en la que se leía “No al desguace de Medio Ambiente” ante los “rumores” de que pudiera desaparecer este departamento después de quince años continuados de gestión.

A juicio del portavoz de la Plataforma en Defensa de las Montañas, Paco Iturbe, la de Medio Ambiente debería ser una Consejería “fuerte e independiente” para afrontar los retos pendientes que tiene Europa y Aragón en esta materia y, sin embargo, se está apostando por su “vaciado de contenido para hacerla desaparecer”. Para Iturbe sería una “aberración” y un “paso atrás” eliminar una Consejería después de “años de lucha” y ahora que en Europa “cobran más fuerza” las cuestiones ambientales.

Con esta protesta, los ecologistas vuelven a reclamar una respuesta del presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, quien hoy pronuncia su discurso de investidura para un tercer mandato, y le advierten de que en el caso de que se confirmen los rumores convocarán nuevas movilizaciones “más contundentes”.

ARAGON DIGITAL
Diversas asociaciones ecologistas se han concentrado en la plaza de España de Zaragoza para exigir que no desaparezca el Departamento de Medio Ambiente. La concentración ha sido un “avance” de las movilizaciones que llevarán a cabo si el Ejecutivo da una respuesta negativa, y que podrían pasar por encierros e incluso huelgas de hambre.

Diversas asociaciones se han concentrado en la plaza España de Zaragoza
Zaragoza.- El pasado viernes 29 de junio las asociaciones Ecologistas en Acción, SEO BirdLife, Ansar, Aragón no se vende, Ebro Vivo y Plataforma en defensa de las Montañas, establecieron un plazo de 72 horas para que el candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, desmintiera los rumores sobre la desaparición del Departamento de Medio Ambiente. Ante el silencio institucional, los ecologistas se han concentrado este martes en la plaza de España de Zaragoza bajo el lema “No al desguace de Medio Ambiente”.

Las asociaciones ecologistas han asegurado que continuarán las movilizaciones en el caso de que el Ejecutivo Autonómico decida suprimir o fusionar Medio Ambiente con otro Departamento. “Confiamos en que les entre la sensatez, pero de no ser así adoptaremos medidas mucho más contundentes, que podrían pasar por concentraciones, encierros e incluso huelgas de hambre”, ha señalado el portavoz de Ansar, Francisco Iturbe.

Para las asociaciones ecologistas la desaparición del Departamento de Medio Ambiente “resultaría incoherente inmersos como estamos en una crisis ecológica sin precedentes, motivada por el cambio climático”.

Todos los grupos ecologistas coinciden en señalar que la desintegración o la fusión provocarán un perjuicio de los intereses de Medio Ambiente y “un paso atrás de 20 años”, ha señalado Iturbe.

Además, han señalado que las experiencias anteriores de fragmentar Medioambiente entre otros departamentos “ya resultaron nefastas y hacen muy complicado el abordar planes estratégicos pendientes en materia de gestión de recursos o de protección de la biodiversidad”.

“La defensa de nuestras montañas, estepas y parajes naturales exige de una consejería única y con fuerte peso político en el futuro ejecutivo”, ha señalado Iturbe.

ALTOARAGON
Según declararon ayer en rueda de prensa representantes de Seo Bird Life, Ecologistas en Acción, Plataforma por la Defensa de las Montañas de Aragón, Ebro Vivo, Aragón no se Vende y ANSAR, están “muy preocupados” ante los “rumores” de que la Consejería podría desaparecer y que les gustan “muy poco”.

Ante la posibilidad de que la actual Consejería de Medio Ambiente desaparezca o quede incluida en otro departamento, como podría suceder con el de Agricultura o el de Obras Públicas, las asociaciones exigen respuestas, y por ello piden a Iglesias, que en un plazo máximo de 72 horas, comunique cuáles son sus intenciones al respecto y qué hay de cierto en los rumores “insistentes” que han escuchado.

La situación, a su parecer, es de una “gravedad extrema”, ya que supondría “retroceder 20 años”, sobre todo cuando, gracias a la lucha social, se logró que el medio ambiente tuviera su espacio propio dentro de los ámbitos de gobierno, con un poder “propio e independiente”.

EL PERIODICO
Varios colectivos ecologistas pidieron ayer al presidente del Gobierno de Aragón, el socialista Marcelino Iglesias, que aclare si el futuro Ejecutivo autonómico, que encabezará de nuevo, en una coalición PSOE-PAR mantendrá o no la actual consejería de Medio Ambiente, tras los rumores de que esta área pueda fusionarse con Agricultura.

El portavoz de la Plataforma en Defensa de las Montañas, Francisco Iturbe, indicó que esta posible decisión está «fuera de lugar» cuando la creación de este departamento fue «un logro social tras décadas de lucha». Iturbe compareció hoy junto con las organizaciones Ecologistas en Acción, Sociedad Española de Ornitología, Asociación Naturalista de Aragón, Coordinadora ´Aragón no se vende´ y Asociación Río Ebro.

Todas ellas pidieron que Marcelino Iglesias se pronuncie en el plazo de 72 horas sobre la continuidad de la consejería de Medio Ambiente. De no ser así, estas organizaciones pedirán esa respuesta con una concentración ante el edificio Pignatelli.

