Aramón replanteará sus inversiones en benasque si se bloquea el plan cerler

El presidente de Aramón, Francisco Bono, anunció ayer que la empresa mixta participada al 50% por la DGA e Ibercaja «se replanteará» seguir adelante con su plan de inversiones en el Valle del Benasque si el Ayuntamiento de este municipio «no reconsidera» el acuerdo tomado en el pleno del pasado jueves de declarar litigiosa la reparcelación de los terrenos incluidos en la ampliación de Cerler.

El grupo aragonés de la nieve ha visto cómo esa decisión ha obstaculizado muy seriamente la venta de unas 18 hectáreas de suelo urbanizable por las que esperaba ingresar varias decenas de millones de euros. Por eso su presidente pidió a la Corporación que salga de las elecciones locales de mañana domingo un cambio de actitud.

«Dada la pequeña significación del acuerdo, que fue aprobado con solo dos votos a favor de nueve posibles, esperamos que el nuevo equipo de gobierno reconsidere esto -declaró Bono a este periódico-. A lo mejor la decisión tiene valor reglamentario, pero creemos que no es correcta ni ética ni políticamente».

Además, el máximo responsable de Aramón adelantó que el consejo de administración de la sociedad estudiará emprender «medidas legales de todo tipo» para defender sus intereses, incluida la reclamación de responsabilidad patrimonial a los tres ediles que votaron el acuerdo. Hace unas semanas la empresa ya envió una carta al alcalde de Benasque, José Ignacio Abadías (PAR), y a todos los concejales en la que se les informaba de posibles medidas como la reclamación de responsabilidad patrimonial si la reparcelación de los terrenos de Cerler seguía demorándose.

Al igual que hicieron el día anterior sus servicios jurídicos, Bono se mostró «muy sorprendido» por la decisión del alcalde de declarar litigiosa la reparcelación en contra de los informes de sus técnicos municipales. «Si esos informes hubieran dicho que sí aún podría entender la decisión que ha tomado el Ayuntamiento, pero diciendo lo que dicen…», destacó el presidente de Aramón.

El acuerdo que ha bloqueado la única operación urbanística por la que el grupo aragonés de la nieve podía obtener ingresos a corto plazo -120 millones, según la propia empresa- se tomó en un pleno celebrado tres días antes de las elecciones y al que solo asistieron cinco de los nueve concejales de la Corporación -faltaron los dos del PSOE, uno del PAR y otro del PP-. Como dos de ellos estaban directamente implicados en la demanda judicial que ha originado la declaración de litigiosidad -un popular y un regionalista-, en la votación solo estuvieron presentes tres personas: el alcalde, otra concejal de su grupo y un edil del PP que se abstuvo.

De hecho, ese representante del Partido Popular también tenía intención de ausentarse de la decisión, pero el primer edil benasqués le convenció de que no lo hiciera. De no haber sido así, la votación no hubiera podido celebrarse por falta de concejales.

Fuentes del PP confirmaron a este periódico que los ediles populares tenían instrucciones de no acudir al pleno. Lo mismo sucedía con los dos concejales del PSOE, que no fueron. «Nos parece que el equipo de gobierno debía haber hecho caso a los informes de los técnicos municipales», explicó ayer la edil socialista Natalia Aventín en referencia a a la decisión del alcalde de pedir otro informe a un despacho de abogados de Madrid.

Ese segundo estudio, a diferencia de los redactados por el Consistorio, estima que sí hay que declarar litigiosos los terrenos, y es el que utilizó el equipo de gobierno del PAR para justificar su decisión del jueves.

Por su parte, el edil del PP que se abstuvo en la votación, Luis Blanco, opinó que tres días antes de las elecciones no debería haberse decidido sobre el asunto. «Así se lo dije al alcalde, y le pedí que lo retirara», aseguró. Blanco quien no quiso aclarar qué le dijo Abadías para convencerle de que no se ausentara de la votación, y además sostuvo que él también habría pedido un informe complementario al de los técnicos municipales. «Había cosas que no se entendían», dijo.

El acuerdo de declarar litigiosa la reparcelación de la ampliación de Cerler tiene su origen en la demanda judicial presentada contra Aramón por los antiguos dueños de esos suelos. Los ex propietarios reclaman a la empresa que les devuelva unas 32 hectáreas o que en su defecto pague el valor económico actual de los terrenos -según calculan, 85 millones-. Francisco Bono quiso aclarar ayer que respeta esa iniciativa y que las medidas que tome el «holding» de la nieve contra el Ayuntamiento son independientes.

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