Como hace tiempo venimos anunciando, la empresa Aramón planea una serie de recalificaciones urbanísticas en un espacio público protegido, situado junto a la estación de esquí de Formigal, para construir urbanizaciones privadas. La Plataforma para la Defensa de las Montañas de Aragón, en lucha continua para proteger las reservas naturales y el hábitat de las montañas, intentará mañana que estas construcciones no se llevan a cabo.

Para ello, la Plataforma creó en marzo de este año una propuesta de Ley para la Protección de la Montaña apoyada por la Iniciativa Legislativa Popular, encargada de recoger las firmas necesarias para poder presentar ante las Cortes de Aragón esta propuesta. La campaña fue un éxito, ya que se recogieron el doble de las firmas que se buscaban (30.000).

De esta forma, mañana la Plataforma presentará y defenderá ante las Cortes su propuesta de Ley. Algunos de los partidos implicados en la votación para admitir o no la propuesta ya se han decantado a favor de ella. Eso es lo que ha ocurrido con IU y Chunta Aragonesista (CHA), que ya han declarado que van a apoyar en el pleno de las Cortes de Aragón la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular. Esta ley que quieren promulgar propone «establecer un régimen de protección especial para la alta montaña», es decir, todos los territorios por encima de 1.500 metros.

Declaraciones partidos
El texto propone, entre otros aspectos, establecer una moratoria de dos años para la «creación, modificación o ampliación de estaciones de esquí y centros invernales que se pretendan instalar en áreas de alta montaña». Mañana, uno de los primeros puntos del orden del día del pleno será debatir si se toma o no en consideración la propuesta. Si sale adelante, las Cortes abrirán un periodo de enmiendas y alegaciones para ser finalmente votada. Si no la apoyan la mitad más uno de los diputados, será descartada.

La diputada Yolanda Echevarría, del partido regionalista CHA, considera «necesaria una normativa para regular y proteger la montaña; más, cuando la DGA apoya proyectos de dudosa viabilidad». Este partido supone un apoyo importante, ya que cuenta con 9 escaños en las Cortes.

Mientras que Adolfo Barrena, del otro partido que va a apoyar la propuesta, IU, destacó la excesiva presión urbanística a la que se ve sometido el Pirineo, que considera que puede ser insostenible. Ambos destacaron el amplio apoyo social de la propuesta.

Sin embargo, los grupos mayoritarios de las Cortes, aún no han decidido su voto. PP y PAR, con 22 y 8 escaños respectivamente, todavía no han dado a conocer sus intenciones. Tampoco lo ha hecho el PSOE, partido que en estos momento gobierna en las Cortes con sus 27 escaños. Aunque todo apunta que votará en contra. Por lo tanto, la esperanza de la Iniciativa Legislativa Popular depende de que PP y PAR se unan a la opinión dada por IU y CHA.

En una nota de prensa, los ecologistas consideran vergonzosas las
declaraciones de Aramón por aducir al «interés social» para llevar a
cabo esta actuación y la próxima inauguración del telesilla
«Labert-Rincón del Cielo», también sin permiso, dicen los ecologistas,
y anuncian que emprenderán las acciones legales oportunas para
denunciar estos hechos. Ecologistas en Acción recuerdan que hasta el
próximo día 18 se encuentran en información pública la concesión de
ocupación de terrenos en el dominio público forestal del Monte de
Utilidad Pública de Benasque, por lo que, en función de las
alegaciones recibidas podría o no recibir dicha concesión.

La comisión desea que la proposición sea, al menos, aprobada a trámite, ya que considera que sería la continuación del proceso democrático correcto y propio, “ya que una iniciativa popular de éxito merece, por lo menos, la consideración de un debate”, señaló ayer en una rueda de prensa en Zaragoza una de las integrantes de la plataforma, Blanca Beltrán.

Aunque la ley sea admitida a trámite, el resultado final podría llegar a diferir bastante del texto inicial. En este sentido, desde la comisión promotora, se habla de la necesidad de cumplir unos mínimos, entre ellos, la existencia de una moratoria “para que no se realicen grandes obras mientras no haya un marco jurídico sobre qué hacer o qué no”, indicó otro de sus integrantes, Paco Iturbe. Se trata, en definitiva, de conseguir “un texto consensuado que recoja los intereses de todas las partes, sin excepciones, ni ambigüedades o contradicciones”, en palabras de Iturbe. Debe ser, por tanto, un texto claro y refundido. En este sentido, la ronda previa de reuniones con los grupos parlamentarios desarrollada por la comisión, ha pretendido transmitirles la doble vertiente de la importancia de esta ILP. Por un lado, lo destacado de una iniciativa popular que ha conseguido tanto apoyo, algo que han calificado de “hecho excepcional en la historia de Aragón”, además de la trascendencia del tema de las montañas, que se considera una de las señas de identidad más importantes de Aragón.

El Vicepresidente del Gobierno afirmó: “Con cinco artículos no se puede resolver el tema de las montañas de Aragón”. “Los promotores tienen su derecho, pero esta ley se refiere sólo a la alta montaña, y no a la montaña. Según los parámetros que se utilicen para definir qué es montaña, como la inclinación de las pendientes, en Aragón salvo la plaza del Pilar, todo es montaña, y de las 33 comarcas, 30 se podrían incluir en esa posible ley de la montaña, que nunca se ha planteado antes desde el Gobierno de Aragón”.

El Gobierno aragonés ha decidido elevar la densidad media de viviendas que pueden construirse en los municipios y complejos invernales del Pirineo. Las directrices parciales de ordenación territorial, aprobadas ayer por el Ejecutivo regional, permiten edificar hasta 50 viviendas por hectárea en las poblaciones pirenaicas, cuando el texto que en julio pasado fue sometido a información pública fijaba el tope máximo en 40 inmuebles. Según el vicepresidente, José Angel Biel, con la aprobación de estas directrices, que entrarán en vigor tras su publicación en el BOA, «queda resuelto el equilibrio entre conservación y desarrollo».

Biel, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, hizo hincapié en varias ocasiones en que las directrices aprobadas ayer son fruto del acuerdo con Adelpa, la asociación que agrupa a municipios y entidades locales del Pirineo aragonés. «Son los que viven en el Pirineo y tienen interés en conservarlo», afirmó.

El documento distingue varios tipos de poblaciones al referirse al asunto más polémico, el urbanismo: los municipios de más de 5.000 habitantes –Jaca y Sabiñánigo–, las capitales comarcales–Aínsa, Boltaña, Graus y Benabarre–, los municipios turísticos –también se incluyen las urbanizaciones aisladas–, los centros de esquí y montaña que no se apoyan en ninguna población preexistente –Astún, Candanchú y Formigal–, el resto de poblaciones y los núcleos deshabitados. Y salvo en los dos últimos casos, eleva a 50 el límite máximo de viviendas que se pueden construir por hectárea incrementando así el volumen de edificabilidad, respecto a los topes que marcaba el proyecto de directrices aprobado inicialmente en verano.

Las casi cien páginas del documento constituyen un marco de referencia de las actuaciones que se desarrollen en las cuatro comarcas pirenaicas –Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe y Ribagorza– e inciden en ordenación del suelo, criterios urbanísticos, salvaguarda del paisaje y desarrollo económico y poblacional.

Biel insistió en el carácter «equilibrador» de un texto que no gustará, vaticinó, «a quienes estén sólo en un lado de la balanza», es decir, ni a quienes apuesten por la conservación absoluta ni a quienes quieran convertir el Pirineo «en una urbanización mastodóntica». Y adelantó que están en fase de elaboración las directrices parciales de las cuatro comarcas más turísticas de Teruel (Matarraña, Gúdar-Javalambre, Albarracín y Maestrazgo), así como las directrices sectoriales de la nieve, cauces que serán «muy propicios» para encontrar ese «punto medio» de equilibrio. Biel ha solicitado ya su comparecencia en las Cortes para explicar las directrices.

