El tribunal de cuentas envía a fiscalía de huesca el convenio de castanesa
La Fiscalía del Tribunal de Cuentas (TC) ha remitido a los fiscales de la Audiencia Provincial de Huesca el convenio suscrito entre el hólding semipúblico Aramón y el Ayuntamiento de Montanuy para el desarrollo del proyecto de estación de esquí de Castanesa, en ese municipio oscense, «por si fuera procedente el ejercicio de acciones penales». La resolución del fiscal jefe del TC, fechada el 7 de agosto, incluye el envío de documentación referente a la empresa Castanesa Nieve, SL, la sociedad creada por el hólding semipúblico del esquí –participado al 50% por Ibercaja y el Gobierno de Aragón– para ejecutar las inversiones en la localidad ribagorzana.
La firma del convenio había sido denunciada ante la Fiscalía del TC por la asociación Naturaleza Rural, una entidad que aglutina a vecinos e hijos de Montanuy críticos con el proyecto del complejo invernal. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas tiene un carácter eminentemente fiscalizador, es decir, de chequeo de la legalidad de las actuaciones de la Administración –en todos sus niveles– en el plano de la ejecución presupuestaria y el manejo de sus fondos económicos. La denuncia reclamaba «un proceso de fiscalización» del convenio, que es un documento de futuro. Así, unos meses después de recibir la denuncia y la documentación, el fiscal jefe del TC acordó el archivo de las diligencias que había abierto. El oficio que comunica a Naturaleza Rural el sobreseimiento del caso en la vía contable y su envío a la penal recuerda a la entidad que, pese a esa decisión, tiene abierta la puerta para ejercitar «la acción pública para la exigencia de responsabilidad contable» por el convenio.
OPERATIVA El documento obliga a Aramón a «encargar y sufragar el coste de redacción del proyecto para la nueva estación de esquí, así como a encargar y sufragar el coste de redacción del proyecto del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Montanuy» con el fin de realizar «una ordenación coherente» de ambos diseños.
El hólding se compromete a destinar «todas las plusvalías que obtenga por el desarrollo urbanístico de los terrenos que pudiera directamente adquirir (…) a la financiación de dicha estación». Aramón también se obliga a financiar, con el dinero que obtenga de los planes parciales que desarrollará una empresa filial, «parte del coste de implantación de los sistemas necesarios para la nueva estación de esquí».
Es decir, que Aramón se compromete a pagar el PGOU y a invertir en la estación los beneficios que le entregue la filial que se encargará de la ejecución de cada una de las unidades urbanísticas.
Paralelamente, el convenio obliga al ayuntamiento, que recibirá urbanizado el 10% del suelo que se mueva, a incluir en el PGOU «la clasificación como suelo residencial de una o varias zonas de terrenos aportados por Aramón», las cuales «serían las primeras las primeras a desarrollar en el horizonte de los próximos diez años, aptas para implantar viviendas libres, viviendas sociales y los servicios requeridos como apoyo de la estación».
TODO EL SUELO NECESARIO «Se estima que la superficie de suelo urbanizable que debe entrar en este convenio», añade el documento, «será la necesaria para asegurar la viabilidad del proyecto».
Según indicaba la denuncia de Naturaleza Rural, «Aramón encargará y sufragará el coste del PGOU de Montanuy y el ayuntamiento recalificará los terrenos que previamente aporte Aramón». «Cabe preguntarse cómo debería tipificarse la eventual recalificación a urbanizables de estos terrenos», anotaba.
El PGOU de Montanuy contempla la construcción de 2.300 segundas viviendas por Aramón, 1.200 para otros promotores y 3.500 plazas hoteleras. Todo, en un municipio con apenas 300 vecinos empadronados.
El plan, que ahora debe estudiar la DGA, fue aprobado por el ayuntamiento a finales de julio. Tuvo el apoyo de los cuatro concejales del PSOE –dos de los cuales verán recalificadas sus tierras– y la oposición de los dos del PAR y la de CHA.
EL ALCALDE, CONSEJERO DE LA FIRMA EJECUTORA
El alcalde de Montanuy, José María Agullana (PSOE), es desde hace cuatro meses y medio miembro del consejo de administración y apoderado mancomunado de Castanesa Nieve, SL, la empresa creada por el hólding semipúblico Aramón para desarrollar sus planes urbanísticos y de desarrollo de la estación de esquí en Montanuy.
Agullana accedió al cargo el 9 de abril, fecha en la que cesó el hasta entonces administrador único, Javier Blecua, imputado en esas fechas por un asunto urbanístico en Barbastro que el juez ha archivado provisionalmente. Ese mismo día ocupó la presidencia de la empresa Francisco Bono, vicepresidente de Aramón, al tiempo que accedían al consejo de administración el consejero de Industria de la DGA, Arturo Aliaga; el vicepresidente primero de la Diputación de Huesca, Miguel Gracia; el secretario general del Departamento de Economía de la DGA, Santiago Coello, y los altos cargos de Ibercaja Enrique Arrufat y Joaquín Rodríguez de Almeida.
La empresa, constituida en abril del 2005, tiene licencia de club-escuela deportiva, aunque su objeto social es la promoción de complejos de esquí con todos sus elementos anejos. Los 3.006 euros de su capital social que constan en el registro como desembolsados —501 participaciones de seis euros– han sido suscritos exclusivamente por Aramón. Las cuentas de su primer ejercicio incluyen como inmovilizado inmaterial los 486.879 euros gastados en elaborar un plan estratégico y estudios sobre sus futuras obras e instalaciones. Sus fondos provenían de un préstamo participativo de Aramón del que había descontado 500.000 euros. Tiene una cuantía de 2,3 millones a devolver antes del 30 de septiembre del 2013 con un interés vinculado a los resultados.
Agullana y su teniente de alcalde, Navidad Cereza, votaron a favor del Plan Urbano, que recalifica tierras de sus familias. La asociación Naturaleza Rural enviará al fiscal la aprobación del documento en el pleno, para que estudie si su apoyo puede constituir alguna irregularidad.