Desde las tres formaciones, con diferentes matices, se señaló la «sorpresa» por la reacción de Aramón, que ha advertido que puede retirar las inversiones previstas en el valle y ha anunciado que estudiará acciones judiciales contra los tres ediles que facilitaron el acuerdo, y se le exigió «respeto por la autonomía municipal».

Antonio Suárez (PP) no quiso extenderse en la cuestión «por ser un día muy especial», pero sí que dejó claro que «Aramón tiene que respetar la autonomía municipal, si el Ayuntamiento toma una decisión hay que respetarla». Suárez incidió en «lo sorprendente del tono empleado por Aramón» para contestar al acuerdo municipal, «sobre todo teniendo en cuenta que la DGA posee la mitad del capital social».

Bizén Fuster (CHA) señaló que el asunto «pone de manifiesto otra vez que las empresas públicas no están para ejercer de promotores privados ni para liderar especulaciones urbanísticas». El presidente de Chunta recordó que «Iglesias ha manifestado que todo lo que Aramón ingrese se destinará a inversiones en la zona, pero lo que el alcalde está advirtiendo es que en Benasque solo hay un protocolo por valor de 36 millones cuando la empresa espera obtener 120 por los suelos». «Y no se sabe dónde va a parar la diferencia, no hay ningún plan para ese dinero», agregó.

Para Fuster también «se pone de manifiesto que sin regulación normativa en la montaña impera la ley de la selva y los depredadores tienen todas las de ganar.

Adolfo Barrena (IU) comentó que «lo más lamentable y preocupante en democracia es que una empresa como Aramón trate de cuestionar e influir en en la forma de actuar de un Ayuntamiento; más allá de la oportunidad de las fechas, el Ayuntamiento es soberano y responsable y la respuesta de Aramón a su decisión recuerda más a una república bananera que a una democracia». «El proboema es que el urbanismo no lo marcan las instituciones, sino intereses privados y especulativos y si no logran sus objetivos salen con amenazas y chantajes», dijo.

Barrena matizó que «el equipo de gobierno ha reaccionado muy tarde, hay un punto de electoralismo en el asunto» y resaltó «lo significativo de que los concejales de PP y PSOE tuvieran el mandato de no acudir al pleno».

El coordinador regional de IU, sin embargo, aseguró que «es un ejemplo más del modelo de desarrollo completamente erróneo que representa Aramón. ¿Cómo se casa esto con el nuevo anuncio de la Ley de la Montaña por parte de Iglesias?».

El PSOE no entró en la polémica, según fuentes oficiales «porque estamos en elecciones». «Será la próxima corporación municipal la que tenga que adoptar decisiones al respecto», agregaron. Javier Allué (PAR) se mostró «convencido de que, pese al enfrentamiento, habrá una solución satisfactoria porque tanto el Ayuntamiento como Aramón desean lo mejor para Benasque».

Las manifestaciones del presidente de Aramón, en las que amenazaba con “reconsiderar las inversiones previstas en el valle de Benasque” si el Ayuntamiento de la localidad no modificaba su decisión de declarar litigiosos los terrenos del Plan Urbanístico de Cerler, un acuerdo aprobado en pleno el pasado jueves, han ofendido profundamente al alcalde de Benasque.

Abadías pidió la dimisión de Bono y anunció que va a interponer una demanda contra él porque, a su juicio, ha incurrido en un delito. “En el día de la jornada de reflexión, donde no pueden hacerse reflexiones de tipo político -apuntó el alcalde benasqués- Paco Bono intenta influir en la voluntad de voto de los benasqueses en el sentido de cambiar la Corporación, y eso me parece un delito”, apuntó. Asimismo, José Ignacio Abadías consideró las declaraciones del presidente de Aramón “denigrantes y moralmente inaceptables”.

Bono anunció, además, que “se está estudiando si procede acometer acciones legales”. Por su parte, el alcalde benasqués, José Ignacio Abadías, considera adecuada la actuación consistorial que bloquea el plan porque “no se pueden vender suelos que están en litigio”, dijo.

Bono realizó estas declaraciones a raíz del acuerdo adoptado en el pleno benasqués del pasado jueves por el que se declara litigiosa la reparcelación de parte de los suelos del Plan urbanístico de Cerler. El Ayuntamiento ha adoptado esta decisión en base a la demanda presentada por los antiguos propietarios de los suelos en los que se pretende urbanizar.

José Ignacio Abadías comentó que “a raíz de la demanda, hay un requerimiento notarial que hacen los demandantes pidiendo que se declare la litigiosidad de los suelos, y así se ha hecho”. En su opinión, con esto “nosotros no decimos de quién son los bienes, sólo decimos que es litigioso y será la vía judicial quién dirá de quién son”.

El presidente de Aramón, Francisco Bono, anunció ayer que la empresa mixta participada al 50% por la DGA e Ibercaja «se replanteará» seguir adelante con su plan de inversiones en el Valle del Benasque si el Ayuntamiento de este municipio «no reconsidera» el acuerdo tomado en el pleno del pasado jueves de declarar litigiosa la reparcelación de los terrenos incluidos en la ampliación de Cerler.

El grupo aragonés de la nieve ha visto cómo esa decisión ha obstaculizado muy seriamente la venta de unas 18 hectáreas de suelo urbanizable por las que esperaba ingresar varias decenas de millones de euros. Por eso su presidente pidió a la Corporación que salga de las elecciones locales de mañana domingo un cambio de actitud.

«Dada la pequeña significación del acuerdo, que fue aprobado con solo dos votos a favor de nueve posibles, esperamos que el nuevo equipo de gobierno reconsidere esto -declaró Bono a este periódico-. A lo mejor la decisión tiene valor reglamentario, pero creemos que no es correcta ni ética ni políticamente».

Además, el máximo responsable de Aramón adelantó que el consejo de administración de la sociedad estudiará emprender «medidas legales de todo tipo» para defender sus intereses, incluida la reclamación de responsabilidad patrimonial a los tres ediles que votaron el acuerdo. Hace unas semanas la empresa ya envió una carta al alcalde de Benasque, José Ignacio Abadías (PAR), y a todos los concejales en la que se les informaba de posibles medidas como la reclamación de responsabilidad patrimonial si la reparcelación de los terrenos de Cerler seguía demorándose.

Al igual que hicieron el día anterior sus servicios jurídicos, Bono se mostró «muy sorprendido» por la decisión del alcalde de declarar litigiosa la reparcelación en contra de los informes de sus técnicos municipales. «Si esos informes hubieran dicho que sí aún podría entender la decisión que ha tomado el Ayuntamiento, pero diciendo lo que dicen…», destacó el presidente de Aramón.

El acuerdo que ha bloqueado la única operación urbanística por la que el grupo aragonés de la nieve podía obtener ingresos a corto plazo -120 millones, según la propia empresa- se tomó en un pleno celebrado tres días antes de las elecciones y al que solo asistieron cinco de los nueve concejales de la Corporación -faltaron los dos del PSOE, uno del PAR y otro del PP-. Como dos de ellos estaban directamente implicados en la demanda judicial que ha originado la declaración de litigiosidad -un popular y un regionalista-, en la votación solo estuvieron presentes tres personas: el alcalde, otra concejal de su grupo y un edil del PP que se abstuvo.

De hecho, ese representante del Partido Popular también tenía intención de ausentarse de la decisión, pero el primer edil benasqués le convenció de que no lo hiciera. De no haber sido así, la votación no hubiera podido celebrarse por falta de concejales.

Fuentes del PP confirmaron a este periódico que los ediles populares tenían instrucciones de no acudir al pleno. Lo mismo sucedía con los dos concejales del PSOE, que no fueron. «Nos parece que el equipo de gobierno debía haber hecho caso a los informes de los técnicos municipales», explicó ayer la edil socialista Natalia Aventín en referencia a a la decisión del alcalde de pedir otro informe a un despacho de abogados de Madrid.

Ese segundo estudio, a diferencia de los redactados por el Consistorio, estima que sí hay que declarar litigiosos los terrenos, y es el que utilizó el equipo de gobierno del PAR para justificar su decisión del jueves.

Por su parte, el edil del PP que se abstuvo en la votación, Luis Blanco, opinó que tres días antes de las elecciones no debería haberse decidido sobre el asunto. «Así se lo dije al alcalde, y le pedí que lo retirara», aseguró. Blanco quien no quiso aclarar qué le dijo Abadías para convencerle de que no se ausentara de la votación, y además sostuvo que él también habría pedido un informe complementario al de los técnicos municipales. «Había cosas que no se entendían», dijo.

El acuerdo de declarar litigiosa la reparcelación de la ampliación de Cerler tiene su origen en la demanda judicial presentada contra Aramón por los antiguos dueños de esos suelos. Los ex propietarios reclaman a la empresa que les devuelva unas 32 hectáreas o que en su defecto pague el valor económico actual de los terrenos -según calculan, 85 millones-. Francisco Bono quiso aclarar ayer que respeta esa iniciativa y que las medidas que tome el «holding» de la nieve contra el Ayuntamiento son independientes.