MALES DEL PIRINEO Según el documento, el principal problema del Pirineo es su baja densidad de población (que en la zona Oriental llega a ser de 4,2 habitantes por kilómetro cuadrado), el elevado envejecimiento y la gran dispersión de sus habitantes (47.608 habitantes en 467 núcleos habitados), lo que provoca un elevado coste de los servicios públicos. Otros condicionantes son las limitadas comunicaciones entre valles y un deficiente servicio de telecomunicaciones aunque, por contra, su naturaleza, belleza paisajística y recursos naturales presentan grandes potencialidades de desarrollo, basado en el turismo.

La prioridad de las directrices es mantener una población activa suficiente que invierta la tendencia demográfica, para lo que se apuesta por una política de rehabilitación de vivienda, mejora de la red de comunicaciones y telecomunicaciones, nuevos equipamientos colectivos, implantación de actividades económicas diversificadas y programas de conservación de ecosistemas.

En cuanto a la accesibilidad, se definen como objetivos estratégicos el acercamiento a Zaragoza y a Francia; la mejora de las comunicaciones internas, carreteras, pistas forestales y caminos rurales; la reapertura del ferrocarril del Canfranc y el túnel de baja cota por los Pirineos centrales.

Zaragoza.- Tras conocer la noticia de la apertura de nuevos equipamientos en la estación de esquí de Cerler “sin los consiguientes permisos para iniciar su actividad”, el portavoz parlamentario de IU, Adolfo Barrena, preguntará al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón sobre esta acción y si la DGA piensa tomar medidas al respecto.

“Al parecer, la estación de Cerler no sólo ha abierto este remonte, sino que además tiene previsto iniciar la actividad de un telesilla para el que tampoco cuenta con los permisos necesarios ni autorización para su funcionamiento”, destaca Barrena.

IU considera que con esta actuación se evidencia, una vez más, la necesaria aprobación de una Ley de Protección de las Montañas de Aragón en la que se promuevan medidas de vertebración y protección de las montañas, en contra de la especulación paisajística y urbanística a la que se están viendo sometidas las montañas de nuestra comunidad.

Las organizaciones de IU tanto federal como autonómica tienen como objetivo común preservar y proteger los valores ecológicos, socieconómicos y medioambientales de las montañas de España y Aragón. Es por ello por lo que la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida ha asegurado que votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular de Protección de las Montañas que se debatirá en el pleno de las Cortes de Aragón este jueves, 15 de diciembre.

Zaragoza.- La comisión promotora de la ILP (iniciativa legislativa popular) por una Ley de protección de la alta montaña de Aragón, presentará su proyecto este jueves en las Cortes, a través del coordinador en Aragón de SEO-Birdlife, Juan Carlos Cirera.

En este sentido, la comisión desea que la proposición sea, al menos, aprobada a trámite, ya que consideran que sería la continuación del proceso democrático correcto y propio, “ya que una iniciativa popular de éxito merece, por lo menos, la consideración de un debate”, como ha señalado una de las integrantes de la plataforma, Blanca Beltrán.

De cualquier modo, y aunque la ley sea admitida a trámite, el resultado final podría llegar a diferir bastante del texto inicial. En este sentido, desde la comisión promotora, se habla de la necesidad de cumplir unos mínimos, entre ellos, la existencia de una moratoria “para que no se realicen grandes obras mientras no haya un marco jurídico sobre qué hacer o qué no”, ha indicado otro de sus integrantes, Paco Iturbe.

Se trata, en definitiva, de conseguir “un texto consensuado que recoja los intereses de todas las partes, sin excepciones, ni ambigüedades o contradicciones”, en palabras de Iturbe. Debe ser, por tanto, un texto claro y refundido.

En este sentido, la ronda previa de reuniones con los grupos parlamentarios desarrollada por la comisión, ha pretendido transmitirles la doble vertiente de la importancia de esta ILP. Por un lado, lo destacado de una iniciativa popular que ha conseguido tanto apoyo, algo que han calificado de “hecho excepcional en la Historia de Aragón”, además de la trascendencia del tema de las montañas, que se considera una de las señas de identidad más importantes de Aragón.

MIRANDO AL FUTURO

De momento, las iniciativas desarrolladas hasta el momento por la comisión surgían como consecuencia de acontecimientos. Sin embargo, “la Ley sí piensa en el futuro para regularlo desde hoy”, según Beltrán.

La respuesta está siendo, como han demostrado las firmas, bastante positiva. “En las ciudades y, sobre todo, en Zaragoza se rechazan mucho las actuaciones contra los espacios naturales. El caso de la montaña es peculiar, porque hay mucha gente que vive del esquí, pero también hay muchos que están conformes con los postulados de la plataforma, porque entienden que se acaba también con un medio de vida y un paisaje”, ha destacado otro integrante de la plataforma, Pepe Racaj.

Los principales problemas destacados por la comisión son la rivalidad y tensión generada a raíz de esto, entre los habitantes de las zonas de montaña, así como “el interés del Gobierno por fomentar el turismo de esquí y el desarrollo urbanístico de su entorno en la zona del Pirineo, porque si fuera algo general se habría desarrollado un Plan General de Aragón para el desarrollo de las zonas de montaña y no sólo unas directrices para el Pirineo aragonés”.

Les estacions d’esquí catalanes han iniciat la campanya d’hivern amb bones perspectives d’ocupació i de neu. Tot l’engranatge que suposa la temporada d’esquí està quasi al 100%, amb una allau de contractació de personal, maquinària treballant les 24 hores i una forta repercussió social i econòmica al territori que envolta les estacions. Són, de fet, les principals indústries de la muntanya, «la Seat del Pirineu», segons el president de la Diputació de Lleida, Isidre Gavín.

No obstant, el sector té dues espines clavades des de fa anys que, si no s’hi troba remei, poden acabar per enfonsar-lo. Una és la situació financera i una altra la mediambiental. És a dir, les estacions catalanes són majoritàriament petites, tant empresarialment com pel que fa al domini esquiable, i la major part tenen crèdits amb l’Institut Català de Finances (ICF) i una salut econòmica que no pot sobreviure només amb la venda de forfets. Per un altre cantó, la competència d’Aragó, la Catalunya Nord i sobretot Andorra és ferotge i els complexos catalans volen créixer i ser més competitius, però la protecció ambiental del Pirineu els limita, igual que limita la possibilitat de sostenir les estacions a base d’urbanitzar i construir segones residències.

Per tot plegat, hi ha molts fronts oberts a la major part d’estacions: el pla director de l’esquí, que ja porta gairebé un any de retard, i el pla territorial del Pirineu hauran d’aclarir el futur d’aquest sector estratègic, que ha fet reviscolar unes comarques que estaven declarades deprimides. Fer viables les empreses, que obrin tot l’any amb més oferta turística i no dependre del sector immobiliari, a més d’obrir més hotels en lloc de fer xalets, són els objectius del govern que encara el sector desconeix.

El conflicte més recent es viu a Vaquèira-Beret (estació líder del sector i gairebé l’única que té guanys cada any) pel projecte d’ampliació cap al Pallars Sobirà i la vall d’Àrreu. El departament de Medi Ambient i Habiatge va anunciar la inclusió d’aquesta vall a la Xarxa Natura 2000, a instàncies de la UE. Per tant, vetaria l’ampliació de l’estació d’esquí, que ja hi té un parell de remuntadors en funcionament des del 2003. Des del departament de Política Territorial es va corregir la proposta de Medi Ambient matisant que només es permetria fer el que deia el pla especial del 2002, que preveia l’ampliació al Pallars en 610 hectàrees. Ara ja es parla no només de consolidar aquest projecte sinó d’estudiar-ne altres, a l’entendre que alguns remuntadors serien compatibles amb l’entorn natural, segons el conseller Nadal.

Sense informació oficial

El més curiós és que des de l’empresa Baqueira Beret SA no en saben res. Aureli Bisbe, director general de la societat, explica que «a nosaltres ningú ens ha dit res i tot plegat sembla una campanya contra el sector i contra la Baqueira Beret, ens acusen gairebé de terroristes i de fer-ho malbé tot». Bisbe afegeix que «farem el que legalment estigui permès i si les normes canvien i no es pot fer res més, doncs no farem res». Carlos Arenado, cap de màrqueting de l’estació, va més enllà i diu que «no entenem res, perquè van ser les mateixes institucions del Pallars i l’anterior govern de CiU els qui ens van demanar que estudiéssim la possibilitat de créixer cap a la Bonaigua. Només vam fer cas al territori».