La sociedad pública mixta Aramón, constituida al 50% por el Gobierno de Aragón y por Ibercaja, va a incorporar por fin a un ejecutivo de comunicación. Dependiendo directamente del presidente de la entidad, Francisco Bono, el designado ha sido Mario Ortiz, hasta ahora responsable de relaciones institucionales de Rey & Asociados. Ortiz acumula una notable experiencia: ha trabajado en diarios como El Día o Diario 16 y ha sido jefe de prensa de Luisa Fernanda Rudi, tanto en el Ayuntamiento de Zaragoza como en el Congreso.

Fuente: 28-06-2007, elperiodicodearagon.com

R. Desgraciadamente, hay todavía muchas personas que creen que solo puede haber crecimiento económico a base de utilizar el territorio de forma insostenible; por eso trabajamos desde el Gobierno para evitar la destrucción de nuestros espacios más valiosos y en ese sentido acabamos de aprobar el proyecto de Ley sobre Biodiversidad, que prohibirá recalificar suelos catalogados como espacios protegidos. En cuanto a la segunda pregunta, es evidente que la situación francesa es muy distinta de la española, como se aprecia por los resultados de las últimas elecciones, que han hecho aumentar el poder del PSOE en ayuntamientos y CCAA.

“Al ritmo de construcción que llevan, en 2008 se acabaría el suelo urbanizable en el Pirineo”. Son palabras de Adolfo Barrena, diputado electo de Izquierda Unida en las Cortes de Aragón, en la rueda de prensa que ofreció ayer en Huesca junto con el eurodiputado de IU, Willy Meyer, la concejala electa de esa formación política en el Ayuntamiento oscense, Trini Rincón, y el concejal electo de IU en el Consistorio de Barbastro, Francisco Víu, para explicar las actuaciones que este grupo está llevando a cabo en el Parlamento Europeo en relación a la “presión urbanística que afecta al Pirineo y a otras zonas del territorio aragonés”. A este respecto, cabe recordar que IU presentó una queja ante la Comisión de Peticiones. Esta última la estimó y ya se dirigió a la Comisión Europea para que abriera una investigación preliminar.

Meyer señaló que el tipo de urbanismo denunciado “contraviene distintas directivas europeas”. Por lo que respecta al Alto Aragón, se incluyen los proyectos relacionados con las estaciones de esquí además del que se ha previsto en el valle de Castanesa y los desarrollos de Sabiñánigo, Jaca, Biescas y Berdún, esta última actuación incorporada recientemente.

Barrena criticó que en el convenio firmado entre Aramón y el Ayuntamiento de Sallent de Gállego “se obliga a modificar el Plan General de Ordenación Urbana… Nos molesta mucho ver que el urbanismo al final quien lo marca no son los ayuntamientos sino que son empresas”.

El eurodiputado de IU Willy Meyer dio por hecho que la Comisión de Peticiones fijará a lo largo de junio las fechas de toda la tramitación, que llevará a una delegación aragonesa de su partido a Estrasburgo «a la vuelta de las vacaciones» para exponer la situación.

La denuncia de IU está basada en las operaciones impulsadas por Aramón en las estaciones de esquí, en el crecimiento imparable de Zaragoza y su entorno metropolitano, en el desarrollo en varios municipios situados en el Pirineo (Jaca, Sabiñánigo, Biescas y Berdún) y en Teruel (Camarena, Monteagudo, San Agustín y en las sierras de Gúdar y Javalambre)

SEGUNDA RONDA EN ESPAÑA El dirigente de izquierdas manifestó que unas semanas después, en torno a noviembre, podría acudir la delegación de la Unión Europea. Al igual que se hizo con la denuncia urbanística de IU sobre actuaciones en Valencia, Madrid y Andalucía, el grupo de la Eurocámara que acudirá a Aragón estará formada por parlamentarios de cualquier país, salvo España, con el fin de garantizar la independencia.

Con toda la documentación que se recoja en el viaje por la comunidad aragonesa, la comisión de investigación elevará un informe para su votación en la Comisión de Peticiones del Parlamento.

En dicho escrito se plantearán las posibles incompatibilidades e incumplimientos de los planes y proyectos aprobados respecto a las directivas europeas, tal y como sostiene IU, y los requerimientos para restablecer la legalidad. «Las presuntas irregularidades se sustanciarán caso por caso», apuntó.

Willy Meyer compareció junto al edil electo de Zaragoza, José Manuel Alonso,y el coordinador regional de IU, Adolfo Barrena, quien manifestó que toda esta tramitación se puede resolver de forma sencilla en Aragón desbloqueando las leyes de Ordenación Territorial y Urbanística de Aragón –«paralizadas desde mayo»– para que los planes urbanísticos salgan adelante primando el interés público y no el de las empresas.

Una comisión de investigación de la Unión Europea podría viajar el próximo otoño a Aragón para analizar presuntos casos de urbanismo irregular o desordenado que Izquierda Unida en la Comunidad ha agrupado en una queja y que ha servido para que Europa abra diligencias. El eurodiputado de IU Willy Meyer compareció en Zaragoza en una rueda de prensa para explicar el procedimiento que las autoridades europeas van a seguir en su investigación.

