Aragón: terreno vedado

Son los casos, entre otros muchos, de la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón (PDMA) que tras proponer una legal y democrática iniciativa legislativa ciudadana, apoyada con 30.000 firmas y solicitando la protección de las zonas montañosas aragonesas no fue tenida siquiera en consideración por los partidos que forman el gobierno aragonés, o el de la Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (APUDEPA) denunciada recientemente por el Gobierno de Aragón por el asunto de la nueva utilización y modificación de la antigua Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza, o el de otras muchas asociaciones defensoras de los ríos aragoneses, que están en contra de que los embalses aneguen sus riberas y poblaciones o de aquellas otras asociaciones que propugnan el mantenimiento de unas comunicaciones por ferrocarril dignas y ven como las mismas se suprimen o se deterioran cada vez más y más.

Y es que nuestro actual gobierno autonómico es capaz de mostrar una insensibilidad por la recuperación y conservación que escandaliza dentro y fuera de nuestra comunidad. En vez de ser el propulsor decidido de la misma se ha convertido en el principal valedor de la modificación, la recalificación y la mercantilización de importantes zonas montañosas, riberas y lugares o edificios emblemáticos. En vez de propiciar la participación pública y que se escuche la voz ciudadana es capaz de despreciar o intentar acallar cualquier iniciativa popular sobre conservación de patrimonio o legislación ambiental que no concuerde con sus proyectos. No obstante, las asociaciones ciudadanas conservacionistas saben que lo más terrible de todo es… el silencio.

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