La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Huesca abrirá diligencias para investigar si el convenio urbanístico establecido entre Aramón, el hólding semipúblico aragonés del esquí, y el Ayuntamiento de Montanuy para desarrollar la estación de Castanesa constituye, o no, una actuación de carácter delictivo. La investigación se pondrá en marcha a partir de la semana que viene, una vez finalizado el periodo vacacional del mes de agosto, según ha podido saber EL PERIÓDICO.
El ministerio público ha decidido poner en marcha las diligencias tras remitirle la Fiscalía del Tribunal de Cuentas (TC) la documentación sobre el asunto que le envió la asociación Naturaleza Rural, crítica con el proyecto del nuevo complejo invernal. El TC, órgano dedicado a la fiscalización de la actividad económica de las administraciones públicas, rechazó abrir un expediente, como le había solicitado la entidad. No obstante, tras estudiar los documentos, optó por remitirlos a la Audiencia de Huesca «por si fuera procedente el ejercicio de acciones penales» en virtud de su contenido.
El acuerdo suscrito entre Aramón, un hólding participado al 50% por el Gobierno de Aragón e Ibercaja que controla cinco de las seis estaciones de esquí aragonesas y proyecta abrir otra en Montanuy, y el ayuntamiento de esta localidad de la Ribagorza consiste en una recalificación a la carta. Aramón se comprometió a financiar la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio pirenaico, que debía ser «coherente» con el proyecto del nuevo complejo. Por su parte, el consistorio se obliga a clasificar como suelo residencial «una o varias zonas aportadas» por la promotora, las cuales «serían las primeras a desarrollar en el horizonte de los próximos diez años, aptas para implantar viviendas libres, viviendas sociales y los servicios requeridos como apoyo de la estación». Es decir: 2.300 segundas residencias en terrenos de Aramón, 1.200 para otros promotores y 3.500 plazas hoteleras. El trust se compromete a invertir los beneficios obtenidos con esas iniciativas en la puesta en marcha de un complejo invernal con cuatro dominios esquiables y remontes de varios kilómetros de longitud.
Paralelamente, el municipio recibiría, ya urbanizado, el 10% del suelo de los planes parciales y unidades de actuación que se fueran desarrollando –es el porcentaje que marca la ley–, cuya ejecución recaerá en una empresa filial que también se hará cargo de financiar los proyectos de esas actuaciones concretas.
El documento señala que «la superficie de suelo urbanizable que debe entrar en este convenio será la necesaria para asegurar la viabilidad del proyecto».
El PGOU fue provisionalmente aprobado en julio con el único apoyo del PSOE, a dos de cuyos concejales recalifica fincas el proyecto.