La propuesta que enviará el Gobierno aragonés a la Unesco se circunscribe, según Boné, a los límites actuales del Parque Nacional de Ordesa, es decir, a la inclusión de las 5.000 hectáreas que se añadieron al parque en 1982. Por lo que estos grupos niegan que la ampliación sea tal, sino «un mero trámite burocrático», ya que se deja de lado la extensión de la reserva por la zona del río Ara, que incluiría el desfiladero de Jánovas, o por el Alto Cinca.
VIEJA IDEA La idea de ampliar la protección del Pirineo aragonés viene de lejos. El profesor Pedro Arrojo, miembro del comité español del programa MaB (Hombre y Biosfera), insistió ayer en que este consejo asesor ya ha retirado la propuesta que en su día hizo de ampliar la reserva por el Alto Gállego. Los daños que las obras de ampliación de la estación de Formigal causaron al medio natural –fundamentalmente en Espelunciecha– son, según afirma Arrojo, la causa. El profesor criticó también la forma con que se estaban ejecutando las ampliaciones de otras estaciones del Pirineo por parte de Aragón.
«En el Alto Cinca parece que no existe voluntad por parte de los ayuntamientos para esta ampliación. Y en la zona del río Ara, el Gobierno de Aragón y los ayuntamientos deben ponerse todavía de acuerdo. En la parte francesa existe una posición más favorable, por lo que la ampliación será trasnacional», admitió ayer.
El Departamento de Medio Ambiente del Ejecutivo aragonés recordó que este comité asesor «se está extralimitando en sus competencias, porque es la Unesco la que aprueba los límites de la reserva de la biosfera a propuesta de los estados».
No obstante, la propia ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunció en Zaragoza hace meses la intención del Ejecutivo central de proponer la inclusión del desfiladero de Jánovas en la reserva de la biosfera. Pero, de momento, no hay nada nuevo.
Mientras, el consejero Alfredo Boné propuso el verano pasado incluir toda la zona de influencia del río Ara en donde se iba a construir la presa de Jánovas en la Red Natura 2000 y como LIC (Lugar de Interés Comunitario).
La reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala se ampliará en 5.000 hectáreas para incluir el cañón de Añisclo, que entró en la extensión del parque de Ordesa realizada en 1982, pero permaneció fuera de la figura de protección declarada por la UNESCO en 1977, que abarca la antigua reserva nacional de caza de Viñamala y el primitivo parque nacional.
El consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, que hace un año ya planteó esta ampliación en París al director del programa Hombre y Biosfera de la UNESCO, dio por hecho ayer en la comisión correspondiente de las Cortes de Aragón la inclusión de estas 5.000 hectáreas -que ya fue refrendada en la última junta rectora del parque nacional de Ordesa-, aunque no puso fecha.
Fuentes del departamento explicaron que en las próximas semanas el Ministerio de Medio Ambiente concluirá la reforma en curso de sus órganos asesores, entre ellos el Comité Hombre-Biosfera, y trasladará la propuesta al Ministerio de Asuntos Exteriores para que la presente oficialmente ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (siglas de la UNESCO en inglés), donde se ha de dar el visto bueno.
Boné, que compareció a petición de Chunta, descartó la ampliación del parque nacional de Ordesa y Monte Perdido porque no hay consenso en el territorio, dijo, aunque confesó que a él le gustaría. Pero en todo momento insistió en que no sólo es posible, sino indispensable, compaginar la conservación y el uso racional de éste y otros espacios naturales con el acuerdo con los municipios y la gente que vive allí.
De hecho, destacó que desde el año pasado los ayuntamientos de la zona y la comarca del Sobrarbe tienen el 40 % del peso en la organización de la gestión del parque nacional. De la diputada de CHA Yolanda Echeverría tomó la idea de hacer un estudio sobre la repercusión socioeconómica del parque nacional sobre las poblaciones situadas en su área de influencia.
El consejero afirmó taxativamente que eran falsas las noticias sobre el peligro de salir de la reserva de la biosfera por la ampliación de la estación de esquí de Formigal en el valle de Espelunciecha. Lamentó que se haya hecho un uso «partidista, personal e interesado» de este asunto por algunos miembros del comité, que -puntualizó- es un órgano asesor del Ministerio sin interlocución directa con la UNESCO.
Asimismo, recordó que hay un antes y un después de la sentencia del Tribunal Constitucional del 4 de noviembre de 2004 que estableció la competencia de las Comunidades Autónomas sobre los parques nacionales, y confió en que el próximo 1 de julio Aragón tenga ya la transferencia.
Coincidió con el diputado del PP Eloy Suárez en que preferiría que se incluyeran en el traspaso las dotaciones económicas previstas para inversiones (al margen de la valoración) por un periodo de diez años. Pero, en aras al pragmatismo, defendió la salida acordada, que de momento -aseguró- reportará más recursos a la zona.
De los 4.200.000 euros de media en los últimos años, explicó, se pasará a 4.100.000 en la transferencia más otro millón para inversiones y medio millón como mínimo en subvenciones, es decir, 5.600.000 euros al año. Cantidad a la que todavía hay que añadir los 2 millones de euros que, por primera vez, ha consignado este año la propia DGA.
Eso sí, reconoció otro desacuerdo con el hecho de que el Ministerio se reserve el pago de las subvenciones destinadas a ayuntamientos y entidades del área de influencia socieconómica aunque corresponda a la DGA su convocatoria, estudio y concesión, por lo que han entablado un nuevo conflicto de competencias.
Por otra parte, en cuanto a la gestión específica del parque nacional, anunció que la carretera por la que se remonta el cañón de Añisclo bordeando el río Bellos pasará a ser peatonal y se cerrará al tráfico rodado (salvo servicios propios del parque nacional).
Actualmente, se puede subir desde Escalona por esa carretera hasta San Urbez, ermita a cuya altura confluyen el Bellos y río Aso, desde donde se puede ir -en doble sentido- hacia Fanlo y Sarvisé o bien regresar hacia Escalona por el altiplano de Buerba, con salida en Puyarruego. Esta última ruta se haría de ida y vuelta cuando se cierre el tráfico por el cañón de Añisclo desde Puyarruego. Pero aún no se sabe cuándo se hará.
