Tras seis meses de actividad en toda la geografía aragonesa, la Plataforma va a hacer entrega en esta fecha de las miles de cartas recogidas solicitando la apertura inmediata de un debate público y general sobre el «FUTURO DE LA MONTAÑA ARAGONESA». Será el 11 de diciembre de 2007, Día Internacional de las Montañas, a las 11.00 horas en el Palacio de la Aljafería (Parlamento de Aragón).

En torno a 300 voluntarios y voluntarias han participado en esta recogida de «Peticiones Individuales» al Parlamento Aragón, en las que se refleja la mayoritaria inquietud ciudadana existente en torno a «el negativo impacto del actual desarrollo urbanístico en la montaña aragonesa y sobre el futuro de nuestras estaciones de esquí en el actual proceso de calentamiento global».

«¡Porque aún estamos a tiempo de impedir que el cemento y la especulación urbanística arruinen el futuro de nuestras montañas!»

El mismo días, tendrá lugar el estreno del largometraje «Territorio de abejas, paisaje de hombres» de Daniel Orte a las 19h en la Sala Joaquín Roncal de la Plaza San Braulio. Se trata de un documental de gran belleza y de enorme actualidad. A lo largo de 80 minutos se recoge con rigor e imparcialidad el debate abierto en la sociedad sobre el desarrollo rural y la conservación la montaña aragonesa. Se aconseja máxima puntualidad pues el aforo está limitado a 200 butacas.

Defensores de las Montañas acampan en el Anayet
Nano Sanchez Grassa y Jess del Cerro Mellano, montañeros experimentados en ascensiones en el Himalaya, Los Andes, Alpes y Pirineos preparan en estas fechas una nueva y peculiar expedición. El primer sábado de diciembre ascender al pico Anayet para iniciar una permanencia en altura, en defensa de las montaña de Aragón. A tal efecto establecer un campamento vivac en el que permanecer 9 días. Su objetivo: Llamar la atención sobre el impacto negativo para la montaña aragonesa de los proyectos de la empresa ARAMON (Nieve de Aragón) tanto en lo concerniente a la construcción de nuevas estaciones de esquí como en lo relativo a proyectos de construcción de grandes urbanizaciones en el entorno de las estaciones. Especial mención merecen en estos momentos las amenazas pendientes sobre el futuro del valle de Castanesa, como las obras en curso en Panticosa y Formigal-frontera de Francia

No es casual la elección el pico Anayet para llevar adelante esta iniciativa. El macizo del Anayet y un pequeña área de su contorno están incursos en un proyecto (hoy detenido) de Plan de Ordenación de los Recursos Naturales previo a la declaración de «Parque Natural»

Sobre este espacio se ciernen graves amenazas inmediatas, tanto en invierno como en verano. Por una parte, la expansión de las obras de ampliación de Formigal-Espelunziecha a territorio contemplado en la futura demarcación del Parque. Por otra, el devastador proyecto de «unión de estaciones» de Formigal-Candanchu-Astn a través de Canal Roya. En ningún paraje como en el Anayet se escenifica, con tanta crudeza, la amenaza para nuestras montañas. Y sin olvidar el efecto que causa la propia explotación de estas instalaciones por Aramon.

Yo creo que a Aramón le conviene anexionarse a las estaciones independientes que ofertan esquiar en el Pirineo aragonés. Se sitúa como una empresa que puede dar una amplia oferta en el deporte de la nieve, para competir con la gigante catalana.

Su estrategia pone entre las cuerdas a las pocas estaciones aragonesas independientes (sólo quedan dos y una está a punto de fusionarse), les hacen una competencia desleal. Cuando enchufan los cañones de nieve (con gran gasto de energía y de agua) los particulares lo pagan ellos, pero si lo hace Aramón lo pagamos todos. Tienen que competir manteniendo un nivel de gastos que la nieve no da.

Así el Gobierno de Aragón justificará mejor su apoyo a Aramón, que se posiciona como el motor de la economía del Pirineo, cuando el negocio lo tiene Ibercaja con las construcciones de viviendas que hace a su alrededor.

La DGA subvenciona a los colegios con la semana blanca, hace crecer el número de esquiadores y apoya la tendencia insostenible de la construcción de segundas viviendas y el éxodo masivo los fines de semana, vacaciones, Navidades, Semana Santa… ¡¡¡Viva el Turismo!!!

Se construyen y proyectan autovías para conectar y seguir promocionando este tipo de modelo de vida… Se hacen necesarias las depuradoras quizás lleguen pagadas por medioambiente en los dos próximos años. La ruina de los ayuntamientos por llevar servicios a las nuevas urbanizaciones tardará un poco más pero eso a quien le importará.

Alternativas a ese modelo de desarrollo y a ese modelo de vida, con menos dinero se pueden hacer, las podemos dar pero no hay voluntad política de que lleguen. Poco les importa el cambio climático, porque la nieve solo es la excusa para marbellizar el Pirineo. El paisaje y el modo de vida va a cambiar, no podemos mirar para otro lado mientras se destruye uno de los pilares de nuestra identidad.

Hay otra forma de lograr la felicidad que no pasa por un consumo exacerbado de los recursos, hay un punto intermedio que es el verdadero progreso: el disfrute de compartir el planeta entre hermanos sin poner en peligro la herencia de nuestros hijos.

Recordamos que dicha ILP fue apoyada masivamente por los aragoneses superando con creces los requisitos que marca la ley, pero no fue tomada en consideración ni debatida por el Gobierno de Aragón, hecho de una gravedad extrema y sin precedentes en la historia de la democracia española.

Diálogo por las Montañas consiste exactamente en la recogida de peticiones personales en apoyo a dicha solicitud. Esas peticiones se recogen mediante unos blocs con 50 peticiones, en copias por triplicado: una para el solicitante, otra para la plataforma y la tercera para las Cortes propiamente.

La campaña Diálogo por las Montañas tuvo su punto de arranque el pasado 18 de marzo en Espelunciecha-Portalet, coincidiendo con la IV Concentración de Espelunciecha. En estos meses se ha conseguido crear una red de 300 voluntarios encargados de la recogida por todo Aragón, de modo que en estos momentos ya han llegado a la central de la plataforma más de 14.000 peticiones.

Esta campaña ha sido muy bien acogida por los aragoneses, como continuación de la ya realizada con la ILP y, aunque la recogida de peticiones es más laboriosa y compleja (bloc voluminoso, copias por triplicado, cada persona realiza una petición y no simplemente una firma…) la campaña está resultando ejemplar y elogiada por su seriedad (los firmantes alaban el formato y el detalle de que puedan tener una copia resguardo de la petición que han realizado).

Precisamente ahora se entra en la fase final, consistente en recepcionar las peticiones que faltan, para entregarlas todas en las Cortes de Aragón, en un acto que tendrá lugar el 11 de diciembre, precisamente el Día Internacional de las Montañas. Una vez entregadas, esperamos que la Comisión de Peticiones de las Cortes la eleve al Gobierno de Aragón y éste tome la decisión de crear una Ley de la Montaña que proteja estos paisajes.

HERALDO DE ARAGON

Aramón sostiene que los suelos que prometió en Cerler no eran un pago

El juicio civil que se sigue en el Juzgado de Boltaña por la demanda presentada contra Aramón por los antiguos propietarios de los suelos en los que se asienta la urbanización de Cerler quedó ayer visto para sentencia tras una vista oral en la que las partes enfrentadas dieron una versión de los hechos llamativamente distinta. Como era de esperar, el grupo aragonés de la nieve sostuvo que no procede atender la solicitud de los demandantes de que se den por resueltos los contratos firmados hace 40 años entre los anteriores dueños de las parcelas y la estación de esquí.

Si el juez estima esa petición de los vecinos de Cerler, Aramón tendría que devolver a sus ex propietarios unas 32 hectáreas de terreno valoradas en más de 84 millones de euros. Además, la empresa participada al 50% por la DGA e Ibercaja no podría ingresar los 140 millones que espera obtener por la venta de los suelos que posee en la urbanización, suelos que constituyen su única fuente de ingresos a corto plazo.

Prácticamente puede decirse que en lo único que están de acuerdo los demandantes y Montañas de Aragón es en que en 1967 los antiguos dueños de los suelos de Cerler firmaron sendas escrituras públicas de compraventa con Telesquís del Pirineo S. A. por las que traspasaban la propiedad de sus parcelas a cambio de un pago en metálico. Las partes también admiten que a continuación se firmaron otros tantos contratos privados por los que la sociedad que luegó pasó a denominarse Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque se comprometía, sin dar plazos, a entregar a cada propietario una superficie equivalente al 10% del terreno que entregaba, pero ya urbanizado -y por tanto revalorizado-.

A partir de ahí, cada parte hace una interpretación totalmente distinta. Los demandantes consideran que lo que se acordó fue un sistema de pago mixto en el que la contraprestación en especie tuvo más peso que la dineraria. Por esta razón, sus abogados, Javier Ballarín y Fernando Rivarés, consideran que aquella operación fue «un negocio jurídico mixto de permuta» en el que se cambiaba un bien presente -los suelos rústicos de los vecinos- por otro futuro -las parcelas ya urbanizadas-.