Así, está previsto que una delegación de IU-Aragón exponga en el Parlamento Europeo su queja y los motivos de la misma, ante un representante de la Comisión Europea, y el Grupo de Izquierda Unida en Bruselas, a su vez, pedirá que una comisión de investigación viaje a Aragón para evaluar sobre el terreno las decisiones urbanísticas sobre las que hay sospecha.

La comparecencia de los peticionarios podría producirse a la vuelta de las vacaciones y la comisión de investigación podría viajar a Aragón en el otoño.

Con toda la documentación en su poder, la comisión de investigación elevará un informe para su votación en la Comisión de Peticiones del Parlamento que establecerá lo que es necesario corregir en los casos que comprende la queja de IU-Aragón.
Actuaciones en el Pirineo

En ella se incluyen los casos de las actuaciones urbanísticas en todas las estacione de esquí de Aragón, en Jaca, Sabiñánigo, Biescas y, más recientemente, Berdún (población de poco más de 250 habitantes donde se prevé hacer 1.500 viviendas), así como, en Teruel, Camarena, Monteagudo, San Agustín y las sierras de Gúdar y Javalambre.

También se incluye Zaragoza y toda su área metropolitana, en un cinturón de 25 kilómetros a la redonda. Meller explicó que su intención es cerrar el actual periodo de sesiones del Parlamento Europeo -que acaba este mes- con un calendario fijado para el proceso.

Cuando la Comisión Europea tome una determinación, la trasladará al Estado español, que debe tomar las medidas necesarias para subsanar los errores.

Meller dijo que en el caso de que el Estado en cuestión haga caso omiso, el asunto puede llegar a los tribunales, que en función de las directivas europeas actúan con exigencia de rectificación o imponiendo sanciones e indemnizaciones. Aunque la queja es sobre varios proyectos, la resolución será tomada «caso por caso» y en función de qué directivas comunitarias (agua, evaluación ambiental, etc) incumple, presuntamente, cada proyecto denunciado.

El coordinador general de IU-Aragón y diputado electo, Adolfo Barrena, insistió por su parte en que hay todavía una oportunidad de evitar «este tipo de situaciones», toda vez que las leyes de Ordenación Territorial y Urbanística de Aragón están paralizadas desde mayo, y su aprobación con nuevos criterios podría abrir la posibilidad de retomar un urbanismo «en función de las necesidades de Aragón y de las directivas europeas».

Para Barrena, el urbanismo que se desarrolla actualmente en la Comunidad responde no al interés general, sino al particular y al de determinadas empresas, como Montañas de Aragón (ARAMON).

No es cierto que estemos contra el desarrollo, se puede comprobar en nuestro programa electoral; estamos contra este Plan Urbanístico porque va en contra del desarrollo sostenible, que es el único que un ayuntamiento responsable debe promover.

Dice el Sr. Agullana que “nuestros apoyos son de fuera”, pues bien nuestros 44 votos son tan de dentro como sus 118, con la ventaja añadida de que nadie nos ha votado por clientismo, ni por codicia, ni por haberle recalificado sus terrenos. Dice que los vecinos han refrendado su Plan pero ha perdido dos concejales. La enfermiza obsesión del señor alcalde con “los de fuera”, que muestra en todas sus entrevistas, tiene tintes xenófobos. Sus apoyos, de Aramón y otros especuladores inmobiliarios, sí que son de fuera; entre ellos ha estado el señor Blecua, encausado judicialmente por un presunto pelotazo urbanístico en Barbastro.

Es mentira que este Plan tenga previsto urbanizar 40 hectáreas como dice el Sr. Alcalde. En el documento “Clasificación del suelo” de dicho Plan puede comprobarse que son más de 100 hectáreas, eso sin contar que los cascos urbanos se han agigantado considerablemente, al capricho de ARAMON, de tal forma que Fonchanina que antes era uno de los pueblos más pequeños, ha pasado a ser el tercero por extensión del casco urbano, para permitir a ARAMON mucha mayor densidad de edificación. Además Aramón tiene opciones de compra por muchas más hectáreas que las actualmente recalificadas a la espera de mejores días.

Es mentira que “las viviendas no superarán el centenar en la mayoría de los casos”, como puede comprobarse en el documento: “Demanda media futura de zonas residenciales”, dividiendo las 2530 viviendas entre los diez pueblos en que van a ser construidas, nos da la friolera de 253 viviendas por pueblo, muchos de los cuales no tienen en este momento más de una docena de casas. En fin, el señor alcalde, o miente interesadamente o no se ha mirado su PGOU.

Aprobar este Plan Urbanístico será siempre un despropósito, pero si encima se pretende hacer con 118 votos de un censo de 293, en contra de: estudios sociológicos encargados por el mismo Ayuntamiento, del cambio climático, del déficit económico crónico de las estaciones de esquí, de la bajada de la demanda de segundas residencias, de que entrará en colisión con la nueva Ley del Suelo, haciendo oídos sordos a las manifestaciones de la Unión Europea que pretende estudiar la presión urbanística en el Pirineo; es una verdadera locura. Es más creemos que nunca se cometería esta tropelía si no fuera por que se hace con los dineros de todos los aragoneses y varios de los miembros del consistorio se encuentran muy favorecidos por este plan. Todas estas prisas por aprobarlo creemos que obedecen a que las opciones de compra de Aramón caducan en septiembre. ¡Vaya! Que podemos decir parafraseando la famosa película: “Por qué lo llaman desarrollo, cuando quieren decir codicia”.