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Dos días antes de que el presidente Marcelino Iglesias inaugurara en enero estas infraestructuras, el Inaga (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental) emitió el permiso de ocupación del suelo en el que se levantan, que es un monte propiedad del Ayuntamiento de Benasque. Una autorización necesaria para obtener la licencia de obras, que dicho consistorio emitió el día anterior.
El Departamento de Medio Ambiente abrió dos expedientes al comprobar que las obras se efectuaron sin obtener los permisos y mientras se encontraba el proyecto en periodo de información pública.
«Se ha sancionado de acuerdo con el reglamento, ya que son dos infracciones leves que no han causado daños ambientales. Cada una de ellas está penada con cien euros. Con respecto a la licencia de obras, es competencia del Ayuntamiento de Benasque», afirmó ayer Boné.
CRÍTICAS DE IU Adolfo Barrena (IU), que había pedido la comparecencia del consejero, calificó de «irresponsable» su actitud. El diputado adujo que «si no fuera un tema tan serio pensaría que es un cachondeo que, ante una vulneración tan clara de la normativa, se aplique una sanción de 100 o 200 euros. Parece que se invite a las empresas a incumplir plazos, obligaciones y normativa».
«El Ejecutivo debe evitar que ocurran este tipo de cosas, especialmente en un procedimiento que está perfectamente tipificado ya que, si no, se está transmitiendo la imagen a las empresas de que pueden traspasar la ilegalidad», le contestó.
Barrena llegó a plantear incluso ante la prensa la posibilidad de «recurrir a los tribunales».
Desde CHA, Yolanda Echevarría criticó la cuantía económica impuesta por ser «muy barata». Pero también recordó que Aramón es «una sociedad participada al 50% por la DGA, y por ello cierto grado de responsabilidad tendrá el Gobierno aragonés». Y Eloy Suárez, del PP, lamentó estas licencias exprés, argumentando que su existencia se debe a que «no existe un plan director que planifique» las obras que debe ejecutar Aramón.
En la opinión de Biel, esta batería de medidas ha supuesto «un paso importante» en la «protección, desarrollo y conservación» del patrimonio natural de la comunidad. Por ello, esperó que cuando el Justicia de Aragón las estudie vea que son resultado de «un buen trabajo».
Estas directices sirven para regular la montaña aragonesa, y mucho más cuando hace sólo unos días el vicepresidente recordó que el Gobierno no tiene previsto elaborar una ley que proteja la montaña. Esto ha sido duramente criticado por algunos partidos de la oposición, como CHA e IU, que consideran que no ha habido consenso a la hora de marcar estas directrices. La Ley de la montaña también es una reivindicación de los grupos ecologistas y conservacionistas que se oponen a la estrategia marcada por el Ejecutivo autonómico en relación con las zonas de montaña de Aragón. En diciembre, una iniciativa legislativa popular intentó fallidamente que hubiera una ley de la montaña.
Biel hizo estas declaraciones a los medios de comunicación en respuesta al Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, quien consideró necesaria una Ley específica para el desarrollo del Pirineo en contestación a la queja presentada por la Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular sobre la protección de las montañas.
El vicepresidente y consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales indicó que no ha recibido la notificación del Justicia de Aragón, a quien le mandará las Directrices Parciales del Ordenación Territorial del Pirineo aragonés de las cuatro comarcas de la Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe y La Ribagorza.
Los responsables de la ILP destacaron ayer en un comunicado de prensa que, pese a esa cuestión competencial, el Justicia sí les ha mostrado «su parecer sobre el contenido de dicha queja» al indicarles por escrito que «la necesidad de regular mediante una Ley específica el desarrollo del Pirineo ya fue puesta de manifiesto» desde el Justiciazgo «con motivo de la tramitación de un expediente en el año 1999». El Justicia remarca la necesidad de conjugar desarrollo y conservación y afirma que en esa compatibilidad difícilmente encajan las urbanizaciones con una afección medioambiental irreversible.
García Vicente pide no tomar «decisiones de forma aislada, analizando puntualmente cada iniciativa». «Lo deseable sería, y es tarea de los gobernantes hacerlo, disponer de una política global para los Pirineos que definiera un modelo de desarrollo, en el que se establecieran los usos del territorio posibles en cada valle (agricultura y ganadería, turismo, industria, conservación, etc.), sus límites, en especial los urbanísticos, y grado de compatibilidad. En concreto, respecto de las estaciones de esquí, dónde se pueden realizar y dónde no, con qué tamaño y unidas a qué entorno urbanístico. La mejor herramienta para ello es la planificación integral, por medio de la Ley», añade.
El Justicia termina su respuesta recordando que los departamentos de Medio Ambiente y Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la DGA aceptaron en 1999 la necesidad de dicha Ley, «pero sin que todavía haya llegado a fructificar». Ante estos hechos, los promotores de la ILP exigieron en su comunicado al Gobierno de Aragón que «dé una explicación inmediata al Justicia de Aragón y a la sociedad aragonesa de por qué ha incumplido su compromiso de elaborar una Ley de la Montaña pese a estar de acuerdo en que era necesaria».
La comisión promotora anunció «una potente campaña» durante este mes para exigir la Ley. La campaña comenzará en la Cincomarzada, con varios puntos informativos,y continuará con una manifestación el día 11 y una concentración el día 19 en Espelunciecha-Portalet (Formigal).
No obstante, y ante la reclamación presentada por la negativa de las Cortes a tratar la iniciativa legislativa a pesar de contar con el respaldo de 30.000 ciudadanos, el Justicia informa que dicha queja queda fuera de sus competencias al referirse a un órgano concreto.
«La necesidad de regular mediante una ley específica el desarrollo del Pirineo ya fue puesta de manifiesto desde aquí con motivo de la tramitación de un expediente en el año 1999», reconoce Fernando García Vicente.
CONVIVENCIA El Justicia insiste en la necesidad de compatibilizar desarrollo y conservación, «indicando que en esa compatibilidad difícilmente encajan las urbanizaciones, con una afección medioambiental irreversible», añaden los promotores de la ILP.
«Lo deseable sería, y es tarea de los gobernantes hacerlo, disponer de una política global para los Pirineos que definiera un modelo de desarrollo, en el que se establecieran los usos del territorio posibles en cada valle (agricultura y ganadería, turismo, industria, conservación, etcétera…), sus límites, en especial los urbanísticos y grado de compatibilidad. En concreto respecto de las estaciones de esquí, dónde se pueden realizar y dónde no, con qué tamaño y unidas a qué entorno urbanístico. La mejor herramienta para ello es la planificación integral, por medio de la ley», se lee en la contestación.
