Según esta formación, “el negocio de la nieve es ruinoso y el GA no puede compensar sus pérdidas económicas llevando a cabo bajadas de impuestos y un ‘desarrollo urbanístico salvaje’ en el Pirineo”. IU considera que las montañas aragonesas deben ser protegidas, y reguladas las actividades económicas que en ellas se desarrollan y, “actualmente, estamos viendo cómo el Ejecutivo autónomo apuesta por un único sector, el de la nieve, que no asegura el futuro de nuestro territorio”.

Cabe destacar que IU en las Cortes de Aragón ha demandado esta semana información al GA sobre los tributos ambientales al objeto de conocer a cuánto ascienden los fondos recaudados por la Administración aragonesa en concepto de los citados tributos durante el presente ejercicio presupuestario, saber si se ha destinado esta recaudación a actuaciones preventivas y correctoras del medio ambiente, y obtener los datos sobre el destino efectivo de la recaudación.

“El Escarabajo Verde “llega al valle de Castanesa en el momento en que todos los ganaderos de la comarca suben sus vacas a los prados altos, a más de 1800 metros de altura, para que pasen ahí el verano. La imagen de lo que es una jornada festiva en el marco de una naturaleza en eclosión contrasta con lo que se dibuja como el destino del valle: la creación de unas pistas de esquí, a las que se accederá con un teleférico que cruzará todo el territorio, y la creación de unas 2500 viviendas y más de 1000 plazas hoteleras. Según el Plan General de Ordenación Urbana, el PGOU, algunos núcleos con menos de 20 casas pasarán a tener 170.

El debate en el valle enfrenta a partidarios y detractores. Entre los primeros, el ayuntamiento, que reclama desarrollarse como Formigal o Benasque, otros valles vecinos en pleno boom urbanístico y alto coste medio ambiental. Entre los segundos, buena parte de los vecinos del pueblo, que aunque reconocen que su valle necesita un revulsivo, no consideran que ese desarrollo exacerbado sea la solución.

Una estación invernal es una cosa muy seria. En primer lugar, y esto es fundamental, es un atentado contra la naturaleza. Hay que tentarse muchos la ropa, para modificar lo que hizo Dios y la Naturaleza (ahora con mayúsculas). Aunque existan atentados de este tipo en todos los lugares, la mayor parte están alentados por políticos, aunque los vistan como beneficio para el pueblo o la comarca, que es como se visten las apariencias de lo que planteamos hacer. A la larga, suele ser sólo beneficioso para los autores del proyecto y para los constructores que lo hacen, parcial o totalmente.

En segundo lugar, suelen requerir una inversión fabulosamente elevada. Son millones de euros que sin duda se retiran de otras inversiones para meterlos en ésta.

En tercer lugar, debe plantearse una rentabilidad para la zona y fundamentalmente para la propia estación, que es la que ha requerido una inversión tan elevada, y no hay que olvidar que el dinero sería de la nación y hasta de Europa, que es de donde están viniendo gran parte de los fondos para inversiones en infraestructuras. Voy a limitarme al tercer punto, porque el primero es claro y el segundo se deduce del tercero.

Población potencial

La población que podría utilizarla sería como mucho millón y medio de habitantes, que residen en trescientos kilómetros a la redonda, pero en esa zona ya hay varias estaciones invernales: San Isidro, Pajares, Braña Vieja, mas la de Logroño, el Bierzo y hasta de Bejar y las del macizo Central. Muchas estaciones para una zona deshabitada. Porque los vascos y navarros se van a Francia a la cara norte de los Pirineos. Son pocos días de utilización al año. Por eso casi todas son deficitarias, sostenidas por la administración, con justificaciones que muchas veces son una pura entelequia.

Siendo presidente de la Diputación, nos planteamos en dos ocasiones crear una estación invernal. En aquellos años, pues fue en 1969 o 1970 cuando se inició, estaba de moda eso de las estaciones de esquí. León había iniciado San Isidro y la Diputación de allí partió de comprar una gran finca, de mucha extensión y no mucho precio ya de entrada. Con tal adquisición, incrementaba el patrimonio provincial. Al menos así lo veía Antonio Valle, que era su presidente. La Diputación de Santander había creado Braña Vieja, al parecer con bastante éxito, y nosotros nos planteamos hacerlo en Cardaño de Arriba, por una zona denominada Las Lomas, que era casi todo ladera a gran altura y donde nevaba mucho. Por aquellos años nevaba mucho por toda la Montaña Palentina.

Supimos por una confidencia que había estado en venta y que la habían ofrecido por millón y medio de pesetas y no llegaron a un acuerdo porque pedían tres millones. Hicimos una gestión directa y nos pidieron cinco. Esto suele suceder cuando es un organismo el que quiere comprar y no un particular, pero teníamos ya un techo. En un segundo intento, tratando lógicamente de ofrecer algo menos de lo que pedían, nos encontramos con lo contrario y es que pedían ahora siete millones, y a otro intento pedían diez, y que se colocase a sus hijos en la explotación. Aquello se abandonó.

Mas tarde surgió Barruelo, planteando una estación de esquí en Brañosera, en el alto de El Golobar. Lo movieron muchos, prepararon un dosier muy detallado, con planos y fotografías, coincidiendo con el cierre de las minas y apoyándose en el plan especial de la minería. No era fácil negarse a ello e iniciamos su ejecución. El final del mandato de esa Diputación llegó con un bonito y practico refugio construido y convocado concurso para unas telesillas. Además, construimos un acceso bastante adecuado. Terminó nuestro mandato en 1979 y el proyecto se abandonó, incluso el refugio, esto algo inexplicable porque podía valer para cualquier época y ya había alguna persona a la que interesaba explotarlo.

Ahí acabó nuestra aventura y ahora me alegro de ello, pues apenas hubo gasto y con un solo dato negativo, y es que nuestros sucesores abandonaron el edificio que era bonito, sencillo y con muchas posibilidades de aprovechamientos para otros tipos de turismo, incluida la nieve, en pequeña escala. También veo que han abandonado la carretera, que por ser de montaña requiere mas cuidado que otras, pero aún así no de gran coste. No conozco ni el presupuesto de inversiones iniciales para crear la posible estación invernal de San Glorio, ni los planos de su exacta ubicación, ni el de la adecuación de las carreteras de acceso, ni el de explotación, quizás el mas importante, porque se corre el riesgo de su abandono posterior.

Pero es cierto que sí que hay algo que conozco bien y es toda la zona, y creo que, en principio, merece ser conservada como está ahora mismo.

El índice, elaborado por Transparency International, ha sido presentado hoy por el presidente de esta ONG en España, Jesús Lizcano. Se trata de un estudio que mide la percepción que tienen los ciudadanos de 180 estados sobre la corrupción en su país. En esta escala, que se elabora anualmente desde 1995, el 10 sería una situación perfecta en la que la corrupción no existiría y el 0 sería un país en el que todo estaría corrupto.

Los menos corruptos

Las primeras posiciones del ranking las ocupan Nueva Zelanda, Finlandia y Dinamarca (los tres con un 9,4), Suecia y Singapur (9,3), Islandia (9,2), Suiza y Holanda (9) y Noruega y Canadá (8,7). Por delante de España también están muchos países de la UE, como Austria, Alemania, Francia, Irlanda y Bélgica, y otros de otros continentes, como Australia, Japón, Chile y Estados Unidos (tiene un 7,2). España obtiene en este ranking un 6,7, empatando con Uruguay. Esta calificación consolida un «deslizamiento a la baja» en la percepción que la ciudadanía tiene de la corrupción. Desde 2004, año en que España alcanzó el 7,1, su nota ha ido bajando hasta llegar al 6,8, en 2006, y al 6,7, en 2007.

A juicio de Lizcano, detrás de este «descenso gradual» está la especulación urbanística. «Es nuestra principal debilidad», ha señalado. En este sentido, ha confiado en que, en los próximos años, «cuando baje la presión de la demanda sobre la oferta, y con una legislación que dificulte la especulación, el sector inmobiliario deje de justificar» la desconfianza de los españoles. Teniendo en cuenta a los 180 países que incluye el ranking, España ocupa la posición 25; se hace con la 15 dentro de la región en la que está integrada (Europa). Por regiones, las mejores calificaciones las obtiene Europa, seguida de Asia y Pacífico. Las peores, Asia central y Este de Europa, África y sur de América.