LA MAÑANA
El presidente de esta entidad ecologista, Paco Iturbe, manifestó que el alcalde “parece olvidar que unas elecciones municipales son para elegir un programa municipal completo y no un aspecto concreto, si quiere estar respaldado en su apoyo a la empresa Aramón. Iturbe criticó también la rapidez con que el alcalde desea aprobar el PGOU de Montanuy con las nuevas recalificaciones.
Cabe recordar que, Agullana explicó hace unos días que el nuevo equipo de gobierno se sentará a hablar del tema con los dos concejales del PAR y del CHA, pero que al tener la mayoría absoluta, el PSOE está decidido a aprobar el plan.

DIARIO DEL ALTOARAGON
Abogan por un referéndum sobre Castanesa

La Plataforma en Defensa de las Montañas ha criticado al alcalde en funciones de Montanuy, José María Agullana, por “acelerar el proceso de recalificaciones urbanísticas en el valle de Castanesa”. La organización aboga por la celebración de un plebiscito para que los ciudadanos decidan su suerte. El presidente de la agrupación, Paco Iturbe, ha manifestado que el alcalde “parece olvidar que unas elecciones municipales son para elegir un programa municipal completo y no un aspecto concreto, si quiere estar respaldado en su apoyo a la empresa Aramón”. Ha añadido que sus recalificaciones urbanísticas deberían apoyarse a través de un referéndum y ofrecer a los residentes del valle toda la información al respecto. “Todo lo demás son interpretaciones suyas, máxime cuando asume como éxito electoral un tremendo descenso de votos: del 85% al 47%”, ha añadido el presidente de ese colectivo.

RADIO HUESCA
Las posturas están encontradas entre los partidarios del plan urbanístico del valle de Castanesa y los detractores. Mientras la intención del alcalde, José María Agullana, es aprobar el Plan General de Ordenación Urbanística (vinculado con el plan de ARAMON para ampliar Cerler hasta Castanesa), hay colectivos en contra como la Plataforma en Defensa de las Montañas y partidos como Izquierda Unida.

El plan contempla la urbanización de 40 hectáreas en un término municipal de 174 kilómetros; la citada Plataforma pide la celebración de un referéndum para que sean los habitantes de la zona los que decidan.

En primer lugar, el señor Agullana parece olvidar que unas elecciones municipales son para elegir un programa municipal completo y no un aspecto concreto, si quiere estar respaldado en su apoyo a la empresa Aramón y sus recalificaciones urbanísticas debería convocar un referéndum sobre el tema dando a los habitantes del valle toda la información al respecto. Todo lo demás son interpretaciones suyas, máxime cuando asume como éxito electoral un tremendo descenso de votos: del 85% al 47%.

Del mismo modo, el señor Agullana parece olvidar que el patrimonio público es competencia no sólo de los vecinos más próximos, sino de la sociedad en general, por lo que él no tiene la potestad de hacer lo que quiera con el patrimonio natural y cultural de todos los aragoneses (de los cientos de miles de aragoneses, él sólo ha recibido el apoyo de unas 100 personas).

En todo caso, siguiendo su planteamiento, demuestra su caracter político (en el sentido perverso del término) al tergiversar los datos cuando dice que la mayoría le apoya. La realidad matemática es que su opción, la que apoya la recalificación urbanística según los planes de Aramón, ha sido solamente apoyada por 118 personas y ha recibido el voto contrario (en apoyo a otras alternativas) de 128 personas, luego la mayoría de los vecinos del valle de Castanesa, siguiendo la línea argumental del propio Agullana, están en contra de la recalificación urbanística. Otra cosa es que la ley D´Hont realiza luego un reparto determinado de concejales, que es lo que usa el señor Agullana para sus cuentas.

Por supuesto, más allá de debates políticos, lo realmente importante es que para el señor Agullana un crecimiento urbanístico que planea miles de viviendas en un valle de 300 vecinos ubicado a las puertas de un parque natural sea «moderado». Ese calificativo de «moderado» va contra el sentido común, contra la lógica más elemental e incluso contra la futura legislación para frenar la especulación urbanística que prepara el gobierno de España.

Lo que sí está claro es la urgencia que tiene el señor Agullana en aprobar el PGOU de Montanuy con las nuevas recalificaciones urbanísticas. Por un lado, conviene correr antes de que el juzgado dicte sentencia por corrupción urbanística sobre Javier Blecua, director de Aramón y la persona a la que Agullana entregó la realización del PGOU de Montanuy. Conviene correr antes de que la comisión de investigación del Parlamento Europeo visite Montanuy para estudiar la corrupción urbanística, tras la reciente admisión de la queja. Y conviene correr antes de que llegue septiembre, cuando acaba el plazo de las opciones de compra que la empresa Aramón tiene sobre los terrenos rústicos que el PGOU recalifica a urbanos; si no se consigue aprobar antes ese PGOU la empresa Aramón perderá la titularidad de las fincas y éstas volverán a sus originarios propietarios, los habitantes del valle, lo que parece no interesar al alcalde en funciones.