Los promotores de la ILP exigen ahora al Ejecutivo aragonés que dé una explicación de «por qué ha incumplido su compromiso con el Justicia de Aragón de elaborar una Ley de la Montaña, estando de acuerdo en que era una regulación necesaria».
Además, se convoca una manifestación para el próximo 11 de marzo en protesta por estos hechos, se colocarán varios puestos informativos en la Cincomarzada y el 19 de marzo habrá una concentración en Espelunciecha-Portalet.
ZARAGOZA.- El pasado 15 de diciembre, los grupos parlamentarios del PAR y del PSOE se opusieron a que el proyecto de ley, avalado por la firma de más de 30.000 aragoneses, fuera ni siquiera tenido en consideración y no fue objeto de ningún tipo de debate después de un largo y democrático proceso que cumplía todos los trámites legales recogidos en la normativa autonómica, señalan las mismas fuentes en un comunicado.
Los promotores consideran que el rechazo sin debate de la ILP vulnera el espíritu del Estatuto de Autonomía de Aragón, que pretende fomentar la participación pública en la vida política aragonesa, así como el espíritu de la propia Constitución española.
A su juicio, lo acontecido en las Cortes de Aragón es de la máxima gravedad y solicitan al Justicia la adopción de las medidas oportunas para corregir la situación creada y que el Proyecto de Ley de protección de la alta montaña propuesto por la ciudadanía sea efectivamente debatido y enmendado en las Cortes de Aragón.
El Justicia de Aragón ha respondido a la queja presentada por la Comisión Promotora de la ILP por una «Ley de protección de la alta montaña de Aragón» que dicha queja queda fuera de sus competencias al referirse a un organo, las Cortes de Aragón, excluido de dichas competencias.
No obstante, el Justicia de Aragón sí quiere mostrar su parecer sobre el contenido de dicha queja y en ese sentido indica que «la necesidad de regular mediante una Ley específica el desarrollo del Pirineo ya fue puesta de manifiesto desde aquí con motivo de la tramitación de un expediente en el año 1999». El Justicia hace hincapié en la necesidad de compatibilizar desarrollo y conservación, indicando que en esa compatibilidad dificilmente encajan las urbanizaciones, con una afección medioambiental irreversible.
El Justicia de Aragón continua indicando que «En cualquier caso no deberían tomarse decisiones de forma aislada analizando puntualmente cada iniciativa. Lo deseable sería, y es tarea de los gobernantes hacerlo, disponer de una política global para los Pirineos que definiera un modelo de desarrollo, en el que se establecieran los usos del territorio posibles en cada valle (agricultura y ganadería, turismo, industria, conservación, etc.), sus límites, en especial los urbanísticos y grado de compatibilidad. En concreto respecto de las estaciones de esquí dónde se pueden realizar y dónde no, con que tamaño y unidas a qué entorno urbanístico. La mejor herramienta para ello es la planificación integral, por medio de la Ley.»
El Justicia de Aragón termina su respuesta informando de que la sugerencia de la necesidad de dicha Ley fue aceptada en su momento (1999) por el Gobierno de Aragón por medio de los Departamentos de Medio Ambiente, Obras Públicas, Urbanismo y Transportes «pero sin que todavía haya llegado a fructifícar».
Ante estos hechos, los promotores de la ILP por una Ley de la Montaña pedimos, exigimos, al Gobierno de Aragón que dé una explicación inmediata al Justicia de Aragón y a la sociedad aragonesa de por qué ha incumplido su compromiso con el Justicia de Aragón de elaborar una Ley de la Montaña, estando de acuerdo en que era necesaria.
Por otra parte, ante este nuevo desaire del Gobierno de Aragón (el incumplimiento del compromiso adquirido con el Justicia de Aragón), que se une al incumplimiento personal del Presidente de Aragón (que prometió en su discurso de investidura que elaboraría una Ley de la Montaña), a los oídos sordos ante las recomendaciones e informes del Senado Español (que califica de abusivo el modelo urbanístico del Pirineo) y del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón (que abogaba por la necesidad de la Ley de la Montaña) y, sobre todo, por el desprecio a una acción democrática multitudinaria como fue la propia Iniciativa Legislativa Popular (ILP) avalada por más de 30.000 aragoneses, ante todo esto, los promotores de la ILP van a continuar exigiendo que se cumplan los compromisos adquiridos y que la racionalidad marca: Ley de la Montaña de Aragón ya.
Para ello, durante el mes de marzo se va a lanzar una potente campaña exigiendo esa Ley. Comenzará en la Cincomarzada, con varios puntos informativos y continuará en los días sucesivos hasta el punto culminante con una multitudinaria manifestación el día 11 de marzo, apoyada ya en estos momentos por decenas de entidades sociales. Y continuará el 19 de marzo con una concentración en Espelunciecha-Portalet.
Desde hace semanas, puntualmente cada jueves, la cartera de mi pueblo junto con el resto del correo del día, deja en mi domicilio cuatro ejemplares del periódico Heraldo de Aragón. Detalle que debo agradecer al acuerdo entre la Federación Aragonesa de Montaña (FAM) con dicho diario, por el cual cada federado, y en mi familia somos cuatro, recibirá dicho periódico gratuitamente y donde sus páginas centrales inserta un cuadernillo monográfico con la buena idea de divulgar temas relacionados con la montaña y los deportes que en ella se practican. Hasta la fecha en muy pocas ocasiones mi interés hacia esas hojas a pasado de simplemente leer los titulares de los artículos y contemplar las fotografías, para a los pocos minutos pasar los cuatro periódicos a engrosar el montón para la también práctica misión de servir como combustible para encender el hogar, extender en el suelo para recoger agua o ir a parar al correspondiente contenedor de papel reciclado que hay situado en la Plaza Baja, otros usos menos honrosos han sido superados por la cultura del bienestar y la aparición del papel higiénico.
Pero he aquí que el habitualmente anodino panorama editorial este Jueves a cambiado, y en la última hoja sorprendido leo: -Aramón con la montaña aragonesa- En la creencia de que algún duende tipográfico habrá puesto -con- donde debería decir –contra- , comienzo a leer el artículo con ansiedad, pronto me percato de que lo mío es pura ilusión y se me cae la moral a los pies, por dentro del estómago noto un sube y baja desagradable y una fuerte desazón me sofoca. No hay error alguno en el titular, realmente quiere decir lo que pone y … -Aramón contra la montaña aragonesa -queda como un titular digno de leerse en un medio de comunicación sin intereses y valiente, realmente independiente.