El Ayuntamiento de Benasque, gobernado por José Ignacio Abadías (PAR), tomó ayer una decisión que obstaculiza muy seriamente las operaciones urbanísticas por las que la empresa mixta Aramón espera ingresar varias decenas de millones de euros gracias a la venta de los terrenos urbanizables que posee en Cerler. El pleno del Consistorio declaró litigiosa la reparcelación de parte de esos suelos, lo que hace prácticamente imposible que entren en una compraventa.

El acuerdo se tomó a tres días de las elecciones, en contra del criterio expresado por los técnicos municipales y con solo dos votos a favor de nueve posibles. Al pleno no asistieron los dos concejales del PSOE, uno de los tres del PP y uno de los cuatro del PAR, por lo que la sesión empezó con cinco ediles. Además, un representante popular y otro del equipo de gobierno tuvieron que ausentarse al estar implicados en el conflicto judicial que ha provocado la declaración de litigiosidad, por lo que solo votaron el alcalde, otra edil del PAR y un concejal del PP que se abstuvo.

El bloqueo de los planes urbanísticos de Aramón, que considera nulo el acuerdo de ayer, tiene su origen en la demanda planteada contra la empresa por los antiguos dueños de los suelos de la urbanización de Cerler.

Como ya publicó este periódico, los ex propietarios exigen al holding de la nieve aragonesa que les devuelva unas 32 hectáreas de terreno o que en su defecto pague su valor económico actual -según ellos, unos 85 millones de euros-. Esa cantidad se sumaría a la que Montañas de Aragón dejaría de ingresar por no poder vender los suelos -la propia empresa calcula que unos 120 millones-.

La demanda fue presentada en el Juzgado de Boltaña, y considera que los contratos firmados hace tres décadas entre la promotora de la estación de esquí y los dueños originales del terreno se han resuelto por incumplimiento. Los propietarios recuerdan que esos acuerdos establecían que la empresa responsable del centro invernal entregaría a cada uno de ellos un 6,6% de los suelos que aportaron, pero ya recalificados y urbanizados, algo que 30 años después aún no ha sucedido.

El conflicto deberá resolverlo la Justicia, pero además tiene importantes repercusiones en la tramitación administrativa de la expansión de Cerler. En mayo del año pasado, los antiguos propietarios de las parcelas solicitaron al Ayuntamiento de Benasque que declarase litigiosos los proyectos de reparcelación de las 38 hectáreas incluidas en la ampliación de la urbanización.
Contra los técnicos municipales

Entonces, el Consistorio benasqués rechazó esa petición tras alegar los técnicos municipales que no había motivos. Sin embargo, en enero de este año los abogados de los demandantes volvieron a insistir en la declaración de litigiosidad.

Para entonces, los proyectos de reparcelación estaban aprobados definitivamente, pero los letrados se agarraron a una operación jurídica complementaria que se hizo para subsanar algunos errores. Una vez más, los técnicos del Ayuntamiento volvieron a considerar que la petición de los antiguos propietarios no era procedente, aunque para entonces sí se había presentado la demanda. Sin embargo, el equipo de gobierno, encabezado por Abadías, decidió pedir otro informe a un bufete de abogados de Madrid.

Ese despacho externo sí considera que el Consistorio de Benasque debería haber declarado litigiosos los proyectos de reparcelación, y su informe fue remitido al resto de grupos políticos para que tomaran una decisión.

El pleno de ayer y los movimientos de las horas previas evidencian que el acuerdo final se ha tomado en un clima de grandes presiones y división interna de los partidos con representación en el Ayuntamiento. Ahora, cualquier inscripción registral de las parcelas afectadas por la declaración de litigiosidad estará condicionada por la advertencia de que esos terrenos están a expensas de que se resuelva una demanda judicial.

Esta situación bloquea la única fuente de ingresos a corto plazo del grupo Aramón, pero la empresa mixta participada al 50% por la DGA e Ibercaja no es la única perjudicada. Los terrenos previstos para la ampliación de Cerler también son de otros pequeños promotores. De hecho, aunque el acuerdo de ayer afecta a sólo una parte de las 38 hectáreas, aún está pendiente la decisión sobre el resto -18 hectáreas que, aunque en teoría son de Aramón, están condicionadas por permutas-.

La Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón hace un primer balance muy positivo de la campaña Diálogo por las Montañas. Esta campaña busca recoger peticiones personales en apoyo a la solicitud ante la Comisión de Peticiones de las Cortes de Aragón de que recuperen el texto por una Ley de la Montaña avalado por decenas de miles de aragoneses mediante una ILP (Iniciativa Legislativa Popular). Recordamos que dicha ILP fue apoyada masivamente por los aragoneses superando con creces los requisitos que marca la ley, pero no fue tomada en consideración ni debatida por el Gobierno de Aragón, hecho de una gravedad extrema y sin precedentes en la historia de la democracia española.

Diálogo por las Montañas consiste exactamente en la recogida de peticiones personales en apoyo a dicha solicitud. Esas peticiones se recogen mediante unos blocs con 50 peticiones, en copias por triplicado: una para el solicitante, otra para la plataforma y la tercera para las Cortes propiamente.

La campaña Diálogo por las Montañas tuvo su punto de arranque el pasado 18 de marzo en Espelunciecha-Portalet, coincidiendo con la IV Concentración de Espelunciecha. En estos dos meses se ha conseguido crear una red de voluntarios encargados de la recogida por todo Aragón mayor incluso de lo esperado: si las estimaciones eran de 200 voluntarios (ver nota de prensa del 26 de marzo) en estos momentos se han superado ya los 250 voluntarios.

Preparándose para las Cortes
Esos más de 250 voluntarios han hecho llegar ya a la central de la Plataforma blocs completos (cada uno con 50 peticiones) con más de 5.000 peticiones y se estima que se llevarán recogidas unas 10.000 peticiones personales.

Esta campaña está siendo muy bien acogida por los aragoneses, como continuación de la ya realizada con la ILP y, aunque la recogida de peticiones es más laboriosa y compleja (bloc voluminoso, copias por triplicado, cada persona realiza una petición y no simplemente una firma…) la campaña está resultando ejemplar y elogiada por su seriedad (los firmantes alaban el formato y el detalle de que puedan tener una copia resguardo de la petición que han realizado).

La idea es aprovechar junio para la devolución del mayor número de blocs y la realización de actos, haciendo un segundo balance antes de entrar en el verano y comenzar a preparar ya el mejor momento para llevar todas estas peticiones a las Cortes. Las estimaciones son que se lleven en el otoño del 2007, una vez constituidas las nuevas Cortes aragonesas, de modo que la Ley de la Montaña pueda ser resucitada y aprobada.

Los propietarios de las bodegas Vega Sicilia, entre otros, andan escandalizados porque una autovía cruzará por entre sus prestigiosos viñedos. Se habla de la «pérdida irreparable» de 60 hectáreas (más o menos 60 campos de fútbol) de «incalculable valor», y los bodegueros se han opuesto con todas sus armas, argumentando razones no sólo económicas, sino también ambientales.

Muchos, incluso los que nunca tendremos demasiadas oportunidades de paladear esos caldos, preferimos los viñedos en su estado actual, con una carretera convencional en la que disfrutar del paisaje de la Ribera del Duero, a una autovía.

Pero, pásmense. Resulta que los propietarios de Vega Sicilia han hecho una apuesta firme por la construcción de una estación de esquí en San Glorio, en el corazón de la cordillera Cantábrica, siendo, junto con la empresa Tres Provincias, SA, los principales promotores del proyecto. Un proyecto de casi 2.000 hectáreas (más o menos 2.000 campos de fútbol), con 50 kilómetros de pistas, 21 remontes mecánicos con capacidad para 30.000 personas por hora, varios hoteles y otros equipamientos de urbanización y ocio instalados en valles subalpinos, éstos también de incalculable valor, que son refugio de alguna de nuestra fauna y vegetación más amenazada.

El proyecto, que cuenta con el respaldo del Gobierno de Castilla y León, ha sido rechazado de plano por todos los grupos conservacionistas, por muchos profesores y científicos de todas las universidades españolas, por organismos internacionales, por el Ministerio de Medio Ambiente…

Los osos, los urogallos o el paisaje no se embotellan ni se pueden vender, pero eso no les resta una pizca de valor, que lo tienen y mucho, bastante más que cualquier añada de vino. Por eso de vez en cuando a uno le entran ganas de gritar pidiendo un poco más de coherencia y un poco menos de indecencia. O lo que es lo mismo, protestar airadamente por el consejo del sumiller: el maridaje de este Vega Sicilia con la estación de esquí de San Glorio es repugnante.