L’objectiu era i és que el Pallars Sobirà es beneficiï també de l’empenta de Vaquèira. La limitació de la Xarxa Natura 2000 a la vall d’Àrreu pot fer que l’estació aranesa es plantegi créixer cap a l’Aran. Els ecologistes rebutgen que es mantingui el pla de Vaquèira i anuncien pressions davant la UE per preservar la vall d’Àrreu, que consideren un dels pocs espais verges del Pirineu i refugi d’óssos, galls fers i trencalossos.

Fadesa, una potent immobiliària, en una operació llampec ha adquirit el 100% del futur complex turístic de Vallfosca Interllacs, un projecte que s’havia d’executar en deu anys i que ara es farà en la meitat de temps i amb el doble de diners. Fadesa es gastarà 230 milions per fer un miler d’habitatges, una estació d’esquí en 3.400 hectàrees a les valls de Filià, Rus i Llevata, hotels, aparcaments i altres serveis, com botigues, pistes de tenis, balneari i discoteca. Una plataforma d’entitats i veïns ja s’ha aixecat contra el projecte i han iniciat xerrades i recollida d’adhesions per evitar el que consideren un desastre per a la vall Fosca. Els ecologistes els han fet costat, però no els ajuntaments ni el govern. Els contraris al projecte creuen que es trenca amb tot si es fan grans construccions. La seva proposta passa per revifar la zona amb esquí sense grans complexos, natura i turisme rural. Entre la població hi ha certa divisió, ja que d’una banda hi ha qui pensa que tot plegat serà beneficiós per al territori i hi ha qui ho veu com una manera de destrossar el paisatge i construir un poble deu vegades més gran que els de la zona.

Impuls a Port del Comte

Port del Comte vol construir 400 xalets, ampliar l’estació d’esquí i refer el camp de golf, que serà dels més alts d’Europa (1.840 metres d’alçada); aquesta instal·lació esportiva es reobrirà la pròxima primavera amb l’objectiu que l’estació pugui obrir tot l’any. Els ecologistes ja han presentat un contenciós administratiu contra el pla urbanístic; argumenten que aquest complex és el més deficitari en neu i que aquest element no pot ser, per tant, l’excusa per créixer, així com que la urbanització només comportarà segones residències amb una baixa ocupació. L’empresa, però, espera reactivar l’estació i arribar als 5.000 esquiadors diaris.

L’estació ribagorçana de Boí Taüll també ha fet un pas endavant amb l’entrada del grup Nozar, que només enguany s’hi ha gastat 6 milions en millores. Aquesta és una de les poques estacions que tenen aprovat i sense executar un pla urbanístic per créixer en 30.000 metres quadrats construïts. De moment no han decidit quan ni com executaran el pla, però que estigui aprovat els dóna un marge. Ara, però, veient com els veïns aragonesos de Cerler estan comprant finques a la Ribagorça, a la Franja, es veuen venir la pedregada, com es diu popularment, i temen la competència.

El conseller delegat de Boí Taüll, Jordi Sabaté, no descarta ampliar l’estació cap a Durro o Moror i Sant Martí, dues zones analitzades per tenir més domini esquiable. Segons Sabaté, «com a mínim hem de tenir de 80 a 100 quilòmetres de pistes i un miler d’hectàrees», és a dir, doblar l’actual superfície del complex. En cas contrari, amb els anys podrien patir i molt, segons el conseller delegat. L’opció de connectar-se amb la vall Fosca queda descartada. «Boí Taüll Resort no es connectarà amb ningú. Volem créixer sols i amb una aposta clara per la qualaitat», afirma Sabaté.

L’altre gran problema del sector de l’esquí és el financer. Les empreses són petites, familiars en molts casos, i gestionen uns dominis esquiables que són comunals, és a dir, de propietat dels ajuntaments de cada zona. Els Rasos de Peguera ja no obriran les portes per segon any després de contínues pèrdues econòmiques. Espot Esquí tornarà a funcionar precàriament abans de Nadal: tot just a finals de la setmana passada es va autoritzar l’inici dels treballs de manteniment per reobrir amb una mínima inversió de 300.000 euros. L’empresa té un deute de 6 milions d’euros amb l’Institut Català de Finances i els actius són mínims. Els propietaris van demanar la liquidació de la societat quan el govern ja havia iniciat els tràmits per instar a la subhasta i ara els administradors judicials han permès que l’administració, a través de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), se’n faci càrrec fins a la subhasta.

Víctor Orrit, subdelegat del govern al Pirineu, explica que l’objectiu és evitar que Espot tanqui per no perjudicar el territori i el sector hoteler de la zona, «però la Generalitat tampoc vol fer d’empresari de la neu». Per aquest motiu, en un futur es pretén l’entrada de nous socis i la participació d’entitats locals. No es descarta, per tant, que aquest camí el puguin seguir les estacions públiques de la Molina i Vall de Núria, des de fa anys en mans de FGC.

Portainé també és als jutjats, amb un procés concursal (antiga suspensió de pagaments). L’activitat, però, hi és normal i, segons Josep Messeguer, propietari de l’estació, «és viable i estem esperant que la Generalitat ens comuniqui alguna cosa». Portainé, segons el govern, deu 13 milions a l’ICF i la proposta que farà passa per intercanviar deute per accions, cosa que comportaria que l’organisme financer passaria a tenir el control d’una altra estació. El delegat del govern a Lleida, Jaume Gilabert, explica que és obligació de la Generalitat vetllar pels diners públics, però que «això no vol dir intervenir directament en el sector, que s’ha d’intentar que sigui fort i viable».

Competència pirinenca

Les estacions del Pirineu francès, aragonès i andorrà no perden el temps i, de fet, sembla que ho estan fent força bé, perquè s’enduen més de la meitat dels esquiadors catalans. Són competitius en oferta i preus, segons reconeixen els mateixos empresaris catalans de la neu.

Andorra, en dos anys, va tancar dues grans operacions: la fusió de Pas de la Casa-Grau Roig amb Soldeu-El Tarter per crear Grandvalira, de 2.000 hectàrees, i la fusió de Pal-Arinsal amb Ordino-Arcalís, per formar Vallnord. En aquesta última estació, que va ser la primera del Pirineu a disposar d’un telecabina, enguany s’hi han invertit 11 milions, la meitat que al conjunt de les catalanes. Per acabar-ho d’arreglar, enguany s’estrena Porte des Neiges, la primera estació francoandorrana, que connectarà amb Grandvalira per Pas de la Casa.

Pese a que el dictamen no es vinculante supone una clara llamada de
atención a la urbanización desenfrenada del litoral español. El llamado
Informe Fortou responde a las quejas de cerca de 15.000 ciudadanos de
varios países de la UE, en su mayoría propietarios de fincas y chales,
que alegan que se han visto obligados a pagar excesivas cuotas de
urbanización y, en ocasiones a la expropiación de sus fincas a favor de
las empresas urbanizadoras.

El texto ha sido aprobado por 550 votos a favor, 45 en contra y 25
abstenciones. El informe insiste «con urgencia» en la necesidad de
aplicar ese parón a las recalificaciones para evitar desviaciones e
intentar frenar el impacto de algunas actuaciones urbanísticas, que
afectan principalmente a la costa. Los eurodiputados advierten además de
que «parece que se está produciendo una cierta precipitación para
comprometer nuevos proyectos antes de la promulgación de una nueva ley,
que sin duda parecerá más restrictiva.

En el texto se sugiere la creación de una oficina de reclamaciones -bajo
autoridad de responsables locales y del Gobierno valenciano- que asista
a las personas afectadas por la aplicación de la laegislación
urbanística en vigor. Además, se pide a las autoridades estatales y
autonómicas que garanticen que los planes generales de desarrollo y
urbanización que puedan tener un impacto ambiental significativo «estén
sujetas a una evaluación estratégica de impacto ambiental en
cumplimiento con la legislación comunitaria.

Según la Consejería de Territorio y Vivienda de la Generalitat
Valenciana, si España aplica finalmente la moratoria esta afectaría a 96
actuaciones urbanísticas y superficie reclasificada que quedaría en
suspenso ascendería a 55 millones de metros cuadrados de suelo de 64
ayuntamientos distintos.