Lo que se escribe bajo los titulares citados es pura demagogia, marketing barato y propaganda barriobajera, queriendo vender la exponsorización de pruebas de esquí de montaña, una expedición al Kilimanjaro , el patrocinio de un premio fotográfico y otros, como un lavado a su maltrecha imagen pública, ganada a pulso en estos últimos tiempos.
Redimir la pena que Aramon lleva consigo, restituir el daño infringido a nuestras montañas no se consigue a base de talonario, es algo mas complejo. Entre tanto Aramon y la DGA emplea el texto de la PROPOSICIÓN DE LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LA ALTA MONTAÑA DE ARAGÓN y la
Iniciativa Legislativa Popular para lo que yo empleo cada jueves el diario.
Por cierto ….el cuadernillo de marras ….. a que no sabes quien lo patrocina: …. ARAMON …..y de socios: …. La DGA ….PRAMES ….. y la FAM. Que triste y que iluso ¡Debería haberme dado cuenta antes!.
Me encanta la nueva Pista de Hielo que se está construyendo en Jaca.
Es preciosa, con una cúpula tórica y estructuras que alternan el
vidrio y el acero. Esta Pista de Hielo es digna de una ciudad
verdaderamente moderna y avanzada, una ciudad de esas del norte de
Europa, que disponen de multitud de servicios para sus ciudadanos. Es
una Pista de Hielo digna de una ciudad realmente civilizada. Como esas
ciudades que disponen de hospitales de primera línea, con servicios
médicos avanzados y tecnología punta. Vamos, como el de Jaca. Porque
mira que si te caes en la Pista de Hielo y luego te tienen que llevar
a Huesca o a Zaragoza para atenderte. Pues qué sin sentido, ¿no? Y que
no te dé un infarto si no tienes cardiólogo. Un infarto del susto,
claro, de pensar que van a ser más de doce millones de euros los que
va a costar esa Pista tan importante, tan encantadora, tan bien
integrada con armonía en el entorno montañoso.
Pero claro, es que Jaca tiene un compromiso ineludible con sus
deportistas. Sobre todo con los del hielo y de la nieve, como haría
una ciudad verdaderamente civilizada y moderna, como es la nuestra.
Los otros… los nadadores, los del frontón, los que corren, los que
patinan sobre ruedas, pues no somos tan importantes, que eso no viste
tanto, ni luce mucho en las fotos.
De cualquier manera esta Pista de Hielo es una prioridad. La ludoteca
de Jaca no lo es tanto. Vamos, qué manía las madres de estimular tanto
a los hijos. Si en el fondo lo que queréis es que os los cuiden otros.
Que aprendan lo justo y en cuanto puedan llevarlos a patinar, que es
más importante.
Y para que hablar de un centro de Día para personas mayores, enfermos,
etc. Mejor en casa, que organizar todos esos servicios cuesta mucho y
no sale en prensa. Total, los cuidadores están tan cansados que no se
quejan…
Lo del tren tampoco es importante. ¿Qué tarda dos horas en llegar a
Huesca? Pues ya os podéis dar con un canto en los dientes si llega,
qué caprichosos. Ahí está el autobús, los coches. Ya, a veces hay
mucho tráfico y el riesgo de accidentes aumenta. ¡Pero el tren…! No,
no. Hay prioridades.
Ni es esencial, de ninguna manera, que en verano no haya ningún
servicio público de guardería para niños de 3 a 5 años (si lo hay por
favor, avísenme, estoy deseando retractarme de esta frase). Las madres
dejáis de trabajar y punto. Y si no, os hacéis maestras, que tienen
muchas vacaciones y viven de pistón.
En fin, que no se puede negar que el Ayuntamiento de Jaca gasta en lo
que es verdaderamente importante. Ni la erradicación del chabolismo,
ni la prevención del fracaso y abandono escolar, ni tampoco los
programas educativos para chicas adolescentes y jóvenes en situación
de riesgo son prioridades. Aquí una joven que fracase en la escuela
será animada a aprender a patinar, porque seguramente eso le dará de
comer a ella y a los hijos que tendrá antes de cumplir los veinte
años. Tampoco una residencia pública para la tercera edad merece la
pena ni ser mencionada. De momento nos vamos apañando con lo que hay.
En fin, pensándolo bien, espero que no nos toque nunca vivir un
desastre como el de Nueva Orleáns, porque refugiados en esa Pista de
Hielo tan bonita vamos a pasar un poco de frío. Empiezo a preguntarme
si en Jaca podríamos utilizar esos más de doce millones de euros (que
son tantos millones de pesetas que no caben en mi calculadora y que
probablemente ascenderán al final a mucho más) en desarrollar
servicios públicos que proporcionen mayor calidad de vida a los
ciudadanos, es decir, a todos los que vivimos aquí y habitualmente no
salimos en los periódicos. ¿Me estaré equivocando?
A vista de los resultados, el diputado de IU en las Cortes de Aragón, Adolfo Barrena, propone contratar a la misma empresa, encargada por Aramón para realizar estas obras, «para cumplir los plazos con las infraestructuras de la Expo, ya que son capaces de construir en un día lo que otras tardan años».
Según explica Barrena, los nuevos equipamientos de Cerler, el telesilla Rincón de cielo y la cinta Turberes, que fueron inaugurados recientemente, «fueron construidos sin los pertinentes permisos, por lo que el Servicio Provincial de Medio Ambiente de Huesca ha abierto un expediente sancionador». Por este motivo, IU exige «el respeto de los trámites legales que se tienen que llevar a cabo a la hora de poner en marcha una nueva infraestructura», como son «recibir la evaluación de impacto ambiental, respetar la fase de información pública, la de respuesta de alegaciones y, por supuesto, la seguridad laboral de los trabajadores y trabajadoras que va a realizar la obra de que se trate». Puntos que, «evidentemente, no se han respetado en el caso de estos equipamientos de Cerler».
Por este motivo, y para que se respete la legalidad, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en las Cortes de Aragón ha presentado una serie de preguntas al consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, para su respuesta en Comisión.
