El tribunal de cuentas investiga por una denuncia al ayuntamiento de benasque
El órgano encargado de controlar las finanzas de la Administración Pública abrió diligencias en agosto después de recibir una denuncia en la que se asegura que el precio de repercusión del suelo por metro cuadrado edificable que se utilizó en la operación estuvo muy por debajo del precio real que se estaba pagando por esas mismas fechas.
Siempre según la denuncia, ese desfase hizo que el Ayuntamiento de Benasque dejara de percibir más de 4,5 millones de euros, o lo que es lo mismo, que las empresas con las que suscribió el convenio salieran ganando esa misma cantidad. El alcalde del municipio, José Ignacio Abadías, rechaza esa acusación y asegura que emprenderá acciones legales contra sus autores si se demuestra que no tienen razón.
El escrito fue presentado en verano por Naturaleza Rural, la asociación que reúne a una veintena de vecinos y propietarios del valle de Castanesa y que también llevó a la fiscalía del Tribunal de Cuentas el convenio urbanístico suscrito entre Aramón y el Ayuntamiento de Montanuy. Naturaleza Rural asegura que ambas actuaciones son independientes.
El convenio urbanístico investigado se aprobó en 2006 y fue suscrito por el Consistorio benasqués y por las sociedades Proyectos y Desarrollos Man S. L. y Acegi S. L. El objetivo del Ayuntamiento era obtener en propiedad y ya rehabilitado el palacio de los condes de Ribagorza -también conocido como Casa Albar-.
A cambio de arreglar y luego ceder el caserón, ambas empresas lograron que el Consistorio les reclasificase una finca que pasó de suelo urbanizable no delimitado a suelo urbano no consolidado. Esa reclasificación supuso un aumento de su edificabilidad de 12.009 metros cuadrados.
En la valoración que se hizo para redactar el convenio se consideró que transferir al Ayuntamiento la propiedad de la Casa Albar era equivalente a la plusvalía que las empresas iban a obtener por 3.000 de esos 12.009 metros cuadrados. Del mismo modo, los 9.009 restantes se equiparaban al coste de rehabilitar el palacio -que se fijó en 5.468.674 euros como máximo-.
Los puntos de la denuncia
La asociación Naturaleza Rural denuncia en primer lugar que el convenio cuantifica el techo edificable de la Casa Albar en 1.783 metros cuadrados frente a los 3.000 que reciben las sociedades firmantes en contraprestación por ceder esa propiedad. «A mayor abundamiento, Casa Albar está catalogada como inmueble de interés arquitectónico, por lo que, por razón de las restricciones que lleva consigo, el precio del metro cuadrado de su techo edificable es inferior al del metro cuadrado de techo en suelo urbano», añade Naturaleza Rural.
Además, en el escrito recibido por la Fiscalía se recuerda que si se dividen los 9.009 metros cuadrados recibidos por las empresas a cambio de la rehabilitación del palacio entre el importe de las obras -5.468.674 euros- se obtiene que el precio de repercusión del suelo por metro cuadrado edificable utilizado para la confección del convenio fue de 601 euros.
«En el año 2006, y en las compraventas de suelo urbano no consolidado en Benasque, el precio de repercusión del metro cuadrado edificable vino siendo estipulado en torno a 1.100 euros -denuncian los autores del texto-. Esa diferencia comporta que el Ayuntamiento de Benasque, a tenor de lo estipulado en el convenio, ha dejado de percibir una contraprestación del orden de 4.540.380 euros».
La asociación Naturaleza Rural incluye otras presuntas irregularidades como que no se tuvo en cuenta el impacto del aumento de la edificabilidad en el entorno natural del río Ésera; que la reclasificación de suelos se hizo sin reservar terrenos para vivienda protegida; que el convenio exime a las empresas de la cesión del 10% de aprovechamiento medio al Ayuntamiento; y que las dos sociedades se ahorran los gastos de urbanización de ese 10%.
Prosiguen las diligencias
La fiscalía del Tribunal de Cuentas respondió al escrito el pasado mes de agosto comunicando que se habían abierto diligencias de investigación y que dichas diligencias habían sido trasladadas a la sección de enjuiciamiento del organismo fiscalizador «por entenderse que las actuaciones practicadas pudieran, indiciariamente al menos, revestir los caracteres de un ilícito contable». Fuentes de la fiscalía han confirmado que la investigación sigue abierta, aunque de momento no dicen en qué punto se encuentra.