Este planteamiento fue refrendado por los testigos presentados ayer por los antiguos propietarios, que declararon que el precio que se les pagó en metálico fue «muy bajo» y que lo aceptaron porque Telesquís del Pirineo también se comprometía a proporcionarles suelos urbanizados.

Siempre según los demandantes, cuatro décadas después ese compromiso adquirido por la estación de esquí todavía no se ha cumplido, a pesar de que los anteriores dueños lo han reclamado una y otra vez durante años -uno de los testigos dijo que empezó a pedirlo en 1979-. Por ese motivo, sus abogados han solicitado al juez titular de Boltaña que declare que los documentos firmados en 1967 fueron negocios jurídicos mixtos de permuta, que dé por resueltos esos contratos por incumplimiento y que obligue a Aramón a devolver los suelos.

Por el contrario, el grupo aragonés de la nieve considera que la operación por la que la estación se hizo con los suelos no fue una permuta, sino una compraventa pura que quedó totalmente cerrada en el momento de la firma. Según su abogado, Luis Biendicho, el contrato privado que se redactó a continuación no fue un pago complementario en especie, sino un reconocimiento voluntario a la buena voluntad de los vecinos.

En su declaración como testigo de Aramón, el director de la estación, Gabriel Mur, también calificó ese compromiso de entregar un total de 23.522 metros cuadrados ya urbanizados como un «agradecimiento» por el «buen hacer» de los anteriores propietarios. Por su parte, su antecesor en el cargo entre los años 1978 y 1982, José María Mata, no dudó en afirmar que la entrega de esos terrenos a los antiguos dueños de Cerler es más «un regalo» que «un derecho». El grupo de la nieve llegó a equipararla a los `forfaits´ gratuitos que la estación regala a los vecinos.

A partir de ahí, el abogado de la empresa demanda recuerda que los contratos solo pueden resolverse si se da la condición de que haya reciprocidad, es decir, que las dos partes aporten algo. Siempre según este razonamiento, si lo que hubo hace 40 años fue una compraventa pura independiente de la entrega de suelos, los contratos privados suscritos a continuación no cumplen ese requisito, ya que en ellos los propietarios de los terrenos no aportan nada.

Aramón admite que podría ser procedente pedirle que cumpla los contratos privados, pero rechaza que se puedan resolver las escrituras públicas de compraventa y, por tanto, pide al juez que rechace la totalidad de la demanda.

EL PERIODICO DE ARAGON

Cerler solo ha saldado sus deudas con tres de los 18 dueños de sus terrenos

Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque, la empresa de la estación de Cerler –integrada hoy en el hólding semipúblico Aramón–, solo ha saldado sus deudas con tres de los 18 propietarios de los suelos urbanizables del complejo, que vendieron sus prados en 1967. Los otros quince reclamaron ayer en el Juzgado de Boltaña la anulación de los contratos, al considerar que no se han cumplido, y la consiguiente recuperación de los terrenos.

Los contratos de venta incluían dos pagos: de 9 a 11 pesetas por metro cuadrado de prado –que podrían seguir trabajando hasta su ocupación– más un 10% de la superficie entregada, que les sería devuelta una vez urbanizada. Esa porción solo ha sido traspasada a tres familias, cuyas escrituras señalan que con la entrega de las parcelas se da por cumplidos los contratos de 1967.

El resto la han reclamado, a lo largo de 40 años, en las juntas de accionistas y a los consejos de administración. De hecho, Cerler llegó a sortear las parcelas de La Solaneta en julio del 90 para entregarlas y un año más tarde inició el proceso de segregación. Sin embargo, el traspaso nunca se efectuó. El exdirector de la estación José Mata, sostuvo que, si no se materializó, fue porque la estación tenía otras prioridades –aunque fueron enajenadas dos fincas de esa zona por más de 650.000 euros cada una en 1999–. Y el abogado de la empresa, Guillermo Bendicho, aseguró que la estación «es consciente de que existe un compromiso y ha dado pasos para ejecutarlo». No obstante, añadió un matiz: en su opinión los suelos son de la sociedad y la deuda es en realidad una especie de premio –nunca concretado– que la firma decidió dar a los antiguos propietarios por su contribución al proyecto. Y también aportó algunos datos, como que los suelos en litigio –32 hectáreas– tenían en 1967 un valor de 18.229,73 euros que hoy se eleva a 84.337.433,32.

Para los demandantes, «cuarenta años es simplemente demasiado tiempo», concluyó uno de sus abogados, Javier Ballarín. El letrado hizo hincapié en que la estación ha efectuado «repetidos actos de reconocimiento del derecho» a la entrega de las tierras, como el sorteo y la segregación, y anotó que la transmisión del 10% del terreno una vez urbanizado constituye una parte del precio; impagada, en este caso. «Es evidente que los terrenos tienen un gran valor, pero eso no afecta a la demanda», añadió.

Poco antes, Bendicho le había preguntado al alcalde de Benasque, José Ignacio Abadías, si «es usted consciente de que de prosperar esta demanda quince familias de Cerler podrían obtener propiedades por valor de 85 millones». «Esa no es mi guerra», respondió el edil.

Bendicho, por su parte, indicó que «nunca ha habido una reclamación en forma para la devolución de los terrenos», aunque añadió que la promotora de la estación «ha señalado siempre su disposición» a efectuar la entrega del 10% de la superficie. En su opinión, los terrenos son propiedad de Cerler, por lo que sostuvo que los demandantes únicamente pueden reclamar la transferencia de las porciones pendientes, pero en ningún caso les reconoce base jurídica para la resolución de los contratos y el retorno de todos los terrenos a sus propietarios iniciales.

Aramón ha vendido esos terrenos –y alguno más– por 120 millones de euros, aunque la operación no está completamente cerrada al no poder inscribirla los compradores en el Registro de la Propiedad mientras no se dirima el litigio que debe decidir quién es el dueño de las fincas.

DIARIO DEL ALTOARAGON

Visto para sentencia el juicio por la demanda de vecinos de Cerler contra Aramón

El juicio que enfrenta a los antiguos propietarios de los terrenos de la estación de esquí de Cerler y al holding aragonés de la nieve, Aramón, quedó ayer visto para sentencia tras una intensa jornada. El juez de primera instancia de Boltaña deberá ahora estudiar toda la documentación presentada el pasado mes de septiembre, analizar las declaraciones realizadas ayer por los ocho testigos que comparecieron en el juicio y repasar las conclusiones finales de los abogados de ambas partes, antes de emitir un veredicto que, en cualquier caso, podría ser recurrido.

Como consecuencia de la demanda interpuesta por los antiguos propietarios el pasado mes de enero en el Juzgado de Boltaña contra Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque -sociedad encargada de gestionar la estación de Cerler-, ayer se celebró el juicio en el juzgado sobrarbense, que se prolongó durante más de seis horas y en el que tan sólo se hizo una pausa de cinco minutos.

A tenor de las declaraciones tras la sesión, ambas partes se mostraban satisfechas, si bien diferían en el tiempo en que puede demorarse el veredicto. Fuentes de Aramón comentaron que “se trata de un asunto de naturaleza jurídica complicada y calculamos que el juez podría tardar entre dos y tres meses”, mientras que uno de los demandantes pensaba que el veredicto tardaría un mes, si bien reconocía que este asunto “tal vez es el más complejo que se tramita en este juzgado”.

La empresa mixta Aramón es el ente participado por el Ejecutivo aragonés que más deuda acumula, un total de 81.9 millones. Este endeudamiento ha dejado a Pla-Za en el tercer lugar de esta clasificación, con 47 millones reconocidos, que hasta hace pocos meses encabezaba esta particular lista de empresas de la DGA. Por medio se sitúa ahora Suelo y Vivienda de Aragón. Igual que las anteriores, tiene activos con los que se espera rebajar e incluso eliminar la deuda, pero ha asumido importantes compromisos financieros en el último año.

La deuda de Aramón (participada a partes iguales por el Gobierno autonómico y por Ibercaja) se ha incrementado en los últimos meses en 66,4 millones de euros. Según explicaron fuentes del Ejecutivo, se debe en parte a las obras de Formigal y a que hasta que no se empiece a recibir las plusvalías acordada con el Ayuntamiento a través de un convenio no se empezará a compensar esta situación.

Según se ha indicado, cada una de las sociedades de Aramón (además de la empresa matriz tiene una sociedad para el valle de Benasque, otra para Panticosa y otra para Formigal) tiene previsto un funcionamiento individual, por lo que no se compensan las cuentas unas a otras. La sociedad que gestiona la actuación del valle de Benasque tiene una deuda actual de 14 millones y la de Formigal de 33 millones. Hace sólo un año la primera tenía 12 millones y Formigal no tenía pendientes compromisos financieros. La empresa de Aramón encargada de la gestión en Panticosa ha empezado a reducir su deuda, pasando en doce meses de 2,2 millones a los actuales 966.000 euros. En cuanto a Nieve de Teruel, no debe ni un euro.
El coste de Valdespartera

En el caso de Suelo y Vivienda de Aragón, en el último año ha aumentado su endeudamiento en 24,6 millones de euros, llegando a los actuales 51,9 millones. En este caso se ha indicado que los activos que tiene también son mucho mayores que la deuda reconocida y que es cuestión de tiempo el que la fuerte inversión realizada en actuaciones como Valdespartera tenga su compensación. Entre otros activos. Suelo y Vivienda tiene -además de numeroso suelo para pisos- terrenos en alquiler de polígonos industriales.

