Los vecinos de castanesa denuncian ante la fiscalía el convenio con aramón
El convenio urbanístico denunciado, «Convenio de colaboración para la participación en la financiación de la inversión de la nueva estación de esquí de Montanuy» fue firmado en su día por el alcalde de Montanuy -José María Agullana- y el director de Aramón -Javier Blecua-, este último actualmente investigado en los juzgados de Huesca por corrupción urbanística.
En dicho convenio se estipulaba que el Ayuntamiento de Montanuy aprobaría un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a medida de la empresa Aramón, recalificando las fincas aportadas por la empresa tras su compra como rústicas a los vecinos, para que Aramón consiguiese las oportunas plusvalías. De hecho, la encargada de redactar y sufragar el PGOU era la propia empresa Aramón.
El PGOU que se quiere aprobar permitirá masivas recalificaciones urbanísticas para la construcción de miles de nuevas segundas residencias en un valle -el de Castanesa- de 300 habitantes a las puertas del Parque Natural de Posets Maladeta.
Ahora, los vecinos de Castanesa por medio de su asociación, ante el anuncio del alcalde de querer seguir adelante con este convenio y aprobar el PGOU con urgencia han decidido llevarlo ante el Fiscal del Tribunal de Cuentas, órgano encargado de velar por la legalidad de este tipo de documentos.
De prosperar el procedimiento que instruya dicho Tribunal, se obtendría un pronunciamiento sobre la legalidad de las estipulaciones del convenio, determinándose allí las responsabilidades que se deriven del mismo y los medios para exigirla. Además, la iniciación de este procedimiento de fiscalización no excluye que, en un momento dado, se puedan ejercer acciones ante los Tribunales del orden administrativo o penal; lo que más adelante se vería.
Con la presentación de esta denuncia a la Fiscalía, se pone sobre la mesa una duda razonable sobre la legalidad del convenio, lo que algo habrá de pesar en el Ayuntamiento a la hora de aprobar el PGOU que dimana del polémico convenio urbanístico.
DESNIVEL
Denuncia popular en Castanesa
Los vecinos de Castanesa por medio de su asociación, Naturaleza Rural, denuncian ante el Fiscal del Tribunal de Cuentas el convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento de Montanuy y la empresa Aramón.
La Asociación de propietarios y vecinos del valle de Castanesa «Naturaleza Rural» ha denunciado ante el Fiscal del Tribunal de Cuentas el convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento de Montanuy y la empresa Aramón. El convenio urbanístico denunciado, «Convenio de colaboración para la participación en la financiación de la inversión de la nueva estación de esquí de Montanuy» fue firmado en su día por el alcalde de Montanuy -José María Agullana- y el director de Aramón -Javier Blecua-, este último actualmente investigado en los juzgados de Huesca por presunta corrupción urbanística.
En dicho convenio se estipulaba que el Ayuntamiento de Montanuy aprobaría un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a medida de la empresa Aramón, recalificando las fincas aportadas por la empresa tras su compra como rústicas a los vecinos, para que Aramón consiguiese las oportunas plusvalías. De hecho, la encargada de redactar y sufragar el PGOU era la propia empresa Aramón.
El PGOU que se quiere aprobar permitirá masivas recalificaciones urbanísticas para la construcción de miles de nuevas segundas residencias en un valle -el de Castanesa- de 300 habitantes a las puertas del Parque Natural de Posets Maladeta.
El pueblo se moviliza
Ahora, los vecinos de Castanesa por medio de su asociación, ante el anuncio del alcalde de querer seguir adelante con este convenio y aprobar el PGOU con urgencia han decidido llevarlo ante el Fiscal del Tribunal de Cuentas, órgano encargado de velar por la legalidad de este tipo de documentos.