En este sentido, Barrena pregunta al consejero qué mecanismos generales de autorización de nuevas instalaciones sigue el Gobierno cuando éstas se localizan en las estaciones de esquí. A este respecto, también pregunta por qué han entrado en funcionamiento las nuevas instalaciones en Cerler antes de terminar la fase de alegaciones contra la ocupación de terrenos dentro del dominio público forestal, y qué medidas administrativas y sanciones va a imponer por ello.
Pregunta núm. 81/06,
¿En qué lugares ha efectuado la entidad mercantil Aramón prospecciones de agua en la estación invernal de Cerler, y qué resultados se han obtenido?
Pregunta núm. 82/06,
¿Ha presentado la entidad mercantil Aramón, ante las pertinentes instancias administrativas, la documentación correspondiente a la denominada ampliación de la estación de esquí de Cerler (Huesca) en el paraje conocido como Ardonés?
Preguntas formuladas por Izquierda Unida al Consejero de Medio Ambiente para respuesta oral
Pregunta núm. 60/06 – ¿Qué mecanismos generales de autorización de nuevas instalaciones sigue el Gobierno cuando éstas se localizan en las estaciones de esquí?
Pregunta núm. 61/06 – ¿Porqué las nuevas instalaciones en la estación de esquí de Cerler han entrado en funcionamiento antes de terminada la fase de alegaciones contra la ocupación de terrenos dentro del dominio público forestal?
Pregunta núm. 62/06 – ¿Qué medidas administrativas piensa adoptar el Gobierno de Aragón ante el hecho de que las nuevas instalaciones en la estación de esquí de Cerler han entrado en funcionamiento antes de terminada la fase de alegaciones contra la ocupación de terrenos dentro del dominio público forestal?
Pregunta núm. 63/06 – ¿Qué sanciones piensa imponer el Gobierno de Aragón ante el hecho de que las nuevas instalaciones en la estación de esquí de Cerler han entrado en funcionamiento antes de terminada la fase de alegaciones contra la ocupación de terrenos dentro del dominio público forestal?
Esta reunión se producía tras una una queja oficial presentada por la Comisión Promotora tras el rechazo de la ILP el pasado 15 de diciembre por parte de los grupos políticos que sustentan el Gobierno de Aragón en las Cortes aragonesas. Dichos grupos parlamentarios (PAR-PSOE) se opusieron a que el proyecto de ley, avalado por la firma de más de 30.000 aragoneses, fuera ni siquiera tenido en consideración y no fue por lo tanto objeto de ningún tipo de debate después de un largo y democrático proceso que cumplía todos los trámites legales recogidos en la normativa autonómica.
Los promotores consideran que el rechazo sin debate de la ILP vulnera el espíritu del Estatuto de Autonomía de Aragón (Art. 15.3) cuando pretende fomentar la participación pública en la vida política aragonesa, así como el espíritu de la propia Constitución española (Art. 87.3). Consideran que lo acontecido en las Cortes de Aragón es de la máxima gravedad y solicitan al Justicia la adopción de las medidas oportunas para corregir la situación creada y que el Proyecto de Ley de protección de la alta montaña propuesto por la ciudadanía sea efectivamente debatido y enmendado en las Cortes de Aragón. El escrito recoge también otras quejas formales sobre el Pleno del 15 de diciembre en las Cortes.
La Comisión Promotora destaca también la situación de indefensión democrática a que ha conducido este rechazo del Gobierno de Aragón, motivo por el que han solicitado el amparo del Justicia de Aragón y piden su intervención. El Justicia de Aragón se comprometió a estudiar detenidamente los argumentos formalizados de los promotores y ejercer cualquier decisión o intervención al respecto que pudiera derivarse de esta actuación.
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, advirtió también de que en la actualidad «muchas partes del país caminan por una senda insensata» en materia de urbanismo, pero se refirió con más contundencia a las zonas del litoral. Castroviejo reclamó a la ministra en su intervención que «atienda uno de los problemas más graves que empiezan a tener algunas reservas: la más grave proliferación cancerígena del crecimiento urbanístico».
Ante estas declaraciones, el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón salió al paso asegurando que el comité que preside Castroviejo está «deslegitimado» y asume «funciones que no son propias». Además, aseguraron, el ministerio y el Ejecutivo aragonés van «de la mano» en lo que se refiere a la Reserva de la Biosfera del Parque Nacional de Ordesa. «El Gobierno de Aragón quiere ampliar esta reserva», recordaron, «lo que no significa que sea suelo no urbanizable».
El presidente del Comité Español del Programa Hombre y Biosfera (MaB) de la UNESCO, Javier Castroviejo, reclamó a la ministra en su intervención que ‘atienda uno de los problemas más graves que empiezan a tener algunas reservas: la más grave proliferación cancerígena del crecimiento urbanístico’. Castroviejo citó sin nombrar a dos Reservas de la Biosfera de Andalucía y otra de Aragón, como las más afectadas por la edificación. ‘La capacidad de destrucción de la tecnología es tal que no ha habido tiempo de reaccionar’, añadió.
Narbona respondió en su intervención haciéndose eco del ‘urbanismo no sensato’ que se lleva a cabo en algunas zonas de España, y anunció que el Gobierno ya está revisando la Ley de Suelo estatal para promover el desarrollo sostenible y la Estrategia de Gestión Integrada de la Costa, en la que se ha ofrecido la compra de terrenos en el litoral, en las ‘zonas más acosadas por el desarrollo urbanístico’ por parte del Ministerio de Medio Ambiente.
La responsable de Medio Ambiente del Gobierno señaló además, en declaraciones a los medios, que la ‘preocupación’ por la construcción excesiva en el litoral ‘es de los ciudadanos de este país y de los que vienen de otros países a España’, por lo que hizo una ‘llamada a la responsabilidad y a la sensatez’.
Además, la ministra recordó que las Confederaciones Hidrográficas ya emiten informes preceptivos sobre disponibilidad de agua para los nuevos desarrollos, y que ya se está tramitando la creación de una Fiscalía especializada en Medio Ambiente.
El Ayuntamiento de Montanuy recibirá estos días más de un centenar de
sugerencias para el futuro plan urbanístico que se halla en fase de
anteproyecto y cuyo plazo para presentar propuestas termina mañana jueves
(aunque se ampliarà a la semana que viene). Si bien de momento en las
oficinas municipales sólo han llegado unas sesenta sugerencias de vecinos
durante los próximos días está previsto que lleguen por lo menos unas
sesenta más.