La Generalitat quiere declarar zonas no urbanizables unas 60 hectáreas de Rialp, donde la normativa actual permite edificar y donde Port-Ainé, propietaria de la mayor parte de los terrenos, planteaba la construcción de nuevas urbanizaciones como vía para salir de su crisis. Ésta es una de las disposiciones del plan director del Pallars Sobir à, que prevé reducir en 743.961 metros cuadrados la superficie edificable de diferentes núcleos de Rialp y en 19.515 la de pueblos de Sort. El Govern considera que la construcción en estas zonas tendría como resultado urbanizaciones desproporcionadas y aisladas respecto a los pueblos actuales, con un elevado impacto ambiental y paisajístico en terrenos que a menudo presentan una pendiente elevada. El plan recibió ayer la aprobación inicial de la comisión de Urbanismo de Lleida. Ello supone la suspensión cautelar de obras que contravengan este documento. El plan pretende limitar también la construcción en áreas urbanizables de Espot Esquí, al reducir la superficie de ocupación del suelo a un máximo de 80.000 metros cuadrados (ahora supera los 120.000 metros cuadrados, de los cuales se han ocupado unos 15.000) y dividirlas en dos sectores. En uno de ellos, situado a pie de pistas, la construcción de viviendas destinadas a segundas residencias deberá combinarse con nuevos hoteles. En el segundo, las nuevas urbanizaciones deberán situarse junto al núcleo de Espot. El plan director propone nuevos sectores urbanizables en Sort y modificar algunos de los existentes en Rialp, para evitar la construcción en zonas inundables. Asimismo, establecerá límites al crecimiento urbanístico de diferentes núcleos de la comarca, una medida que ya preveía el plan territorial del Pirineo. El documento incide en las características arquitectónicas de los nuevos edificios e incluso en su color, para asegurar su integración paisajística. Respecto al desarrollo de suelo industrial, contempla polígonos en Les Valls d.Àneu y Sort. En el capítulo de infraestructuras, el plan prevé la prolongación de la línea de La Pobla hasta la capital del Sobirà y el aeropuerto de La Seu. También contempla variantes para Esterri, València, La Guingueta, Rialp y Sort, así como una nueva carretera para unir la C-28 y la C-13 a través de Sorpe, Borén e Isil. Ésta es la zona de expansión urbanística de Baqueira en el Pallars. El texto iniciará un periodo de exposición pública que concluirá en septiembre. El Govern prevé aprobar definitivamente el plan en un plazo de entre 10 y 12 meses. La encrucijada de Port-Ainé La tramitación del plan se inicia mientras Port-Ainé trata de cerrar un acuerdo con el ICF para dar cabida a la entidad como socio mayoritario y evitar que la estación salga a subasta por impago de créditos.

Agullana explicó que el nuevo equipo de gobierno se sentará a hablar del tema con los dos concejales entrantes del PAR y el de CHA, pero como el PSOE tiene mayoría absoluta está decidido a aprobar el plan. El PAR no ha decidido aún si votará a favor o en contra, o si se abstendrá; CHA, sin embargo, tiene claro que votará en contra del plan.
El anterior consistorio gobernado por el PSOE decidió aplazar la aprobación para saber si las urnas les refrendaban para hacerlo y así ha sido: de un censo de casi 300 personas, 118 vecinos les han votado (al PAR, 63; a CHA, 43 y al PP, 19).
Dos nuevos frentes
El nuevo plan tendrá que lidiar, sin embargo, con dos nuevos frentes: la ley estatal del suelo que entrará en vigor en julio y pretende frenar la especulación urbanística, y la investigación que la Comisión Europea iniciará en breve sobre la presión urbanística en Aragón, a petición de Izquierda Unida. El dictamen del Parlamento Europeo puede tener un plazo de emisión superior a los seis meses, aunque sus conclusiones podrían ser “determinantes” en la orientación de nuevos desarrollos urbanísticos y en la corrección de los mismos.
Por otra parte, el plazo de los contratos de opción de compra de terrenos de Montanuy por parte de Aramon finaliza en setiembre. El plan de Montanuy contempla la urbanización de 40 hectáreas en un término de 174 kilómetros cuadrados en el que la densidad de población se queda en torno a 1,6 habitantes por kilómetro cuadrado.

Los principales grupos conservacionistas de la Comunidad exigieron ayer, en vísperas del Día Mundial del Medio Ambiente, que el nuevo Gobierno de Aragón que se forme tras los pactos post electorales tenga como «prioridad absoluta» la lucha contra el cambio climático. Organizaciones como la Fundación Ecología y Desarrollo, Ansar, Ecologistas en Acción o SEO- Birdlife pidieron al futuro Ejecutivo autonómico la puesta en marcha de políticas transversales que sean efectivas, ambiciosas y que afecten a la actividad de todas las Consejerías.

Aragón se sumará hoy a las actividades programadas en todo el planeta para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente, y lo hará con diversos actos de todo tipo en los que el cambio climático será el gran protagonista. Los últimos informes del Panel Intergubernamental (IPPC) de la ONU han servido para concienciar -al menos por el momento- a los ciudadanos, y las asociaciones ecologistas no quieren desaprovechar la oportunidad de convertir esa preocupación en compromisos políticos firmes.