De prosperar el procedimiento que instruya dicho Tribunal, se obtendría un pronunciamiento sobre la legalidad de las estipulaciones del convenio, determinándose allí las responsabilidades que se deriven del mismo y los medios para exigirla. Además, la iniciación de este procedimiento de fiscalización no excluye que, en un momento dado, se puedan ejercer acciones ante los Tribunales del orden administrativo o penal; lo que más adelante se vería.
Con la presentación de esta denuncia a la Fiscalía, se pone sobre la mesa una duda razonable sobre la legalidad del convenio, lo que algo habrá de pesar en el Ayuntamiento a la hora de aprobar el PGOU que dimana del polémico convenio urbanístico.
DIARIO DEL ALTOARAGON
Denuncian ante el Tribunal de Cuentas el plan urbanístico para Castanesa
HUESCA.- La Asociación de Propietarios y Vecinos del Valle de Castanesa ha denunciado ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas el convenio suscrito entre Aramón y el Ayuntamiento de Montanuy para el desarrollo urbanístico de la zona. La denuncia, que se refiere a la existencia de presuntas irregularidades en el acuerdo, con el que se planea financiar la operación, fue interpuesta a principios de este mes por la citada asociación, para quienes el convenio deja en manos de Aramón la responsabilidad del planeamiento urbanístico. En un comunicado, la asociación asegura que el acuerdo, suscrito en mayo de 2005 por el alcalde de la localidad, José María Agullana, y el ex consejero de Aramón, Javier Blecua, comprometía al Consistorio de Montanuy a aprobar un PGOU “a medida” de la empresa promotora. Añaden que este convenio determina la recalificación de todas las fincas adquiridas en la zona como rústicas por Aramón, que financió la redacción del PGOU de Montanuy.
Los vecinos aseguran que dicho plan, aprobado inicialmente por el pleno de Montanuy, prevé la construcción de 2.300 segundas residencias y 3.500 plazas hoteleras, lo que supondría unas 13.000 camas. Destacan que la operación urbanística permitiría a la empresa obtener 500 millones para financiar la puesta en marcha de cuatro nuevos dominios esquiables próximos a Cerler, tres campos de golf, teleféricos de gran capacidad y proyectos diversos de termalismo, hípica y deportes de hielo. La iniciativa de la asociación, que responde al anuncio hecho por el alcalde de la población de aprobar el PGOU por vía de urgencia, se plantea con el objetivo de transmitir al Tribunal de Cuentas que la “precipitación y opacidad” de las gestiones que “pueden estar relacionadas con alguna irregularidad legal”. Los vecinos no descartan recurrir en el futuro a las vías administrativa o penal.
EL PERIODICO DE ARAGON
Los vecinos llevan al Tribunal de Cuentas el convenio de Castanesa
Una entidad denuncia «recalificaciones a la carta» para beneficiar a la empresa Aramón.Comunican a la Fiscalía que el hólding ha sufragado el nuevo PGOU de Montanuy.
La asociación de propietarios y vecinos del valle de Castanesa Naturaleza Rural ha denunciado ante el fiscal del Tribunal de Cuentas (TC) el convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento de Montanuy y la empresa Aramón. En dicho acuerdo se estipulaba la redacción, a cargo del hólding semipúblico del esquí, de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que preveía la construcción de 3.500 nuevas viviendas, la mayor parte de ellas en terrenos rústicos adquiridos por la empresa que van a ser recalificados.
El alcalde de Montanuy, el socialista José María Agullana, ya avanzó en junio a EL PERIÓDICO que en el primer pleno que se celebrase en julio aprobaría la reforma urbanística. Aunque no hay fecha, se prevé que la modificación va a ser inminente. Fuentes de Aramón mostraron su extrañeza por la denuncia y por el organismo ante el que se ha presentado. El TC es un órgano auditor, que fiscaliza la gestión económica del sector público, el hólding no es una empresa pública y el convenio es un acuerdo a desarrollar en el futuro, no un negocio efectuado.