La fascinación que nos provocan las cimas del Himalaya entremezcla el asombro por tanta belleza con un temor ancestral que sólo pueden suscitar en el ser humano las más grandes creaciones de la Naturaleza. Ante ellas recuperamos nuestra verdadera estatura, somos conscientes de nuestra infinita fragilidad, a pesar de la tecnología, incólume al paso de los siglos. Y quizá por esto mismo, quienes se atreven a desafiar sus peligros y buscar su cima son tenidos por seres singulares. Conocía a los dos y creo poder afirmar que Santiago Sagaste y Ricardo Valencia lo eran. El alud que los ha sepultado fatalmente el pasado domingo en las laderas del Dhaulagiri ha cercenado una brillante trayectoria como alpinistas pero, más importante, a sus familiares y amigos nos ha dejado la terrible amargura y la insoportable desazón, sembrada de dolorosas preguntas sin respuesta, que siempre causa un accidente en montaña. Precisamente, hace unas pocas semanas, coincidíamos en Portalet en un acto en defensa del valle de Espelunciecha, en el que Santiago fue el encargado de leer un texto de nuestro común amigo el geógrafo Eduardo Martínez de Pisón. Me sorprendió la valentía desplegada por este alpinista de élite de Aragón, que diese la cara justo cuando hacía falta, para defender las montañas de su tierra, habida cuenta que ni siquiera la federación aragonesa fue capaz de hacerlo. Enfrentarse a los poderosos, ir contracorriente, necesita de tanta honradez como coraje. Era también, uno de esos pasos inevitables que teníamos que dar todos los que amamos de verdad las montañas y el medio ambiente. En la comida estuvimos charlando de lo cerca que ibamos a estar, su grupo en el Dhaulagiri y el nuestro en el Annapurna, separados tan sólo por el valle del Kali Gandaki. Poco días después, Santiago y Ricardo, como tantos otros amantes del Himalaya, partían para seguir con la vida que habían elegido. Ambos podían ser considerados montañeros tradicionales, de los que valoraban tanto el éxito como la forma limpia y esforzada de conseguirlo. Con Ricardo compartimos la cima del Nanga Parbat. Ambos eran gente alegre y llana con la que da gusta compartir campo base, charla y esas esperas forzadas que son la clave de estas montañas. El campo donde les atrapó el alud es uno de esos pasos inevitables en montaña, camino de la cima, aunque todos los que conocemos y hemos intentado esa montaña, somos conscientes de los peligros que encierra. De hecho, tuvimos un serio aviso en 1998 en este mismo campo cuando un alud enterró nuestras tiendas y tuvimos que trabajar duro para rescatar las cámaras. Días más tarde moriría en ese mismo campamento la excelente alpinista francesa Chantal Maudit y su serpa. Hay pues que fiarlo todo al conocimiento, a la prudencia y a la suerte, siempre tan decisiva en la aventura… y en la vida. Son nuestra sucesión de pasos inevitables.

Una telecabina de 1.230 metros de largo, que alcanzará una altura de 50 metros sobre el Ebro, trasladará a miles de visitantes hasta al recinto de la Expo Internacional de Zaragoza del 2008 desde la estación intermodal de Delicias, a la que llegan los trenes del AVE y las líneas de autobuses. La telecabina, que unirá la estación con la base de la Torre del Agua, un edificio expositivo de 73 metros, el de mayor altura de la muestra, nace con vocación de permanencia en la ciudad, lo que se conseguirá con una afluencia de 850.000 visitantes al año.

La instalación se postula como una magnífica atalaya desde la que contemplar el río y los edificios más emblemáticos de la Expo, como el Pabellón Puente, que ha diseñado la arquitecta Zaha Haddid, y el del Tercer Milenio, entre otros de los monumentos más destacados de la ciudad. El proyecto, que supone una inversión cercana a los once millones de euros, fue presentado hoy por el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, y el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, junto a Francisco Bono, presidente de Montañas de Aragón (ARAMON), que ha creado una UTE con Telecabinas Leitner para hacerse cargo del proyecto con una concesión de veinticinco años.

La telecabina, un medio de transporte, dijeron sus promotores, «moderno, seguro y rápido», tendrá una velocidad de seis metros por segundo (el trayecto se completará en unos cinco minutos) y una capacidad para trasladar a 2.600 personas por hora. Las cabinas, cincuenta en total, han sido diseñadas por la empresa italiana Pininfarina, especializada en diseños para el mundo del automóvil, y cada una de ellas puede trasladar a ocho personas.

Ocho pilonas de compresión y dos en los extremos, que son una especie de trípode que permite que la zona de paso sobre el Ebro sea la más alta, forman la estructura constructiva de la instalación, además del edificio de llegada, dentro de la Expo, un espacio expositivo sobre el Mundo del Hielo y la Montaña diseñado por el afamado montañero Rainhold Messner.

El alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, insistió en que el proyecto de telecabina (cuyo precio será de 9 euros ida y vuelta) responde a la necesidad de que a la Expo se pueda llegar «por tierra, mar y aire».

EL PERIODICO DE ARAGON
Cientos de personas protestaron ayer contra la especulación urbanística en Aragón, los «ladrillos invasores» que duplican la población de la noche a la mañana en pequeños pueblos del Pirineo, y el precio de la vivienda libre. Ya no solo en Zaragoza capital, sino también en el resto de municipios rurales de la comunidad autónoma.

Alrededor de medio centenar de colectivos ecologistas y ciudadanos convocaron una manifestación que discurrió entre la glorieta de Sasera y la plaza de España, atravesando el paseo de la Independencia. Numerosos asistentes recorrieron el camino bailando al ritmo de canciones modernas a las que se le había adaptado la letra para denunciar los problemas de acceso a la vivienda y los daños medioambientales que está provocando la construcción masiva en zonas como el Pirineo.

La Asamblea por una Vivienda Digna, la Plataforma en Defensa de las Montañas, Greenpeace, Ecologistas en Acción, el colectivo Aragón no se Vende e incluso la Plataforma en Defensa de los Derechos del Mercado (los vendedores del Rastro del Príncipe Felipe) asistieron a la cita, entre otros muchos colectivos sociales. También estuvieron representantes políticos de Izquierda Unida y una larga lista de representantes de Chunta Aragonesista apoyando la causa. Entre los asistentes a nivel particular hubo también gente de todas las edades.

Los participantes no se limitaron a denunciar y pedir cuentas al Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza. Muchos de ellos exponían en pequeños grupos las medidas necesarias para acabar con la expansión urbanística (para ellos «totalmente descontrolada») del Pirineo y los precios «abusivos» de las viviendas libres en las capitales de provincia y comarca.

«La vivienda protegida es una buena fórmula, pero no solo en Zaragoza. También en municipios como, por ejemplo, Mequinenza, de donde venimos nosotros. Aunque lo primordial es crear una ley que limite el precio del suelo para evitar que los constructores puedan abusar», argumentó Carlos Fornos, un joven de 24 años que participó ayer en la manifestación.

Otro punto en el que incidieron algunos asistentes fue en la reducción de las viviendas vacías en los cascos urbanos a través de medidas fiscales que graven la no ocupación y de promoción de la política de alquiler de pisos desde la Administración.

HERALDO DE ARAGON
Cientos de personas se manifiestan contra la especulación urbanística en Aragón
La protesta, promovida en Aragón por medio centenar de organizaciones ecologistas, ciudadanas y sindicales, también se celebró en Madrid, Almería, Huelva y Murcia.

Cientos de personas se manifestaron en el centro de Zaragoza en contra de la especulación urbanística y en defensa del patrimonio cultural y natural de Aragón. La protesta, promovida en Aragón por medio centenar de organizaciones ecologistas, ciudadanas y sindicales, también se celebró en Madrid, Almería, Huelva y Murcia, y se convocará próximamente en otras ciudades españolas, explicó el portavoz de la Plataforma en Defensa de las Montañas, Paco Iturbe.

En Zaragoza, la marcha discurrió entre la Glorieta de Sasera y la Plaza de España, donde se procedió a leer un manifiesto.
Un toque de atención

Según el mismo, la protesta pretende ser un «toque de atención a la clase política» ante la próxima celebración de las elecciones municipales y autonómicas del 27 de mayo.

El objetivo, según dijo Iturbe, es sensibilizar a la sociedad de que Aragón, y el resto de España, «no es un solar en venta, sino un territorio de alto valor».

La plataforma «Aragón no se vende», similar a las creadas en otras regiones de España, exige un «compromiso firme» de los partidos políticos «contra la especulación urbanística y a favor de un Aragón con futuro, en el que merezca la pena vivir: hermoso, saludable, amable».

El manifiesto hizo hincapié en el hecho de que «nunca en la historia se realizó una ocupación del suelo tan extrema como la actual, y nunca haciendo tanto daño», tanto por el crecimiento «ilimitado de la ciudad», que se extiende como una «mancha de aceite», como por la «destrucción de santuarios naturales de incalculable valor».

