El ayuntamiento de benasque bloquea las operaciones urbanísticas de aramón en cerler
El Ayuntamiento de Benasque, gobernado por José Ignacio Abadías (PAR), tomó ayer una decisión que obstaculiza muy seriamente las operaciones urbanísticas por las que la empresa mixta Aramón espera ingresar varias decenas de millones de euros gracias a la venta de los terrenos urbanizables que posee en Cerler. El pleno del Consistorio declaró litigiosa la reparcelación de parte de esos suelos, lo que hace prácticamente imposible que entren en una compraventa.
El acuerdo se tomó a tres días de las elecciones, en contra del criterio expresado por los técnicos municipales y con solo dos votos a favor de nueve posibles. Al pleno no asistieron los dos concejales del PSOE, uno de los tres del PP y uno de los cuatro del PAR, por lo que la sesión empezó con cinco ediles. Además, un representante popular y otro del equipo de gobierno tuvieron que ausentarse al estar implicados en el conflicto judicial que ha provocado la declaración de litigiosidad, por lo que solo votaron el alcalde, otra edil del PAR y un concejal del PP que se abstuvo.
El bloqueo de los planes urbanísticos de Aramón, que considera nulo el acuerdo de ayer, tiene su origen en la demanda planteada contra la empresa por los antiguos dueños de los suelos de la urbanización de Cerler.
Como ya publicó este periódico, los ex propietarios exigen al holding de la nieve aragonesa que les devuelva unas 32 hectáreas de terreno o que en su defecto pague su valor económico actual -según ellos, unos 85 millones de euros-. Esa cantidad se sumaría a la que Montañas de Aragón dejaría de ingresar por no poder vender los suelos -la propia empresa calcula que unos 120 millones-.
La demanda fue presentada en el Juzgado de Boltaña, y considera que los contratos firmados hace tres décadas entre la promotora de la estación de esquí y los dueños originales del terreno se han resuelto por incumplimiento. Los propietarios recuerdan que esos acuerdos establecían que la empresa responsable del centro invernal entregaría a cada uno de ellos un 6,6% de los suelos que aportaron, pero ya recalificados y urbanizados, algo que 30 años después aún no ha sucedido.
El conflicto deberá resolverlo la Justicia, pero además tiene importantes repercusiones en la tramitación administrativa de la expansión de Cerler. En mayo del año pasado, los antiguos propietarios de las parcelas solicitaron al Ayuntamiento de Benasque que declarase litigiosos los proyectos de reparcelación de las 38 hectáreas incluidas en la ampliación de la urbanización.
Contra los técnicos municipales
Entonces, el Consistorio benasqués rechazó esa petición tras alegar los técnicos municipales que no había motivos. Sin embargo, en enero de este año los abogados de los demandantes volvieron a insistir en la declaración de litigiosidad.
Para entonces, los proyectos de reparcelación estaban aprobados definitivamente, pero los letrados se agarraron a una operación jurídica complementaria que se hizo para subsanar algunos errores. Una vez más, los técnicos del Ayuntamiento volvieron a considerar que la petición de los antiguos propietarios no era procedente, aunque para entonces sí se había presentado la demanda. Sin embargo, el equipo de gobierno, encabezado por Abadías, decidió pedir otro informe a un bufete de abogados de Madrid.
Ese despacho externo sí considera que el Consistorio de Benasque debería haber declarado litigiosos los proyectos de reparcelación, y su informe fue remitido al resto de grupos políticos para que tomaran una decisión.
El pleno de ayer y los movimientos de las horas previas evidencian que el acuerdo final se ha tomado en un clima de grandes presiones y división interna de los partidos con representación en el Ayuntamiento. Ahora, cualquier inscripción registral de las parcelas afectadas por la declaración de litigiosidad estará condicionada por la advertencia de que esos terrenos están a expensas de que se resuelva una demanda judicial.
Esta situación bloquea la única fuente de ingresos a corto plazo del grupo Aramón, pero la empresa mixta participada al 50% por la DGA e Ibercaja no es la única perjudicada. Los terrenos previstos para la ampliación de Cerler también son de otros pequeños promotores. De hecho, aunque el acuerdo de ayer afecta a sólo una parte de las 38 hectáreas, aún está pendiente la decisión sobre el resto -18 hectáreas que, aunque en teoría son de Aramón, están condicionadas por permutas-.