En cuanto a las plataformas logísticas, cada una lleva su ritmo. Mientras en Zaragoza se está empezando a reducir la deuda debido a la comercialización de Pla-Za, en las plataformas de Huesca y Teruel se está iniciando aún en el proceso inversor. Así, Pla-Za la ha reducido en el último año en 29 millones de euros, Platea ha pasado de 0 a 10 millones de endeudamiento y el parque tecnológico de Huesca (Walqa) también lo ha aumentado, pasando de 8,3 a 11,3.

Junto a Aramón, Suelo y Vivienda, Pla-Za, Platea y Walqa, los datos del Banco de España también incluyen a otras empresas públicas, como Promoción del Aeropuerto de Zaragoza o Parque Temático de los Pirineos. Esta última tiene una deuda de 3,6 millones de euros. Aunque con cantidades menores, hay que destacar una creada para el campo de Daroca, la gestora turística San Juan de la Peña y Aeronáutica de los Pirineos, las tres sociedades con deudas inferiores a 500.000 euros.

La Fiscalía ha denunciado al Ayuntamiento de Benasque ante la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas tras concluir que el convenio urbanístico suscrito entre el consistorio y dos empresas constructoras para la transformación del Palacio de los Condes de Ribagorza en centro social pudiera, «indiciariamente al menos, revestir los caracteres de un ilícito contable», según recoge una resolución del ministerio público. El convenio facilitó un pelotazo de varios millones al recalificar una finca a cambio del centro social.

Fuentes del Tribunal de Cuentas confirmaron que al ayuntamiento le ha sido abierto un juicio contable para determinar si el convenio constituye alguna infracción de las legislación. De resultar condenado en este procedimiento, el consistorio –o las personas que fueran declaradas responsables de una posible malversación– debería reintegrar el desfase económico más los intereses legales, que pueden llegar al 20%.anual de los fondos.

El convenio fue suscrito entre el ayuntamiento y las empresas Proyectos y Desarrollos Urbanos Man y Acegi, propietarios de una finca de 19.010 metros cuadrados en el Camino Anciles cuya catalogación urbanística reducía a 6.280 metros las posibilidades de edificación.

El acuerdo contemplaba que las empresas cedieran al consistorio, «gratuitamente y libre de cargas y gravámenes», el palacio –conocido como Casa Albar y valorado en 1,2 millones en 1999– tras rehabilitarlo con una inversión de 5,46 millones de euros y con el depósito previo de unos avales bancarios por ese valor a favor del ayuntamiento.

El consistorio, por su parte, debía recalificar la finca como suelo urbano no consolidado, con lo que pasaba a tener 14.999,69 metros cuadrados edificables y capaces de albergar viviendas que sumaran 17.156,14 metros cuadrados de techo. Las empresas quedaban eximidas de entregar el 10% legal del suelo porque la cesión ya había deducido esa superficie «en las aportaciones como área de ensanche». Las constructoras se encontraban así, según valoraciones del sector inmobiliario, con una expectativa de negocio de quince millones de euros que saldría del abanico existente entre comercializar 170 pisos de cien metros y 428 de cuarenta.

CASTANESA Por otro lado, la Fiscalía de Huesca mantiene abiertas las diligencias sobre el convenio urbanístico por el que una filial de Aramón, el hólding semipúblico aragonés del esquí, financió la redacción de la reforma del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Montanuy, municipio en el que la empresa privada –participada al 50% por Ibercaja y la DGA– promueve una estación de esquí para cuyo impulso y financiación ha suscrito opciones de compra sobre la mayor parte de los terrenos recalificados.

El ministerio público ya dispone de diversa documentación sobre el proceso urbanístico, que ahora se encuentra en la Comisión de Ordenación del Territorio de Huesca.

La estación de esquí de Candanchú, que hasta ahora se mantenía independiente y sujeta a una gestión cien por cien privada, ha tirado la toalla y pedido su ingreso en Aramón. Normal. Este centro invernal arrastra no sólo un déficit de explotación, sino que además sus ingresos han sido insuficientes para reinvertir en el mantenimiento y renovación de las instalaciones. Unos sesenta millones de euros les harían falta ahora mismo para ponerse al día. No hay pues otro remedio que ingresar en la macroempresa que manejan a medias la DGA e Ibercaja. De esta forma ya tenemos dos cosas claras: la primera, que la explotación de los dominios esquiables del Pirineo no parece ser rentable; la segunda, que dicha explotación y la oferta que genera se ha convertido en un servicio público. En verdad, lo nunca visto.

De Aramón SA sabemos muchas cosas, salvo cuánto nos cuesta exactamente. En los presupuestos del Gobierno de Aragón suele haber una partida multimillonaria destinada a dicha empresa. Pero ni aun así carbura el negocio. A todas horas es preciso tapar agujeros, realizar nuevas inversiones y buscar ingresos atípicos, que obviamente sólo pueden venir del negocio inmobiliario. Así que Aramón se ha metido hasta el cuello (en Castanesa, a lo bestia) en operaciones urbanísticas muy discutibles (como lo son todas aquellas que se realizan con fines especulativos en zonas de alto valor medioambiental y paisajístico).

Servidor no ha conseguido aún que le expliquen cómo va a salvar el Pirineo una actividad (la nieve) que no parece ser rentable ni a tiros, que por ello ha de ser financiada con fondos públicos o sociales, que se está vinculando a negocios inmobiliarios de fuerte impacto sobre la naturaleza y que, además, presenta un futuro incierto por culpa del cambio climático. Es incomprensible. O sea, que un servidor desea fervientemente que esta sea una temporada estupenda para las estaciones de esquí y para todo el Pirineo (donde, encima, la temporada de verano ha sido más bien flojita). Pero este tema me parece raro, raro.

La Consejería de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón ha destinado 9,5 millones de euros en los presupuestos de 2008 para ampliar el capital de ARAMON, frente a los 9,9 millones para inversiones reales de su departamento ¿Es ésta una forma adecuada de manejar el dinero de los aragoneses por ser el del esquí alpino, en palabras del consejero de Industria, un sector «cuyo desarrollo actual y futuro es muy prometedor»? ¿Ha tenido en cuenta el Gobierno de Aragón los informes del IPCC sobre el cambio climático, que advierten que España es el país europeo más afectado y el sector de la nieve uno de los más sensibles? ¿Tan boyante es una empresa que no pagado sus impuestos ambientales en 2007?

Frente a esto último la reacción del GA ha sido, cuando menos, insólita: el perdón de la cuantía adeudada y el indulto del pago de dichos impuestos en años subsiguientes. Una última pregunta: si el resto de empresas aragonesas o los propios particulares nos negáramos a pagar nuestros impuestos, ¿obtendríamos todos perdón e indulto de nuestro benefactor Gobierno?

Tan sólo nos queda esperar que algún día se investiguen las cuentas de esta tan curiosa como opaca empresa pública llamada ARAMON, como las de tantas otras que han surgido como setas en Aragón en los últimos años de Gobierno PSOE-PAR.

Los conservacionistas aseguran en un comunicado que, el sistema de «ratrack» ideado (una máquina pisanieves para el arrastre de esquiadores) para el transporte de los aficionados al esquí hasta seis nuevas pistas ubicadas en la zona de Espelunciecha, se sale de los límites de la estación. Afirman que en su recorrido, el «ratrack» se adentra en la zona de Canal Roya, fuera de los límites del término municipal altoaragonés de Sallent de Gállego, invadiendo una zona incluida en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Anayet-Partacua.

Los ecologistas señalan en la nota que la entrada en la zona del Anayet «es algo para lo que, en teoría, se necesitaría un permiso especial que difícilmente se podría conceder por ser ésta (el esquí) una actividad en contra de la filosofía del PORN». Critican, además, la oferta de heliesquí anunciada por los responsables de Formigal ya que se proyecta transportar esquiadores en helicóptero hasta zonas «inaccesibles y frágiles» por encima de la cota de los 3.000 metros, en la zona de los picos Infierno, Garmo Negro y Argüalas.

«Con estas actividades -señalan-, Aramón trata de sentar las bases de los hechos consumados, invadir zonas en proceso de protección para ganarlas empresarialmente para la causa urbanística». Añaden que este proceso se lleva a cabo «saltándose» los trámites legales establecidos en el PORN, los estudios medioambientales y los modelos de ordenación urbanística, «abusando, una vez más, de la patente de corso que parece tener (Aramón) con el Gobierno aragonés, que le permite todo tipo de desmanes contra la montaña».

La Plataforma en Defensa de las Montañas denunció ayer que dos de las actividades más novedosas que el grupo Aramón (Montañas de Aragón) presenta para esta temporada invernal en Formigal, el `ski ratrack´ y el `heliesquí´, invadirán la zona del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de Anayet-Partacua, saliéndose de los límites de la estación, y necesitan por ello un permiso especial con el que no cuentan. En opinión de este colectivo naturalista ambas prácticas conllevan un «grave impacto ambiental».

Desde Aramón, fuentes oficiales recalcaron que «todas las actuaciones que se realicen se harán con sujeción a la más estricta legalidad y contando siempre con las autorizaciones necesarias». Asimismo explicaron que el lunes llevarán a cabo «las consultas con los organismos necesarios» para plantear el tema, y se mostraron «completamente dispuestos» a limitar alguna zona si hace falta, cambiar los itinerarios previstos y asumir las restricciones que se les planteen si es que existen, «porque bajo ningún concepto pretendemos ni incumplir, ni soslayar la legalidad».