Los principios fundamentales de esta organización son la protección del territorio, sus ríos y sus recursos; la defensa del acceso a una vivienda digna, en una ciudad humana y habitable, así como la defensa de la montaña aragonesa y del patrimonio cultural de la región.

La manifestación, que discurrió bajo el lema «En defensa del territorio y contra la especulación urbanística», estuvo animada por música, tambores, cencerros y maracas, e incluso una gaita, y contó con la participación de varias personas ataviadas con disfraces de colores llamativos.

Además de numerosas banderas autonómicas, los manifestantes portaron varias pancartas de grandes dimensiones donde se podían leer mensajes, como «Menos corrupción; más respeto»; «Formigal STOP Obras», y «Alerta ladrillos invasores».

A la marcha también acudieron decenas de miembros de la «Plataforma por los derechos del Mercado de Zaragoza», al considerar que también son «víctimas de la especulación urbanística».

La protesta fue convocada por las siguientes organizaciones: Aragón No Se Vende, Asociaciones Vecinales de Delicias, La Magdalena, La Paz, San José, Venecia, Lanuza-Casco Viejo; Asociación V.Pirineo Central, Amigos de la Tierra, ANSAR, APUDEPA, Asamblea por la Vivienda Digna, Barrio Verde, Clubes de montaña Albada, Castiliscar, Montañeros en Acción y Venecia; C.S.O. Rasmia, CCOO Aragón, CGT Aragón, Ebro Vivo, Ecologistas en Acción, El Cantero, Eq.Triacanthos, FABZ, Foro Ciudad y Ciudadanía, Fund.Quebrantahuesos, Greenpeace, La Katxarraka, Locos por Cerler, Mountain W-AGG, Pedalea, Pirineo Vivo, Plataforma en defensa de las montañas, Rebel, Red Aragonesa de la Tierra, SEO, Towanda, Unibersida, y Chunta Aragonesista.

DIARIO DEL ALTOARAGON
MANIFESTACIÓN CONTRA LA ESPECULACIÓN URBANÍSTICA
Cientos de personas critican en Zaragoza la especulación urbanística en la Comunidad
“Es un toque de atención a la clase política”

Cientos de personas se manifestaron ayer en el centro de Zaragoza en contra de la especulación urbanística y en defensa del patrimonio cultural y natural de Aragón. La protesta, promovida en Aragón por medio centenar de organizaciones ecologistas, ciudadanas y sindicales, también se celebró en el día de ayer en Madrid, Almería, Huelva y Murcia, y se convocará próximamente en otras ciudades españolas, según explicó el portavoz de la Plataforma en Defensa de las Montañas, Paco Iturbe.

ZARAGOZA.- En Zaragoza, la marcha discurrió entre la Glorieta de Sasera y la Plaza de España, donde se procedió a leer un manifiesto. Según el mismo, la protesta pretende ser un “toque de atención a la clase política” ante la próxima celebración de las elecciones municipales y autonómicas del 27 de mayo. El objetivo, según dijo Iturbe a Efe, es sensibilizar a la sociedad de que Aragón, y el resto de España, “no es un solar en venta, sino un territorio de alto valor”.

La plataforma “Aragón no se vende”, similar a las creadas en otras regiones de España, exige un “compromiso firme” de los partidos políticos “contra la especulación urbanística y a favor de un Aragón con futuro, en el que merezca la pena vivir: hermoso, saludable, amable”.

ARAGÓN DIGITAL
Cientos de aragoneses exigen en Zaragoza que «no se venda Aragón»

“En defensa del territorio y contra la especulación urbanística” es el lema bajo el que se han manifestado este sábado en Zaragoza cientos de personas. Más de cincuenta asociaciones han convocado una marcha que ha querido llamar la atención de los políticos para que no vean Aragón como un solar en venta sino como un territorio para vivir.

La manifestación ha tenido numerosas pancartas que han recorrido el paseo zaragozano
Zaragoza.- “Los políticos ven Aragón como un solar en venta y no como un territorio para vivir y del que sentirse orgulloso, y Aragón no se vende”. Así de contundente se mostraba este sábado Paco Iturbe, uno de los miembros de la Plataforma en Defensa de las Montañas y del movimiento “Aragón no se vende”, que encabeza la manifestación que ha recorrido el paseo de la Independencia de Zaragoza para exigir a los políticos la defensa del territorio y que actúen en contra de la especulación urbanística. “Verlo así -continuaba Iturbe- produce especulación y un desarrollo insostenible e injusto. ¿Qué ocurrirá cuando se acabe ese solar en venta?”

Cientos de ciudadanos han acudido a la llamada de una manifestación, enmarcada en una convocatoria estatal que se ha realizado en las principales capitales de España, que ha pretendido ser un toque de atención a la clase política para que asuma cambios estructurales en las líneas de gestión de los gobiernos locales y sobre todo del autonómico y central. “Queremos un compromiso firme contra la especulación urbanística y a favor de un Aragón con futuro”, han señalado miembros del movimiento “Aragón no se vende” (www.aragonnosevende.org), quienes no dejaban de repetir que “todavía se está a tiempo de cambiar, siempre y cuando reconozcan el problema. Tenemos la esperanza de que gane quien gane las próximas elecciones reconozcan el problema y se pongan manos a la obra para solucionarlo”.

“Tenemos la obligación de legar un mundo donde sea posible vivir, pero también donde merezca la pena vivir: hermoso, saludable, amable. Es lo que todos los seres humanos hemos conocido hasta ahora. Las generaciones futuras tienen derecho a lo mismo”. Con estas palabras terminaba el texto que se ha leído al término de la manifestación, que ha agrupado a cientos de personas bajo diferentes pancartas. Más de cincuenta colectivos han exigido “la protección del territorio, sus ríos y sus recursos; el acceso a una vivienda digna en una ciudad humana y habitable; la defensa de la montaña aragonesa y de sus gentes; y la conservación de nuestro patrimonio cultural”.

Además de “Aragón no se vende” han respaldado la convocatoria asociaciones vecinales de Delicias, La Magdalena, La Paz, San José, Venecia y Lanuza-Casco Viejo; la Asociación V. Pirineo Central; Amigos de la Tierra; ANSAR; Apudepa; Asamblea por la Vivienda Digna; Barrio Verde; los clubes de montaña Albada, Castiliscar, Montañeros en Acción y Venecia; C.O. Rasmia; CCOO Aragón; CGT Aragón; Ebro Vivo; Ecologistas en Acción; El Cantero; Equipo Triacanthos; FABZ; Foro Ciudad y Ciudadanía; Fundación Quebrantahuesos; Greenpeace; La Katxarraka; Locos por Cerler; Mountain W-AGG; Pedalea; Pirineo Vivo; Plataforma en defensa de las montañas; Rebel; Red Aragonesa de la Tierra; SEO; Towanda; y Unibersidá Coleutibo Aragonesista. Y de forma anónima se han unido a la marcha representantes de Chunta Aragonesista y de Izquierda Unida Aragón.

Billetes de 500 euros

Tantas asociaciones ha provocado que la manifestación contara con numerosas pancartas, encabezadas por un simpático grupo de ciudadanos trajeados (pertenecientes a la Plataforma en Defensa de las Montañas) que repartían billetes con una llamada de atención en el reverso: “Esto es un billete de 500 euros. Usted nunca ha tenido uno en la mano, pero España está inundada de ellos. Con estos billetes intentan inundar el Pirineo y las sierras de Teruel de apartamentos. Si no tiene estos billetes, usted no tendrá derecho a una vivienda digna”. También ha podido verse una caricatura de la mascota de Expo 2008 y a un numeroso colectivo de vendedores del Rastro de Zaragoza portando una pancarta que rezaba: “Los vendedores ambulantes también somos víctimas de la especulación urbanística”.

Además de lograr que la clase política reconozca el problema, Iturbe ha subrayado la necesidad de que se cambien algunas leyes estatales para poder frenar la especulación. “Se está a tiempo de cambiar muchas cosas porque estamos entrando en un modelo y podemos cambiarlo. Ya se han perdido muchas cosas por el camino, pero al menos que no sea en balde y el resto del territorio pueda seguir vivo”, ha señalado Iturbe, quien ha insistido en que “los viejos instrumentos de defensa son claramente insuficientemente porque nos está llegando el modelo de desarrollo de las costas y hay que crear instrumentos nuevos. Tanto la ley de la montaña como la ley del suelo son mejorables”.

Aragón sufre ya las secuelas de la especulación urbanística, según denuncian los convocantes. “Zaragoza se extiende como una mancha de aceite dispuesta a ocupar todo el valle del Ebro; el Pirineo encaja como puede la multitud de agresiones humanas; las sierras de Teruel, una vez despobladas, son coto exclusivo de megaproyectos urbanísticos…”, han leído en el comunicado. Y han continuado: “Y, en medio de esta fiebre urbanística, cada vez más personas no pueden acceder a una vivienda. ¿Paradoja? Más bien consecuencia del sistema económico en el que vivimos, que genera una exclusión estructural como parte de su funcionamiento”.