El Convenio de colaboración para la participación en la financiación de la inversión de la nueva estación de esquí de Montanuy fue firmado en el 2005 por el alcalde y el entonces director de Aramón, Javier Blecua, cesado en febrero pasado tras abrir diligencias un juzgado de Barbastro por su implicación en la venta de una parcela al Ayuntamiento de Barbastro.
El documento asigna 2.300 viviendas a los terrenos con los que se ha ido haciendo Aramón, mientras que las 1.200 restantes serán para promotores privados. Ese volumen urbanístico es el que el hólding considera necesario para financiar la puesta en funcionamiento de la futura estación de Castanesa.
Entre las presuntas irregularidades puestas en conocimiento de la Fiscalía con fecha 1 de julio se incluye el que «se traslada a una sociedad privada la iniciativa de decidir qué fincas son las urbanizables, cuándo van a ser urbanizables y qué precios han de tener esas fincas antes y después de ser urbanizadas». Lo que la asociación denomina «una recalificación a la carta» para Aramón.
El presidente de Naturaleza Rural, Manel Badía, añade que en dicho convenio se estipuló «se aprobaría un Plan de Ordenación a la medida de Aramón, recalificando las fincas aportadas por la empresa tras su compra como rústicas a los vecinos, para que Aramón consiguiese las oportunas plusvalías. De hecho, la encargada de sufragar el PGOU era la propia Aramón».
HERALDO DE ARAGON
Vecinos de Montanuy llevan a la Fiscalía el convenio entre Aramón y el Ayuntamiento
El Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias para estudiar el caso. El grupo de la nieve subraya su «sorpresa» por la denuncia y el alcalde se muestra «tranquilo» por haber actuado «correctamente».
I. ARISTU. Zaragoza | La asociación Naturaleza Rural, que agrupa a una veintena de propietarios y vecinos del valle de Castanesa, ha llevado a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas para ver si encuentra algún indicio de delito el convenio urbanístico firmado entre Aramón y el Ayuntamiento de Montanuy. El acuerdo, suscrito en mayo de 2005, comprometió al Consistorio a clasificar como suelo urbanizable residencial los terrenos que el grupo aragonés de la nieve y otros particulares aportan a la futura estación que se quiere construir en Castanesa.
A cambio, la empresa mixta participada al 50% por la DGA e Ibercaja se obligó a encargar y costear el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad, así como a reinvertir en la futura estación todas las plusvalías que obtenga con la venta de los suelos recalificados.
Según explicaron a HERALDO fuentes de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas -que tiene su sede en Madrid-, este organismo ha abierto «diligencias de investigación» para comprobar si en la documentación remitida por Naturaleza Rural se observa algún indicio de delito. «Un fiscal estudiará el caso y decidirá si se archiva, si se sigue investigando desde aquí o si se traslada a otro tribunal», señalaron las mismas fuentes.
La denuncia fue remitida a la Fiscalía el pasado 1 de julio por el presidente de la asociación Naturaleza Rural, Manel Badía. «La decisión la tomamos a raíz de que el alcalde de Montanuy anunciara tras las elecciones su intención de aprobar el PGOU definitivamente -explicó ayer Badía-. No obstante, hace tiempo que lo teníamos pensado».
El escrito enviado al Tribunal de Cuentas considera que, al estipular la creación de una sociedad mercantil que ejecute y desarrolle la estación de esquí de Castanesa, el convenio urbanístico firmado por Aramón y el Ayuntamiento «traslada a una sociedad privada la iniciativa de decidir qué fincas son las urbanizables, cuándo van a ser urbanizables y qué precios han de tener esas fincas antes y después de ser urbanizadas».
Para este grupo de vecinos y propietarios del valle, el acuerdo supone que una entidad del grupo Aramón «pase a asumir facultades propias de la potestad de planeamiento que corresponden en exclusiva al municipio». «De este modo, una empresa mercantil ajena al Ayuntamiento va a tomar parte activa en la depredación de nuestro territorio, nuestra cultura y nuestro paisaje», denuncia Naturaleza Rural.