El Gobierno de Aragón ha decidido subirse al carro de los
impuestos medioambientales. Antes de final de año tiene previsto aprobar
una Ley de Medidas Fiscales que incluye tres nuevos gravámenes sobre las
grandes superficies comerciales (incluyendo la zona de aparcamiento),
los remontes de esquí (porque considera que «perturban el ecosistema») y
las emisiones contaminantes, con lo que espera recaudar 17,7 millones de
euros y paliar así la pérdida de recaudación que provocará la reducción
de la presión fiscal sobre las familias, los jóvenes, los mayores y los
discapacitados.

Gravar las actividades que dañan el entorno está de moda. El Gobierno
central ha anunciado recientemente la creación de impuestos verdes para
compensar las rebajas previstas en el IRPF y el impuesto de sociedades.
Y ahora Aragón se ha sumado a Andalucía, Castilla-La Mancha,
Extremadura, Galicia y Madrid en la imposición de penas pecuniarias a
las empresas contaminantes.

El consejero aragonés de Economía y Hacienda, Eduardo Bandrés, justifica
su creación porque «es una tendencia que se da en toda Europa: la
reducción de los impuestos que gravan lo bueno, como la renta, el
patrimonio o el trabajo; y el aumento de la carga fiscal sobre las
actividades con efectos negativos».

El proyecto de Ley de Medidas Fiscales del Gobierno aragonés, que el
consejero cree que estará aprobado antes de final de año, para aplicarlo
en 2006, recoge tres impuestos denominados medioambientales. El
Ejecutivo ha afirmado que el dinero obtenido -17,7 millones de euros- se
utilizará en la conservación del medio ambiente.

Concretamente, el impuesto sobre los centros comerciales se establece
según el número de metros cuadrados, incluyendo áreas de venta,
almacenes y aparcamiento. El Ejecutivo ha decidido incluir el
aparcamiento porque, según especifica el proyecto, «denota la capacidad
del establecimiento para atraer y acoger al tráfico, que genera el
principal efecto contaminante». La tasa, que se aplicará anualmente a
los hipermercados mayores de 500 metros, oscila entre 12 y 19 euros el
metro cuadrado, aunque habrá correctores en función de la clase y el
tipo de suelo. El Gobierno de Aragón espera recaudar cuatro millones de
euros al año.

El impuesto sobre el transporte por cable grava los que trasladan a
personas y los que llevan mercancías utilizadas en el medio forestal. La
norma afirma que constituyen un «elemento perturbador del paisaje». En
el caso de los remontes, el hecho imponible se incrementa, incluyendo no
sólo la longitud del arrastre -12 euros el metro al año-, sino también
los kilómetros de pista. «Las estaciones de esquí», según el proyecto,
«atraen masivamente personas y perturban el ecosistema». Bandrés asegura
que «el impacto en el esquiador será prácticamente irrelevante». En
total se obtendrán unos 1,7 millones de euros.

El gravamen que más dinero proporcionará(12 millones de euros) es el que
penaliza la emisión de contaminantes a la atmósfera. Las empresas
pagarán en función de la cantidad emitida de óxidos de azufre, nitrógeno
y dióxido de carbono.

Críticas de la oposición

Los partidos que conforman el Gobierno -PSOE y Partido Aragonés- han
presentado dos enmiendas para que los dueños de los remontes se
beneficien durante el primer año de una reducción del 50% y para que el
aparcamiento no compute más del 25% de la superficie total del
hipermercado. «Así no se gravará demasiado a los grandes comercios de
las afueras en comparación con los del centro», afirma Bandrés. Sin
embargo, el principal partido de la oposición (PP) ha pedido que se
supriman los tres porque «afectarán al turismo, provocarán pérdida de
competitividad en las empresas aragonesas y repercutirán en todos los
ciudadanos», según explica Manuel Guedea, su responsable de Economía.
Ante estas críticas, el consejero responde: «Para nosotros, el valor del
medio ambiente no es infinito. Por eso hemos aplicado cuotas más
reducidas que en otras comunidades».

La Confederación de Empresarios de Aragón también se ha mostrado
contraria a las nuevas tasas. Su presidente, Jesús Morte, critica
especialmente la que grava los comercios porque «aumentará la inflación
y hará que pierdan competitividad». Además, considera que no ayudará al
pequeño comercio porque lo recaudado no se destinará a su fomento, como
sucede en Cataluña.

Cabe recordar a ARAMON que en dicho tramite y en base a las
alegaciones recibidas podrá o no recibir dicha concesión. El hecho de
haber construido dichas instalaciones sin esperar los preceptivos
permisos es una vulneración grave de la ley, lo que deja a la estación
en situación de clara inseguridad jurídica. Asimismo, estos hechos
constituyen un fraude flagrante para los usuarios y su seguridad: ¿qué
ocurriría en caso de accidente? ¿qué compañía de seguros se haría
cargo de las indemnizaciones?…

Si bien Ecologistas en Acción considera positivos algunos pasos dados
recientemente por la Consejería de Medio Ambiente ajustándose a lo
establecido en las distintas normativas existentes, consideramos que
debería actuar con urgencia en este caso y paralizar ambas
instalaciones mientras no tengan todos los permisos, imponiendo las
correspondientes sanciones. Medio Ambiente no debería dudar en actuar
ya que estos hechos fueron puestos en conocimiento del Ayuntamiento de
Benasque sin que tengamos conocimiento de que se haya actuado. En
cualquier caso, Ecologistas en Acción emprenderá las acciones legales
oportunas para denunciar estos hechos.

Ecologistas en Acción, si bien considera positivo una modernización de
los remontes existentes dentro del dominio esquiable actual, denuncia
que esta se haga sin respetar la legalidad. Recientemente la estación
de esquí de Candanchu recibió la concesión administrativa de
construcción y explotación del telesilla Reina Sofía el día 5 de
diciembre y se puso en funcionamiento al día siguiente lo que para
esta organización considera un hecho admirable: Candanchú construyo
dicho telesilla en menos de un día.

El Gobierno, la mayoría de los partidos y la práctica totalidad de los
municipios de montaña apuestan por la nieve como motor turístico de
zonas como los Pirineos o la Ibérica con pocas alternativas de
desarrollo. Haciendo las cosas con respeto ambiental, con planificación
urbanística adecuada y con las explicaciones suficientes, tanto para los
convencidos como para los escépticos, pocas objeciones encontrarán en el
camino los promotores de estas intervenciones. Como no se pueden hacer
las cosas es como las está haciendo últimamente Aramón, con prisas. Y no
lo decimos nosotros, lo dice Medio Ambiente de la DGA, cuyo consejero,
Alfredo Boné ha devuelto varios documentos a la empresa que promueve las
ampliaciones de Cerler, Panticosa, Formigal, Valdelinares y Javalambre.
Llévense los proyectos con inteligencia y respetando los procedimientos.
Encontrarán la empatía del ciudadano. Lo contrario sólo provocará
recelo.

Se ha actuado de forma muy agresiva adaptando la topografía a la obra y no
al revés. De esta forma los daños son irreparables porque se ha afectado a
un habitat pirenaico sin reposición posible.

El portavoz de la PDM manifiesta estar en absoluto desacuerdo con varias de
las afirmaciones vertidas por el Consejero Delegado de Aramón, Javier
Blecua. Polanco afirma que la PDM no ha actuado de mala fé y lamentó que
Aramón diga que los grupos conservacionistas no tienen responsabilidad
cuando son ellos los que han demostrado muy poca en sus obras.

La PDM no es contraria al esquí , lo que plantea es que tenga un desarrollo
armónico y lógico. Javier Blecua rechazó entrar en la polémica: «se ha llegado aun punto donde es más importante que lo que digamos es la opinión que se puede formar la gente por si misma; que suban a Formigal y vean que los problemas se han solucionado».