“Aragón no se vende” ha explicado, además, que “la expansión ilimitada de Zaragoza nos esclaviza al coche, deshumaniza la ciudad y perjudica nuestra calidad de vida. También nuestra alta montaña sufre la invasión de las grandes urbanizaciones y la destrucción de santuarios naturales de incalculable valor”. Por otro lado, advierten también de que el crecimiento urbanístico obliga a “desplazarse continuamente de un lugar a otro, quemando en cada trayecto un cachito de nuestro mundo y contribuyendo a que el efecto invernadero cambie radicalmente el lugar en el que nacimos y lo vuelva agresivo para la vida”.

Para evitar ese crecimiento de la capital aragonesa, Iturbe recomienda evitar el “modelo expansionista con grandes urbanizaciones donde el coche es necesario para todo” y “apostar por una ciudad mediterránea y no dominada por el coche”.

Lo dijo Marcelino Iglesias en las vísperas de la festividad de San Jorge. Una de las prioridades del PSOE de cara a la próxima legislatura será sacar adelante la Ley de Lenguas y la Ley de la Montaña. Después de los antecedentes (hace 18 meses las Cortés de Aragón no quisieron tramitar una Iniciativa Legislativa Popular para la protección de las montañas que contaba con 30.000 firmas de apoyo) muchos de las personas vinculadas al montañismo acogieron las palabras de Iglesias con sorpresa.

«Que lo diga en estos momentos parece un recochineo, porque suena a campaña electoral, cuando esta ley lleva bastantes años en la agenda del Gobierno de Aragón y no han tenido ningún interés en sacarla adelante», afirma Fernando Lampre, vicepresidente de la Federación Aragonesa de Montañismo. Lampre lleva toda su vida practicando deporte en el monte. Este dirigente montañero y ecologista convencido explica que «una Ley de la Montaña es positiva y necesaria. Desde la FAM siempre la hemos anhelado».

Los ecologistas

Lampre tiene un acento crítico con el movimiento ecologista. «Le preocupa tan solo lo que pasa en tres valles y hay otros muchos problemas en otras zonas. Hay que tener una visión integral y contar con la opinión de los que viven allí», afirma Lampre.

Juan Carlos Cirera es un alpinista comprometido y responsable de la Sociedad Española de Ornitología en Aragón. «La Ley de la Montaña es un compromiso que ya tenía Iglesias en la legislatura pasada y no solo no lo impulsó, sino que lo paralizó. Si se lo plantea como un objetivo ahora, mejor que nada. A ver si esta vez es la de verdad. El apoyo de la gente de la montaña lo va a tener.

Cirera explica que fue «chocante que el PSOE y el PAR no quisieran debatir la ley». Esta actitud de las Cortés de Aragón al rechazar la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular para proteger las montañas ha sido «un revulsivo para el amplio movimiento de la defensa de las montañas que hay en Aragón», dice Cirera.

Los políticos son cada vez más sensibles ante las actuaciones negativas en el Pirineo. «Aramon impulsa un modelo de desarrollo nada compatible con el desarrollo sostenible. El Gobierno de Aragón de la mano de Ibercaja obtienen grandes ganancias en base a recalificaciones y desarrollos urbanísticos. Eso es un estímulo bestial para que otros promotores sigan esta línea de trabajo», explica Cirera.

Para este montañero, las prioridades de esta ley son claras. «Hay que garantizar un desarrollo social y económico compatible con la conservación del patrimonio ambiental de las montañas. Es importante que los montañeses vivan de las actividades tradicionales sin renunciar al desarrollo del turismo, pero sin amenazar su riqueza biológica, etnográfica y cultural».

El himalayista Carlos Pauner afirma que es muy necesaria una Ley de la Montaña. «Se debería contemplar el punto de vista de los usuarios de la montaña, de los montañeros y de los montañeses. El objetivo fundamental es que el urbanismo incontrolado no tenga lugar y que se controlen las ampliaciones de las pistas de esquí. Gran parte de la imagen de Aragón se debe a sus montañas», afirma el himalayista.

Paco Iturbe es uno de los miembros de la Plataforma de la Defensa de las Montañas. «El nuevo impulso que promete Marcelino Iglesias suena a cachondeo. Lo hace para ganar votos, pero su credibilidad es escasa». El objetivo de la ley es doble. «Por un lado, la protección del paisaje de alta montaña y la potenciación y el desarrollo sostenible de la estructura socioeconómica de los montañeses».

Ramón Tejedor

Ramón Tejedor es presidente de Montañeros de Aragón y parlamentario de las Cortes de Aragón. Su opinión es altamente valiosa. «Al final de la primera legislatura que presidió Iglesias hubo un proyecto de ley que envió el Gobierno de Aragón sobre Ordenación, Protección y Desarrollo del Pirineo. Esa ley no se pudo aprobar porque el gobierno no tenía suficiente mayoría parlamentaria».

Tejedor cree que la situación puede ser propicia de cara al futuro teniendo en cuenta los posibles pactos entre los partidos. «Dependiendo del resultado electoral, parece lógico que si Marcelino Iglesias sigue siendo el presidente del gobierno se vuelva plantear una norma de carácter legal que aborde la ordenación y protección de toda la montaña aragonesa».

Para Tejedor, es prioritario que se busquen fórmulas para que los montañeses se queden a vivir en sus montañas. «E incluso lleguen nuevos pobladores. Hay que garantizar la calidad de los servicios públicos, hacer una puesta por la red de banda ancha en todas las zonas de montaña y fomentar la aparición de actividades económicas respetuosas con el medio ambiente», explica Tejedor.

Según explicó ayer en rueda de prensa Paco Iturbe, representante de la Plataforma en Defensa de las Montañas, la concentración está encabezada por la coordinadora “Aragón no se vende”, grupo que se formó hace unos meses y que aglutina a un espectro social muy amplio, desde agrupaciones vecinales a movimientos ecologistas o por una vivienda digna.

Con este acto, encuadrado en una convocatoria estatal con manifestaciones por toda España, lo que buscan es “defender el territorio contra la especulación”, por lo que unas cincuenta asociaciones y grupos de diferente tipo se han unido para protestar.

Luis Clarimont, representante de CC.OO., señaló que quieren denunciar la destrucción de “gran parte del territorio con el modelo constructivo actual”, que genera “impactos ambientales y sociales graves”.

No entendemos como sostenible el desarrollo urbanístico que se está produciendo en esta comunidad. Con viviendas alejadas de los núcleos de población que obligan al uso del vehículo particular y que se levantan como una telaraña junto a centros comerciales, y con un modelo basado en el ladrillo alrededor de la montaña. Porque Aragón sufre ya las secuelas de la especulación urbanística, y nunca fuimos tan esclavos del precio de nuestros pisos. La construcción se ha convertido en el refugio del capital más especulativo y del empleo más precario», lamentan Isabel Muñoz y Maribel Martínez.

Ambas pertenecen a la coordinadora Aragón no se Vende, que ha convocado para este sábado una manifestación (a las 20.00 horas en la glorieta Sasera) en defensa del patrimonio y contra la especulación. La iniciativa se encuadra dentro de una protesta nacional que ese mismo día saldrá a la calle en diferentes capitales españolas.

«La nueva plataforma la formamos gentes muy variadas, que trabajamos codo con codo por un futuro mejor», afirman. Y claro ejemplo de ello son ellas mismas. Isabel tiene 27 años y estudia y trabaja al mismo tiempo. Mientras que Maribel, una funcionaria de 53 años, lleva tras de sí una larga trayectoria de lucha ecologista. El problema de la vivienda y el respeto por el Medio Ambiente les ha unido.

Aragón no se Vende lo forman cerca de medio centenar de colectivos vecinales y ciudadanos, sindicatos, ecologistas. Tales como la Asociación de Vecinos de Delicias, San José, Venecia, Lanuza-Casco Viejo, La Madalena, La Paz y Pirineo Central. O, entre otros, la Asamblea por la Vivienda Digna, Pedalea, varios clubs de montaña, CCOO, CGT, Ebro Vivo, Fundación Quebrantahuesos, Towanda, Foro Ciudad y Ciudadanía.

«A Aragón le damos un suspenso en cuanto a ordenación del territorio. Los jóvenes no podemos comprarnos un piso por los altos precios, pero tampoco se potencia el alquiler ni se ofrecen más posibilidades para acceder a una vivienda nueva», argumenta Isabel.

«Después del trabajo que realizamos en la Plataforma en Defensa del Agua entendíamos que había que seguir trabajando y muchos nos adherimos a la Plataforma en Defensa de la Montaña. No como una defensa propiamente dicha del medio natural, sino en contra del modelo exclusivo de las estaciones de esquí como desarrollo. Un modelo que se ha demostrado no fija población ni proporciona riqueza a los municipios», asegura Maribel.