Según explicó ayer el alcalde de Montanuy, Josep Maria Agullana, la
mayorìa de consultas de los vecinos se refieren a las posibilidades de
crecimiento urbanístico en sus núcleos cuyas zonas ya están consolidadas o
las posibilidades de crecimiento en zonas no contempladas en principio por
el anteproyecto municipal (que cabe recordar está directamente ligado al
proyecto de expansión de la estación de Cerler que propone Aramon).
Otras de las sugerencias que llegarán al Ayuntamiento y que son
críticas con el proyecto piden directamente la retirada del plan y están
ligadas a una circular promovida por la Chunta Aragonesista, secundada por
un colectivo de vecinos del municipio y apoyada por asociaciones
ecologistas y otras entidades cívicas de Aragón, donde exponen su
oposición al plan urbanístico, al que tildan de supeditado a Aramon, no
equilibrado, no proporcionado y no objetivo y que consideran que representa
una pérdida de identidad social y cultural así como una degradación del
medio ambiente.
Cabe recordar que el plan prevé unas 2.000 segundas residencias y unas
1.400 plazas hoteleras en un municipio de unos 300 habitantes.
De esta forma los promotores han querido dejar constancia, una vez más, de la situación que atraviesan las montañas de Aragón “que necesitan de una mayor protección” según ha explicado uno de los portavoces, Francisco Iturbe.
Iturbe ha recordado que la ILP, que fue derogada en las Cortes aragonesas el pasado mes de diciembre, ha contado con el respaldo de más de 30.000 aragoneses quienes apoyaron mediante su firma esta iniciativa. Al final del cortejo fúnebre escinificaron la muerte y la resurrección de la ILP que “seguiremos reivindicando de otras formas” según Iturbe. La ILP “ha servido para demostrar que no son cuatro locos los que quieren proteger sus montañas sino que son miles los aragoneses que consideran que se ha de regular la montaña aragonesa y que no todo vale en la montaña”, concluyó.
Zaragoza.- Los promotores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en defensa de las montañas de Aragón han escenificado el funeral de su iniciativa con gran colorido. Lo han hecho con la marcha fúnebre desde la Plaza Aragón hasta la Plaza de España de Zaragoza. Un cortejo que han secundado varios colectivos ecologistas y teatrales acompañados de bombos, petardos, fuego y distintas marionetas.
De esta forma los promotores han querido dejar constancia, una vez más, de la situación que atraviesan las montañas de Aragón “que necesitan de una mayor protección” según ha explicado uno de los portavoces, Francisco Iturbe.
Iturbe ha recordado que la ILP, que fue derogada en las Cortes aragonesas el pasado mes de diciembre, ha contado con el respaldo de más de 30.000 aragoneses quienes apoyaron mediante su firma esta iniciativa.
Al final del cortejo fúnebre han escenificado la muerte y la resurrección de la ILP que “seguiremos reivindicando de otras formas” según Iturbe. La ILP “ha servido para demostrar que no son cuatro locos los que quieren proteger sus montañas sino que son miles los aragoneses que consideran que se ha de regular la montaña aragonesa y que no todo vale en la montaña”, ha concluido el portavoz.
El Instituto Aragonés de Garantía Ambiental (Inaga) emitió el miércoles el permiso para la ocupación del suelo sobre el que se levanta, un monte público propiedad del ayuntamiento de Benasque. Esta autorización suele ser, habitualmente, previa a la emisión de la licencia municipal de obras.
Paralelamente a la tramitación del permiso, el Departamento de Medio Ambiente, dirigido por Alfredo Boné, abrió unas diligencias previas para determinar si los responsables de la estación de esquí cometieron alguna infracción al construir el telesilla sin permiso. Los inspectores de la DGA comprobaron que las obras se efectuaron antes de obtener la autorización –lo mismo ocurrió con la cinta de transporte del paraje de Turberes–, aunque también descartaron que hubieran provocado desperfectos de carácter ecológico.
El proyecto fue eximido de pasar una declaración ambiental al considerar los técnicos de la comunidad que incluso paliaba el impacto de los remontes al necesitar menos soportes.
Ecologistas en Acción, que también denunció el asunto ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, pidió la semana pasada a la DGA que de negara el permiso para construir el telesilla y que ordenara su derribo, solicitud rechazada por Medio Ambiente.
Fuentes de Aramón señalaron que la instalación del telesilla dispuso de todos los permisos necesarios, calificaron de «trámite prácticamente automático» la autorización para ocupar el monte público y anotaron que tenían el apoyo del ayuntamiento –impulsan juntos un proyecto urbanístico–. «No íbamos a inaugurar una obra sin permisos», dijeron.
En Candanchú se dio un caso similar al de Cerler el pasado diciembre, cuando entró en funcionamiento un telesilla cuyos permisos habían sido otorgados la víspera, sin tiempo, obviamente, para construirlo.
El 28 de enero vamos a rendir un merecido homenaje a esa ILP, un espectacular funeral. Pero un funeral optimista, porque la protección de la montaña sigue viva, resucita del cadáver de la ILP, con más fuerza todavía.
El funeral consistirá en un espectacular cortejo fúnebre, en el que intervendrán grupos de música, animación, actores… y sobre todo buena parte de esos 30.000 aragoneses que le dieron vida a esta iniciativa, todo con la idea de conseguir la resurrección del espíritu de la ILP.
El cortejo fúnebre arrancará a las 18 horas aproximadamente de Glorieta Sasera-Plaza Aragón (puerta Ibercaja, el socio de Aramón) con un «paloteao» como símbolo del sonido de la montaña. Después el cortejo, encabezado por el féretro que contiene la ILP, enfilará el Pº Independencia para irlo recorriendo, acompañado en todo momento por grupos de música y animación, será un cortejo al estilo «Nueva Orleáns», espectacular pero cargado de ilusión, pues sabemos que el espíritu de la ILP sigue vivo. Se hará una breve parada en el monumento al Justicia, para presentarle la situación, pues de hecho la ILP va a pedir el amparo del Justicia de Aragón para poder seguir viva tras los graves y bochornosos acontecimientos que tuvieron lugar el 15 de diciembre.