No obstante, estas mismas fuentes del grupo empresarial de la nieve indicaron que tras estudiar la cartografía del complejo invernal, consideran que las iniciativas que plantean están dentro del dominio de Formigal y del término municipal de Sallent de Gállego, aunque se van a «revisar» los mapas. Además señalaron que «aun siendo susceptible de interpretación», entienden que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales no excluye la práctica del esquí.

El `ski ratrack´, según se explica en la página web de Formigal, consistirá en ser arrastrado por una máquina pisapistas para acceder a Espelunciecha. Mientras el `heliesquí´ permite llegar en helicóptero a cotas altas que no cuentan con remontes tradicionales.

El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) del Gobierno aragonés no ha recibido ninguna «solicitud oficial» relacionada con estas actividades invernales en el valle de Tena, aunque sí «tenía conocimiento» de la intención de la sociedad de presentar informes sobre su desarrollo y las zonas concretas en las que se realizarán. Así lo confirmaron desde el departamento de Medio Ambiente del Ejecutivo autónomo a preguntas de este periódico.

El decreto por el que se inicia el procedimiento de aprobación del PORN de Anayet-Partacua, publicado el 27 de noviembre de 2006, recoge entre las actuaciones que deben recibir un informe favorable de Medio Ambiente hasta que termine este proceso las «competiciones deportivas de todo tipo en tierra o en agua». Al tratarse de una zona incluida en el plan de conservación del quebrantahuesos, los vuelos de helicóptero también precisarían, en principio, la autorización medioambiental.

La Plataforma en Defensa de la Montañas llama la atención sobre que el `heliesquí´ «atenta contra el más mínimo sentido común», ya que se subiría «por encima de la cota 3.000 (zona de alta montaña muy frágil) en la zona del Pico del Infierno, Garmo Negro y Argualas». Los conservacionistas aseguran que incluso dos de las nuevas pistas, la Glera del Anayet y el Barranco de Culibillas, penetran en el área del PORN, extremo este que fuentes oficiales de Aramón desmienten tajantemente.

Si las condiciones meteorológicas son favorables, la estación de Formigal tiene previsto abrir las instalaciones el 23 de noviembre.

La medida viene a satisfacer en buena medida las reclamaciones efectuadas desde los centros invernales de Astún y Candanchú, que señalaron lo injusto de la tasa en una campaña muy mermada por la escasez de nieve.

El grupo parlamentario de Izquierda Unida criticó ayer esa decisión tras conocerla por medio de una respuesta por escrito de la consejería de Economía, Hacienda y Empleo en la que también se aportan los datos de ingresos por impuestos sobre emisiones contaminantes y grandes superficies. En el primer caso, la recaudación anual (las cifras son de agosto de este año, pero incluyen el último trimestre de 2006) no llega a la tercera parte de lo presupuestado, que eran 15 millones, mientras que en el segundo apenas se logra alcanzar el 60% de los cuatro millones previstos.

El cálculo de la DGA en las cuentas públicas para el actual ejercicio era obtener 1,7 millones de euros a través del impuesto ambiental sobre las estaciones de esquí, que es una tasa fija, pero finalmente se han recaudado por ese concepto 944.419 euros. Lo que inicialmente sería un incumplimiento con la Hacienda autonómica se ha resuelto mediante la normativa de acompañamiento al proyecto presupuestario de 2008, donde se recoge una disposición transitoria que estipula una «reducción del 50% sobre la cuota tributaria resultante de la autoliquidación correspondiente al período impositivo 2007».

Además, en el proyecto presupuestario de 2008, actualmente en tramitación parlamentaria, solo se recogen 850.000 euros de ingresos por el canon ambiental del esquí, justo la mitad de la tasa fija. Para Adolfo Barrena, diputado de IU, la medida supone «un indulto alevoso para Aramon, donde la DGA participa al 50%».

La Consejería de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón tiene previsto destinar el año que viene más dinero a la compra de acciones y participaciones de empresas privadas que a las inversiones reales, según recoge el proyecto de Presupuestos de la DGA para el 2008.

El capítulo de inversiones del departamento que dirige Arturo Aliaga incluye una consignación de 9,9 millones de euros, mientras que la reserva para la adquisición de acciones se eleva a 13,19.

La mayor parte de esos fondos está reservado para mantener el crecimiento del hólding semipúblico del esquí, Aramón –participado al 50% por la DGA e Ibercaja–, operación para la que hay reservados 9,5 millones. El documento indica que esa cifra está preparada para la «ampliación de capital de la empresa Aramón, SA, en ejecución del Plan de la Nieve y participación en otras empresas privadas del sector turístico que el Gobierno de Aragón considere de interés general para la comunidad autónoma».

El grueso de los 1,2 millones restantes que Industria ha consignado para adquirir acciones de empresas privadas –750.000 euros– está reservado «para participar de forma minoritaria (hasta un 10%) en empresas mercantiles que tengan por objeto la generación de energía eléctrica en régimen especial». Estas compras buscan «que la comunidad autónoma tenga una participación activa, y altamente rentable, en este sector cuyos desarrollo actual y futuro es muy prometedor» para «que además de aprovechar los recursos renovables existentes en Aragón mediante la iniciativa privada, reviertan en nuestra comunidad parte de los resultados obtenidos».

En el campo de la energía, la DGA prevé crear el próximo año la Agencia de Desarrollo de Energías Renovables en Aragón, que en el 2008 se llevará 300.000 euros –«se pretende únicamente su constitución»– aunque recomienda para los siguientes una dotación anual de 1,8 millones «de acuerdo con lo previsto en su proyecto».

La adquisición de acciones incluye otra partida de 2.250.00 euros «para atender posibles ampliaciones de capital de distintas empresas públicas», como Turismo de Aragón o la Gestora de San Juan de la Peña.

La celebración de la Expo 2008 también incluye varias referencias en el proyecto de presupuestos del Departamento de Industria. Una de ellas es el diseño de trece rutas disponibles en papel y accesibles a través de internet. Otra, con 4,3 millones de euros consignados, contempla la convocatoria de «ayudas para la subsidiación de créditos con destino a empresas para inversiones en el sector turístico», así como, «en su caso convocatorias a fondo perdido». Estas dos últimas líneas tienen como finalidad fomentar «que la oferta turística se encuentre en el mejor nivel de calidad posible».

En el plano legal, la consejería prevé emitir un decreto sobre los senderos turísticos, aunque no pasarán de proyecto las normativas referentes a la ordenación de los establecimientos hoteleros y el turismo rural o la regulación de las oficinas de turismo.

Industria tendrá el año que viene un presupuesto de 121,6 millones de euros. De ella dependen once entidades de derecho público y empresas cuyos presupuestos de capital y explotación rebasan los 140 millones.

La Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida en las Cortes de Aragón, a través de su portavoz y diputado, Adolfo Barrena, denuncia que el Ejecutivo autónomo ha indultado a Montañas de Aragón (Aramón) del pago de tributos ambientales.

La formación política de izquierdas denuncia este hecho tras conocer la respuesta del Gobierno aragonés a una pregunta realizada por IU y relativa a la recaudación por tributos ambientales. El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Alberto Larraz, ha ofrecido los datos sobre los citados impuestos y que corresponden a los tres primeros trimestres de 2007. Estas cifras no coinciden con las proyectadas por el Ejecutivo en la previsión de ingresos del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2007. De hecho el Gobierno de Aragón preveía ingresar en concepto de “impuesto sobre tendidos aéreos” un total de 1.700.000¤, “sin embargo tan solo ha recaudado 944.419¤”, señala el diputado de IU.

En este sentido, Izquierda Unida denuncia que Aramón deja de ingresar la mitad de lo correspondiente a 2007, tal y como recogen los Presupuestos de 2007 y la Ley de Medidas Tributarias de Aragón de 2006.

Sin embargo, para Adolfo Barrena todavía “es más grave y preocupante que el Ejecutivo autónomo, además de perdonarle esta deuda, materializa un indulto introduciendo en la Ley de Medidas Tributarias de 2007 una disposición transitoria que reduce la cuota tributaria en un 50%”. En concreto esta orden, recogida en el proyecto de Ley de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado el pasado 23 de octubre, dice lo siguiente:

Disposición transitoria: Reducción de la cuota tributaria en el Impuesto sobre el daño medioambiental causado por la instalación de transportes por cable.
1. En el Impuesto sobre daño ambiental causado por la instalación de transportes por cable se aplicará una reducción del 50 por 100 sobre la cuota tributaria resultante de la autoliquidación correspondiente al período impositivo 2007.

Esta orden se ve reflejada en los Presupuestos para el ejercicio 2008, ya que el Gobierno de Aragón prevé un ingreso de 850.000¤ en concepto de impuesto sobre tendidos aéreos, es decir, “es exactamente la mitad, ya que en 2006 y en 2007 eran 1.700.000¤”, reitera el diputado.

