La plataforma en defensa de las montañas ante la recalificación de montanuy-castanesa

En primer lugar, el señor Agullana parece olvidar que unas elecciones municipales son para elegir un programa municipal completo y no un aspecto concreto, si quiere estar respaldado en su apoyo a la empresa Aramón y sus recalificaciones urbanísticas debería convocar un referéndum sobre el tema dando a los habitantes del valle toda la información al respecto. Todo lo demás son interpretaciones suyas, máxime cuando asume como éxito electoral un tremendo descenso de votos: del 85% al 47%.

Del mismo modo, el señor Agullana parece olvidar que el patrimonio público es competencia no sólo de los vecinos más próximos, sino de la sociedad en general, por lo que él no tiene la potestad de hacer lo que quiera con el patrimonio natural y cultural de todos los aragoneses (de los cientos de miles de aragoneses, él sólo ha recibido el apoyo de unas 100 personas).

En todo caso, siguiendo su planteamiento, demuestra su caracter político (en el sentido perverso del término) al tergiversar los datos cuando dice que la mayoría le apoya. La realidad matemática es que su opción, la que apoya la recalificación urbanística según los planes de Aramón, ha sido solamente apoyada por 118 personas y ha recibido el voto contrario (en apoyo a otras alternativas) de 128 personas, luego la mayoría de los vecinos del valle de Castanesa, siguiendo la línea argumental del propio Agullana, están en contra de la recalificación urbanística. Otra cosa es que la ley D´Hont realiza luego un reparto determinado de concejales, que es lo que usa el señor Agullana para sus cuentas.

Por supuesto, más allá de debates políticos, lo realmente importante es que para el señor Agullana un crecimiento urbanístico que planea miles de viviendas en un valle de 300 vecinos ubicado a las puertas de un parque natural sea «moderado». Ese calificativo de «moderado» va contra el sentido común, contra la lógica más elemental e incluso contra la futura legislación para frenar la especulación urbanística que prepara el gobierno de España.

Lo que sí está claro es la urgencia que tiene el señor Agullana en aprobar el PGOU de Montanuy con las nuevas recalificaciones urbanísticas. Por un lado, conviene correr antes de que el juzgado dicte sentencia por corrupción urbanística sobre Javier Blecua, director de Aramón y la persona a la que Agullana entregó la realización del PGOU de Montanuy. Conviene correr antes de que la comisión de investigación del Parlamento Europeo visite Montanuy para estudiar la corrupción urbanística, tras la reciente admisión de la queja. Y conviene correr antes de que llegue septiembre, cuando acaba el plazo de las opciones de compra que la empresa Aramón tiene sobre los terrenos rústicos que el PGOU recalifica a urbanos; si no se consigue aprobar antes ese PGOU la empresa Aramón perderá la titularidad de las fincas y éstas volverán a sus originarios propietarios, los habitantes del valle, lo que parece no interesar al alcalde en funciones.

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