Sólo CHA e IU tenían ayer decidido apoyar el jueves en el pleno de las Cortes de Aragón la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular que propone, con el apoyo de más de 30.000 firmas, promulgar una ley para «establecer un régimen de protección especial para la alta montaña», es decir, todos los territorios por encima de 1.500 metros. El texto, impulsado por colectivos ecologistas y que ha duplicado la cifra de apoyos que exige la legislación para que la Cámara autonómica la admita a trámite, propone, entre otros aspectos, establecer una moratoria de dos años para la «creación, modificación o ampliación de estaciones de esquí y centros invernales que se pretendan instalar en áreas de alta montaña». Uno de los primeros puntos del orden del día del pleno del jueves es el debate de su toma en consideración. Si sale adelante, las Cortes abrirán un periodo de enmiendas y constituirán una ponencia para iniciar su debate. Si no la apoyan la mitad más uno de los diputados, será descartada. CHA considera que «necesaria una normativa para regular y proteger la montaña; más, cuando la DGA apoya proyectos de dudosa viabilidad», señaló la diputada Yolanda Echeverría. Adolfo Barrena, de IU, mostró su apoyo a la propuesta y destacó la excesiva presión urbanística a la que se ve sometido el Pirineo, que considera que puede ser insostenible. Ambos destacaron el amplio apoyo social de la propuesta. PP y PAR no habían decidido su voto. En el primer caso, por cuestiones de agenda del grupo. En el segundo, optaron por esperar a conocer las medidas ambientales que aprueba hoy la DGA. El PSOE no hizo pública su postura.

Cerler puso en marcha la cinta de transporte de Turberes «atendiendo al interés social manifestado, tanto por el Ayuntamiento de Benasque como por vecinos y empresarios del valle», según una carta remitida ayer por Aramón a este diario. La concesión del permiso para ocupar el terreno está en información pública hasta el d¬a 18. Cerler proyecta abrir esta campaña un telesilla que tampoco tiene ese permiso todavía.

El Periodico de Aragón. 13 de diciembre de 2005

El Ayuntamiento de Gistaín retiró el pasado verano el proyecto de construcción de la estación de esquí de Puerta Suelza al ser advertido de que cometió un error en la tramitación que hacía imposible su aprobación. El consistorio volverá a entregarlo en forma para que la DGA valore su viabilidad.

El proyecto fue presentado ante la Dirección General de Calidad Ambiental de la DGA para que evaluara su impacto. Sin embargo, los técnicos advirtieron al ayuntamiento de que carecían de competencias para tramitarlo. Concretamente, le alertaron de que la ley de Turismo de Aragón señala que los centros de esquí y montaña tendrán el carácter de proyectos supramunicipales, por lo que su habilitación administrativa debe seguir otro camino que afecta a más departamentos.

Así, tras solicitarlo el ayuntamiento una vez le fue comunicada la situación desde Medio Ambiente, la consejería le devolvió el expediente.

Fuentes del Departamento de Industria, Comercio y Turismo indicaron ayer que hasta la fecha no se había recibido en sus dependencias ninguna petición relacionada con la estación de Puerta Suelza.

El nuevo trámite incluye el estudio de las consecuencias ambientales que podría tener la construcción del complejo invernal, el más alto del Pirineo, en el Sobrarbe.

ARAMON PUNTUALIZA Por otro lado, Aramón, la empresa semipública participada por la DGA e Ibercaja que gestiona las principales estaciones aragonesas, señaló ayer en una carta remitida a este diario que ni ella «ni ninguna otra empresa del grupo tienen en proyecto inversión alguna en dicha estación de esquí y, por tanto, tampoco adquisiciones de suelos en dicha zona».

El alcalde de Gistaín, Javier Loste, explicó el fin de semana a este periódico que Aramón habían mantenido contactos con municipios de la zona para participar en la construcción de la estación y financiarla con los beneficios que generaría la urbanización de 180 hectáreas de terreno en varios pueblos del Sobrarbe.

Aramón ha participado, según varias fuentes, en reuniones sobre el proyecto, liderado por una empresa de ámbito estatal que proyecta abrir, además de la estación de esquí, un complejo de ocio que incluiría campos de golf.

Mariano González, alcalde de Tella-Sin –el municipio que comparte con Gistaín el terreno de la estación– y vicepresidente de la Comarca del Sobrarbe, confirmó los contactos con la firma madrileña y dijo que Aramón supedita su apoyo a la estación del Sobrarbe a un acuerdo previo sobre si se impulsa Puerta Suelza o Ruego, ésta en Bielsa.

REQUISITOS ECOLOGICOS Medio Ambiente de la DGA ha echado un jarro de
agua fría al proyecto de Aramón y el ayuntamiento, que crearon la semana
pasada una empresa para gestionar la operación. El consistorio pidió a
la consejería que descatalogara la ladera que proyecta urbanizar,
declarada de utilidad pública aunque sea de su propiedad. El Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) desestimó en marzo la solicitud y
remitió a los promotores a la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio de Huesca, dependiente de Obras Públicas. Sus responsables
entendieron que no procedía descatalogarlo y que no se trataba sólo de
una cuestión ambiental, sino que para acometer una operación
inmobiliaria de este tipo el ayuntamiento debería tramitar una reforma
del Plan General de Ordenación Urbana.

Con todo, y aunque su inclusión en una Reserva de la Biosfera no vete de
forma preceptiva las actividades de construcción, el proyecto tiene la
oposición de Medio Ambiente. La consejería, que ha hecho
descatalogaciones con permutas de terreno que han permitido la
protección de áreas de mayor tamaño o interés natural, establece como
requisito que el nuevo uso del monte desafectado sea sobre todo público.
Medio Ambiente no es partidario de descatalogar montes para urbanizar.

Prisa innecesaria
JAIME Armengol (13/12/2005)

El nuevo equipo gestor de Aramón ha encontrado en Medio Ambiente de la DGA dificultades que hasta hace unos meses no se producían en la tramitación de proyectos. Sin causa política que sustente esta nueva realidad, pues tanto el PAR como el PSOE están de acuerdo en la apuesta de la nieve, los motivos hay que encontrarlos en las prisas de la compañía por superar trámites ambientales y urbanísticos muy complejos. Al ciudadano razonablemente informado no puede parecerle lógico que Medio Ambiente devuelva proyectos realizados por una empresa de la que la propia DGA ostenta un 50% de la titularidad. Ni el Gobierno ni una mayoría social y política aragonesa objetan de una expansión racional del negocio de la nieve que beneficie a los valles, a sus ayuntamientos y a sus vecinos. Pero planificada con cuidado, sin voracidad y con planteamientos claros.

La expansión de las dos estaciones de esquí de Teruel ha encontrado serios problemas administrativos. El Departamento de Medio Ambiente de la DGA ha echado atrás los trámites para el crecimiento de Valdelinares y recortará en breves fechas la expansión de Javalambre, según ha podido saber EL PERIODICO DE ARAGON.

En el caso de Valdelinares, promovido por Aramón, la empresa semipública participada por la DGA e Ibercaja, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) ha declarado nulo el proceso de información pública desarrollado por el ayuntamiento turolense al estimar que el documento puesto a disposición de los ciudadanos era tan sólo un borrador de la ampliación y no un proyecto propiamente dicho.

El Inaga tomó esa decisión poco después de recibir el expediente que le remitió el consistorio con el resultado de la exposición al público: la mayoría de las alegaciones denunciaba precisamente defectos de forma en el proceso por la inconsistencia de la información a la que podían acceder.

El Inaga ha requerido a Aramón para que le envíe una información complementaria antes de decidir la nueva salida a información pública del proyecto.

En el caso de Javalambre, el recorte de las aspiraciones iniciales de Aramón se materializará, dentro de unos días, cuando se haga oficial la declaración de impacto ambiental del proyecto. Fuentes de Medio Ambiente explicaron que la resolución «modificará sustancialmente las pretensiones» de los promotores de la operación por los inconvenientes ecológicos que plantea.

La ampliación de la estación de Javalambre, a la que durante el invierno se desplazan semanalmente cientos de esquiadores –la inmensa mayoría de ellos procedentes de la Comunidad Valenciana–, es una vieja reclamación de los alcaldes de la comarca de Gúdar-Javalambre.