“Tal y como nos ha contestado Larraz, vemos que han recaudado la mitad y ahora nos encontramos en los presupuestos para 2008 que la DGA prevé ingresar la mitad de dinero, lo cual no se debe a que haya menos estaciones de esquí o un menor número de remontes, sino a que el Gobierno de Aragón, graciosamente, indulta a Aramón, igual que ya lo hizo con la Expo”. “Parece ser –continua- que el Ejecutivo hace las leyes para el gran grupo de la nieve aragonesa (posee 5 de las 7 estaciones de la Comunidad) y donde, precisamente, el Gobierno ostenta justo el 50%”.

LOS DATOS
INGRESOS 2007 PREVISIÓN RECAUDACIÓN(31/08/07)
Impuesto sobre grandes superficies 4.000.000 ¤ 2.401.587 ¤
Impuesto sobre emisiones contaminantes 15.000.000 ¤ 4.448.076 ¤
Impuesto sobre tendidos aéreos 1.700.000 ¤ 944.419 ¤
PREVISIÓN INGRESOS 2008
Impuesto sobre grandes superficies 4.600.000 ¤
Impuesto sobre emisiones contaminantes 11.500.000 ¤
Impuesto sobre tendidos aéreos 850.000 ¤

El entramado de empresas públicas, entidades de derecho público, fundaciones y corporaciones en las que participa el Ejecutivo aragonés ha tenido un espectacular aumento de su presencia en las cuentas públicas de la Comunidad Autónoma. Sus fondos se han multiplicado por 13,7 mientras las cuentas globales lo han hecho por 2,4.

CARLOS VILLANOVA. Zaragoza | El entramado de empresas públicas, entidades de derecho público, fundaciones y corporaciones en las que participa el Ejecutivo aragonés ha tenido un espectacular aumento de su presencia en las cuentas públicas de la Comunidad Autónoma. Si en 2001 los Presupuestos elaborados por la DGA destinaban 63,3 millones de euros a este tipo de entidades (tanto para su gasto corriente como para inversiones), en el proyecto de 2008 la cifra sube a 870,5 millones.

El crecimiento de la sociedades instrumentales en los últimos siete ejercicios ha sido del 1.275%. O lo que es lo mismo, que las partidas destinadas a ellas dentro de los presupuestos de Aragón se han multiplicado por 13,7. En contraste, las cuentas públicas han aumentado globalmente un 144% o, dicho de otro modo, se han multiplicado por 2,4 en ese mismo periodo.

Y eso sin contar las empresas participadas por la DGA en las que su participación en el capital social no supera el 50%, ya que en ese caso no figuran explícitamente en los Presupuestos y entran en el apartado de transferencias de capital. El ejemplo preclaro de este modelo es Montañas de Aragón (Aramón), el gran grupo de la nieve aragonesa (posee cinco de las siete estaciones de la Comunidad) donde el Gobierno ostenta justo el 50%, por lo que no tiene un apartado específico en las cuentas públicas.

En cualquier caso, tanto las empresas públicas, tenga la participación que tenga la DGA, como las denominadas entidades de derecho público (el Instituto Aragonés de Fomento o el Instituto Aragonés del Agua, por ejemplo), las fundaciones y corporaciones se rigen por el derecho privado, lo que les confiere mayor agilidad que la administración pública clásica pero también les otorga una peligrosa opacidad al escaparse del control parlamentario.

Este tipo de entidades que aparecen detalladas en los Presupuestos acaparan una quinta parte de las partidas inversoras del conjunto de las cuentas públicas. Si se tiene en cuenta a aquellas en las que la DGA no posee la mayoría de las acciones, la cantidad inversora que queda fuera del control de las Cortes se sitúa en torno a una tercera parte del total.

Como contrapartida, desde el Gobierno se mantiene que estas sociedades, cuyo crecimiento está generalizado tanto en el Gobierno central como en todas las Autonomías, son imprescindibles para agilizar determinadas actuaciones. En ese sentido, se asegura, por poner un caso, que sin ese modelo nunca se podría haber acometido un proyecto como la plataforma logística de Zaragoza en apenas cinco años.

Años de gran impulso

Como se puede apreciar en el gráfico adjunto, ha habido dos años clave en el crecimiento de las partidas destinadas a las empresas públicas y fundaciones. En 2002 se pasó de 63,3 a 349,6 millones de euros y en 2006 el salto fue de 566,9 a 803,6 millones.

En el primer caso, el incremento vino dado por la creación de Suelo y Vivienda de Aragón -la entidad encargada, principalmente, del desarrollo de VPO- la Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, la Ciudad del Motor S. A., la entidad pública de Servicios Telemáticos, el Instituto Aragonés del Agua, Sirasa -el ente de Agricultura responsable del desarrollo del regadío- y, sobre todo, la empresa de la pltaforma logística, que ese año recibió 185 millones de euros.

En 2006 se crearon las empresas de la radio y la televisión autonómica (53 millones) y el Banco de Sangre y Tejidos (3,7). Pero lo que más se notó en la fuerte subida de ese ejercicio fueron las dotaciones de Suelo y Vivienda de Aragón, que tuvo 275 millones, y la sociedad responsable de Plaza, que gestionó otros 154.

El órgano encargado de controlar las finanzas de la Administración Pública abrió diligencias en agosto después de recibir una denuncia en la que se asegura que el precio de repercusión del suelo por metro cuadrado edificable que se utilizó en la operación estuvo muy por debajo del precio real que se estaba pagando por esas mismas fechas.

Siempre según la denuncia, ese desfase hizo que el Ayuntamiento de Benasque dejara de percibir más de 4,5 millones de euros, o lo que es lo mismo, que las empresas con las que suscribió el convenio salieran ganando esa misma cantidad. El alcalde del municipio, José Ignacio Abadías, rechaza esa acusación y asegura que emprenderá acciones legales contra sus autores si se demuestra que no tienen razón.

El escrito fue presentado en verano por Naturaleza Rural, la asociación que reúne a una veintena de vecinos y propietarios del valle de Castanesa y que también llevó a la fiscalía del Tribunal de Cuentas el convenio urbanístico suscrito entre Aramón y el Ayuntamiento de Montanuy. Naturaleza Rural asegura que ambas actuaciones son independientes.

El convenio urbanístico investigado se aprobó en 2006 y fue suscrito por el Consistorio benasqués y por las sociedades Proyectos y Desarrollos Man S. L. y Acegi S. L. El objetivo del Ayuntamiento era obtener en propiedad y ya rehabilitado el palacio de los condes de Ribagorza -también conocido como Casa Albar-.

A cambio de arreglar y luego ceder el caserón, ambas empresas lograron que el Consistorio les reclasificase una finca que pasó de suelo urbanizable no delimitado a suelo urbano no consolidado. Esa reclasificación supuso un aumento de su edificabilidad de 12.009 metros cuadrados.

En la valoración que se hizo para redactar el convenio se consideró que transferir al Ayuntamiento la propiedad de la Casa Albar era equivalente a la plusvalía que las empresas iban a obtener por 3.000 de esos 12.009 metros cuadrados. Del mismo modo, los 9.009 restantes se equiparaban al coste de rehabilitar el palacio -que se fijó en 5.468.674 euros como máximo-.

Los puntos de la denuncia

La asociación Naturaleza Rural denuncia en primer lugar que el convenio cuantifica el techo edificable de la Casa Albar en 1.783 metros cuadrados frente a los 3.000 que reciben las sociedades firmantes en contraprestación por ceder esa propiedad. «A mayor abundamiento, Casa Albar está catalogada como inmueble de interés arquitectónico, por lo que, por razón de las restricciones que lleva consigo, el precio del metro cuadrado de su techo edificable es inferior al del metro cuadrado de techo en suelo urbano», añade Naturaleza Rural.

Además, en el escrito recibido por la Fiscalía se recuerda que si se dividen los 9.009 metros cuadrados recibidos por las empresas a cambio de la rehabilitación del palacio entre el importe de las obras -5.468.674 euros- se obtiene que el precio de repercusión del suelo por metro cuadrado edificable utilizado para la confección del convenio fue de 601 euros.

«En el año 2006, y en las compraventas de suelo urbano no consolidado en Benasque, el precio de repercusión del metro cuadrado edificable vino siendo estipulado en torno a 1.100 euros -denuncian los autores del texto-. Esa diferencia comporta que el Ayuntamiento de Benasque, a tenor de lo estipulado en el convenio, ha dejado de percibir una contraprestación del orden de 4.540.380 euros».

La asociación Naturaleza Rural incluye otras presuntas irregularidades como que no se tuvo en cuenta el impacto del aumento de la edificabilidad en el entorno natural del río Ésera; que la reclasificación de suelos se hizo sin reservar terrenos para vivienda protegida; que el convenio exime a las empresas de la cesión del 10% de aprovechamiento medio al Ayuntamiento; y que las dos sociedades se ahorran los gastos de urbanización de ese 10%.

Prosiguen las diligencias

La fiscalía del Tribunal de Cuentas respondió al escrito el pasado mes de agosto comunicando que se habían abierto diligencias de investigación y que dichas diligencias habían sido trasladadas a la sección de enjuiciamiento del organismo fiscalizador «por entenderse que las actuaciones practicadas pudieran, indiciariamente al menos, revestir los caracteres de un ilícito contable». Fuentes de la fiscalía han confirmado que la investigación sigue abierta, aunque de momento no dicen en qué punto se encuentra.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Huesca ha rechazado la suspensión cautelar solicitada por Aramón contra el controvertido acuerdo plenario del Ayuntamiento de Benasque que declaró litigioso el proyecto de reparcelación de los terrenos que el grupo aragonés de la nieve tiene en la urbanización de Cerler. Esta decisión supone que la empresa participada al 50% por la DGA e Ibercaja sigue teniendo muy comprometida la venta de unos suelos por los que espera ingresar 140 millones de euros y que constituyen su única fuente de ingresos a corto plazo.