Italia, Portugal y Grecia, pero que España

Los últimos puestos del ranking son para países como Somalia (1,4), Irak (1,5), Haití (1,6), Chad, Sudán y Afganistán (los tres sacan un 1,8), Venezuela (2) y Ecuador (2,1). También están por detrás de España países como Portugal (6,5), Italia y República Checa (5,2), Marruecos y China (3,5), Rusia (2,3), Grecia (4,6) y Cuba y Polonia (4,2). Lizcano ha destacado la «fuerte correlación que existe entre corrupción y pobreza». De los 180 países consultados, suspenden tres de cada cuatro, y más del 40% (76 países) sacan menos de 3.

Tres partidos políticos suscribieron la pasada semana una moción de la comarca de la Ribagorza para apoyar los proyectos de ampliación «por todas sus vertientes» de las pistas de esquí de Aramón en la comarca, así como que se agilicen estas infraestructuras, englobadas en el Plan de Desarrollo Turístico de la Ribagorza que impulsa esta empresa con capital mixto de la DGA e Ibercaja. Tanto el PSOE como el PAR (partidos que sustentan al Gobierno) votaron esta iniciativa, que contó también con el respaldo del Partido Popular. Solo CHA presentó enmiendas a la moción y pidió su supresión. Su diputado, el alcalde de Santaliestra, Chabier Mur, votó en contra.

Esta iniciativa se aprobó ayer en el pleno porque los partidos que la apoyaron consideran que el Pan de Desarrollo Turístico de la Ribagorza es un proyecto «supramunicipal que afecta al conjunto de municipios de la zona alta de la comarca, sostenible y adaptado medioambientalmente al espacio en el que se enmarca, así como un proyecto de desarrollo socioeconómico de interés para Aragón y la Ribagorza».

RESPALDO DE LA POBLACIÓN El contenido de la moción destaca el respaldo mayoritario «de la población local» a pesar de «algunas formaciones políticas y colectivos ecologistas. En este sentido, la moción hace referencia expresa al controvertido Plan de General de Ordenación Urbana de Montanuy, que tuvo el apoyo «mayoritario» de los vecinos.

Los partidos que apoyan esta iniciativa consideran que este proyecto puede convertir la zona alta de la comarca en uno de los principales destinos turísticos del país. Por este motivo, solicitan que la ampliación de las estaciones de Cerler se realicen por todas sus vertientes. Así, además de Montanuy, solicitan que en el plan se incluyan los ayuntamientos de Benasque, Castejón de Sos y Bisaurri. El Partido Aragonés solicitó además que se incluyeran otros municipios más de esta comarca, cuya capital es Graus.

En la moción también se destaca que se solicite a Aramón y a las administraciones implicadas en el proyecto «territorial y supramunicipal», que se arbitren «los mecanismos necesarios» para acelerar los proyectos específicos que lo integran y su materialización en el territorio «con la mayor prontitud posible».

Los empresarios del sector de la nieve no recibirán ayudas económicas del Gobierno de Aragón para paliar las pérdidas registradas la temporada pasada en las estaciones del Pirineo por la escasez de nieve. Así lo aseguró ayer el consejero de Industria, Comercio y Turismo, Arturo Aliaga, durante el Día Mundial del Turismo.

Aliaga, quien se desplazó a San Juan de la Peña (Huesca) para presidir una reunión del Consejo Aragonés de Turismo, hizo esta afirmación en alusión a las ayudas anunciadas por el Gobierno catalán para el sector de la nieve en su territorio, que tachó de «declaración de intenciones».

«En Aragón nos regimos por la normativa europea y las ayudas al funcionamiento de las empresas están prohibidas, pero yo estoy analizando al tiempo qué soluciones podemos encontrar», subrayó.

En este sentido, destacó que su departamento, para hacer frente a esta situación, ha potenciado las inversiones en los valles más afectados con inversiones en el aeródromo de Santa Cilia, el Camino de Santiago o con la puesta en marcha de un plan de promoción cofinanciado con los Valles Occidentales.

MENOS IMPUESTOS Al no encontrar normativa para «ayudar a los empresarios», Aliaga señaló que se está estudiando la posibilidad de reducir los impuestos medioambientales. Estas tasas se crearon en el 2006 con el objetivo de recaudar ingresos para las arcas públicas y para evitar la contaminación y gravar la instalación de transportes por cable.

Estos tributos motivaron una subida de los forfaits en las estaciones de Candanchú y Astún, un incremento que se pondría en duda si el Ejecutivo autonómico decidiera eliminar los impuestos.

El máximo responsable de Turismo admitió, por otra parte, que aunque la temporada de esquí «no fue la adecuada», el Gobierno aragonés estudiará «medidas compensatorias». Advirtió, sin embargo, que «tampoco está muy clara la evaluación de cuánto he perdido, cómo lo he perdido y en qué lo he perdido».

Por otro lado, la DGA dió a conocer ayer que el turismo en Aragón creció durante los meses de julio y agosto por encima de la media nacional, respecto al mismo periodo del año pasado. Un dato que hace prever al Gobierno aragonés que el número de visitantes a finales de año supere el récord histórico de 2,6 millones del 2006.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en el pasado mes de julio la ocupación hotelera y las pernoctaciones crecieron en España un 1,7% y un 1,09%, respectivamente, mientras que en Aragón este incremento fue del 11,4% y del 11,8%. En ocupación de campings, la comunidad creció en un 3,6% frente al descenso del 6,4% registrado en el conjunto del país, mientras que en turismo rural el aumento fue del 11% y del 7% de media nacional.

Los datos adelantados al Gobierno aragonés desde el INE en relación al mes de agosto, referentes sólo al sector hotelero, revelan una tendencia similar que muestra un crecimiento del número de visitantes del 10,5% frente al 3,5% del conjunto del país, con un aumento de las pernoctas en Aragón del 6,7%.

El viceconsejero de Turismo, Javier Callizo, calificó estos datos de «excelentes» en comparación con los nacionales y se mostró crítico con algunas opiniones vertidas días atrás desde el propio sector referidas a una «caída» del turismo en Huesca durante los meses de verano.

Por su parte, Arturo Aliaga explicó que las cifras aportadas muestran que Aragón se consolida ya con un «destino turístico integral», que apuesta por su desestacionalización debido a la variedad de la oferta que abarca desde la gastronomías hasta el arte y los deportes de aventura.

El consejero valoró, asimismo, el «sensible» aumento de la inversión privada en el turismo, con 109 nuevos establecimientos hoteleros abiertos en la comunidad y una progresiva disminución en el número de pensiones que, aseguró, revela una preocupación en el sector por la calidad.

El Ayuntamiento de Montanuy ha recibido ya la propuesta de la empresa hidroeléctroica Endesa para la ampliación de potencia de la central de Moralets, en la Ribagorça aragonesa.

Así lo comunicó el alcalde de Montanuy, Josep Maria Agullana, durante el pleno municipal celebrado el pasado martes por la noche. Agullana explicó que Endesa ya ha tramitado al consistorio el proyecto para ampliar la central que explota el salto de Llauset y que no representa grandes cambios a nivel estrictamente municipal.
Ribagorça Romànica
Durante el pleno, Agullana informó asimismo del reciente nombramiento de la junta de la nueva asociación Ribagorça Romànica, que reúne a los municipios de la Ribagroça catalana y aragonesa que se beneficiarán del nuevo plan piloto de la Ribagorça durante los próximos años.
Joan Perelada se confirma como presidente de la asociación, como vicepresidente estará Miquel Gràcia, como secretario Josep Maria Ariño y como tesorero Jaume Monsó, es decir, la junta estará representada por dos miembros de la parte catalana y dos de la parta aragonesa.
Nieve Castanesa SL y web municipal
Durante el pleno el edil del PAR preguntó al equipo de gobierno sobre la existencia de una empresa llamada Nieve de Castanesa SL, a lo que Agullana contestó que será la que gestionará la ampliación de Cerler hacia el valle de Castanesa, y preguntó también sobre las declaraciones de Francisco Bono, responsabe de Aramon, en que aseguraba que dicha ampliación se plantea a 30 años vista, a lo que el alcalde lo confirmó. Por último, el edil del PAR y la edil de CHA solicitaron al equipo de gobierno que se renueve y actualice la web del municipio porque, según ellos, ha quedado obsoleta.

