Trasladan a la fiscalía de huesca la denuncia contra

La Asociación de Propietarios y Vecinos de Castanesa denunció el pasado mes de julio ante el Fiscal del Tribunal de Cuentas el convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento de Montanuy y la empresa Aramón. El convenio fue firmado en 2005 por el alcalde de Montanuy, Josep Maria Agullana, y el entonces director de Aramón, Javier Blecua.
En dicho convenio queda vinculado el plan urbanístico municipal (PGOU) con el plan de expansión de la estación de esquí de Cerler hacia Castanesa. El convenio prevé la construcción de casi 3.000 segundas residencias y más de 2.000 plazas hoteleras en un municipio, el de Montanuy, formado por 17 núcleos y 300 habitantes.
La asociación optó por llevar el convenio a los tribunales, lo que no condicionó la aprobación del plan semanas después. La asociación pide que se investigue la legalidad del documento del convenio y considera que “la formalización del convenio da más potestad del planeamiento urbanístico a Aramon por encima del consistorio”, en referencia a “las recalificaciones urbanas masivas de fincas tras su compra como rústicas a los vecinos”.
En este sentido, la asociación quiere que el fiscal investigue si “la generación y apropiación de las plusvalías dimanantes del convenio son lesivas al interés general”. La asociación califica el objetivo del convenio como de “depredación del territorio e imposición de un modelo de desarrollo contra la supervivencia del paisaje y la vida tradicional del valle”.
El PGOU fue aprobado hace un mes con los votos a favor del PSOE y los votos en contra del PAR y CHA. Ahora llegará a la Comisión de Ordenación (urbanismo) de la DGA que deberá dictaminar.
El plan ha recibido la oposición de los ecologistas de Aragón y será investigado por técnicos de la UE que analizarán en septiembre el desarrollo urbanístico de todo el Pirineo aragonés.