Ahora, Montañas de Aragón deberá esperar a que el Juzgado se pronuncie sobre el recurso contencioso-administrativo que sus abogados han presentado contra ese mismo acuerdo del Consistorio benasqués. Si el magistrado da la razón al Ayuntamiento, la empresa se llevará un duro revés. Si por el contrario anula la declaración de litigiosidad, el mismo auto que ha rechazado la medida cautelar reconoce que Aramón podrá solicitar «resarcimiento» económico «siempre que concurran los presupuestos de la responsabilidad administrativa».

Fuentes del holding aragonés de la nieve subrayaron esta posibilidad al valorar la resolución judicial. «Es cierto que no se nos ha concedido la suspensión cautelar, pero el fallo dice que, aunque no sea el momento, cuando haya una sentencia definitiva Aramón está legitimado para pedir responsabilidades patrimoniales por estos hechos», destacaron las mismas fuentes.
Una demanda de fondo

La decisión del Ayuntamiento de Benasque de declarar litigioso el proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución 1 de Cerler tiene su origen en la demanda planteada contra Aramón por los antiguos propietarios de los suelos de la urbanización. Como ya adelantó HERALDO, los ex propietarios exigen a la empresa semipública que les devuelva unas 32 hectáreas de terreno, o en su defecto que les pague su valor económico actual, ya que consideran que los contratos firmados hace 30 años se han resuelto por incumplimiento de las sucesivas sociedad responsables de la estación de esquí.

Ese conflicto deberá resolverlo el Juzgado de Boltaña, pero es- tá perjudicando, y mucho, las operaciones urbanísticas de Aramón en Cerler. El pasado 24 de mayo, el equipo de gobierno del Consistorio benasqués -encabezado por el alcalde, José Ignacio Abadías (PAR)- acordó declarar litigiosa la reparcelación de las 38 hectáreas incluidas en la ampliación de la urbanización de Cerler. Buena parte del terreno pertenece a Montañas de Aragón, pero gracias a esa decisión su inscripción en el registro de la propiedad está condicionada por la advertencia de que esas parcelas están a expensas de que se resuelva una demanda judicial.

Numerosas suspicacias

En cualquier caso, la actuación del alcalde de Benasque y del resto de su grupo en este proceso ha generado fuertes suspicacias por las llamativas circunstancias en las que se produjo la declaración de litigiosidad. El acuerdo se tomó solo tres días antes de las elecciones municipales -que dieron al PAR la mayoría absoluta-, y en la votación solo participaron tres de los nueve concejales del municipio. Tras varios días de movimientos y presiones políticas, al pleno no acudieron los dos concejales del PSOE, uno del PP y otro del PAR.

Además, de los cinco ediles que sí estaban, un representante popular y otro de los aragonesistas se ausentaron por estar implicados en la demanda contra Aramón, con lo que finalmente la litigiosidad salió adelante con solo dos votos a favor -el alcalde y una concejal del PAR- y una abstención -un edil del PP-.

Pese a todo, lo más controvertido del acuerdo fue que la decisión del equipo de gobierno se tomó en contra de lo expresado por los técnicos municipales. Varios escritos de los servicios jurídicos del Consistorio sostienen que no era necesario declarar litigiosa la reparcelación, pero el alcalde de Benasque prefirió hacer caso a otro informe encargado por él mismo a un gabinete jurídico de Madrid y que sostiene justo lo contrario.

Tras conocer el resultado del pleno, Aramón anunció que se iba a replantear su plan de inversiones en el valle de Benasque y que iba a recurrir el acuerdo ante los tribunales por considerarlo nulo tanto en las formas como en el fondo. Además de presentar un recurso contencioso-administrativo en Huesca, los abogados de la empresa semipública pidieron la suspensión cautelar que ahora ha sido denegada por el juez en un auto fechado el pasado 4 de octubre.

Aramón ha iniciado las conversaciones para que Candanchú se integre en el grupo aragonés de la nieve. Según ha podido saber HERALDO, los responsables de la empresa participada al 50% por la DGA e Ibercaja ya han establecido los primeros contactos formales con el director de la estación, Eduardo Roldán, para que este centro de esquí de la Jacetania forme parte del holding al que ya pertenecen Formigal, Cerler, Panticosa, Javalambre y Valdelinares.

Las negociaciones se encuentran en una fase inicial, por lo que todavía no se ha hablado de cifras ni de inversiones. Al mismo tiempo, Montañas de Aragón S. A. y Candanchú también están trabajando en la política comercial conjunta que ya iniciaron la pasada campaña de esquí con la creación de un abono de temporada conjunto que da acceso tanto a las instalaciones de Aramón como a Astún y Candanchú.

El director de este último complejo invernal, Eduardo Roldán, confirmó ayer los contactos con los dirigentes de Aramón. Aunque prefirió remitirse a un comunicado de prensa que se difundirá en los próximos días, Roldán reconoció que «todo va muy bien y por buen camino».
«No tiene vuelta atrás»

«Esto debe hacerse, y debe hacerse cuanto antes, como bien ha dicho el presidente Iglesias», sostuvo el responsable de Candanchú, para quien la integración de esta estación en el grupo aragonés de la nieve «no tiene vuelta atrás». «No se puede decir que hayamos llegado a un acuerdo, pero en este tema lo importante es decidir qué queremos hacer, y en eso estamos -añadió Roldán-. Cuando sepamos qué queremos hacer, ya veremos cómo lo hacemos».

Los contactos formales entre Montañas de Aragón y Candanchú se producen dos meses después de que el presidente aragonés, Marcelino Iglesias, se reuniera durante cinco horas con Roldán para hablar sobre la incorporación de esta estación de la Jacetania al holding semipúblico de la nieve.

El máximo responsable de la DGA ha reiterado en numerosas ocasiones su interés en que el grupo Aramón englobe también a los dos centros invernales del valle del Aragón -Astún y Candanchú-. De hecho, en marzo de este año Iglesias se mostró confiado en que esa incorporación se pueda producir en 2008, es decir, dentro de dos temporadas de esquí. Ya entonces se dijo que las negociaciones para que las siete estaciones de esquí aragonesas compartan una misma oferta empresarial y comercial estaban «avanzadas».

Fuentes del gabinete de Presidencia de la DGA también señalaron en marzo que la entrada en Aramón de Candanchú y Astún podría aprovecharse también para que la CAI se incorpore al accionariado de la sociedad.

De momento, bono conjunto

Un primer paso para conseguir esas incorporaciones se dio el año pasado con el histórico acuerdo de colaboración que permite que todas las estaciones de esquí aragonesas ofrezcan un abono conjunto de temporada. Los responsables de Aramón y las empresas que gestionan Astún y Candanchú lograron el consenso para lanzar un 'forfait' pionero en España encaminado a que la Comunidad lidere el sector del esquí en la Península.

El entonces consejero delegado del grupo semipúblico de la nieve, Javier Blecua, calificó ese acuerdo como «un punto de inflexión» a partir del cual se iban a poder desarrollar «nuevas fórmulas de colaboración». Por su parte, Eduardo Roldán reconoció que se habían limado «ciertos malentendidos». «Al sentarnos a hablar en una mesa hemos aproximado puntos de vista», dijo.

Esta petición está avalada por los preceptos legales que especifican claramente que cualquier concejal (en este caso el Alcalde y el teniente de Alcalde) que como consecuencia de un acto administrativo sea evidente un enriquecimiento personal, deben abstenerse de la deliberación y votación. Como hemos denunciado repetidas veces tenemos indicios fundados de que a consecuencia de dicha aprobación, los mencionados ediles serán beneficiados por un desmesurado enriquecimiento personal que los implicados nunca han desmentido.

Somos conscientes que una norma general, como un PGOU, puede y debe afectar a todos los vecinos del municipio de forma equitativa, equilibrada y es asumible, por tanto, que también afecte a los concejales por su condición de vecinos del municipio. Así lo expresa la amplia jurisprudencia que matiza los preceptos legales antes aludidos.

Sin embargo, entendemos que en este caso, las recalificaciones de terrenos que favorecen al actual Alcalde y Teniente de Alcalde, sobrepasan la medida de lo razonable según un PGOU que pudiera calificarse de proporcionado. En este caso se puede considerar con suficiente objetividad que las superficies recalificadas propiedad de los anteriormente citados son consecuencia de un acto para propiciar su enriquecimiento personal.

Por otro lado, con una argumentación legal de tanto o más peso que la anterior, también denunciamos la incompatibilidad de José M. Agullana por su condición de alcalde de Montanuy con sus intereses como miembro del consejo de administración de la sociedad CASTANESA NIEVE SOCIEDAD LIMITADA, que deriva del convenio firmado entre Aramón y el Ayuntamiento de Montanuy para llevar a cabo toda la ejecución efectiva de la capacidad urbanística que se desprende del PGOU aprobado inicialmente en el Pleno municipal del 26 de julio de este año.