Además, la formación política de izquierdas ha interpelado a la CE, a través del eurodiputado Willy Meyer, con motivo de los planes urbanísticos que la empresa Aramon tiene proyectados construir en esta zona de la comarca de la Ribagorza, «un territorio de alto valor ecológico y cultural», según señaló ayer Adolfo Barrena, coordinador general de Izquierda Unida de Aragón.

Izquierda Unida de Aragón presentó el año pasado una queja ante la CE con motivo de los proyectos urbanísticos «salvajes» que se están desarrollando en Aragón, como son los proyectados en el entorno de las estaciones de esquí pirenaicas y turolenses o los desarrollos urbanísticos de Zaragoza y su área metropolitana. IU ha decidido añadir esta interpelación a la denuncia una vez que se ha constatado que «la primera decisión tomada por el Ayuntamiento de Montanuy» ha sido dar vía libre al proyecto que la empresa Aramon ha presentado en la comarca de la Ribagorza amparado «en un Plan de Desarrollo Turístico de la Ribagorza Norte», explica Adolfo Barrena. «Antes de las elecciones celebradas en mayo -continúa- el Ayuntamiento de Montanuy paralizó el proyecto de Castanesa y tras los comicios ha decidido reanudar este macroproyecto de urbanismo salvaje». En este sentido, el líder de IU en Aragón espera ser citado a comparecer en Bruselas este próximo otoño.

Meyer, en una pregunta parlamentaria, se dirigió al comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, para interrogarle sobre si es consciente «del impacto medioambiental que este proyecto podría tener en una zona ya bastante degradada como son los Pirineos».

El europarlamentario se refirió a los planes de la constructora ARAMON, amparados por un Plan de Desarrollo Turístico de Ribagorza Norte, de construir más de 2.000 viviendas nuevas, proyecto que el eurodiputado calificó de «megalómano».

En la misiva, Meyer explica además que el proyecto contempla la construcción de tres campos de golf en Bisurri, Bono y Coll d’Espina y que para su irrigación deberían construirse otros tantos mini embalses de 0,1 hectómetros cúbicos en una zona que presenta problemas de abastecimiento de agua en verano.

Para él, este plan de edificación es «ajeno al más mínimo respeto por el territorio» y en él «sólo prima el dinero rápido que acabará con todo el paisaje secular». Meyer también preguntó a Dimas si piensa pedir a las autoridades españolas información sobre los planes de construir en el paraje.

Para el eurodiputado, este proyecto constituye un nuevo caso de «sobreexplotación urbanística en España que vulnera la normativa europea de medioambiente». La CE tiene abiertos 19 expedientes contra España por proyectos urbanísticos que vulneran el entorno.

En comparación, la situación de los valles oscenses se antoja grotesca, sobre todo si se tiene en cuenta que el Pirineo aragonés es el más extenso y el de mayor valor ambiental. A día de hoy, en la Jacetania, el Alto Gállego, el Sobrarbe y la Ribagorza solo hay dos depuradoras en servicio: la de Jaca y la de Sabiñánigo.

Todos los demás municipios, incluidos las más turísticos, vierten su porquería sin ningún tratamiento previo, lo que significa que numerosas localidades que en temporada alta reciben varios miles de visitantes -como Biescas, Benasque, Aínsa, Broto o Villanúa- llevan años contaminando las aguas del Aragón, el Ara, el Cinca, el Gállego y el Ésera. El problema también se extiende a los núcleos más pequeños, a las estaciones de esquí, a los cámpines y a las urbanizaciones.

En Cataluña no sucede lo mismo. Como informó ayer este periódico, los municipios de la zona de Lérida cuentan con 41 depuradoras repartidas entre el límite con Huesca y Ripoll. De ellas, 19 están ubicadas en pleno Pirineo occidental, en las comarcas del valle de Arán, el Alto Urgel, la Alta Ribagorza y el Pallars Sobirà.

La construcción y la gestión de esas plantas de depuración corresponde, en la mayoría de los casos, a la Agencia Catalana del Agua, organismo equivalente al Instituto Aragonés del Agua. No obstante, también hay instalaciones que dependen de las comarcas, de los ayuntamientos o de mancomunidades.

Por su parte, Navarra también tiene el problema solucionado. La Comunidad foral es la única región, junto con Baleares, que cumplió con la obligación de depurar los vertidos de todas las localidades de 2.000 habitantes equivalentes -magnitud que expresa el potencial contaminante de un asentamiento- antes del 31 de diciembre de 2005.

Para lograrlo, su Gobierno puso en marcha en 1989 un Plan Director de Saneamiento de los Ríos que ha sido implantado a través de una empresa pública y que empezó a ejecutarse precisamente por las cabeceras. En Aragón debería haberse hecho lo mismo, pero la desidia del Ministerio de Medio Ambiente y la pasividad de la DGA han provocado que las depuradoras más prioritarias -las del Pirineo- sean las que más retraso acumulen.

En la actualidad, la Comunidad foral tiene tres depuradoras en el valle de Roncal que limpian los vertidos al cauce del Esca; otra en el valle del Salazar; una quinta en el río Urrobi; otra en la cabecera del Arga; y otra en la del Ulzama. En total, son siete estaciones, aunque en la zona más occidental de la región -la que desagua en el cantábrico- funcionan once plantas más situadas en las estribaciones del Pirineo.

El Gobierno de Navarra financia su Plan Director de Saneamiento con los presupuestos autonómicos, con fondos procedentes de la Unión Europea y con el canon de saneamiento. En la región vecina esta tasa ecológica adoptada en la pasada legislatura por la DGA se creó y se empezó a cobrar en 1989.

Un informe del Instituto Aragonés del Agua (IAA) sobre la calidad de las aguas superficiales de la Comunidad reconoce que en algunos de los principales ríos pirenaicos la falta de depuradoras ya está teniendo consecuencias negativas. El documento sostiene que «en gran parte de su recorrido» las aguas de estos cauces son «muy buenas», pero también advierte de que «se detectan problemas de contaminación fecal en las cabeceras del Aragón, el Gállego y el Ésera».

Los autores del estudio achacan esas deficiencias «al impacto de las estaciones de esquí» y a que los vertidos se producen en épocas de poco caudal. No obstante, y aunque el informe no dice nada sobre otros focos de contaminación, esa situación descrita se ve agravada aguas abajo por la ausencia total de obras de depuración. Como ya denunció este periódico el pasado domingo, catorce años después de declararlas de interés general, el Ministerio de Medio Ambiente solo ha construido dos de las veinte depuradoras que prometió en su día: la de Jaca y la de Sabiñánigo.

En el resto del Pirineo oscense todos los municipios, incluidos los más turísticos, echan sus aguas fecales directamente al río, lo que significa que afluentes como el Aragón, el Gállego, el Ara, el Cinca o el Ésera están siendo contaminados con los vertidos de poblaciones que en muchos casos superan los 5.000 vecinos -Benasque, Biescas, Torla, Broto…-. El problema es especialmente preocupante en los meses de verano, época en la que la máxima afluencia de visitantes coincide con el estiaje.

La Confederación Hidrográfica del Ebro ya ha anunciado que se están redactando los anteproyectos para hacer otras 18 depuradoras que traten los vertidos de todos los núcleos de 2.000 o más habitantes equivalentes -magnitud que expresa el potencial contaminante de un asentamiento-. Esas infraestructuras también darán servicio a estaciones de esquí, cámpines y urbanizaciones, pero en el mejor de los casos no se pondrán en marcha antes de un par de años, ya que ninguna tiene aprobado el anteproyecto y luego habrá que sacar a concurso proyecto y obras.