Ambas insisten en que el mensaje de la manifestación y el de la propia coordinadora es positivo. «Todos los días se van sumando nuevos colectivos. Por ello, quien quiera ponerse en contacto con nosotros, lo puede hacer en www.aragonnosevende.org, donde también se puede informar de nuestros objetivos», explican.

En cuanto a la manifestación del sábado, los organizadores avanzan que habrá bastante diversión. El grupo Los Blackis amenizará el acto y unas quince personas se encargarán de protagonizar los problemas y de repartir billetes de 500 euros y títulos de propiedad. «La protesta también quiere ser un toque de atención a los distintos partidos políticos para que los gobiernos locales y autonómicos asuman un cambio en la gestión urbanística. Queremos un compromiso firme contra la especulación y a favor de un Aragón saludable», reclaman.

Todo ello con la inestimable ayuda del partido del señor Iglesias, que defendió con mucho ahínco ante las Cortes de Aragón lo innecesaria que era su aprobación. Tampoco ayuda mucho su reconocimiento en declaraciones a los medios de que en esta legislatura no había podido aprobarse una Ley de las Montañas debido a los pactos electorales entre su partido y el PAR y las servidumbres que esto conlleva, conformándose con unas directrices que no satisfacen a nadie.

Ahora habría que preguntarle al señor Iglesias qué tipo de Ley es la que nos quiere colar. ¿Una en la que de una vez por todas se apruebe un texto que defienda las montañas, que prohíba construir a más de 1.500 metros, que no tenga como único fin la ampliación de más estaciones de esquí, que tenga en cuenta la amenaza del cambio climático y que consagre las montañas como lo que deberían de ser?

Es decir, santuarios en los que se proteja la vida animal y vegetal y no se rompa ese frágil equilibrio que en estos momentos, pese a las amenazas y destrozos del paisaje, aún existe. Por el contrario, lo que con creciente preocupación vemos los grupos ecologistas y todas aquellas personas preocupadas por nuestra naturaleza, el medio ambiente y el patrimonio, es el monocultivo de la nieve, las macrourbanizaciones, los campos de golf que siempre les acompañan, la creciente despoblación de estas zonas, la construcción masiva de segundas residencias que se ocupan unos pocos días al año, etcétera. ¡Para qué seguir!

Con declaraciones como éstas se demuestra claramente el poco peso específico del señor Iglesias y de su partido a la hora de tomar decisiones sobre leyes que afectan al medio ambiente. Sería bueno recordar todo esto ahora que a nuestros políticos les ha entrado la prisa ante las elecciones: todo son promesas que suenan a palabrería hueca y que para la mayoría de los partidos van a ser de muy difícil cumplimiento.

Los municipios en los que está previsto el desarrollo de planes urbanísticos asociados a la gestión de las estaciones de esquí, y otros cercanos, han registrado un incremento de las candidaturas para las elecciones del 27 de mayo.

La situación es especialmente notoria en Teruel. En Gúdar, por ejemplo, a las candidaturas del PSOE, PAR y PP –los dos primeros mantienen a sus candidatos–, se añaden las nuevas de CHA e IU. Ocurre lo mismo en Valdelinares, donde los nacionalistas y la coalición de izquierdas entran en la pugna con los otros tres partidos, de los que únicamente los aragonesistas presentan al mismo cabeza de lista.

En Alcalá de la Selva se mantienen las mismas tres listas que compitieron hace tres años –PSOE, PP y PAR–, con continuidad en los alcaldables en los tres casos.

En Linares de Mora no ha habido variación cuantitativa en cuanto a candidaturas, aunque sí cualitativa. El PP gobernaba el consistorio con Ángel Gargallo como alcalde y otros dos concejales, mientras el PSOE estaba en la oposición con otros dos. Ninguna de estas formaciones pudo cerrar sus listas antes de que concluyera el primer plazo el pasado lunes. Ambos optaron por la misma estrategia: los conservadores presentaron una candidatura con un único integrante, en el puesto séptimo, y los socialistas otra con el primer reserva con el objetivo de cerrarlas durante el periodo de subsanación de errores. El PAR, que no obtuvo ningún edil en el 2003, sí presentó lista en plazo.

En Huesca también han aumentado las candidaturas en el municipio que proyecta el mayor desarrollo urbanístico del Pirineo: Montanuy. El PAR ha formalizado una candidatura que se unirá a las del PSOE, el PP y CHA. En esta legislatura, el ayuntamiento ha sido gobernado por los socialistas, con seis concejales, mientras el PP quedaba en la oposición con una edil. Los nacionalistas no obtuvieron representación.

El consistorio que salga del 27-M tendrá sobre la mesa la aprobación, pendiente del visto bueno de la DGA, de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), cuya elaboración ha sido financiada por Aramón, que contempla la construcción de 3.500 viviendas en un municipio de apenas 300 habitantes en el que también está proyectada la ubicación de una estación de esquí. El equipo de gobierno, encabezado por José María Agullana y Navidad Cereza –ambos repiten– optó por frenar la aprobación, hace mes y medio, ante la polémica que originó.

En Benasque, donde está sobre la mesa la ampliación de Cerler, volverán a competir PSOE, PP, PAR, CHA e IU; en Panticosa repiten socialistas y populares, y en Hoz de Jaca, municipio que puede verse afectado por la expansión del complejo invernal, los aragonesistas se caen de la pugna con las dos formaciones mayoritarias. Sallent cambiará de alcalde, ya que el socialista José Luis Sánchez intercambia el puesto con su lugarteniente en el 2003, Pascual Royo. No concurre la Agrupación Independiente Tensina.

Bono resume la estrategia de este año así: «Terminar lo iniciado». Filosofía que se va a aplicar especialmente en el caso de Cerler y en Formigal. También se va a trabajar en el resto de estaciones del grupo (Panticosa, Javalambre y Valdelinares) con el fin de mejorar la oferta de nieve.

Durante el verano el trabajo «no se ve» en las estaciones. Es una tarea silenciosa pero fundamental, en arreglo de maquinaria, restauración pistas y fijar nuevos trazados, en el capítulo de la seguridad,…

Las estaciones del Pirineo altoaragonés iban cerrando en días precedentes sus instalaciones. Candanchú este lunes, San Jorge. El balance: Temporada atípica con un inicio desastroso, si bien el final ha resultado más positivo (maquillando el mal comienzo).

El valle de Castanesa es un área ganadera situada a las puertas del Parque Natural Posets-Maladeta. Aún se conserva virgen y salvaje. Verde de pino y boj, música de buitre y quebrantahuesos. Por ahora. Hace ya algunos años se realizó un estudio socioeconómico que daba una serie de pautas para el desarrollo del valle, basado en la calidad de su paisaje como en una economía ganadera, que con pequeñas ayudas podría obtener muy buenos rendimientos. Aunque corría un rumor. El Ayuntamiento de Montanuy y Aramón ya pensaban en la implantación de pistas de esquí en la zona.

El Ayuntamiento de Montanuy desestimó -¿escondió?- el estudio, apostando por la masificación, las urbanizaciones y las inversiones públicas, contando, aseguraba el alcalde, con el apoyo de los vecinos para la ampliación de Cerler hacia el valle. En las poblaciones de Fonchanina, Castanesa, Ribera, Siscarri, Ardanuy, Ervera y Benifons, viven de forma estable durante todo el año unas 26 personas. La media de edad es de 55 años aproximadamente y la mayoría perciben algún tipo de pensión o prestación social. Consecuencia de la despoblación de los años sesenta y setenta, sus habitantes optaron, en su mayoría, por abandonar sus refugios oscenses y lanzarse a otra vida en Lérida, Barcelona… o a otras poblaciones Aragonesas como Pont de Suert, Vilaller y Boí, que sí apoyan el proyecto.

Cuál es la realidad. «El Ayuntamiento de Montanuy encargó al sociólogo David Varingo, en enero del 2001 un trabajo de 264 paginas que con el título ‘Estudio de potencialidades de desarrollo social y económico del municipio de Montanuy, horizonte año 2011´, desestimaba directamente la ampliación de las pistas de esquí. Por este motivo y al no obedecer a las expectativas e intereses del Consistorio, el contenido del estudio no fue desvelado a los propios vecinos.

Los vecinos de Castanesa no nos merecemos que el Ayuntamiento nos engañe haciéndonos creer que todas estas inversiones multimillonarias son para beneficio nuestro y evidentemente no queremos cargar con esa responsabilidad. La pretensión del Ayuntamiento de Montanuy es únicamente enriquecerse como entidad por los impuestos derivados de la actuaciones urbanísticas que se pretenden implantar en su municipio. Como vecino de Castanesa me creo con el derecho y la obligación de hacer notorio que la inversión prometida de 90 millones de euros no se justifica con el único objetivo de consolidar a los 26 vecinos de la cabecera del valle. Y lo que no puede decir el Ayuntamiento, es que los vecinos del valle ven con buenos ojos el proyecto porque evidentemente no es verdad».

