Psoe, pp y par de la ribagorza apoyan los proyectos de aramón

Tres partidos políticos suscribieron la pasada semana una moción de la comarca de la Ribagorza para apoyar los proyectos de ampliación «por todas sus vertientes» de las pistas de esquí de Aramón en la comarca, así como que se agilicen estas infraestructuras, englobadas en el Plan de Desarrollo Turístico de la Ribagorza que impulsa esta empresa con capital mixto de la DGA e Ibercaja. Tanto el PSOE como el PAR (partidos que sustentan al Gobierno) votaron esta iniciativa, que contó también con el respaldo del Partido Popular. Solo CHA presentó enmiendas a la moción y pidió su supresión. Su diputado, el alcalde de Santaliestra, Chabier Mur, votó en contra.

Esta iniciativa se aprobó ayer en el pleno porque los partidos que la apoyaron consideran que el Pan de Desarrollo Turístico de la Ribagorza es un proyecto «supramunicipal que afecta al conjunto de municipios de la zona alta de la comarca, sostenible y adaptado medioambientalmente al espacio en el que se enmarca, así como un proyecto de desarrollo socioeconómico de interés para Aragón y la Ribagorza».

RESPALDO DE LA POBLACIÓN El contenido de la moción destaca el respaldo mayoritario «de la población local» a pesar de «algunas formaciones políticas y colectivos ecologistas. En este sentido, la moción hace referencia expresa al controvertido Plan de General de Ordenación Urbana de Montanuy, que tuvo el apoyo «mayoritario» de los vecinos.

Los partidos que apoyan esta iniciativa consideran que este proyecto puede convertir la zona alta de la comarca en uno de los principales destinos turísticos del país. Por este motivo, solicitan que la ampliación de las estaciones de Cerler se realicen por todas sus vertientes. Así, además de Montanuy, solicitan que en el plan se incluyan los ayuntamientos de Benasque, Castejón de Sos y Bisaurri. El Partido Aragonés solicitó además que se incluyeran otros municipios más de esta comarca, cuya capital es Graus.

En la moción también se destaca que se solicite a Aramón y a las administraciones implicadas en el proyecto «territorial y supramunicipal», que se arbitren «los mecanismos necesarios» para acelerar los proyectos específicos que lo integran y su materialización en el territorio «con la mayor prontitud posible».

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