En este contexto resulta llamativo el informe sobre la calidad de las aguas superficiales en Aragón que puede encontrarse en la página web del IAA, un organismo público que depende del Departamento de Medio Ambiente de la DGA. El documento recuerda que la actividad humana «ejerce un significativo impacto sobre los recursos hídricos, siendo los ríos particularmente vulnerables a la contaminación». «Esto provoca una modificación de la composición físico-química del agua y compromete su reutilización al dificultar el proceso natural de autodepuración de los ríos», subraya el Instituto.

A pesar de todo, el estudio considera que en las cabeceras de los ríos aragoneses las aguas presentan un Índice de Calidad General (ICG) «medio-alto». De hecho, sus autores califican como «muy buenas» las de los cauces pirenaicos «en gran parte de su recorrido» y también «las de la inmensa mayoría de los ibones».

«No obstante -continúa el documento-, ya se detectan problemas de contaminación fecal en las cabeceras del Aragón, el Gállego y el Ésera por el impacto de las estaciones de esquí, al producirse los vertidos en épocas de bajos caudales».

En realidad, la contaminación se produce durante todo el año, aunque es en verano cuando el estiaje dificulta la dilución de los vertidos. Además, las estaciones de esquí no son la única fuente de polución de ríos, arroyos y barrancos, ya que el problema se la falta de depuración se extiende a todo el Pirineo con contadas excepciones -a nivel de municipios, solo Jaca y Sabiñánigo-.

Respecto a los centros invernales, que son el principal blanco de las críticas ecologistas, fuentes del grupo Aramón explicaron que Cerler es la única estación del holding que no tiene depuradora, aunque la empresa ya ha solicitado licencia de obras al Ayuntamiento de Benasque para construir una instalación que funcionará hasta que se construya la del Ministerio de Medio Ambiente.

En Formigal hay una depuradora en Portalet y otra en Anayet, y en Panticosa en 1996 se construyó una gran fosa séptica con capacidad para 14.000 personas situada en la zona de Sabocos. En esa misma estación este año se ha creado una depuradora en Petrosos que ha costado 260.000 euros.

En cuanto al valle del Aragón, fuentes de Candanchú señalaron que el complejo solo cuenta con una fosa séptica a 1.900 metros. Por su parte, Astún dispone de una depuradora que se construyó a finales de los setenta.

Todas las estaciones se beneficiarán de las depuradoras proyectadas por la Confederación. Una de ellas tratará los vertidos de Cerler, otra los de Formigal y Sallent de Gállego y una tercera, los de Astún y Candanchú. Además, el organismo de cuenca ha previsto levantar otras 15 instalaciones más que en total beneficiarán a una treintena de núcleos pirenaicos.

HERALDO 02-09-2007. Las aguas fecales siguen vertiéndose a los ríos en todo el Pirineo
Las aguas fecales siguen vertiéndose directamente a los ríos en todo el Pirineo oscense. Catorce años después de que las 20 obras de depuración en los treinta núcleos pirenaicos fueran declaradas de interés general por el gran valor ecológico de esos cauces, el Ministerio de Medio Ambiente solo ha construido depuradoras en Jaca y Sabiñánigo, lo que significa que todos los demás municipios, incluidos los más turísticos, se deshacen de sus aguas residuales sin ningún tratamiento previo.

La situación es la misma en la gran mayoría de cámpines, urbanizaciones y estaciones de esquí, y también afecta a numerosos riachuelos y barrancos. Sin embargo, los más perjudicados son los grandes afluentes, que además de recibir las aguas de esos cauces secundarios hacen de alcantarilla para los municipios más poblados de la Jacetania, el Alto Gállego, el Sobrarbe y la Ribagorza. Localidades como Benasque y Biescas, que en verano y durante la temporada de esquí rondan e incluso superan los 10.000 habitantes, echan al Ésera y al Gállego sus vertidos urbanos sin tener ni siquiera una fosa de decantación que retenga los excrementos y otros desechos sólidos.

En Aínsa, municipio que en esta época puede alcanzar los 4.000 vecinos, once salidas de desagüe reparten las aguas fecales entre el Cinca y el Ara. En Torla y Broto, con hasta 5.000 habitantes cada uno, todo se tira al Ara, el último río virgen del Pirineo. Villanúa y Canfranc contaminan las aguas del Aragón, pero la lista es casi interminable: Castiello de Jaca, Ansó, Hecho, Panticosa, Sallent, Bielsa…

Todas esas poblaciones de más de 2.000 habitantes equivalentes -magnitud utilizada para medir el potencial de contaminación de un asentamiento- y otras más pequeñas pero de gran valor ambiental o paisajístico están incluidos en el listado de obras de depuración que Medio Ambiente debería haber ejecutado hace ya años. Sin embargo, ni en la última etapa de Felipe González, ni en los ocho años de Gobierno del PP, ni en la actual legislatura los responsables del Ministerio han sido capaces de impulsar de verdad esas actuaciones, ya que solo se han construido depuradoras en los dos únicas ciudades del Pirineo oscense: Jaca y Sabiñánigo.
Las prioritarias, las últimas

Además, al ser competencia del Estado, la DGA -que tampoco ha agilizado el proceso presionando al Gobierno central- excluyó las cabeceras de los ríos pirenaicos del Plan Especial de Depuración, por lo que las obras más urgentes van a ser las que se ejecuten con más retraso. Paradójicamente, pequeños núcleos de otras zonas como Ligüerre de Cinca sí tienen depuradora.

La consecuencia de esta desidia de la Administración es que, en pleno 2007, a ocho años vista de la entrada en vigor de la Directiva Marco del Agua, se den situaciones como la de Boltaña. En los días de mayor ocupación turística, una de las dos capitales del Sobrarbe echa al río Ara hasta un millón de litros de aguas residuales. Lo hace en pleno lugar de interés comunitario (LIC) y por una única tubería, algo que también sucede en Benasque con el río Ésera.

«Da verdadera pena, pero es que en verano podemos llegar a los 3.000 habitantes -explica el alcalde boltañés, José Manuel Salamero-. Antes, las salidas de los colectores las teníamos en pleno casco urbano, pero pudimos sacarlas aguas abajo y al menos ya no hay olores».

Dando por buena esa relación entre población y cantidad de vertido, en plena temporada turística Broto, Torla, Boltaña y Aínsa suman unos 17.000 vecinos y pueden contaminar el único río no regulado del Pirineo aragonés con casi cinco millones de litros de porquería. Si ese vertido se produce en invierno es probable que los caudales del Ara puedan diluir en parte la materia orgánica, pero el verdadero problema llega en los meses estivales.

«Lo malo de esto es que el estiaje de los ríos coincide con el momento del año en el que más crece la población, así que en muchas ocasiones el río no puede absorber tanta carga», recuerda el alcalde de Boltaña.

Los ediles consultados dicen que no suele haber quejas de los turistas, pero también insisten en que este panorama es inaceptable en un territorio dedicado casi exclusivamente a ese sector. «¿Qué va a pensar un visitante si al cruzar el puente sobre el Cinca ve un tubo del que no para de salir porquería? La imagen que se está dando es horrible», sostiene el segundo teniente de alcalde de Aínsa, Enrique Pueyo.

Por suerte para los ríos pirenaicos, uno de los efectos positivos de los embalses de regulación es que actúan como depuradoras naturales decantado la materia orgánica y diluyendo la contaminación. De esta forma, Búbal y Lanuza alivian la situación del Gállego a su paso por Biescas, Mediano y El Grado limpian el Cinca aguas abajo de Aínsa, la presa de Linsoles mejora la situación del Ésera a la salida del valle de Benasque..

«Si no fuera por esos pantanos, creo que la Confederación se habría dado mucha más prisa -opina el presidente comarcal del Alto Gállego, Mariano Fañanás-. Lo que no tiene sentido es que se gaste dinero en depurar aguas abajo y que en las zonas de cabecera el río baje sucio, lo fundamental es empezar por arriba».

Cada vez menos truchas

Otro fenómeno al que apuntan todos los ediles para referirse a las consecuencias de no tener depuradoras es la evolución de la pesca. «Yo no sé si será por eso o no, pero lo que está claro es que cada vez hay menos truchas -dice el presidente de la comarca del Sobrarbe, Enrique Campo-. Hablamos mucho de las consecuencias para el turismo, pero también hay que tener en cuenta la flora y la fauna».