Además, la documentación que ha recibido la Fiscalía incluye varios artículos de prensa que, según Badía, demuestran que el grupo aragonés de la nieve adquirió terrenos rústicos meses antes de la firma del convenio con el convencimiento de que iban a ser clasificados como urbanizables. «¿Eso qué es? Como mínimo información privilegiada», opinó el presidente de la asociación denunciante.
Por todo ello, los vecinos entienden que «la generación y apropiación de las plusvalías dimanantes del convenio son lesivas al interés general vulnerando el principio de legalidad al que se refiere el artículo noveno de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas». Badía explicó que han acudido a este organismo porque así se lo han recomendado las personas que le asesoran.
Por otra parte, Ecologistas en Acción anunció ayer que miembros de este grupo en Aragón se reunieron el pasado lunes y martes en Bruselas con varios eurodiputados para informarles de los «graves impactos ambientales» de la futura estación de Castanesa. Entre los diputados estaba uno de los responsables de la resolución contra el urbanismo en Valencia y el litoral mediterráneo.
Reacciones
Fuentes oficiales de Aramón declinaron valorar ayer la denuncia de la asociación Naturaleza Rural y se limitaron a mostrar su «sorpresa» por los hechos». «No tenemos noticia ni de la presentación de la denuncia ni de su contenido, por tanto no podemos decir nada al respecto», señalaron.
Mientras, el alcalde de Montanuy, el socialista José María Agullana, tampoco quiso hacer ninguna declaración. «No sé nada sobre la denuncia, así que para qué voy a hablar sobre algo que no conozco», dijo. No obstante, se mostró «muy tranquilo» porque su actuación «siempre ha sido correcta».
LA MAÑANA DIGITAL
La Asociación de Propietarios y Vecinos del valle de Castanesa, en el municipio de Montanuy (Ribagorça aragonesa), ha denunciado ante el Fiscal del Tribunal de Cuentas el convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento de Montanuy y la empresa Aramón. El convenio fue firmado hace meses por el alcalde de Montanuy, Josep Maria Agullana, y el entonces director de Aramón, Javier Blecua. En dicho convenio queda vinculado el plan urbanístico municipal (PGOU), pendiente de aprobación, con el plan de expansión de la estación de esquí de Cerler hacia Castanesa. El convenio prevé la construcción de casi 3.000 segundas residencias y más de 2.000 plazas hoteleras en un municipio, el de Montanuy, formado por 17 núcleos y 300 habitantes.
Ante el anuncio del nuevo equipo de gobierno municipal de Montanuy de su voluntad de aprobar el PGOU durante los próximos días, la asociación ha optado por llevar el convenio a los tribunales, lo que puede condicionar dicha aprobación. La asociación quiere que se investigue la legalidad del documento del convenio y se muestra preocupada porque considera que “la formalización del convenio da más potestad del planeamiento urbanístico a Aramón por encima del consistorio”, en referencia a “las recalificaciones urbanas masivas de fincas tras su compra como rústicas a los vecinos”. En este sentido, la asociación quiere que el fiscal investigue si “la generación y apropiación de las plusvalías dominantes del convenio son lesivas al interés general, de acuerdo con la ley orgánica del Tribunal de Cuentas”. La asociación califica el objetivo del convenio como de “depredación del territorio e imposición de un modelo de desarrollo contra la supervivencia del paisaje y la vida tradicional del valle”.
A la espera de ser aprobado por el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón, el PGOU ha recibido la oposición de los ecologistas de Aragón y puede verse afectado directa o indirectamente por la investigación que la UE ha iniciado sobre el desarrollo urbanístico en el Pirineo aragonés, a raíz de una petición parlamentaria de IU.
Por su parte, el alcalde de Montanuy, Josep Maria Agullana, declinó hacer ayer declaraciones sobre la denuncia de los vecinos de Castanesa.”Hasta que no vea y lea la denuncia no quiero opinar, pero creo que no afectará el proceso de aprobación del PGOU”, matizó.