La misiva la firmaba Manuel Badi Tolo, Presidente del grupo Naturaleza Rural – asociación de propietarios y vecinos del valle de Castanesa. Por no tratar de adivinar los motivos que llevan a este tipo de inversiones -tirándome al río sólo me vienen a la cabeza los intereses electorales-, simplemente es algo incendiario el hecho que los vecinos de la zona se sientas mentidos, estafados, olvidados… debido al propósito de construir una estación, que en el mejor de los casos y teniendo en cuenta el cambio climático -exista o no, el clima se está volviendo un poco loco- contará, probablemente, con una presencia estéril y sin nieve.

Arrasando valles, devorando montañas
El proyecto, según el estudio, arrasaría la configuración del valle, cuyo valor ecológico y paisajístico es de los más destacados de nuestros suelos, sin contar que su destacada actividad ganadera no tiene parangón en el pirineo aragonés. Por otro lado, en cuanto a Aramón, ¿es lícito un plan urbanístico municipal impulsado por el cesado Javier Blecua, actualmente imputado por corrupción urbanística en Huesca?.

Lo cierto es que la repercusión sobre el territorio será extremadamente agresiva, tanto por la presencia humana masiva como por la urbanidad, en una tierra que durante milenios ha sido silvestre y libre. El trasporte del agua para la fase de construcción hace necesario un sistema de zanjas profundas, en fuertes pendientes, para acabar en un gran depósito, necesario para el almacenamiento de miles de metros cúbicos de agua que será distribuida por los cañones de innivación artificial. Relieve, suelo, vegetación, fauna… ni voz ni voto. Y luego está el ruido de las bombas de impulsión, de las máquinas… El agua que se le quita a los ríos de los que siempre se surtieron fauna y flora, la artificialización de la zona… Ni caso. Así funciona el urbanismo, así funciona Aragón. Así se devoran montañas.

Los parques naturales están cercados por el ladrillo. Comunidades como Murcia, Baleares o Castilla y León han desprotegido por ley, sin justificación ni exposición pública, decenas de miles de hectáreas de espacios naturales para urbanizarlos. La nueva Ley de Suelo, gracias a una enmienda de última hora introducida ayer por el PSOE en el Senado, afirma que sólo se podrá urbanizar en aquellos espacios protegidos que hayan perdido sus valores naturales y para ello las autonomías tendrán que justificarlo «científicamente». Al texto se sumará la Ley de Patrimonio Natural que prepara el Ministerio de Medio Ambiente y que fija «la prevalencia de la protección ambiental sobre la ordenación territorial y urbanística».

En 2001, la Comunidad de Murcia tramitaba su Ley del Suelo sin sobresaltos. En el último momento, el PP introdujo una enmienda aparentemente técnica, pero de gran trascendencia. «Los límites de los Espacios Naturales Protegidos de Murcia se entenderán ajustados a los límites de los Lugares de Importancia Comunitaria», decía el texto. La norma, así, reducía los espacios protegidos de Murcia a los lugares protegidos por Bruselas, lo que en la práctica suponía desproteger 14.000 hectáreas, en gran parte de las cuales ya hay proyectos urbanísticos en marcha. Y lo hizo sólo con una frase en una ley y sin justificación. El PSOE llevó la ley al Constitucional, que aún no ha fallado, y los planes urbanísticos, como la urbanización para 60.000 personas en Marina de Cope, prosiguen.

En 2003, el Gobierno balear que preside el ex ministro de Medio Ambiente Jaume Matas copió el modelo. En dos disposiciones adicionales de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos -ni siquiera de la Ley del Suelo- desprotegió 22.000 hectáreas del Parc de Llevant y del de Cala d’Hort. Estos parques redujeron su superficie en más de un 90% y unas 20.000 hectáreas pasaron a ser urbanizables.

El ejemplo cundió. Castilla y León desprotegió en 2004 parte del pinar de Navas del Marqués (Ávila), una zona de área crítica para la cigüeña negra sin justificarlo, y hace un mes aprobó por ley en el último pleno de la legislatura, una urbanización en terreno protegido en Soria con el nombre de Ciudad del Medio Ambiente.

Para evitar trampas jurídicas como estas, el PSOE introdujo ayer una enmienda de última hora en el Senado a la Ley de Suelo que restringe la desprotección de espacios naturales. La enmienda, aprobada con los votos de todos los partidos salvo el PP, establece: «Sólo podrá alterarse la delimitación de los espacios naturales protegidos o de los espacios incluidos en la Red Natura 2000, reduciendo su superficie total o excluyendo terrenos de los mismos cuando así lo justifiquen los cambios provocados en ellos, por su evolución natural, científicamente demostrada». Además, esta desprotección «deberá someterse a información pública» y en el caso de la Red Natura 2000, lugares protegidos por la Unión Europea, esta consulta «se hará de forma previa a la remisión de la propuesta de descatalogación a la Comisión Europea». En la práctica, esto supone alargar durante meses la tramitación, dificultar los trámites y preservar los espacios naturales existentes, ya que las comunidades autónomas y ayuntamientos necesitarán informes científicos para aprobar estos cambios.

El senador socialista Eduardo de Orduña afirmó: «Gracias a esta ley, los espacios naturales no podrán alterarse a capricho sino mediante procedimientos razonados y justificados, no sólo porque alguien haya elegido ese lugar para construir».

El coordinador de Ecologistas en Acción, Tho Oberhuber, apoyó la reforma: «Al menos este texto frena la desprotección sin justificación de parques naturales. Las autonomías podrán intentar construir en ellos, pero cada vez será más difícil». Los tribunales han comenzado a vetar urbanizaciones en espacios protegidos (como hizo en Las Navas del Marqués) y las comunidades se ven tentadas a aprobarlas por ley para evitar a los jueces.

La Ley de Aguas también establece que los nuevos planes urbanísticos deben contar con informes sobre la disponibilidad de agua. Con este tipo de medidas, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Vivienda intentan controlar el urbanismo, fundamentalmente en manos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

La tercera pata de la contención del urbanismo salvaje es el Anteproyecto de Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. El borrador de la reforma establece que en las zonas protegidas, la conservación del medio natural estará siempre por encima del urbanismo.

La norma supera el veto del PP gracias a CiU
La comisión del Senado desestimó ayer por 13 votos a 12 (de todos los grupos parlamentarios, salvo el PP) el veto de los populares a la Ley de Suelo. El PP justificó su veto en que la ley invade «claramente las competencias autonómicas», no fomenta la oferta de nuevas viviendas y «la regulación excesiva de los sistemas de transformación urbanística», entre otras cosas. El PP anunció que defenderá el veto en el pleno.

CiU también había propuesto un veto, por invasión de competencias, que retiró a última hora. La retirada de ese veto permitió al texto seguir su tramitación -ahora pasa al pleno antes de volver al Congreso-, ya que la unión de Convergència y el PP habría bloqueado la ley. El PSOE destacó que el apoyo de CiU desmiente la acusación de los populares de que la ley invade competencias autonómicas.

Según fuentes judiciales, el edil aseguró que el precio pagado por la parcela está por debajo de su valor catastral real aunque admitió la existencia de «errores» en la tramitación notarial referida a la calificación de los terrenos.

Destacó, además, que la operación fue informada favorablemente en distintas instancias municipales y resaltó que las objeciones planteadas por la interventora municipal fueron contestadas por el asesor jurídico de la corporación.

La comparecencia de Cosculluela, que es también presidente provincial de Huesca, se produce un mes después de la del exconsejero de Aramon, que admitió haber hablado varias veces con el edil de la venta al consistorio de los terrenos, y rechazó las supuestas irregularidades denunciadas, según informó Efe.

El PP asegura que Blecua adquirió una parcela de 270.000 metros cuadrados de superficie a sus antiguos propietarios por 30.000 euros y que vendió posteriormente al municipio 105.000 metros cuadrados por 300.000 euros, que subvencionó la Consejería de Economía de la DGA.

Los populares corresponsabilizan al alcalde de Barbastro, «por acción u omisión», de un presunto caso de especulación urbanística con fondos públicos. Desde el PP aseguran que la documentación aportada evidencia que fue conocedor «en todo momento» de la operación y consideran probados los beneficios obtenidos por un excargo público en una operación cerrada con una institución y financiada con dinero público.

Las pruebas testificales continuarán en los próximos días con las comparecencias de las personas a las que Blecua adquirió los terrenos y de la interventora municipal que planteó reparos a la compra.