Fuentes de Aramón consideraron que la reclamación de más información sobre la expansión de Valdelinares es «algo normal» en la tramitación de las ampliaciones, lo mismo que ocurre con otros proyectos de infraestructuras y equipamientos tanto públicos como privados. Según explicaron, la DGA lleva varios meses reclamando más datos antes de sacar a información pública la actuación.

La misma consideración efectuaron al saber que la evaluación de impacto ambiental establecerá restricciones sobre los planes de extensión de Javalambre. «También ocurrió en Cerler y Formigal», señalaron.

Pese a lo que pueda parecer, las trabas de Medio Ambiente –dirigido por Alfredo Boné, del PAR– a Aramón –controlado desde la Presidencia de la DGA– carecen de lectura política, explicaron fuentes del Gobierno de Aragón. Se deben al contenido de los proyectos.

La empresa semipública Aramón, participada por la DGA e Ibercaja,
impulsa la urbanización de 180 hectáreas de suelo en el Sobrarbe para
financiar la apertura de la estación de esquí de Punta Suelza, en los
términos de Gistaín y Tella-Sin.

El alcalde de Gistaín, José Loste, confirmó que se han producido
contactos entre los ayuntamientos, la Comarca, la DGA, Ibercaja y
Aramón para desencallar el proyecto, del que se habla desde hace 40
años. Ninguno de los dos municipios tiene capacidad económica para
afrontar la operación en solitario: una consultora valoró la inversión
en 42 millones de euros hace seis años. Aramón está dispuesto a entrar
en el proyecto, aunque lo condiciona a la disponibilidad de suelo
edificable para generar, al urbanizarlo, recursos con los que afrontar
la inversión.

La empresa apuesta por las operaciones urbanísticas para financiar el
esquí. En Sallent de Gállego impulsa la recalificación de 46 hectáreas
para construir más de 1.000 viviendas junto a Formigal. En Panticosa
quiere edificar 20 hectáreas para destinar 54 millones a la estación.

En el caso del Sobrarbe, la superficie cuadruplica a la proyectada en
Sallent, aunque no se trataría de una macrourbanización –con la
densidad de construcción de Formigal daría para 5.400 viviendas–
sino, explicó Loste, de actuaciones en varios municipios del Sobrarbe.
«Gistaín y Tella no tenemos suficiente suelo. En la zona alta de la
estación sobra terreno, pero no se puede edificar más que lo
imprescindible por el impacto ambiental. Hay que hacerlo en otros
pueblos», dijo.

VISTO BUENO DEL INAGA El Sobrarbe es la única comarca pirenaica sin
estaciones de esquí, lo que reduce a los meses estivales la actividad
hostelera, cuya estacionalidad viene marcada por el Parque de Ordesa.

Según explicó Loste, el proyecto ha recibido el informe favorable del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga). Incluye dos edificios
de servicios, en diferentes cotas, que albergarían las cafeterías,
restaurantes y oficinas de turismo.

Si abre sus pistas, Puerta Suelza sería la segunda estación de España
por altitud: sólo Sierra Nevada supera su cota de 2.987 metros. Su
capacidad teórica es de 6.000 esquiadores por jornada. Sus 50
kilómetros de pistas ocuparían 500 hectáreas en Gistaín, al norte, y
en el Valle de la Comuna, en Tella-Sin, al Sur. El planteamiento
inicial incluye tres tipos de recorridos entre los que se incluyen dos
pistas de 1.200 metros de longitud, homologables como olímpicas.
Serían las únicas de estas características en todo el Pirineo.

Otra cosa son los accesos. Sin descartar un teleférico, un estudio
entregado el año pasado a la Comarca se inclina por un ferrocarril de
Bielsa a Puerta Suelza por el collado de la Cruz del Guardia.

La instalación que ya funciona es la cinta de transporte del paraje de Tuberes. Cerler.com explica, junto a una fotografía de un esquiador en la cinta, que la zona de principiantes fue inaugurada el 3 de diciembre con «una muy buena aceptación». El sector Ampriu «ya contaba con dos telesquís, pero había una gran demanda del público para un remonte más fácil de utilizar», añade.

El segundo equipamiento es el telesilla Rincón del Cielo, que sustituirá a dos telesquís. La estación ha anunciado que «se pondrá en marcha a finales de diciembre o a principios de enero».

Los hechos han sido denunciados por Ecologistas en Acción ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental para que «tome las medidas que considere oportunas con el fin de cumplir la legalidad vigente». «Es obvio que carece de todo sentido alegar contra algo ya construido», señala la carta de los conservacionistas.

El Senado considera insoportable la presión urbanística a la que se ve sometido el Pirineo. El Informe de la Ponencia sobre Desarrollo y Comunicaciones en la cordillera, aprobado por unanimidad en la Comisión de Fomento y Vivienda, propone aplicar «un modelo de turismo sostenible, con una oferta constante durante todo el año» que permita evitar «los inconvenientes» del actual sistema estacional, basado en la nieve en invierno y en el montañismo, el senderismo, el golf y el deporte de aventura en verano. El presente modelo, añade, «tiene poca proyección de plazas hoteleras y ha producido grandes concentraciones urbanísticas en determinados puntos, manteniéndose la despoblación en el resto del área».

El documento apuesta por garantizar, mediante la potenciación del turismo cultural, etnográfico y de naturaleza, una «oferta constante durante todo el año» que permitiera la prevalencia de «la idea del complejo hotelero o de las casas rurales por encima de las segundas residencias». Paralelamente, anota que la reconversión de las estaciones de esquí en complejos deportivos de ocio y deporte permitiría dotar al empleo en la zona de una estabilidad de la que ahora carece. La ponencia concluye que «romper la inercia que todavía hoy impera en la mayor parte» de la montaña permitiría disponer «en muy pocos años» de «un Pirineo en pleno desarrollo».

Un estudio de IU concluye que el ritmo de construcción en algunas zonas de la Jacetania llega a las 25 viviendas por cada nuevo vecino, mientras que en el general del Pirineo la relación es de 20 a uno.

El crecimiento urbanístico es desorbitado en localidades como Sallent de Gállego, donde en la década 1991-2001 se edificaron 1.248 viviendas mientras la población crecía en 194 personas en ese mismo periodo. Ahora, cuando apenas supera los 1.300 habitantes de derecho, el ayuntamiento y Aramón impulsan junto a Formigal una urbanización de 756 chalets libres y 252 viviendas protegidas con 8,4 hectáreas reservadas para levantar hoteles.

En ese mismo periodo, Biescas creció en 73 vecinos mientras su parque inmobiliario aumentaba en 994 y en Benasque se construían 1.046 pisos y chalets para un crecimiento de 401 vecinos. Panticosa veía levantar 187 viviendas para 116 nuevos habitantes.

EL CASO DE JACA La situación fue paradójica durante esa década en Jaca. La perla del Pirineo ganó 558 vecinos y 2.374 pisos y chalets, al tiempo que la cifra de viviendas vacías se disparaba en 2.411: más desocupadas que de nueva construcción.

José Luis Latas, de Ecologistas en Acción, critica el modelo de crecimiento urbanístico de la montaña: «El Pirineo se despuebla mientras no paran de construir vivienda a precios inaccesibles. El padrón de algunos municipios aumenta, pero es un crecimiento artificial, ya que no se trata de población residente. Me estremece oír a un alcalde decir que está orgulloso de que el metro cuadrado cueste tanto en su pueblo como en el paseo de la Independencia».

EFECTOS Latas destaca los efectos desequilibrantes que está provocando el actual modelo urbanístico. «No es normal que sólo se invierta en cabeceras de comarca con pistas de esquí», anota.

El Senado reconoce que el turismo ha frenado la despoblación del Pirineo. Pero, ¿cómo? Según un estudio de CHA, el Sobrarbe y la Jacetania fueron, con 165 y 669 habitantes, las únicas comarcas pirenaicas que ganaron población en la última década del siglo XX. El documento de IU señala que en los tres últimos años la población crece en los municipios con estación de esquí: Jaca ha ganado 1.482 vecinos; Benasque, 944; Sallent, 341, y Panticosa, 129.

Javier Blecua: «Todo lo que genera como negocio una estación de esquí tiene que reinvertirse en ella»

«La nieve es un sector socioeconómico imprescindible para Aragón y nuestra filosofía es desarrollarlo con los mayores parámetros de calidad, competitividad y respeto ambiental posibles». Así entiende el máximo responsable ejecutivo de Aramón el objetivo de su empresa.