Hay que remarcar que la pertenencia de José María Agullana al consejo de administración de la referida sociedad, lo es estrictamente a título personal sin hacer mención alguna a sus funciones como alcalde de la Corporación Municipal, lo que redunda en el interés personal del Sr. Agullana.

Deseamos expresar públicamente que esta información y los documentos que la avalan han sido enviados a la fiscalía de la Audiencia Provincial de Huesca que ya tiene abierto auto de diligencias de investigación respecto al convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Montanuy y Aramón. Así mismo estamos valorando la posibilidad de interponer una demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de los juzgados de Huesca.

El magistrado tomó esta decisión tras celebrar una vista preliminar a mediados del mes de septiembre. Así, admitía a trámite la demanda contra la empresa y reconocía a los vecinos la legitimación para litigar.

Los suelos fueron aportados por vecinos del valle a la estación de esquí de Cerler en los años sesenta. Sin embargo, ahora reclaman su propiedad al entender que la empresa, controlada por la DGA e integrada en el hólding, ha incumplido su parte del acuerdo.

Las fincas estaban valoradas en 241.361 euros en la contabilidad de la empresa invernal en el 2002. Sin embargo, las 18,3 hectáreas que ocupaban fueron vendidas hace unos meses por 120 millones de euros, lo que suponía multiplicar su precio por 465. Alrededor de dos tercios del suelo, unos 128.000 metros cuadrados, disponen de la calificación urbanística para acoger viviendas, hoteles, aparcamientos y comercios. Sin embargo, la transacción no se puede registrar por constar una declaración de litigosidad sobre las fincas.

Se cumplen precisamente este mes de octubre 25 años de la “Declaración de Katmandú sobre Protección de las Montañas”. En dicha declaración la asamblea general de la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo (UIAA) que engloba a las Federaciones de Montaña de todos los países, acordó de forma solemne redactar una declaración en la que advertía sobre la necesidad de “una protección eficiente de los medios montañosos y del paisaje” y de “acciones que reduzcan el impacto negativo de las actividades humanas en las zonas de montaña”. A pesar de lo candente del asunto en nuestro país, y en particular en Aragón, donde la fiebre de la construcción ha llegado ya a las montañas, acompañada usualmente de grandes proyectos de creación o ampliación de estaciones de esquí alpino (San Glorio, Vall Fosca, Espelunciecha, Castanesa, Sierra Nevada), prácticamente ninguna Federación de Montaña local se ha hecho eco de este importante aniversario a pesar de que sus estatutos recogen bonitas frases sobre la protección del patrimonio natural y cultural que suponen las montañas. Y es que la mayoría de las federaciones y directivas de clubes de montaña, a pesar de estar adheridas a la Declaración de Katmandú, han guardado un silencio preocupante mientras las excavadoras hacían su trabajo en cada comunidad autónoma. De esta forma somos montañeros a nivel individual, revistas o programas de montaña especializados (Desnivel, Al Filo de lo Imposible) y los colectivos conservacionistas los que parecemos preocupados por la conservación real de nuestras montañas.

Seria bueno que nos leyésemos nuestros estatutos sobre este asunto y seamos consecuentes con ellos. Como ejemplo baste citar lo que al respecto señala la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) : “Trabajar y colaborar en la protección del medio natural con el objetivo prioritario de preservarlo de acciones que modifiquen su estado natural inicial, e intervenir ante los entes públicos y/o privados con responsabilidades y/o relacionados con estas cuestiones”.

Pues eso.

Hace muchos años pinché en la puerta de un armario en el que guardo mochila, botas, chubasquero y otros útiles desgastados por las montañas, un cartel pintado por Samivel con los puntos de la declaración de Kathmandú. Así, desde hace tiempo, cada vez que voy al monte lo veo. Lo tengo tan asumido que, en realidad, casi no lo veo.

Fue tan bueno que saliera de los mismos montañeros esa civilizada propuesta, generosa para su paisaje propio, que, desde que se redactó, me ha parecido el símbolo de la actitud honesta del alpinista. Ahora, al cabo de los años, cuando en mis montañas he visto tantos atropellos al paisaje secular y he observado cómo ciertos entes montañeros miraban a otro lado o incluso participaban activamente en esos desmanes, tal vez por opacidad en su sensibilidad o por interés compartido con los promotores de las heridas a las montañas o quizás por ambas cosas, he sentido una decepción inmensa. Tengo, sin embargo, mis ideales intactos, tanto sobre la montaña como sobre el alpinismo y hasta sobre los alpinistas, porque la primera lo sigue mereciendo, porque considero al segundo una de las artes más nobles que pueda ejercer un hombre y porque hay sobradas muestras de categoría extraordinaria en la mayoría de los verdaderos montañeros en éste y en muchos otros aspectos.

Al recordarme un amigo montañero, y que sí mira los hechos de frente sin compatir aquellos que dañan la montaña, que este octubre era el 25 aniversario de la declaración de Kathmandú he abierto la puerta del armario que guarda todas mis cordilleras y he releído punto por punto sus recomendaciones. Es como recibir una oleada de sensatez, de buen estilo; es escuchar una advertencia que se ha hecho más necesaria con los años. Hará pensar, no lo sé, en cuántos desvíos se han dado. Es hasta posible que su relectura haga rectificar algunos derroteros, aunque no parece probable. Este es un código de honor, sólo de honor, no obliga; es nuestra referencia moral claramente explicada, de la que se puede discrepar, cómo no, como de cualquier tabla de la ley; es fácil distanciarse de ella, incluso más que seguirla. Pero éstos son nuestros principios. En su momento fueron adoptados tácitamente por todos y, con el tiempo, nadie los ha discutido ni sustituido explícitamente por otros. Pero, si no queremos que sean sólo una ocultable referencia a nuestra hipocresía, tenemos que confrontarnos con lo que dicen. En la actualidad es más que conveniente un severo y auténtico examen de conciencia montañero frente al cartel de Samivel.

Como los examinandos, deberemos responder con sinceridad en nuestro fuero interno a sus cuestiones. De cara a nosotros mismos. Porque, realmente, ¿los montañeros somos conscientes y, sobre todo, estamos activos frente a la urgente necesidad de protección efectiva del ambiente de montaña y su medio? ¿Lo somos de que también, aparte de nuestros impulsos de penetrar y vivir en la montaña, su naturaleza, la que nos sirve de escenario y terreno, es decir, su roca, paisaje, flora, fauna y componentes naturales, en general, necesitan atención inmediata, cuidado e interés? ¿Participamos en la idea de que es una prioridad alentar las acciones ideadas para reducir el impacto negativo de las actividades del hombre en la montaña y emprendemos actos para cooperar en ello? ¿Nos hemos conmovido o hemos hecho algo cuando se ha violado la herencia cultural de nuestras montañas por la piqueta demoledora y la reconversión inmobiliaria y cuando se ha afectado, aquí o en un monte remoto, la dignidad de la población local? ¿Hemos animado a emprender acciones o las hemos llevado a cabo espontáneamente nosotros, donde era realmente necesario y grave, sin subterfugios ni salidas por la tangente, sin dar gato por liebre, para restaurar y rehabilitar el mundo de la montaña?
¿Nos hemos encerrado en nuestro cascarón, federación, localidad o provincia, autonomía o país, sin entrar en contactos entre los montañeros de diferentes lugares en espíritu de hermandad, de respeto mutuo y de paz? Más bien ¿no hemos participado en los más frecuentes estilos unas veces competitivos, huraños, hostiles, y otras cómodamente desinformados, desentendidos o incluso cínicos?… ¿Nos hemos preocupado suficientemente de que la información y educación para el mejoramiento de las relaciones entre el hombre y su medio ambiente deban estar disponibles en sectores cada vez más amplios de la sociedad? ¿Hemos entrado o salido, opinado, reflexionado y actuado en el hecho de que el uso de la apropiada tecnología para las necesidades energéticas, como la construcciones de embalses en los valles y aerogeneradores en las cumbres, y la correcta eliminación de los crecientes desechos por la urbanización de las áreas montañosas son puntos de interés inmediato? ¿Estamos en condiciones de asegurar que hemos hecho todo lo posible para recabar apoyo gubernamental y no gubernamental en materia de conservación a las regiones montañosas en desarrollo? Y finalmente, ¿no habremos aceptado o participado en que el estudio de las áreas montañosas para promover su apreciación y estudio no haya sido impedido a unos o acaparado por otros por consideraciones políticas? Algo sabemos de todo esto. Démonos un respiro y, si es preciso, cambiemos de itinerario, pero sin tardanzas, porque la montaña, la gran montaña, la representada por sus valores en peligro, no puede esperarnos más.

Amigos montañeros, repasad los términos de la declaración alpinista o desclavadla de vuestros corazones: protección, naturaleza, actividades negativas, herencia cultural, restauración, hermandad, educación, información, usos energéticos, urbanización, conservación, estudio imparcial, manipulación política.

Tal vez alguien se haya arrepentido ya de haber leído estas líneas, pero no es literalmente sino la vieja declaración de los alpinistas, aunque comprendo que formulada de modo quizás molesto para actitudes posiblemente permisivas con sus propias faltas. No nos engañemos más: si esto fuera una encuesta (tal vez fuera una buena idea realizarla pregunta a pregunta en los medios de montaña), son bastante previsibles los resultados que daría.