«La clave será ver en qué medida el nuevo Gobierno de Aragón va a saber ver el momento en el que estamos y va a replantearse el conjunto de sus políticas con la profundidad y la ambición necesarias -opinó el presidente de la Fundación Ecología y Desarrollo, Víctor Viñuales-. El problema no debe ser cosa del Departamento de Medio Ambiente, sino que la DGA debe adoptar medidas transversales que condicionen todas sus políticas públicas».

Viñuales subrayó que el cambio climático ya no debe ser una cuestión «de Estado», sino «de planeta», y recordó que en Francia el nuevo presidente de la República ya ha creado un superministerio que agrupa las competencias en medio ambiente, desarrollo sostenible, energía y transportes. «Lo importante es que de verdad haya interés en hacer algo, porque la lucha contra el cambio climático conlleva necesariamente mejoras en campos como el urbanismo, el transporte, la ordenación del territorio…», señaló.
El premio Atila, para Cazsa

En el mismo sentido se pronunció uno de los responsables del grupo de Ecologistas en Acción de Zaragoza, José Luis Latas. «De nada sirve que a la DGA se le llene la boca hablando del cambio climático si cada día sigue aprobando nuevos proyectos para hacer más carreteras, cementeras, viviendas… En este asunto hay que ser radicales porque ya no hay marcha atrás», reclamó.

Este colectivo naturalista aprovechará la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente para hacer entrega de su premio Atila 2007, el galardón con el que Ecologistas en Acción ´distingue` «a quienes a lo largo de un año hayan destacado por su contribución a la destrucción del medio ambiente de Aragón». En esta edición ha recaído en la empresa Cazsa, presunta responsable del vertido de Zaidín.

Desde la Asociación Naturalista de Aragón (Ansar), Jesús Maestro destacó que la primera exigencia para el nuevo Gobierno de Aragón debe ser «tener un verdadero programa en materia de medio ambiente público y accesible», algo que en su opinión no ha sucedido en la última legislatura.

«Ese programa debe priorizar políticas de sostenibilidad transversales que impliquen a todos los Departamentos y que se apoyen, principalmente, en el ejemplo de las propias Administraciones», reclamó Maestro, quien también pidió procesos reales de participación de los colectivos ecologistas en los proyectos de la Consejería de Medio Ambiente, una protección «eficaz» de la Red Natura 2000 -sobre todo de la montaña y la estepa- y una ley urbanística contra la especulación.

Desde la delegación aragonesa de SEO/Birdlife, José Luis Tirado se sumó a todas las peticiones sobre cambio climático. Además, pidió al nuevo Ejecutivo autonómico que cumpla la Directiva de Hábitats en lo que se refiere a la protección de la Red Natura 2000, que apruebe planes de conservación para todas las especies animales amenazadas y que promulgue una Ley de las Montañas.

–Después de meses de polémica por el Plan de Ordenación Urbana y el proyecto de la estación de Castanesa su lista sigue teniendo mayoría absoluta.

–Las elecciones no han ido mal. Los vecinos nos han respaldado. Después de todas las críticas, era la gente quien debía decidir sobre el Plan General de Ordenación Urbana, y lo han apoyado.

–¿Cuando piensan aprobarlo para remitirlo a la DGA?

–En el primer pleno que celebremos después de constituir el ayuntamiento, en el mes de julio.

–El PSOE tiene cuatro concejales; el PAR, dos, y CHA, uno. ¿Se plantea gobernar con ellos?

–Chunta siempre ha estado en contra del plan y del desarrollo, y a favor de que no haya vida en los pueblos. La mayoría de quienes les apoyan ni viven en el municipio. El pueblo se morirá sin desarrollo. Tenemos 300 habitantes, en invierno no residen en Montanuy más de 120 y la mitad de ellos tienen más de 70 años.

–¿Contará con el PAR?

–Si quieren, contaremos con ellos. En su programa no se manifestaban ni a favor ni en contra de la estación. Supongo que colaborarán, aunque tengan divergencias. Si no quieren, desarrollaremos el plan nosotros.

–¿Estas elecciones zanjan la polémica?

–Nunca se zanjará, pero la gente nos ha dado su apoyo para que llevemos adelante el plan. El proyecto es bueno para Montanuy, para la Ribagorza, para el valle del Isábena e incluso para Benasque.

–¿Cuánta superficie tienen previsto urbanizar con el nuevo Plan de Ordenación Urbana?

–Alrededor de 40 hectáreas en un término de 174 kilómetros cuadrados en el que la densidad de población se queda en torno a 1,6 habitantes por kilómetro cuadrado. Además, ¿cuánto queda si lo repartes entre los 17 núcleos que tiene el municipio? Excepto en tres de ellos, donde van las zonas de servicios de la estación de esquí, las nuevas construcciones no superarán el centenar de viviendas en el mejor de los casos.

–¿Cómo será ese desarrollo?

–Moderado. Se llevará a cabo junto a los núcleos urbanos ya existentes, con la excepción de una zona situada a 900 metros de altura en la que se concentrarán parte de los servicios. Además, se llevará a cabo al revés de lo que es habitual. Primero tendremos los servicios, financiados por la estación, y después el desarrollo urbanístico.