«Yo he sido pescadot toda la vida y ahora veo las truchas que se capturan me da verdadera lástima», ratifica el alcalde de Boltaña.

Por estas y por otras muchas razones, los municipios del Pirineo aragonés exigen al Ministerio de Medio Ambiente que agilice al máximo la tramitación de todas las depuradoras que faltan por construir. «Lo que no puede ser es que para limpiar los cauces no nos dejen meter una sola máquina porque es zona LIC y sin embargo no les importe echar al mismo río litros y litros de vertidos», critica el primer edil de Broto, Carlos Borra.

Implicación de la DGA

Otros alcaldes, que prefieren no identificarse, reclaman al Gobierno de Aragón que se implique y ayude a acelerar el proceso -el Departamento de Medio Ambiente siempre ha reiterado que está dispuesto a ejecutar obras de interés general a través de convenios o encomiendas de gestión-.

Además, tanto el presidente comarcal del Alto Gállego como el del Sobrarbe recuerdan que también hay que dar solución a los pequeños núcleos pirenaicos que no han sido incluidos en los planes de la Confederación. «Algunos, como Labuerda, llegan a tener 2.000 vecinos en verano -recuerda Mariano Fañanás-. Esas poblaciones no se pueden quedar sin nada, y otras que ahora mismo son pequeñas pueden dejar de serlo en solo unos años».

HERALDO 03-09-2007. Los pueblos pequeños del Pirineo exigen soluciones al vertido de aguas residuales
Los alcaldes de los pequeños municipios del Pirineo también exigen que el tratamiento de aguas residuales llegue hasta esos núcleos. Esta demanda se suma a la del resto de localidades pirenaicas que -como ayer informó este periódico- esperan desde hace 14 años a que se construyan las depuradoras anunciadas por el Ministerio de Medio Ambiente y que habían sido declaradas de interés general por el gran valor ecológico que tienen para los cauces. De las 20 plantas que el Ejecutivo prometió, solo ha construido las de Jaca y Sabiñánigo. Los demás municipios se deshacen de sus aguas fecales sin ningún tratamiento previo.

La CHE tiene bloqueadas desde 1993 las otras 18 depuradoras. Estas plantas tratarán un altísimo porcentaje de las aguas residuales, sin embargo, existen decenas de núcleos pequeños que han quedado fuera de los planes, tanto los del Ministerio como los recientes de la DGA. Estas localidades, entre las que se encuentran Labuerda, Laspuña, Plan o Gistaín, piden soluciones.

Los alcaldes explicaron ayer a HERALDO que, aunque son pueblos con pocos habitantes, en verano y en la temporada de esquí ven cómo su población se multiplica, por lo que necesitan también infraestructuras para evitar los vertidos a los ríos. Antonio Javier Belzuz, alcalde de Laspuña, consideró lógico que estas obras se hagan por fases, pero pidió al Ministerio de medio Ambiente y a la DGA que les tenga en cuenta en las previsiones. «Entendemos que primero se debe actuar en las zonas más pobladas, pero no pueden olvidarse de nosotros. Confiamos en que atiendan estas peticiones», apuntó.

En la misma línea se manifestó David Bielsa, alcalde de Gistaín. Éste insistió en que se debe evitar que las aguas residuales lleguen al río sin tratar, como ocurre ahora. «No podemos seguir viendo como estos vertidos van al Cinqueta sin que podamos hacer nada», apuntó el primer edil. Dijo que entiende que no haya depuradoras en todos los municipios, pero sí debería haber infraestructuras que agrupen a distintas poblaciones. «Nosotros habíamos pensado en unirnos con San Juan de Plan y con Plan para tener un servicio en común», añadió Bielsa.

Los alcaldes consultados coincidieron en destacar, además, la mala imagen que causan estos vertidos ante los turistas. «En nuestro pueblo las aguas no huelen porque cuando bajan a los siguientes municipios pasan por cascadas y se airean, pero no es agradable», señaló Belzuz.

Tanto la Confederación como el Departamento de Medio Ambiente reconocen que esos asentamientos también tendrán que tratar sus vertidos urbanos para el año 2015, por lo que Ministerio y DGA tendrán que ponerse de acuerdo sobre qué hacer con esas zonas. De hecho, para el Ejecutivo aragonés esa obligación se extiende a toda la Comunidad, ya que también tiene pendiente extender el Plan Especial de Depuración a los municipios de menos de 1.000 habitantes.
Conversaciones con Madrid

Fuentes de la DGA aseguraron que la Consejería que dirige Alfredo Boné está en conversaciones con el Ministerio y el tema «está bien encaminado». El acuerdo se enmarcaría dentro del Plan Nacional de Calidad de las Aguas, que prevé suscribir convenios bilaterales con las Comunidades y del que Aragón espera recibir fondos, según las mismas fuentes.

Estas recordaron que los pequeños núcleos del entorno de Ordesa y Viñamala financiarán sus obras de depuración gracias al acuerdo que ambas Administraciones firmaron para promover proyectos de desarrollo sostenible. Por el momento, las obras que se acometerán a medio plazo serán las de las 18 depuradoras ya previstas por la Confederación Hidrográfica del Ebro.

La investigación se pondrá en marcha a partir de la semana que viene. El ministerio público ha decidido poner en marcha las diligencias tras remitirle la Fiscalía del Tribunal de Cuentas (TC) la documentación sobre el asunto que le envió la asociación Naturaleza Rural, que denunció el pasado mes de julio el citado convenio.

El TC rechazó abrir un expediente, como le había solicitado la entidad, y optó por remitir la documentación aportada por los vecinos a la Audiencia de Huesca “por si fuera procedente el ejercicio de acciones penales”. El convenio entre Aramón y el ayuntamiento de Montanuy se perfila como una recalificación “a la carta”. Aramón se compromete a financiar la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio y el consistorio a cambio clasifica como suelo residencial “una o varias zonas aportadas” por la promotora, las cuales “serían las primeras a desarrollar en el horizonte de los próximos diez años, aptas para implantar viviendas libres, viviendas sociales y los servicios requeridos ”. Todo esto suma 2.300 segundas residencias en terrenos de Aramon, 1.200 para otros promotores y 3.500 plazas hoteleras. Aramon se compromete a invertir los beneficios obtenidos con esas iniciativas en la puesta en marcha de un complejo invernal con cuatro dominios esquiables y remontes de varios kilómetros de longitud. Paralelamente, el municipio recibiría, ya urbanizado, el 10% del suelo de los planes parciales y unidades de actuación que se fueran desarrollando. El documento señala que “la superficie de suelo urbanizable que debe entrar en el convenio será la necesaria para asegurar la viabilidad del proyecto”. El PGOU fue aprobado por el Ayuntamiento el pasado mes de julio con los votos a favor de los 4 concejales del PSOE y los votos en contra de los tres concejales del PAR (2) y CHA (1).

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Huesca abrirá diligencias para investigar si el convenio urbanístico establecido entre Aramón, el hólding semipúblico aragonés del esquí, y el Ayuntamiento de Montanuy para desarrollar la estación de Castanesa constituye, o no, una actuación de carácter delictivo. La investigación se pondrá en marcha a partir de la semana que viene, una vez finalizado el periodo vacacional del mes de agosto, según ha podido saber EL PERIÓDICO.

El ministerio público ha decidido poner en marcha las diligencias tras remitirle la Fiscalía del Tribunal de Cuentas (TC) la documentación sobre el asunto que le envió la asociación Naturaleza Rural, crítica con el proyecto del nuevo complejo invernal. El TC, órgano dedicado a la fiscalización de la actividad económica de las administraciones públicas, rechazó abrir un expediente, como le había solicitado la entidad. No obstante, tras estudiar los documentos, optó por remitirlos a la Audiencia de Huesca «por si fuera procedente el ejercicio de acciones penales» en virtud de su contenido.