Heraldo de Aragón. 11 de diciembre de 2005

CARLOS VILLANOVA. Zaragoza | El consejero delegado de Montañas de
Aragón (Aramón), la empresa participada (Ibercaja y DGA al 50%) que
agrupa las estaciones de Formigal, Panticosa, Cerler, Gúdar y
Javalambre, cumple por estas fechas un año en el cargo. Doce meses en
los que ha tenido que hacer frente a fuertes controversias.

PREGUNTA- Le ha tocado vivir la etapa más complicada del grupo, sobre
todo por las críticas ecologistas a las obras de Formigal .

RESPUESTA- Pero ya hemos logrado superar los problemas y la gran
reforma de la estación está perfectamente encauzada. La próxima
campaña estará operativa al completo, con un nuevo telecabina de ocho
plazas en lugar del «huevo». Ha habido una actuación muy ambiciosa y
algo precipitada. Son obras de un enorme alcance que se plantearon
sólo en seis meses cuando se tendrían que programar en dos años. Se
pecó de exceso de ambición, pero Formigal va a ser en diciembre de
2006 el mejor centro invernal de España por su renovación, su
infraestructura y sus servicios.

P.- La Plataforma en Defensa de las Montañas cargó contra las obras
con fotografías muy duras.

R.- Hubo una cierta mala fe al presentar imágenes de obras
inconclusas, con desmontes y cosas naturales en esas actuaciones. Pero
cuando se acaba la obra, como es el caso del aparcamiento del
Portalet, se corrigen esas cosas y se solucionan con normalidad.
Fueron críticas oportunistas, tendenciosas y parciales. Se podrían
hacer ahora otras fotos de la estación, que esta preciosa, y si se
comparasen con las que hicieron a mitad de obra la gente pensaría que
las nuevas son de Suiza.

P.- Pero sí que reconoció en su día que se habían cometido errores.

R.- Sin duda, y hemos aprendido de ello, igual que aprendemos de lo
mucho que se ha hecho bien. Pero las formas son también importantes a
la hora de hacer crítica, sobre todo cuando se hacen sobre algo que
tiene una repercusión directa sobre la vida socioeconómica de muchas
poblaciones. Ése es un ejercicio de responsabilidad que deben hacer
aquellos colectivos que no estén de acuerdo con la actuación de
Aramón. Estamos abiertos al diálogo y a la crítica, pero deben valorar
que se trata de cuestiones que afectan mucho más allá de esta empresa,
que el esquí tiene un efecto multiplicador en las economías de los
valles y de miles de familias que viven del turismo y que se ven
gravemente perjudicadas por el alarmismo social que despiertan algunas
polémicas desaforadas.

P.- Los problemas de Formigal ya están solucionados, pero a costa de
una fuerte inversión extra.

R.- No tanto. Lo significativo no se ha alterado. Ha habido un
encarecimiento de algunas actuaciones que responden a lo normal en
obra pública. Las infraestructuras básicamente son las mismas y lo que
hemos tenido que hacer son actuaciones de reforzamiento o de
reubicación. El grueso de la inversión del grupo es de 64 millones y
la corrección de errores es un porcentaje no significativo.

P.- ¿No cree posible una realidad socioeconómica en el Pirineo sin el esquí?.

R.- Imposible. El siglo pasado se hablaba del Pirineo como un mundo
lleno, donde no cabía más gente y en el que sólo podía subsistir el
heredero de la casa familiar. Era un sistema duro y basado en los
recursos agrarios y forestales. Ha habido un cambio radical y ya no
pueden vivir con esos recursos tradicionales. Ahora todo es el
turismo, las otras actividades sólo pueden ser complementarias. Donde
se han creado estaciones de esquí, la población se ha asentado y
multiplicado, mientras que en el resto de comarcas ha habido una
despoblación brutal.

P.- La otra estación del valle de Tena, Panticosa, está en quiebra
técnica. ¿Tiene futuro?.

R.- Aramón tiene la responsabilidad de intentar que lo tenga. Hemos
explicado cuál es la realidad, con una cuenta de explotación con
pérdidas acumuladas alarmantes. El último ejercicio han sido dos
millones de euros. Así es imposible mantener la estación y menos
reformarla. O somos todos conscientes de eso o algún día no podrá
abrir. Hasta ahora ha habido una política miope, que separa la
inversión en la estación de las plusvalías urbanísticas que genera en
la zona. Las plusvalías se han creado, pero la riqueza ha ido a otros
sitios y nos encontramos con un centro anticuado y con un déficit de
800 plazas hoteleras.

P.- ¿Defiende como inevitable ese modelo de ligar inversión en pistas
con desarrollo urbanístico?.

R.- Es que lo es. Y es un modelo moralmente mucho más defendible que
lo que hasta ahora ha funcionado: que el propietario del suelo haga
sus promociones gracias a que hay una estación de esquí y se lleva el
dinero a Zaragoza, Madrid o donde sea. Todo lo que genere como negocio
una estación de esquí se debe reinvertir en ella. El ejemplo es
Sallent de Gállego. Al alcalde le dijimos qué estación quería, de
primera o de segunda. La quería de primera y jugar en esa división
costaba 120 millones en reformas, algo inalcanzable vía explotación.
Lo que hicimos fue una alianza con el Ayuntamiento para costear la
reforma, en parte, con un desarrollo urbanístico, con el 60% a cargo
del Consistorio y el 40% de Aramón. De ese 40%, el 20% es para VPO y
otro 20% para hoteles. Todos los beneficios son para la estación.

P.- Pero ese modelo se cuestiona por la ocupación del territorio, la
mala arquitectura que se ha venido haciendo y el problema de las
urbanizaciones fantasma.

R.- En cuanto a ocupación, las estaciones de esquí suponen ahora sólo
el 0,3% del territorio aragonés de montaña. Sobre la calidad de la
arquitectura, debe ser una referencia para nosotros. Pero es que
Aramón no ha hecho todavía ninguna obra de urbanización. Queremos
contar con arquitectos de referencia e implantar modelos ejemplares de
integración en el paisaje y respeto ambiental. Y buscamos fórmulas de
gestión inmobiliaria y de prestación de servicios para evitar que las
casas se habiten sólo unos días al año.

P.- ¿Cuándo será esquiable su proyecto de Castanesa?.

R.- El objetivo es que la telecabina de 36 plazas desde Ribera esté en
diciembre de 2008 y que haya remontes para abrir algunas pistas.
Castanesa, que enlazará con Cerler, va ser modélica en varias
cuestiones. Los desarrollos urbanísticos no afectarán al monte, no se
construirá ninguna carretera para llegar a las pistas y se conseguirá,
con la unión de Cerler, el mayor dominio esquiable del Pirineo. Será
una estación de primera y de liga de campeones.

P.- En Teruel tienen problemas para los proyectos de ampliación.

R.- Vamos a hacer grandes inversiones en Gúdar y Javalambre, ligando
la nieve con el turismo verde. Ya hay un acuerdo con Medio Ambiente de
lo que se puede hacer en esas estaciones y empezaremos a hacer obras
el año que viene. Son estaciones con cinco millones de clientes
potenciales del Levante que cada día están más cerca con la autovía.

El Día Internacional de las Montañas, designado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas tras la celebración del Año
Internacional de las Montañas en 2002, nos recuerda que en la última
década, numerosas zonas de alta montaña del Estado español han sido
afectadas por proyectos que no tienen en cuenta las limitaciones
físicas donde se desarrollan las mismas.

En el Estado español existen actualmente 28 estaciones de esquí, que
cada vez generan un mayor impacto ambiental, especialmente debido a
las instalaciones que acompañan a las pistas de esquí, tales como
carreteras, aparcamientos, restaurantes, tiendas, crecimientos
urbanísticos desorbitados, remontes, hoteles, e incluso campos de
golf. Actualmente el esquí se ha convertido en una mera excusa, en un
reclamo para el negocio y la especulación en las áreas de montaña.