El cortejo fúnebre terminará en la Plaza España, donde será recibido a lo grande con la interpretación de una aria fúnebre, para pasar inmediatamente a proceder a su resurrección. Para ello se escenificará una danza del fuego, acompañada de toda una serie de interpretaciones, que culminarán con un espectacular final en la resurrección del espíritu de la ILP, la protección de la montaña, como una «novia-cadáver», volverá a la vida gracias al amor de los aragoneses.
De este modo se rendirá un más que merecido homenaje a la ILP de las Montañas, a los magníficos valores naturales y culturales que conservan nuestras montañas, al tremendo esfuerzo democrático invertido por miles de aragoneses durante todo un año, a todo eso que nuestro Gobierno, en un acto vergonzoso, no ha considerado merecedor de consideración. Pero también como una demostración de que la defensa de las montañas de Aragón está más viva que nunca, de que los aragoneses queremos nuestras montañas vivas y no como una moneda de cambio entre especuladores urbanísticos.
Además, el anuncio de dicha inauguración que realizará el día 27 de
enero el presidente del Gobierno de Aragón, D. Marcelino Iglesias, se
realizaba de forma previa al otorgamiento de la licencia de obras por
parte del Ayuntamiento de Benasque.
Cabe destacar que Ecologistas en Acción comunico el dos de diciembre
que el telesilla estaba siendo construido sin los permisos
correspondientes sin que hasta el momento se haya tomado ninguna
medida cautelar. En la misma situación se encontraría la cinta
Turberes que ha obtenido los permisos después de más de un mes de
funcionamiento.
Como parte interesada en el expediente abierto para la concesión de
dichas ocupaciones de monte forestal, Ecologistas en Acción presento
un escrito de alegaciones el pasado viernes 20 de enero, instando por
segunda vez a la paralización cautelar del telesilla durante la
tramitación del expediente. Dos días hábiles después de presentar la
alegación se hacía publica la fecha de la inauguración, sin que hasta
la fecha tengamos noticia alguna de nuestras alegaciones.
Para Ecologistas en Acción, la actuación del Gobierno de Aragón sería
claramente ilegal al permitir realizar una obra teniendo constancia de
la falta de los permisos de ocupación de montes y de las
correspondientes licencias de obras.
1) Rechazo de la “Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la Ley de Protección de la Alta Montaña de Aragón” sin ningún tipo de debate en el Pleno de las Cortes de Aragón.
La Iniciativa Legislativa Popular (LEY 7/1984, de 27 de diciembre, reguladora de la iniciativa legislativa popular ante las Cortes de Aragón) responde a la necesidad de fomentar la participación directa de los ciudadanos y grupos sociales en la vida pública y política de la sociedad de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Aragón (Art. 15.3) y la propia Constitución española (Art.87.3). Se trata pues de un derecho fundamental de la ciudadanía plenamente reconocido por las más altas instancias legislativas autonómicas y estatales.
El pasado día 15 de Diciembre la “Iniciativa Legislativa Popular por una Ley de Protección de la Alta Montaña de Aragón” fue rechazada, sin ningún tipo de debate, en el trámite parlamentario de su toma en consideración. La ley aragonesa que regula las ILP´s establece que se pueden presentar enmiendas al texto por parte de los grupos políticos, pero prohíbe de forma expresa las “enmiendas de devolución”. (Art. 12.2 de la Ley 27-12-84 que regula la ILP ante las Cortes de Aragón)
Lo acontecido el pasado día 15 supone de hecho el rechazo frontal de la totalidad de la propuesta de Ley a pesar de que se ha seguido escrupulosamente todos los trámites legales exigidos en la ley.
En primer lugar la ILP ha superado el trámite de “admisibilidad de proposición por la Mesa de las Cortes de Aragón (Artículos 4 y 5 de la Ley 27-12-84 que regula la ILP ante las Cortes de Aragón). La normativa cita expresamente que el objeto de esta primera fase es precisamente “procurar que el esfuerzo de la Comisión Promotora no resulte de antemano baldío y, en consecuencia, que el texto inicie su andadura de una manera adecuada, tanto desde el punto de vista técnico como legal”. De acuerdo pues con la normativa, no hay en el Proyecto de Ley ninguna incompatibilidad con otras leyes, ni incurre en contradicción con legislación básica estatal, ni existía previamente otro proyecto de ley que verse sobre la misma materia. Se reconoce que se trata de un Proyecto de Ley pertinente, adecuado y publicado así correspondientemente en el BOA.
En segundo lugar , mediante un largo y esforzado proceso que contiene todas las garantías legales necesarias, se han recogido las suficientes firmas que avalan el Proyecto de Ley y permiten su tramitación en las Cortes de Aragón (Artículos 6-11 de la Ley 27-12-84 que regula la ILP ante las Cortes de Aragón).
Finalmente en su tercera y última fase, el pasado día 15 de Diciembre se presenta en el Pleno de las Cortes Aragonesas el proyecto de Ley de Protección de la Alta Montaña de Aragón” firmado por 30000 aragoneses (Artículo 13 de la Ley 27-12-84 que regula la ILP ante las Cortes de Aragón). Dicho texto, presentado tras un honrado, legal y popular proceso, puede ser modificado libremente en el Parlamento y posteriormente votado en un sentido u otro, pero creemos sinceramente que no puede dejar de debatirse.
Esa es la opción que tomaron los partidos que votaron en contra de la admisión a trámite de la ILP: negarse a debatir y enmendar una propuesta ciudadana honrada y legal precisamente en el lugar donde el debate, estudio, mejora y reforma de los proyectos debe realizarse. Precisamente en el lugar donde el respeto democrático debe ser la guía fundamental de actuación.
Creemos que se ha hurtado a la ciudadanía un debate necesario, solicitado legal y democráticamente por los promotores de la Iniciativa y por los ciudadanos que la han elevado a las Cortes con sus firmas. Este es el motivo de nuestra queja al Justicia de Aragón.
Ignoramos si la decisión tomada el pasado día 15 es jurídicamente recurrible, pero estamos seguros de que es democráticamente inaceptable. Los diputados y partidos que votaron en contra de la toma en consideración, trámite previo para el debate, usan una argucia procesal para rechazar y enmendar a la totalidad un texto que no se ajustaba a sus intereses. Pero además desprecian el esfuerzo democrático de la ciudadanía. Solicitamos que el Justicia se pronuncie sobre la validez jurídica y democrática de esta decisión que afecta al ordenamiento jurídico aragonés y a un derecho, la ILP, reconocido en el estatuto de autonomía y en la propia constitución.