El acuerdo suscrito entre Aramón, un hólding participado al 50% por el Gobierno de Aragón e Ibercaja que controla cinco de las seis estaciones de esquí aragonesas y proyecta abrir otra en Montanuy, y el ayuntamiento de esta localidad de la Ribagorza consiste en una recalificación a la carta. Aramón se comprometió a financiar la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio pirenaico, que debía ser «coherente» con el proyecto del nuevo complejo. Por su parte, el consistorio se obliga a clasificar como suelo residencial «una o varias zonas aportadas» por la promotora, las cuales «serían las primeras a desarrollar en el horizonte de los próximos diez años, aptas para implantar viviendas libres, viviendas sociales y los servicios requeridos como apoyo de la estación». Es decir: 2.300 segundas residencias en terrenos de Aramón, 1.200 para otros promotores y 3.500 plazas hoteleras. El trust se compromete a invertir los beneficios obtenidos con esas iniciativas en la puesta en marcha de un complejo invernal con cuatro dominios esquiables y remontes de varios kilómetros de longitud.

Paralelamente, el municipio recibiría, ya urbanizado, el 10% del suelo de los planes parciales y unidades de actuación que se fueran desarrollando –es el porcentaje que marca la ley–, cuya ejecución recaerá en una empresa filial que también se hará cargo de financiar los proyectos de esas actuaciones concretas.

El documento señala que «la superficie de suelo urbanizable que debe entrar en este convenio será la necesaria para asegurar la viabilidad del proyecto».

El PGOU fue provisionalmente aprobado en julio con el único apoyo del PSOE, a dos de cuyos concejales recalifica fincas el proyecto.

El fiscal del Tribunal de Cuentas ha remitido a la Audiencia de Huesca el convenio suscrito entre la empresa semipública Aramón y el Ayuntamiento de Montanuy para llevar a cabo en dicho término municipal una operación de recalificación de suelo destinada a sufragar la construcción de la estación de esquí de Castanesa. Se trata de momento de hacer un seguimiento de dicho convenio y chequear su legalidad. No estará de más, efectivamente, comprobar si ese plan para extender el negocio de la nieve en el Pirineo cumple todos los requisitos, al margen de los poderosos intereses que lo respaldan.

Fuente: 25-08-2007, Editorial del Periodico de Aragon

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas (TC) ha remitido a los fiscales de la Audiencia Provincial de Huesca el convenio suscrito entre el hólding semipúblico Aramón y el Ayuntamiento de Montanuy para el desarrollo del proyecto de estación de esquí de Castanesa, en ese municipio oscense, «por si fuera procedente el ejercicio de acciones penales». La resolución del fiscal jefe del TC, fechada el 7 de agosto, incluye el envío de documentación referente a la empresa Castanesa Nieve, SL, la sociedad creada por el hólding semipúblico del esquí –participado al 50% por Ibercaja y el Gobierno de Aragón– para ejecutar las inversiones en la localidad ribagorzana.

La firma del convenio había sido denunciada ante la Fiscalía del TC por la asociación Naturaleza Rural, una entidad que aglutina a vecinos e hijos de Montanuy críticos con el proyecto del complejo invernal. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas tiene un carácter eminentemente fiscalizador, es decir, de chequeo de la legalidad de las actuaciones de la Administración –en todos sus niveles– en el plano de la ejecución presupuestaria y el manejo de sus fondos económicos. La denuncia reclamaba «un proceso de fiscalización» del convenio, que es un documento de futuro. Así, unos meses después de recibir la denuncia y la documentación, el fiscal jefe del TC acordó el archivo de las diligencias que había abierto. El oficio que comunica a Naturaleza Rural el sobreseimiento del caso en la vía contable y su envío a la penal recuerda a la entidad que, pese a esa decisión, tiene abierta la puerta para ejercitar «la acción pública para la exigencia de responsabilidad contable» por el convenio.

OPERATIVA El documento obliga a Aramón a «encargar y sufragar el coste de redacción del proyecto para la nueva estación de esquí, así como a encargar y sufragar el coste de redacción del proyecto del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Montanuy» con el fin de realizar «una ordenación coherente» de ambos diseños.

El hólding se compromete a destinar «todas las plusvalías que obtenga por el desarrollo urbanístico de los terrenos que pudiera directamente adquirir (…) a la financiación de dicha estación». Aramón también se obliga a financiar, con el dinero que obtenga de los planes parciales que desarrollará una empresa filial, «parte del coste de implantación de los sistemas necesarios para la nueva estación de esquí».

Es decir, que Aramón se compromete a pagar el PGOU y a invertir en la estación los beneficios que le entregue la filial que se encargará de la ejecución de cada una de las unidades urbanísticas.

Paralelamente, el convenio obliga al ayuntamiento, que recibirá urbanizado el 10% del suelo que se mueva, a incluir en el PGOU «la clasificación como suelo residencial de una o varias zonas de terrenos aportados por Aramón», las cuales «serían las primeras las primeras a desarrollar en el horizonte de los próximos diez años, aptas para implantar viviendas libres, viviendas sociales y los servicios requeridos como apoyo de la estación».

TODO EL SUELO NECESARIO «Se estima que la superficie de suelo urbanizable que debe entrar en este convenio», añade el documento, «será la necesaria para asegurar la viabilidad del proyecto».

Según indicaba la denuncia de Naturaleza Rural, «Aramón encargará y sufragará el coste del PGOU de Montanuy y el ayuntamiento recalificará los terrenos que previamente aporte Aramón». «Cabe preguntarse cómo debería tipificarse la eventual recalificación a urbanizables de estos terrenos», anotaba.

El PGOU de Montanuy contempla la construcción de 2.300 segundas viviendas por Aramón, 1.200 para otros promotores y 3.500 plazas hoteleras. Todo, en un municipio con apenas 300 vecinos empadronados.

El plan, que ahora debe estudiar la DGA, fue aprobado por el ayuntamiento a finales de julio. Tuvo el apoyo de los cuatro concejales del PSOE –dos de los cuales verán recalificadas sus tierras– y la oposición de los dos del PAR y la de CHA.

EL ALCALDE, CONSEJERO DE LA FIRMA EJECUTORA
El alcalde de Montanuy, José María Agullana (PSOE), es desde hace cuatro meses y medio miembro del consejo de administración y apoderado mancomunado de Castanesa Nieve, SL, la empresa creada por el hólding semipúblico Aramón para desarrollar sus planes urbanísticos y de desarrollo de la estación de esquí en Montanuy.

Agullana accedió al cargo el 9 de abril, fecha en la que cesó el hasta entonces administrador único, Javier Blecua, imputado en esas fechas por un asunto urbanístico en Barbastro que el juez ha archivado provisionalmente. Ese mismo día ocupó la presidencia de la empresa Francisco Bono, vicepresidente de Aramón, al tiempo que accedían al consejo de administración el consejero de Industria de la DGA, Arturo Aliaga; el vicepresidente primero de la Diputación de Huesca, Miguel Gracia; el secretario general del Departamento de Economía de la DGA, Santiago Coello, y los altos cargos de Ibercaja Enrique Arrufat y Joaquín Rodríguez de Almeida.

La empresa, constituida en abril del 2005, tiene licencia de club-escuela deportiva, aunque su objeto social es la promoción de complejos de esquí con todos sus elementos anejos. Los 3.006 euros de su capital social que constan en el registro como desembolsados —501 participaciones de seis euros– han sido suscritos exclusivamente por Aramón. Las cuentas de su primer ejercicio incluyen como inmovilizado inmaterial los 486.879 euros gastados en elaborar un plan estratégico y estudios sobre sus futuras obras e instalaciones. Sus fondos provenían de un préstamo participativo de Aramón del que había descontado 500.000 euros. Tiene una cuantía de 2,3 millones a devolver antes del 30 de septiembre del 2013 con un interés vinculado a los resultados.

Agullana y su teniente de alcalde, Navidad Cereza, votaron a favor del Plan Urbano, que recalifica tierras de sus familias. La asociación Naturaleza Rural enviará al fiscal la aprobación del documento en el pleno, para que estudie si su apoyo puede constituir alguna irregularidad.

