EDITORIAL
El truco del padrón
EL PAÍS – Opinión – 28-03-2006
Se inscriben en el padrón municipal familiares o amigos, y se hincha consiguientemente el censo electoral. Es un viejo truco para ganar alcaldías, especialmente cuando soplan vientos inmobiliarios. Era ya tiempo de detener este fraude ante algunos casos que han llegado a la justicia y la constatación de «numerosos empadronamientos sospechosos» por el Instituto Nacional de Estadística (INE), de quien depende la Oficina del Censo Electoral. Con vistas a las municipales del año próximo se ha impuesto la revisión del censo de 5.856 poblaciones, sobre un total de 8.109 municipios.
La falta de control ha favorecido este tipo de fraudes. Era posible cambiar de municipio, darse de alta en uno nuevo y figurar en su censo electoral, sin que se hubiera producido a la vez la baja en el anterior. Por ello, el INE ha ordenado que sus delegaciones provinciales den de baja a los empadronados que no vivan en los pueblos de menos de 2.000 habitantes, aun cuando no hayan sido dados de alta en un nuevo municipio. Las multas de 30 a 601 euros por inclusión ficticia en el censo no se corresponden con las cantidades que a menudo están en juego. Es el caso de Yésero, Huesca, cuyo alcalde empadronó de golpe en 1998 a 19 personas -él incluido- para presentarse luego a unas elecciones que ganó por 17 votos. Hoy pretende aprobar la construcción de 589 casas en un pueblo que sólo tenía 40 viviendas y 62 residentes censados.
La justicia es lenta en algunos casos. La Audiencia de Navarra ha inhabilitado al alcalde de Pitillas por consentir la inscripción de 135 vecinos en los seis meses anteriores a los comicios de 2003, y 82 de ellos sólo en los tres meses anteriores, con lo que se aseguró la victoria en las municipales 2003. En una ciudad de cierta importancia, un alcalde condenado a más de ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público especial hubiera tenido que dimitir, a pesar de que haya recurrido su caso ante el Supremo. La microgestión de las reglas del juego es esencial en elecciones municipales, y éstas son una dimensión fundamental de la democracia.
Los fraudes del censo
Manuel Lozano Álvarez – Madrid
EL PAÍS – Opinión – 29-03-2006
El artículo y el editorial denunciando los numerosos empadronamientos sospechosos detectados por el Instituto Nacional de Estadística y en los que, con vistas a las municipales del año próximo, se ha impuesto la revisión del censo de 5.856 poblaciones, sobre un total de 8.109 municipios, ya que las inscripciones fraudulentas en el padrón municipal de habitantes «es un viejo truco para ganar alcaldías, especialmente cuando soplan vientos inmobiliarios», vienen a reafirmarme en mis opiniones: los ayuntamientos (siquiera los de pueblos con menos de 2.000 habitantes, que son los que van a ser revisados por el INE) deben estar excluidos de cualquier competencia en materia urbanística.
En el propio artículo comentado se señala la paradoja de que mientras la vertiente española de los Pirineos se va llenando de construcciones residenciales o proyectos de ellas que generalmente apenas son utilizadas unas semanas al año, en la parte francesa la conservación es modélica. Evidentemente, la causa de estas diferentes situaciones la encontramos en los diferentes modelos de asignación de competencias urbanísticas en España y en Francia: en el primer caso, un modelo descentralizado hasta límites patológicos; en el segundo, un modelo férreamente centralizado en la capital de la República, que a la postre ha resultado más beneficioso para la protección del medio ambiente y del patrimonio arquitectónico.
Heraldo de Aragón, 28 de marzo de 2006
Coto a los empadronamientos por interés electoral o privado, muy extendidos en Aragón. La Oficina del Censo puede obligar a los municipios a certificar que las altas son de residentes tras las «sospechas» de 1999 y 2003.
JAVIER BENITO. Zaragoza | Mano dura contra el fraude electoral. El Gobierno central ha decidido poner coto a la práctica, relativamente frecuente en Aragón, de hacer empadronamientos masivos de ciudadanos en pequeños municipios con fines directamente electorales o por otros intereses espurios. El caso más reciente puede ser el de la pequeña localidad pirenaica de Yésero -con negocios urbanísticos de fondo-, pero antes ha habido otros, que, a veces, también han llegado a los tribunales, como en Nuévalos.