Menos de 24 horas después de conseguir una mayoría absoluta que demuestra el respaldo de los vecinos a la actuación del equipo de gobierno del PAR, el alcalde de Benasque pidió ayer a Aramón que negocie con los antiguos propietarios de Cerler la retirada de la demanda judicial que ha enfrentado al Ayuntamiento y al grupo aragonés de la nieve. José Ignacio Abadías sostuvo que la empresa debe dar «el primer paso» para buscar un acuerdo que, además de solventar el conflicto con esos particulares, solucionaría también la pugna con el Consistorio.

«Nosotros podemos tener un problema, pero Aramón también tiene un problema muy grande», recordó Abadías aludiendo al bloqueo que ha sufrido la venta de los terrenos que Montañas de Aragón tiene en Cerler -suelos por los que sus responsables esperaban obtener 120 millones-. El primer edil benasqués se mostró conciliador y aseguró que la mayoría absoluta no va a radicalizar sus posturas, pero volvió a calificar de «prepotente» la actuación de la empresa y siguió exigiendo más inversiones para el municipio y el valle.

El pasado jueves, a tres días de las elecciones, el pleno del Ayuntamiento de Benasque declaró litigiosa la reparcelación de los suelos que Aramón posee en la ampliación de la urbanización de Cerler. A pesar de la trascendencia de una decisión que obstaculiza seriamente la venta de esos terrenos dejando a Aramón sin ingresos a corto plazo, el acuerdo se tomó en contra del criterio de los técnicos municipales y con el voto a favor de sólo dos de los nueve concejales -el alcalde y otra edil del PAR-.

Nada más conocer la noticia, el presidente del holding de la nieve, Francisco Bono, anunció que la empresa se replanteará su plan de inversiones en el valle si el Consistorio no rectifica. Bono confió además en el que el nuevo equipo de gobierno salido de los comicios del domingo cambiaría de actitud, pero las elecciones no han hecho sino reforzar la posición de Abadías y del PAR.
«Esto nos ha perjudicado»

A pesar de todo, el alcalde benasqués aseguró ayer que «la batalla» de los últimos días le ha perjudicado. «Ha habido comentarios de todo tipo, el PSOE se ha encargado de meter miedo al tejido turístico y seguro que ha habido gente que no nos ha votado por eso», sostuvo. Abadías señaló que los resultados obtenidos demuestran que su equipo de gobierno ha ido «de frente».

En cuanto a las consecuencias que puede tener la nueva mayoría absoluta, el edil aragonesista recordó, en primer lugar, que Aramón sigue siendo «mucho más poderoso» que el Ayuntamiento de Benasque. «No soy una persona rencorosa, y creo que no nos queda más remedio que sentarnos en torno a una mesa», añadió el alcalde, quien insistió en que Montañas de Aragón y la localidad deben llegar a acuerdos «que beneficien a las dos partes».

«Yo no quiero que Aramón pierda dinero, pero si la política de la empresa no es obtener beneficios, sino gestionar las estaciones para generar riqueza, nosotros queremos asegurarnos las inversiones», explicó Abadías.

El pasado viernes, el primer edil de la localidad dejó ver que detrás de la decisión de declarar litigiosa la reparcelación de los terrenos de Aramón hay un profundo malestar con el grupo de la nieve aragonesa. El Ayuntamiento de Benasque quiere que los 120 millones que Aramón espera sacar de la venta de esos suelos reviertan en el municipio, pero denuncia que hasta ahora sólo le han garantizado 36.

Otro acuerdo sobre inversiones

«En el asunto de la litigiosidad no podemos tomar una decisión en función de cómo vaya lo de las inversiones», afirmó ayer Abadías cuando se le preguntó por ambos conflictos. El alcalde reclamó a la empresa mixta participada por la DGA e Ibercaja que se siente a negociar con los vecinos de Cerler que presentaron la demanda judicial que ha provocado la declaración de litigiosidad.

«Si llegan a un acuerdo y se retira la demanda, lo de la litigiosidad estará solucionado», recordó Abadías antes de sugerir que se abra otro diálogo entre el grupo de la nieve y el Consistorio «para hablar de las inversiones». » Pero eso sólo será posible si existe voluntad de negociar. Si no, la última palabra la tendrán los tribunales», advirtió.

EL PERIODICO DE ARAGON
La Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón continúa imparable su campaña de recogida de firmas denominada Diálogo por las montañas. Esta iniciativa lleva más de 10.000 peticiones individuales de ciudadanos que instan a las Cortes de Aragón a recuperar el texto de la Ley de la Montaña que en el 2005 fue avalado por más de 30.000 aragoneses, pero que ni siquiera se tomó en cuenta para un debate.

En este caso, los más de 250 voluntarios que se están dedicando a recoger las firmas llevan unas carpetas con copias por triplicado para cada solicitud: una para el demandante, otra para la plataforma y la tercera para ser enviada a las Cortes.

La campaña Diálogo por las montañas tuvo su punto de arranque el pasado 18 de marzo en Espelunciecha, junto a la estación de esquí de Portalet. En estos dos meses se ha conseguido crear una red de voluntarios encargados de la recogida por todo Aragón mayor incluso de lo esperado. Ya que si las estimaciones eran de 200 voluntarios, en estos momentos se superan los 250.