La Asociación de Propietarios y Vecinos de Castanesa denunció el pasado mes de julio ante el Fiscal del Tribunal de Cuentas el convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento de Montanuy y la empresa Aramón. El convenio fue firmado en 2005 por el alcalde de Montanuy, Josep Maria Agullana, y el entonces director de Aramón, Javier Blecua.
En dicho convenio queda vinculado el plan urbanístico municipal (PGOU) con el plan de expansión de la estación de esquí de Cerler hacia Castanesa. El convenio prevé la construcción de casi 3.000 segundas residencias y más de 2.000 plazas hoteleras en un municipio, el de Montanuy, formado por 17 núcleos y 300 habitantes.
La asociación optó por llevar el convenio a los tribunales, lo que no condicionó la aprobación del plan semanas después. La asociación pide que se investigue la legalidad del documento del convenio y considera que “la formalización del convenio da más potestad del planeamiento urbanístico a Aramon por encima del consistorio”, en referencia a “las recalificaciones urbanas masivas de fincas tras su compra como rústicas a los vecinos”.
En este sentido, la asociación quiere que el fiscal investigue si “la generación y apropiación de las plusvalías dimanantes del convenio son lesivas al interés general”. La asociación califica el objetivo del convenio como de “depredación del territorio e imposición de un modelo de desarrollo contra la supervivencia del paisaje y la vida tradicional del valle”.
El PGOU fue aprobado hace un mes con los votos a favor del PSOE y los votos en contra del PAR y CHA. Ahora llegará a la Comisión de Ordenación (urbanismo) de la DGA que deberá dictaminar.
El plan ha recibido la oposición de los ecologistas de Aragón y será investigado por técnicos de la UE que analizarán en septiembre el desarrollo urbanístico de todo el Pirineo aragonés.

El colectivo de vecinos de Cerler que ha demandado a Aramón ha hecho público un comunicado en el que cuestiona la legalidad de las sucesivas ampliaciones de capital de la estación de esquí que comenzaron en los años noventa y desembocaron en la pérdida de control de la sociedad por parte del Ayuntamiento de Benasque en favor del grupo aragonés de la nieve –empresa participada al 50% por la DGA e Ibercaja-. La demanda fue planteada por una·treintena de personas que consideran que los contratos de compraventa de los terrenos de la estación han quedado resueltos por incumplimiento. Ahora, esos vecinos anuncian que «están analizando rigurosamente» las ampliaciones de capital de Cerler.
«Sin perjuicio de que se han solicitado al Ayuntamiento copias de los expedientes municipales que debieron servir de base a las decisiones previas a la autorización de dichas ampliaciones -dice el comunicado-, este colectivo integrado por muchos socios de la propia estación de esquí que ya lo eran cuando sucedieron los hechos manifiesta que, a día de hoy, no nos constan acuerdos municipales que legitimizaran las ampliaciones de capital de la Estación de Esquí de Cerler, S.A.”.
Los demandantes añaden que tampoco les consta que se hicieran “valoraciones actualizadas de los terrenos que sirvieran para adecuar los balances de situación y proceder a la obligada prima de acciones en favor del Ayuntamiento de Benasque”. “Esa prima no se produjo y enmascaró el gran perjuicio patrimonial producido al Consistorio y al resto de accionistas, ya que no se contempló el verdadero valor del patrimonio de la sociedad cuyo control adquirieron Ibercaja y el Gobierno de Aragón”, denuncian los demandantes.
Por todo esto, los demandantes anuncian que, de no acreditarse “escrupulosamente” la legalidad del proceso, solicitarán el inicio de “todo tipo de actuaciones” que permitan regularizar la falta de prima de esas ampliaciones de capital.

Esta situación ha irritado a los vecinos de la urbanización de Cerler, que consideran que el Consistorio benasqués debería solucionar cuanto antes las carencias de su red de suministro independientemente de que el abastecimiento a la zona turística de Cerler -que surgió con la estación de esquí- dependa de los responsables del centro invernal -desde hace cinco años, Aramón-. «Es un problema sanitario que no puede esperar a que el Ayuntamiento y la empresa lleguen a un acuerdo», opinan.

Estos propietarios consideran que la actuación del Consistorio crea un agravio comparativo entre los vecinos del pueblo viejo y el resto, algo que el alcalde del municipio, Ignacio Abadías, rechaza tajantemente. «Nosotros ni podemos ni debemos solucionar los problemas de agua de la urbanización -insiste el primer edil-. Lo dice la Ley Urbanística de Aragón: se trata de un plan parcial privado, y por tanto el abastecimiento y el resto de redes de esa zona son responsabilidad del promotor, que es quien se lleva todos los beneficios».

Además, Abadías asegura que la nueva captación que refuerza el suministro al núcleo de Cerler no tiene caudal suficiente para atender las necesidades de la urbanización. «La demanda del pueblo la supera ampliamente, pero lleva poca agua -sostiene el alcalde-. De todas formas, los excedentes que tengamos sí que van a ir a parar a la urbanización».

La nueva captación nace en el paraje conocido como Plana Pommé y recorre 4,2 kilómetros por el camino de la Mina hasta llegar al depósito municipal. Según explicó Abadías, al tratarse de una obra de emergencia el Ayuntamiento no conoce todavía el coste total de los trabajos, pero rondará los 36.000 euros.

La conducción discurre por un lateral del camino, está enterrada solo en algunos tramos y se ha anclado al terreno de forma rudimentaria. Sin embargo, el primer edil benasqués asegura que esa precariedad se debe a que la instalación actual es «provisional». «La hemos hecho a toda prisa porque era urgente llevar agua al pueblo -dice-. Más adelante se cavarán zanjas y se harán arquetas para dejarlo todo en condiciones, pero ahora no podíamos tardar tanto tiempo».

Según los vecinos, los déficits del abastecimiento a la urbanización de Cerler incluyen problemas de turbidez cuando hay fuertes lluvias, falta de suministro y de presión en épocas de gran demanda y falta de potabilidad que genera casos de gastroenteritis.

A menudo nos encontramos con problemas que están mal planteados, que perjudican nuestro futuro, pero que somos incapaces de reorientar. El sistema nos ha hecho creer firmemente en reglas intocables que anestesian nuestra opinión. ¿Se atreve alguien a exigir a un contaminador que no deje de serlo si nos amenaza con eliminar puestos de trabajo?
¿Existen las licencias para hacer daño? Aparentemente, sí. Sólo hacen falta dos requisitos: la ausencia de escrúpulos y la amenaza de despedir a los trabajadores. Hay ejemplos en casi todos los sectores y, tras muchos años, no se ve una solución clara en el horizonte. Es difícil entender que algunas industrias, por ejemplo, provoquen muchos días una niebla tóxica en zonas del bajo valle de Tena, incluidos sus pueblos y urbanizaciones y hasta el propio Sabiñánigo. O casos equiparables en Monzón y en otras zonas con gran implantación de industria química y no química. Algunas de estas emisiones pueden dañar la salud por su contenido de mercurio y, aunque la Unión Europea había planificado acabar con estas prácticas en 2007, parece que no será hasta el año 2020, según acuerdos entre las fábricas y el Ministerio de Medio Ambiente. El único obstáculo para arreglar esto es económico, o sea, el beneficio de los propietarios de las empresas poco respetuosas, que amenazan con cerrar. Se podría responder que, en un Aragón con pleno empleo, podría hacerse un plan de reconversión a una industria con más futuro.

En el sector agropecuario, la producción masiva de porcino no se queda atrás. Dejando aparte los productores que miman el producto final y los procesos para no contaminar (que se merecen todo el reconocimiento), es necesario plantearse qué ventajas reales aporta a Aragón criar millones de cerdos, para empresas cárnicas de otras regiones, si es a base de utilizar técnicas intensivas con piensos medicados, sin imputar al coste de producción el tratamiento de purines, ni una correcta gestión medioambiental. Así, es posible consiguen carne a precio muy barato, porque lo que se ahorran en prevenir la contaminación las empresas mayoristas que utilizan esos métodos lo paga Aragón. Según nos repiten, unos cientos de familias viven de ello. Tabú. Pero hay que pensar en el problema de que los pueblos no puedan beber de sus acuíferos tradicionales porque se contaminen de purines que algunos vierten incontroladamente en ríos y en parajes de gran valor. Hay muchas alternativas para mejorar esta situación. Sólo hace falta coraje para plantearlas.