Además, existe una decena de proyectos de nuevas estaciones de esquí o
ampliaciones de las ya existentes Estas estaciones de esquí sirven de
excusa para la construcción de numerosas urbanizaciones que con
hoteles, centros comerciales e incluso campos de golf de gran impacto
ambiental generan severos impactos ambientales, siendo precisamente
dichos proyectos urbanísticos los económicamente rentables, frente a
las deficitarias estaciones de esquí. Esto ha quedado en evidencia en
una reciente declaración del Presidente de IBERCAJA, accionista al 50%
de ARAMON quien ha reconocido que «Una instalación mecánica no es
rentable. Es un pozo sin fondo de meter dinero a pérdidas» Por ello
esta empresa y otras similares condicionan las nuevas estaciones de
esquí o sus ampliaciones a proyectos urbanísticos faraónicos en áreas
de montaña de gran valor natural.

La experiencia demuestra que el turismo alpino puede producir diversos
efectos nocivos. Puede degradar y ejercer presiones sobre los frágiles
ecosistemas montañosos, destruyendo las propiedades que les dan su
encanto. Las montañas son uno de los depósitos más importantes de
biodiversidad en el mundo, pero la construcción, la contaminación y el
ruido constituyen un peligro para este valioso recurso.

Por todo ello, Ecologistas en Acción considera que el Ministerio de
Medio Ambiente y las administraciones autonómicas competentes deberían
prestar especial atención a las montañas, aprobando en primer lugar la
Carta de las Montañas, otorgando mayor protección a los principales
sistemas montañosos, especialmente con la ampliación de las zonas de
montaña incluidas en la Red de Parques Nacionales, y frenando el
elevado número de proyectos de instalación o ampliación de estaciones
de esquí así como del importante crecimiento de urbanizaciones.

Precisamente el próximo día 15 de diciembre, las Cortes Aragonesas
decidirán si admiten a tramite una Iniciativa Legislativa Popular
(ILP) en defensa de la alta montaña aragonesa firmada por 30.000
aragoneses donde se podrá comprobar la voluntad de proteger las
montañas por parte de clase política aragonesa.

Ecologistas en Acción también quiere recordar a todas las
administraciones competentes, que las actuales dinámicas que afectan a
las montañas resultan tanto más preocupantes a la luz de los estudios
existentes acerca del cambio climático, en los que se reconoce de
forma expresa que los ecosistemas de montaña se contarán entre los más
vulnerables y amenazados en un plazo relativamente breve por las
consecuencias del cambio climático. Esta situación vuelve aún más
urgente la necesidad de invertir todo el esfuerzo posible en prevenir
y mitigar estos efectos, cobrando inmensa importancia las políticas de
conservación, la restauración ecológica y la implantación de modelos
de desarrollo respetuoso en las áreas de montaña, que garanticen el
bienestar equitativo y sostenible de sus moradores, y por el contrario
deberán erradicarse o minimizarse todos aquellos usos del territorio
que generan deterioro de los ecosistemas reduciendo su vitalidad y
capacidad de adaptación o supervivencia

Suben los dinamiteros al collado Batallero. Baja perplejo el viajero francés contemplando la montaña herida. Sube el estrés sísmico en los cimientos de edificios de la estación. Baja la guardia y da “manga ancha” la consejería de medio ambiente ante tanto desatino.

Sube la cota de nieve por el efecto invernadero. Bajan sin cesar, centímetro a centímetro, las pilastras de anclaje del todopoderoso arrastre de 8 plazas. Suben, tras desmontarlo, el susodicho ingenio a otra pista. Bajan, entre crujidos, los cimientos de los puentes de Sextas-Formigal sobre el nacimiento del río.¡Que frenesí!.

Sube el costo de las subvencionadas obras de ampliación de Formigal. Baja el número de explicaciones en sede parlamentaria. Sube a 6.000 euros el metro construido en Sallent. Baja la opción de conseguir vivienda, a precio razonable, para jóvenes y trabajadores en la zona. ¡Más, más!

Suben por las laderas de la Peña Foratata (Sallent) 30 hectáreas recalificadas por el ayuntamiento para construir un millar de apartamentos. Baja reptando la fiebre recalificadora en dirección a la bella Hoz de Jaca, para pagar la selecta remodelación de la estación de Panticosa. ¡Colosal!

Sube el territorio urbanizado. Baja la calidad del paisaje de alta montaña.. Sube el saldo de la cuenta corriente del “Cartel del Ladrillo”. Baja la apuesta por un turismo sostenible en el valle de Tena. ¡$$$!

Suben las ambiciones de ARAMON por extender su dominio esquiable al interior de la singular Canal Roya. Baja la esperanza de encontrar una solución razonable al futuro del turismo de nieve en Aragón.

La penúltima esperanza, el 15 de diciembre, en las Cortes de Aragón. 30.000 aragoneses defenderán en pleno parlamentario una ley inaplazable: la de protección de la alta montaña de Aragón. Llegó la hora, a los parlamentarios, de parar el infernal tobogán.

El Día Internacional de las Montañas es una oportunidad para crear conciencia de la importancia que tienen las montañas para la vida, de señalar las oportunidades y las limitaciones que afronta el desarrollo de las zonas montañosas, y de crear alianzas que produzcan un cambio positivo en las montañas y las tierras altas del mundo.

En este 2005 Naciones Unidas quiere hacer especial hincapié en que el turismo masificado puede causar daños irreparables al medio ambiente, y los ingresos que produce a menudo no benefician a las comunidades de las montañas. Frente a este modelo el turismo sostenible se esfuerza por producir pocos efectos en el medio ambiente y la cultura local, a la vez que ayuda a generar ingresos y a crear empleos para las comunidades locales. El Día Internacional de las Montañas es una ocasión para incrementar la conciencia sobre los peligros y el potencial del turismo en las zonas montañosas, e invocar al turismo sostenible entre un público más amplio.

En Aragón esta celebración tiene un hito muy importante: precisamente el próximo 15 de diciembre comienza en las Cortes de Aragón la andadura de una Ley de protección de la alta montaña de Aragón que debe desembocar en un texto que proteja a estos valiosos territorios. Una iniciativa avalada por la sociedad aragonesa mediante una ILP apoyada de forma mayoritaria por los aragoneses.

Y una iniciativa que no puede llegar más a tiempo, ahora que la empresa Aramón ha mostrado sus cartas: urbanizaciones privadas en zonas de alta montaña (como la anunciada hace unos días por Aramón-Formigal en un espacio público protegido) y ampliaciones indiscriminadas por todas las montañas y paisajes (al reciente proyecto de invadir el valle virgen de Castanesa se unía esta misma semana el anuncio de la colocación de grandes instalaciones en Espelunciecha-Portalet para preparar el asalto a Canal Roya).

El portavoz de la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón, Paco Iturbe, cree que esta iniciativa es reflejo directo de la opinión de la sociedad aragonesa “frente a la grave y urgente problemática de la presión urbanística en la alta montaña que puede acabar con los valiosos paisajes de las montañas aragonesas”. En este sentido, Iturbe explica que la pasada semana se conocía que la empresa Aramón planea una recalificación urbanística de un espacio público protegido para construir urbanizaciones privadas que acompañen a la estación de Aramón-Formigal.

Durante este curso escolar la Plataforma para la Defensa de las Montañas de Aragón, por medio de un colectivo de profesores ligados personalmente con la Plataforma, propone una reflexión a los centros educativos: se ha invitado a los integrantes de todo el entorno educativo (profesores primero pero también se espera que llegue a alumnos, padres, otros trabajadores) a realizar sus actividades de ocio y deporte en otro medio que no sean las estaciones de esquí. En los últimos años se está potenciando desde el Gobierno de Aragón las llamadas semanas blancas. Se han hecho modificaciones del calendario escolar (frecuentemente inamovible) y hay subvenciones para estas actividades. Hay un gran interés por parte del ejecutivo aragonés en utilizar a los centros educativos para engrosar las listas de clientes de las estaciones de esquí.

En este curso se plantea realizar alguna actividad educativa que esté más cerca del deporte y la naturaleza (actividades o semanas verdes) y que no fomente los valores más aireados actualmente en nuestras estaciones de esquí: el consumo insostenible de la naturaleza y la inversión inmobiliaria como deporte.