«Esta campaña está siendo muy bien acogida por los aragoneses, como continuación de la ya realizada con la ILP. Y aunque la recogida de peticiones es más laboriosa y compleja, está resultando ejemplar», afirma Paco Iturbe, miembro de la plataforma, quien cree que la Ley de la Montaña será resucitada «y aprobada» una vez se constituyan las nuevas Cortes aragonesas.

Y es que las asociaciones ecologistas no han cejado en su empeño por proteger el Pirineo y la alta montaña. La ILP contó en su día con el apoyo de los grupos parlamentarios de CHA e IU, la abstención del PP y el voto en contra de los grupos del Gobierno, PSOE y PAR. A pesar de que esta ley fue una de las promesas del presidente Marcelino Iglesias.

«En un territorio tan montañoso como Aragón resulta necesaria una norma para proteger la montaña», afirma Juan Carlos Cirera, también de la plataforma. La iniciativa se basaba en cinco puntos para superar los desequilibrios existentes en el Pirineo, y el objetivo era «fomentar y modernizar, por medio de un plan de desarrollo rural y sostenible, las montañas de Aragón».

La propia Plataforma en Defensa de las Montañas recuerda que «la especulación urbanística en muchos municipios del Pirineo y la ampliación del dominio esquiable, con las obras que implica, llevaron hace cuatro años a las organizaciones ecologistas de Aragón a recoger firmas» para la ILP. Y desde entonces, no han parado de movilizarse para intentar poner freno a los desmanes urbanísticos y ecológicos.

HERALDO DE ARAGON
Los ecologistas ya han recogido otras 10.000 firmas por la Ley de la Montaña
Con esos apoyos pedirán que se retome la iniciativa legislativa popular rechazada en 2005.

I. ARISTU. Zaragoza | La Plataforma en Defensa de las Montañas ha recogido ya otras 10.000 firmas en su empeño de que Aragón cuente con una Ley de Protección de la Alta Montaña. Después de que en diciembre de 2005 el PSOE y el PAR rechazaran en las Cortes la aceptación a trámite de una iniciativa legislativa popular respaldada por 30.000 personas -el doble de las necesarias-, la entidad que agrupa a diversas asociaciones ecologistas, deportivas y sociales de la Comunidad quiere que esos nuevos apoyos sirvan para que el Parlamento autonómico retome su propuesta.

Cada una de esas firmas recogidas ahora serán presentadas en el registro de la Cámara como una petición particular para que la Plataforma en Defensa de las Montañas comparezca ante la comisión de Peticiones de las Cortes. Allí, los ecologistas pedirán que el Gobierno de Aragón recupere y debata el texto de la iniciativa legislativa popular (ILP), una posibilidad legal prevista para este tipo de movilizaciones que los ecologistas quieren que fructifique a lo largo de este año.

«Calculamos que será en septiembre, con las nuevas Cortes ya constituidas, cuando entregaremos todas las firmas -explicó ayer Paco Iturbe, miembro de la Plataforma-. Hasta entonces seguiremos recabando apoyos, aunque no nos hemos puesto como objetivo ninguna cifra».

Iturbe considera que «aunque no se lograra ni un respaldo más» esta nueva iniciativa en favor de la Ley de Protección de la Alta Montaña «ya sería otro éxito». «En la Cincomarzada recogimos unas 500 firmas, pero el arranque oficial de la campaña tuvo lugar el 18 de marzo coincidiendo con la IV Concentración de Espelunciecha -recuerda este portavoz del movimiento ecologista-. Eso significa que en apenas dos meses hemos reunido 10.000 apoyos, con la dificultad añadida de que el proceso es más complejo que el de la ILP».
Apoyos por triplicado

En el caso de la iniciativa legislativa popular, bastó con que todas las personas que lo deseaban cumplimentaran un formulario creado por la Plataforma para reunir las 15.000 firmas necesarias. Sin embargo, ahora todos los apoyos se consiguen a través de unos blocs que custodian los más de 250 voluntarios que colaboran en la campaña. En esos cuadernos cada respaldo queda reflejado por triplicado, de forma que una hoja se la queda el firmante, otra la guarda la Plataforma y la tercera se presentará en el registro de las Cortes.

«Con que presentemos una sola petición bastaría, pero queremos demostrar que una gran parte de la sociedad aragonesa sigue pidiendo la ley de la montaña -señaló Iturbe-. Además, la propia campaña sirve para difundir nuestras peticiones, aunque en la calle se nota que la gente la conoce sin necesidad de que le expliquemos nada».

El texto de la ILP proponía, entre otras cuestiones, una moratoria sobre las ampliaciones de las estaciones de esquí y las urbanizaciones hasta que se logre una ordenación sostenible de las zonas de montaña. A pesar de las 30.000 firmas que la respaldaban, la iniciativa fue rechazada en las Cortes el 15 de diciembre de 2005 con los votos en contra del equipo de gobierno PSOE-PAR, la abstención del PP y el apoyo de CHA e IU.

La Plataforma en Defensa de las Montañas recuerda que, por primera vez desde la creación de la Cámara autonómica, una iniciativa legislativa popular no fue ni siquiera aceptada a trámite. «Lo que volvemos a pedir ahora es que se abra cuanto antes un debate sobre el modelo de desarrollo que Aragón quiere para el Pirineo», subrayó Iturbe.