Otro frente es la industria extractiva de materiales autóctonos como el alabastro. Somos los mayores productores mundiales de alabastro pero la cruz es el desgarro del territorio. Una mirada al paisaje a ambos lados de la carretera Zaragoza-Alcañiz, sobre todo si uno se adentra por alguno de los caminos, deja ver miles de hectáreas arrasadas con ‘bulldozer’, para arrancar el alabastro, sin reponer luego el terreno a un estado natural, lo que daña la frágil capa de suelo fértil, causando erosiones profundas, alterando los hábitats, y destruyendo el paisaje. Teruel todavía existe, a pesar del esfuerzo de algunos por acabar con ella. ¿Por qué no ejecutar un plan de restauración? ¿Qué podemos perder si exigimos que cuiden un poco nuestro Aragón?

A veces, la construcción y los servicios se escudan en la protección del «Homo pirenaicus» para hacer operaciones de alto impacto ambiental. Nos explican que, en tal pueblo (en el cual no hay paro y viven dos docenas de personas en edad de trabajar), hay que hacer una intervención turística con cientos de viviendas y varios hoteles. El argumento es conocido: mantener la población rural y evitar la emigración; lo primero es el hombre pirenaico. Nada que objetar si se respetase el entorno y se hicieran las cosas bien. Sin embargo, con frecuencia se crean estos complejos de bloques de seis alturas en laderas en medio de la nada, sin depuradoras que puedan ser llamadas tales, sin adaptarse a la orografía, haciendo desmontes, muros y excavaciones nunca vistos en la montaña, construyendo pequeños Benidorm en paisajes de montaña que eran un valioso patrimonio, repitiendo errores que ya casi nadie comete porque es matar la gallina de los huevos de oro.

Estos ejemplos nos deberían servir para revisar, ciertas indulgencias, permisos permanentes para hacer las cosas mal, que parecen disfrutar algunos sectores de actividad en Aragón. Es misión de la Administración establecer los mecanismos para corregir la situación. Dejar que las cosas sigan casi igual durante décadas perjudica nuestro presente y nuestro futuro. A ver si conseguimos resolver estos impactos en esta generación y podemos dejar a la siguiente algo no mucho peor que lo que nosotros heredamos.

José María Agullana, alcalde de Montanuy, dice que “es un buen plan, ya que permitirá el desarrollo de la zona, lo mismo que ha ocurrido en valles cercanos. Aboga por la complementariedad de actividades como el esquí y el turismo con iniciativas empresariales tradicionales como la ganadería”.

Añade que de esta forma habrá una masa crítica que permitirá acometer proyectos de infraestructuras de mayor calado.

En cuanto a la propiedad de los terrenos que se recalificarán, Agullana reflexiona sobre los Planes Generales de Ordenación Urbana y los pequeños núcleos de población. Apunta que todos los miembros de una corporación pequeña tienen vinculación con algún interés; considera prácticamente imposible evitar eso.

El Partido Socialista tiene mayoría absoluta en Montanuy, con lo que la aprobación saldrá adelante sin problema alguno. Una vez aprobado el Plan General tiene que ser abordado por el Servicio Provincial de Ordenación del Territorio.

La estación de esquí de Castanesa se sumaría a la ya existente de Cerler.

Los ecologistas de Aragón denuncian que la redacción de dichos planes fue
capitaneada en su día por Javier Blecua, exresponsable de Aramon,
posteriormente destituido y ahora en los juzgados por presunta corrupción
urbanística en otro municipio (Barbastro). Asimismo, la plataforma denuncia
que dos de los principales beneficiados por la recalificación de terrenos en
el PGOU son el alcalde y primer teniente de alcalde de Montanuy, Josep Maria
Agullana y Navidad Cereza, que, según los ecologistas, no deberían poder
votar hoy en el pleno por ser parte afectada.
La plataforma argumenta que la nueva ley estatal del suelo limita la
asistencia y el derecho a voto a ediles afectados por planes urbanísticos
que son debatidos en los plenos. Según Agullana, sin embargo, este no es el
caso porque la ley se refiere a casos en que se debaten y votan planes
concretos y parciales, no generales como el PGOU. Pero es que además de este
matiz, hay que añadir otro de última hora que puede darle la razón al
alcalde: el Gobierno de Aragón ha decidido aplazar la aplicación de la ley
del suelo (en vigor desde el pasado 1 de julio) a julio de 2008,
aprovechando que el Gobierno central ofrece la posibilidad a las comunidades
autónomas de decidir cuando empiezan a aplicarla. Con estas premisas, todo
hace preveer que hoy el pleno aprobará el PGOU con los votos a favor de los
4 concejales del PSOE (incluidos los de Agullana y Cereza) y los tres en
contra del PAR (2) y CHA (1).
Por su parte, vecinos de Castanesa, que denunciaron ante el fiscal el
convenio entre el Ayuntamiento de Montauy y Aramon, pedirán la invalidación
del pleno de hoy por considerar que Agullana y Cereza han obtenido un
enriquecimiento personal con el PGOU, lo que les debería obligar a
abstenerse. El pleno abordará además del PGOU otro plan menos polémico: el
plan piloto de la Ribagorça.

Así lo explicó ayer Eduardo Roldán, quien se mostró satisfecho “por la cantidad de puntos de coincidencia con el presidente que se hicieron patentes en más de 5 horas de reunión”.

Roldán calificó la reunión de “magnífica” y subrayó que en la misma “no hubo ninguna discrepancia”. “Me dio la sensación de que el presidente, a la hora de enfocar la cuestión, es de un realismo total, y si sus planteamientos casualmente coinciden con los míos, será por algún motivo”, dijo el director de Candanchú.

Estas coincidencias tienen que ver, sobre todo, en la repercusión que para un valle y una comarca en primer lugar, pero también para Aragón en conjunto, tendría “la revitalización de Candanchú como estación, con la modernización de sus instalaciones y servicios, y como contribución para lograr el mejor desarrollo de la nieve de Aragón ante sus competidoras”, indicó Roldán. Añadió que, “una vez que hemos mantenido esta importante reunión, quedo a la espera de que el presidente, desde su posición, marque el ritmo de lo que hay que hacer”.

Situación que ha sorpendido al grupo socialista, «cuando es concocida la postura permanente de Chunta Aragonesista de su hostilidad al desarrollo de algunos proyectos turisticos en esta comarca y en otros puntos del territorio».

Con relación a la sociedad creada, Articalengua las Bozosas SL,entre, el Ayuntamiento y Aramon para el desarrollo urbanístico de Formigal, la integran el alcalde, un representante del PP y otro del PSOE. Precisamente Urieta cambió su postura inicial del dictamen de alcaldía para que entrara un representante socialista.

En «Electro Sallent» se compone de dos del PP, uno del PAR y un concejal del PSOE, más un vecino. La sociedad municipal «Sallent 2025» , cuenta con el alcalde José Ignacio Urieta, un representante del PP y un concejal de cada partido.

El alcalde popular, José Ignacio Urieta, asume la concejalía de urbanismo y ganadería, Marta Carrés, concejala de CHA, se responsabiliza de la concejalía de Cultura y Juventud durante este mandato. Los concejales del Partido Popular, Carlos Urieta de Turismo, Carlos Fanlo asume deportes, núcleos y entidades locales; y Jesús Gericó, Infraestructuras, economía y Servicios Sociales. Ambas formaciones han señalado que con este organigrama no se plantea un pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Sallent para los próximos cuatro años, aunque representantes de otros partidos de la corporación, » consideran que la actual maniobra pone en duda que sena acuerdos puntales».

Por otra parte el Grupo Aramón, ha llegado un acuerdo con el holding hotelero, Abba Hoteles, para la explotación comercial del Hotel Formigal, que se va a materializar de forma inmediata. La firma de este acuerdo, que garantiza el mantenimiento de los actuales puestos de trabajo, se enmarca dentro de la filosofía del Grupo Aramón de «profesionalizar al máximo la gestión para poder competir mejor en un mercado cada vez más exigente y especializado».

El proyecto supera la demanda de agua de la costa mediterranea.

Fuente: 17-07-2007, el periodico de Aragon