Consideramos que el rechazo de la ILP del 15 de Diciembre es de una gravedad extraordinaria y conlleva dos importantes consecuencias. En primer lugar, se sustituye el debate propuesto sobre el desarrollo de la montaña y el uso de sus recursos, por el del respeto a las reglas de juego en una sociedad democrática, que es lo que distingue una sociedad civilizada de otra que no lo es. Parte del Parlamento aragonés, con su decisión, ha dejado literalmente en la calle a 30000 ciudadanos cuyas voces se empeña en no escuchar. A partir de ese momento el mismo Parlamento es menos representativo porque se burla de la opinión de un grupo suficientemente numeroso de sus electores a los que censura la libertad de expresión de sus ideas políticas y sociales y a su capacidad participar activamente en la vida política y legislativa de su región.
En segundo lugar la ley que regula las ILP ha quedado maltrecha. La ley reconoce el derecho de los ciudadanos a presentar iniciativas legislativas mediante un esforzado proceso de recogida de firmas con suficientes garantías legales para acreditar que la propuesta tiene un amplio respaldo ciudadano. Si se admite ahora que las Cortes puedan rechazar el texto sin debate, se está diciendo que el derecho de iniciativa legislativa está limitado a aquellas propuestas que sean del agrado del gobierno con mayoría parlamentaria suficiente, actuando a través de los grupos políticos que lo sustentan. Se atribuye un derecho que la ley no le otorga: el de vetar directamente, sin debate alguno, aquellas iniciativas ciudadanas que considere inadmisibles a sus intereses.
30000 ciudadanos han hecho los deberes ejercitando pacíficamente el derecho a discrepar de la política de su gobierno, los Sres. Diputados, una mayoría de ellos, han tirado a cesto de los papeles todo este trabajo, privando a los ciudadanos de la voz y la palabra. Por lo dicho hasta aquí creemos que la situación es muy grave desde el punto de vista de la ética democrática, por lo que precisaría de decisiones igualmente graves al respecto por parte de las Cortes y de la ciudadanía aragonesa. Si una mayoría de diputados considera que 30000 firmas avalando un texto legal concreto no merecen su atención, no representan nada, deberían someterse ellos al juicio popular porque su representatividad ha quedado en entredicho.
Por todas estas razones, solicitamos al Justicia de Aragón que inste a las Cortes de Aragón a formular una aclaración no solo legal, sino también democrática al respecto de la decisión que tomó el pasado día 15 de Diciembre y objeto de esta queja. En consecuencia, solicitamos que se adopten las medidas precisas para corregir la situación creada y para que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la Ley de Protección de la Alta Montaña de Aragón sea efectivamente debatida, enmendada y mejorada por las Cortes de Aragón.
2) La ausencia del Presidente de la Comunidad Autónoma, D. Marcelino Iglesias Ricou, en el Pleno de las Cortes del 15 de Diciembre durante la presentación de una Iniciativa Legislativa Popular.
La ausencia del Presidente de la Comunidad Autónoma, D. Marcelino Iglesias, en el Pleno de las Cortes del 15 de Diciembre, no tiene ninguna justificación y merece la máxima reprobación posible, no solo de los firmantes de esta iniciativa, sino de la ciudadanía aragonesa en general. Una Iniciativa Legislativa Popular en Aragón solo se produce cada cinco o seis años, hemos justificado, y la propia normativa legal así lo confirma, la importancia participativa y democrática de la misma. Como presidente de todos los aragoneses y del ejecutivo aragonés debería mostrar respeto y prestar atención hacia lo que una parte de la ciudadanía aragonesa está demandando. La inhibición de su Gobierno en materia medioambiental, y en particular en la protección del patrimonio natural que supone la Alta Montaña, ha sido uno de los aspectos que precisamente ha motivado el que esta Iniciativa Legislativa Popular llegara a las Cortes de Aragón. Su desprecio hacia los ciudadanos que han firmado la ILP es patente y pone de manifiesto que no ha actuado como el Presidente de todos los aragoneses. Solicitamos al Justicia de Aragón que inste al Presidente del Gobierno, D. Marcelino Iglesias Ricou, a ofrecer una disculpa pública por su ausencia en este importante acto de la vida democrática y política de Aragón.
3) Trato recibido en las Cortes de Aragón a los Promotores y Fedatarios de la “Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la Ley de Protección de la Alta Montaña de Aragón
Se solicitó a los promotores de la ILP, con anterioridad a la celebración del Pleno del 15 de Diciembre de 2005, una lista con un máximo de 20 personas que podrían acceder a la tribuna de las Cortes el día del Pleno. El número de promotores, fedatarios y representantes de organizaciones que apoyan la ILP es bastante superior a este escaso número. Sin embargo no fue hasta el mismo día 15 de Diciembre cuando se comunicó el acuerdo definitivo de la Mesa de las Cortes: solo 5 invitaciones para la Tribuna del público. El resto de personas debería permanecer en el pasillo ante una pantalla de televisión con video.
La Tribuna de invitados y público, estuvo prácticamente vacía desde el inicio de la mañana y solamente se medio llenó con la llegada de jóvenes estudiantes de un colegio que permaneció en ella durante un breve espacio de tiempo.
Es incomprensible que la Mesa aceptase la visita de escolares el día en el que se debate la ILP e impidiese la entrada a las personas que han trabajado desinteresadamente y con tanta ilusión una iniciativa democrática de tan enorme calado.
Resulta indignante el trato recibido por parte de algunos partidos, integrantes de la Mesa de las Cortes, restringiendo el acceso de ciudadanos y ciudadanas que han dado sobradas muestras de civismo democrático al poner en marcha la iniciativa popular y recoger más de 30.000 firmas.
Exigimos la revisión del citado acuerdo de la Mesa por considerarlo antidemocrático, ya que su objetivo no era otro que impedir que unos ciudadanos asistieran como público a un Pleno donde se debía debatir un Proyecto de Ley impulsado por ellos. Queremos evitar que se repita de nuevo un hecho de estas características.
Convencidos de nuestros derechos pedimos que la Mesa de las Cortes rectifique públicamente y pida disculpas a la Comisión Promotora por el trato vejatorio que ha recibido.