Fuentes de Aramon confirmaron a ABC que se han emprendido unos primeros contactos desde el Ejecutivo autónomo, si bien se trata de una operación a largo plazo. Sin embargo, la Asociación de Empresarios de la Jacetania (AEJ) ya ha mostrado su satisfacción por la futura incorporación de estas estaciones en el grupo Aramón. Así lo expresa la asociación en el editorial de su revista «Burnao» en el que recuerdan que el presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, les indicó, hace tres meses, que «en un plazo máximo de un año» las estaciones de la Jacetania estarían en el grupo Aramón. Para la AEJ, a falta de resolver «algunos flecos» para esta incorporación, es «una buena noticia» para los habitantes de esta comarca altoaragonesa porque los planteamientos de Aramón «van a cambiar». A este respecto, considera que el planteamiento del Ejecutivo autonómico era que, mediante su participación en ese holding de la nieve, «iba a conseguir beneficiar el turismo de nieve y, al mismo tiempo, con una estrategia adecuada, eliminar la competencia, sobre todo, la de otras regiones». No obstante, añade que al quedarse fuera de este grupo las estaciones de la Jacetania, que representan el 40 por ciento de la nieve aragonesa, «la competencia iba a quedar en Aragón», además «de forma fratricida» al plantearse un enfrentamiento entre los administrados y su administración.

CONOZCO bien el municipio de Montanuy, en parte del cual se encuentra el valle de Castanesa, fruto de los trabajos en los que he participado entre los años 1999 y 2001. El más completo de ellos es el “Estudio de potencialidades de desarrollo social y económico del municipio de Montanuy. Horizonte 2011”. El encargo provenía del propio Ayuntamiento, y allí reflexionamos sobre lo complicado de retener población estable durante todo el año en zonas como esta de difícil accesibilidad, poca población y bellos paisajes naturales bien conservados. Esta parte de Aragón es mucho más que una postal. Más que un paisaje bonito por el que pasar a toda pastilla con el coche dirección a Francia. Nada que ver con el estereotipo del paisano ensoñado en poder vender su huerto al primer promotor que pase. Esta parte del Pirineo tiene un presente y, como cualquier territorio vivo y dinámico, también reflexiona sobre su futuro.

En el estudio apostábamos por un modelo de desarrollo alternativo al elegido ahora por el municipio. Creíamos que a través de una gestión ingeniosa de los recursos económicos que le permite el canon eléctrico, era posible apostar por un modelo de desarrollo “blando”, compatible con el delicado tejido social y económico existente y con las extraordinarias cualidades ambientales de estos valles. Tiempo después de aquel estudio el Ayuntamiento emprendió, primero en solitario y, después, con la empresa Aramon, el proyecto de ampliación de las pistas de esquí de Cerler hasta el valle de Castanesa. Un proyecto que, como sucede en cualquier sociedad democrática viva que se precie, ha contado con sus partidarios y de-tractores.

Dicho esto, sin embargo, pienso que es legítimo que el Ayuntamiento –y con él buena par te de la masa social del municipio- hayan optado por un desarrollo basado en una pista de esquí y crecimientos urbanísticos adyacentes. La población autóctona es la que ha logrado mantener este espacio en un estado de conservación envidiable: criando ganado, segando anualmente los prados, cuidando los bosques, aprovechando las solanas en sus construcciones tradicionales,… ¿Por qué esta gente que tan sabiamente ha sabido gestionar el territorio durante milenios no va a saber cómo hacerlo de ahora en adelante? Me parece legítimo que el municipio opte –si eso es lo que desea- por ese tipo de modelo de desarrollo, aunque haya quienes no lo compartamos. No creo que esta sea una simple operación de especulación urbanística, más bien una discutible apuesta de desarrollo para el valle.

En todo caso, si se lleva a cabo el proyecto, también es de ley pedir que se planifique y construya con una muy elevada sensibilidad paisajística, ambiental y social. Aclarando quién pone el dinero y quién se lleva los beneficios. Creo también que quienes promocionan el proyecto tienen la responsabilidad de mejorar la información pública y la participación. Hay que ser realista y reconocer que las pistas de esquí no son la panacea para asegurar el desarrollo socio-económico de un valle de montaña. Conviene recordar que las pistas de esquí son, en sí mismas, poco rentables. Por indicios sabemos –no por datos fiables, que no los tenemos- de que en los años buenos mantienen gastos y en los malos con poca nieve, son simplemente ruinosos. Mala señal con lo que ya sabemos del cambio climático. Para poder ser viables, las estaciones de esquí alpino necesitan de dos cualidades que son difícilmente compatibles en un espacio como éste: construcción de cientos de segundas residencias y el dimensionamiento de todas las infraestructuras (carreteras, líneas eléctricas, abastecimientos de agua, depuradoras…) para poder acoger sin colapsarse a las puntas de visitantes que este tipo de complejos tienen durante no llega a los dos meses al año.

En definitiva, pienso que el valle de Castanesa no necesita de este proyecto para asegurar su futuro. Existen otros modelos más baratos y de menor impacto. En todo casi, si legítimamente los habitantes de Montanuy deciden que así debe ser, sí que pediría ser especialmente cuidadosos para no hipotecar de por vida estos valles, no es la nieve, no lo olvidemos, sino sus bellos paisajes y su gente entrañable.

Lamentablemente, esas tareas de limpieza –que en sí mismas son positivas-, al haber sido realizadas bajo el auspicio de Aramón, lejos de parecerme plausibles, son en opinión de quienes apostamos por la transparencia en la gestión del territorio, una muestra de hipocresía, un regalo a la maquinaria destructiva, y sólo cobran sentido si se recuerda la reiterada ausencia de colectivos del entorno de la Federación Aragonesa de Montaña, en diversas movilizaciones realizadas para denunciar y condenar los irreparables daños causados en nombre de un interés cada vez menos general y más puesto en tela de juicio en foros de autorizada solvencia intelectual.

No se puede ser montañeros únicamente desde el mero ejercicio físico de doblegar cimas, de acumular tresmiles en el currículo de travesías y expediciones, de abrir vías de escalada, de publicar fantásticas guías de rutas o inaugurar y mantener interesantes refugios. No se puede ser montañeros al cómodo sol de lo políticamente correcto. La montaña es espíritu, es vivencia, es patrimonio. La montaña es emoción. La montaña, cuando toca –y ahora toca… ¡y de qué modo…!-, es dolor, es protesta, es lucha con todas las herramientas de un estado de derecho para meter el dedo en el ojo del centauro que quiere deslumbrar con su quincalla. La montaña, compañeros, es romper el discurso triturador del “o esto, o nada” y sus monotemáticos remontes, urbanizaciones, recalificaciones en la trastienda y surtidores de nieve artificial.

La montaña, en definitiva, es algo muy distinto a propiciar una imagen pulcra y ecologista a Aramón. Por eso me duele y me indigna que se produzcan estos mestizajes entre montañeros y especuladores. Por eso me inquieta que haya límites que se desdibujen, silencios que jueguen a favor del poderoso y que, acciones aparentemente inocuas y altruistas como la de limpiar el Aneto, sean presten –más o menos conscientemente- a ser rehenes de las maniobras que imparablemente siembran sus guadañas en el horizonte y envenenan la convivencia en los pueblos.

¿Cuándo dispondrá la defensa del territorio de un contenido real en los estatutos de algunas asociaciones?

En el Día Mundial del Turismo, Aliaga rechazó la idea de dar subvenciones a las empresas de la nieve, tal y como ha anunciado Cataluña. Sin embargo, afirmó que, entre las medidas compensatorias, estaba estudiando la posibilidad de reducir los impuestos medioambientales creados en el 2006 .

«Esto es una tomadura de pelo. Tenemos unos impuestos ambientales de la señorita Pepis. El Gobierno de Aragón ha apostado por unos impuestos de imagen, que no buscan el objetivo final, que es la fiscalización de las empresas según el gasto de contaminación y de impacto sobre el Medio Ambiente», afirmó desde CHA Chesús Yuste.

El coordinador general de Izquierda Unida de Aragón, Adolfo Barrena, añadió que, en caso de producirse la retirada, «será recurrida por IU y combatida con todas las posibilidades legales y democráticas». «El negocio de la nieve es ruinoso y el Ejecutivo autonómico no puede compensar sus pérdidas económicas llevando a cabo bajadas de impuestos y un desarrollo urbanístico salvaje en el Pirineo», agregó.

El portavoz Económico del PP, Manolo Guerea, avanzó que en caso de que la DGA incluya este impuesto en los próximos Presupuestos, su grupo parlamentario presentará una enmienda de supresión porque «no tiene sentido gravar a las estaciones y poner pegas a las empresas que quieren instalarse en Aragón».

En cuanto a la posibilidad de conceder subvenciones al sector, «si no existen impedimentos legales, el PP estaría abierto a estudiar la propuesta, si se conceden ayudas para todo tipo de actividades», señaló.

Con respecto a los impuestos ambientales, IU ya ha demandado esta semana información al Gobierno de Aragón sobre los tributos ambientales al objeto de conocer a cuánto ascienden los fondos recaudados por la Administración aragonesa durante el presente ejercicio.