Son los casos, entre otros muchos, de la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón (PDMA) que tras proponer una legal y democrática iniciativa legislativa ciudadana, apoyada con 30.000 firmas y solicitando la protección de las zonas montañosas aragonesas no fue tenida siquiera en consideración por los partidos que forman el gobierno aragonés, o el de la Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (APUDEPA) denunciada recientemente por el Gobierno de Aragón por el asunto de la nueva utilización y modificación de la antigua Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza, o el de otras muchas asociaciones defensoras de los ríos aragoneses, que están en contra de que los embalses aneguen sus riberas y poblaciones o de aquellas otras asociaciones que propugnan el mantenimiento de unas comunicaciones por ferrocarril dignas y ven como las mismas se suprimen o se deterioran cada vez más y más.

Y es que nuestro actual gobierno autonómico es capaz de mostrar una insensibilidad por la recuperación y conservación que escandaliza dentro y fuera de nuestra comunidad. En vez de ser el propulsor decidido de la misma se ha convertido en el principal valedor de la modificación, la recalificación y la mercantilización de importantes zonas montañosas, riberas y lugares o edificios emblemáticos. En vez de propiciar la participación pública y que se escuche la voz ciudadana es capaz de despreciar o intentar acallar cualquier iniciativa popular sobre conservación de patrimonio o legislación ambiental que no concuerde con sus proyectos. No obstante, las asociaciones ciudadanas conservacionistas saben que lo más terrible de todo es… el silencio.

Esta afirmación parece más una “boutade” con una clara intención de marcar distancias que una frase pensada y medida. Como Presidente debería cuidar lo que dice y como lo dice, pues en esta ocasión habla como tal y no como una persona privada. Se podrá estar o no de acuerdo con Sebastián Álvaro y la revista Desnivel, pero lo que no es tolerable en ningún caso es que no se guarden las formas. Declaraciones como las mencionadas son más propias de personas mal educadas, cosa que en ningún caso se espera de un médico que es además Presidente de una federación de montañeros.

El impuesto sobre el transporte por cable grava los que trasladan a personas y los que llevan mercancías utilizadas en el medio forestal. La norma afirma que constituyen un «elemento perturbador del paisaje». En el caso de los remontes el impuesto incluye no sólo la longitud del arrastre -12 euros el metro al año- sino también los kilómetros de pista. La estación de Astún paga 250.000 euros, la de Candanchú 337.000 y el grupo Aramon 1.000.000. Ante la mala campaña invernal y tras las peticiones de los empresarios y colectivos del valle del Aragón de solicitar a la DGA “zona catastrófica”, el consejero Arturo Aliaga ha explicado que el Gobierno de Aragón ya ha puesto en marcha una línea de créditos para hacer inversiones en las estaciones y que el ejecutivo podría «tocar» el impuesto por cable.
El impuesto grava el daño medioambiental causado por las instalaciones de transporte por cable, sean en su modalidad de transporte de personas en las instalaciones funiculares, teleféricos y remonta-pendientes de las estaciones de esquí, o sean de transporte de mercancías o materiales en las instalaciones de remonte utilizadas en el medio forestal.
La Confederación de Empresarios de Aragón, también h vuelto ha mostrarse recientemente contrario a estas tasas.

EL IMPUESTO DEL ESQUI
El sujeto pasivo del impuesto no es el consumidor o usuario, en el caso de las pistas de esquí, sino el titular de la explotación de la correspondiente estación alpina. Esto es, no se grava la práctica del esquí, ni la actividad que la propicia, sino el perjuicio en el medio ambiente y en otros valores superiores, como el territorio, el paisaje, la flora y la fauna, que deben ser protegidos.
Constituyen la base imponible del impuesto las siguientes unidades contaminantes: el número y longitud de las instalaciones de transporte por cable de personas, y el número y longitud de las instalaciones de transporte por cable de mercancías o materiales.

Desde la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón queremos mostrar nuestro máximo respeto y admiración por la labor que vienen desarrollando los miembros de APUDEPA en la conservación del rico patrimonio aragonés. Y por tanto, mostrarles nuestro apoyo en estos momentos difíciles de una decisión increíble: ser denunciados por el Gobierno de Aragón por «atreverse» a recordar que las leyes democráticas están para ser cumplidas, por todos, también por los poderosos.

Desde la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón creíamos que ya lo habíamos visto todo -lo malo- cuando el Gobierno de Aragón no admitió a debate la ILP de las Montañas (suceso sin precedentes en la historia democrática española), pero estábamos equivocados, como ahora se nos demuestra. El Gobierno de Aragón, al menos, no nos llevo a los tribunales por «atrevernos» a ejercer los derechos democráticos que las leyes nos brindan. Algo es algo, simplemente nos despreciaron.

Desde ese punto de vista, entendemos que este intento de criminalizar por parte del Gobierno de Aragón un recordatorio de las leyes públicas por parte de APUDEPA afecta no sólo a esta organización, es un mensaje claro y alto de nuestros gobernantes a todas aquellas personas u organizaciones que se atrevan a discrepar o tratar de recordar la legislación vigente. Por tanto, como tal nos sentimos implicados (la propia APUDEPA estuvo, como era natural, colaborando con la Plataforma de las Montañas en la campaña de la ILP y parte del éxito le corresponde a ella) y, también claro y alto, queremos expresar nuestro apoyo total a APUDEPA en su labor, solicitar la rectificación del Gobierno de Aragón en este bochornoso asunto y, ante todo, enfatizar que maniobras intimidatorias de este cariz no van a conseguir acallar al movimiento social democrático, antes al contrario, le van a dar más razones para seguir existiendo.

Ya es mala suerte que la naturaleza persista en su díscola aversión hacia los intereses humanos. Aparte de cuatro ecologistas urbanitas, algunos científicos radicales y unos cuantos activistas incontrolados, ¿quién podía prever que la nieve se iba a poner de huelga, con tan pocos servicios mínimos, de cota dos mil hacia abajo…?

Aragón ha de dar una nueva muestra de solidaridad, de esa solidaridad que ya se le demandó en los tiempos del Plan Hidrológico parido bajo la sensibilidad medioambiental de Aznar, Matas y Cañete. En este caso, esa solidaridad estaría doblemente justificada al ser realizada fraternalmente dentro del mismo territorio. Todos somos Aramón. Vienen elecciones. Los políticos atentos al hormigón necesitan tu apoyo.

Por tanto, aragonés, apadrina un remonte. Que no sean la naturaleza irracional y sus caprichos quienes pongan obstáculos a la maquinaria del progreso y redención del áspero medio rural montañés. Que sean el consenso de los despachos y el diálogo fino de salón entre compradores y vendidos quienes abran las puertas a la modernidad de la montaña servida en bandeja, con brochetas de remontes y teleféricos blandiendo a los cuatro vientos su sello vanguardista.

Apadrina un remonte, compañera, compañero. No mires a otro lado. La nieve –su ausencia- ha jugado una mala pasada. No te sumes a las dificultades del sector del pelotazo. No seas egoísta. Hoy por ellos. Mañana, ya veremos.

Un 70-75% menos de ingresos y unos gastos que se han incrementado entre el 15 y 20%. Este es el desastroso balance que la Asociación de Empresarios de la Jacetania realiza de la temporada invernal en las estaciones de esquí de Astún y Candanchú. Por ello, el colectivo insiste en reclamar la declaración de zona catastrófica o «de grave crisis» para el sector de la nieve, petición a la que se suman, por ahora, las organizaciones empresariales CEOS y CREA, los ayuntamientos de Jaca y Canfranc y la Comarca de la Jacetania.

La Asociación de Empresarios ha dado a conocer datos del avance del informe de los resultados de la temporada 2006-2007 en la comarca, que hará llegar al Gobierno de Aragón para sustentar la petición de zona catastrófica. Según este informe, la producción de nieve artificial, ante la escasez de precipitaciones, se ha incrementado un 225% respecto al año anterior, teniendo en cuenta que el coste del metro cúbico es de 0,588 euros (el 40% corresponde a electricidad y el resto a personal y mantenimiento). Otro gasto que apuntan los empresarios es el impuesto del transporte por cable, que se ha duplicado.

El colectivo empresarial subraya que, aunque se han reducido los costes de personal al disminuir la contratación de trabajadores eventuales -«con el consiguiente sacrificio de empleo en la comarca», apunta-, y a pesar del menor consumo por la apertura parcial de remontes, sigue habiendo gastos fijos. «Esto supone que la repercusión final en los gastos por estos ahorros no supera el 5% del total», señala. Un dato muy inferior a la reducción de ingresos, que se cifra en un 70-75% en las estaciones de esquí. Y hasta el 80% llega en los establecimientos de equipación de deportes de nieve.

Como dato, esta temporada las ventas de abonos han bajado más de un 60%. En cuanto a afluencia, se calcula que ha sido la tercera parte de la registrada el año anterior (30-35%). Empezar la temporada 21 días después que la campaña pasada supuso un 36% de pérdida de actividad. Y en las fechas navideñas y hasta final de enero, con sólo un 12% de las instalaciones abiertas, la pérdida se cifró en un 26%. Todo ello ha repercutido en la ocupación en Jaca y el valle del Aragón, que ha descendido el 30% respecto a la temporada pasada.