El pasado 8 de marzo, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó una resolución de la Oficina del Censo Electoral (OCE, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda), que, en primer lugar, agiliza el proceso para las bajas de oficio por inclusión indebida, recordando que los electores tienen la obligación de estar empadronados en el municipio y domicilio donde residan habitualmente.
En segundo lugar, la OCE establece un procedimiento de control de altas en el Censo, «en especial en los municipios que pueden tener una mayor trascendencia en las elecciones municipales», de forma que los ayuntamientos pueden verse obligados a comprobar exhaustivamente y certificar que los electores empadronados en cada uno realmente residen allí.
Además, se establece que las cifras de electores por municipios y en su caso por entidades locales menores se publicarán en internet a través de la página web del Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es) mensualmente y se establece un procedimiento de reclamación sobre la cifra de electores después de cada actualización.
Estas medidas responden, según la resolución, a «la experiencia de lo acontecido en las elecciones municipales de 1999 y 2003, en las que se produjeron numerosos casos de empadronamientos sospechosos de no corresponder a situaciones reales de residencia habitual de los vecinos».
Ese carácter «sospechoso» se fundamenta, principalmente, en denuncias ante la Oficina del Censo Electoral, los consejos provinciales de empadronamiento (integrados por las delegaciones del INE, las diputaciones y las organizaciones de municipios), las juntas electorales u otras instancias, incluidos los tribunales. Precisamente, uno de los precedentes más claros denunciados ante la OCE, junto a localidades como Pitillas (Navarra) o Ares (La Coruña) es el de Nuévalos (Zaragoza), según fuentes municipales.
Hace tres años, la directora de la OCE llegó a enviar al Ministerio Fiscal el censo electoral de Nuévalos -donde gobierna desde hace años el socialista Manuel Esplugas- por presuntas irregularidades detectadas a raíz de «el empadronamiento masivo de personas que no residen o no tienen relación alguna con el pueblo» denunciado por el PP.
El caso es que llovía sobre mojado. Un año antes, el Juzgado de Primera Instancia de Calatayud ya desestimó otras acusaciones de la misma procedencia contra el alcalde y el secretario municipal por presuntas «manipulaciones» del censo en las elecciones generales del año 2000.
Antes de las últimas municipales también hubo denuncias en Embid de la Ribera y Los Pintanos (Zaragoza) o Villanueva de Sijena (Huesca). Después han trascendido otros empadronamientos por supuestos intereses urbanísticos en Yésero o Fago, en el Pirineo oscense. En un reportaje reciente del programa «Línea 900» de La 2 titulado «El truco del padrón» se citaba, además de estos municipios, los de Fanlo o Aragüés del Puerto.
Aunque las razones de empadronamientos indebidos son muy variadas. Por ejemplo, en otros municipios como Villanúa o Tella-Sin, pueden empadronarse residentes en Zaragoza que simplemente quieren pagar menos impuestos, apuntan fuentes de estas mismas zonas.
O también ocurre con frecuencia, sobre todo en la provincia de Teruel, que muchos ciudadanos se empadronan en su población natal -pese a no vivir habitualmente en ella y tener sólo la casa de sus padres o haberse arreglado una segunda residencia- con el ánimo de contribuir a su mantenimiento y supervivencia. Un planteamiento en cierta forma altruista con el que, sin embargo, la ley tampoco hace excepción.
Las variaciones significativas, al tablón de anuncios
La nueva normativa establece que los municipios que tengan «variaciones especialmente significativas» a juicio de la Oficina del Censo y con carácter general todos los que tengan hasta 2.000 electores tendrán que difundir las cifras oficiales de electores en el tablón de anuncios del ayuntamiento.
Aunque sea para combatir el fraude electoral, el control del padrón también hará más difícil la inscripción colectiva por otras razones, como el interés urbanístico.
Aunque algunos políticos se lleven las manos a la cabeza, la semilla del fraude anida a menudo en el seno de los partidos, que a veces hacen cosas parecidas, como constituir agrupaciones fantasma, afiliar a toda la familia y hasta algún muerto o llevar a votar hasta al abuelo del brazo y si hace falta en camilla.
Luego, en una Comunidad minifundista como Aragón, un puñado de votos puede decidir si un pueblo tiene concejo abierto o municipio en toda regla, su color político, la mayoría en la diputación provincial e incluso esaños clave en el Parlamento. Quizá sea demasiado tentador para algunos.
PREPARATIVOS ELECTORALES. El Periódico de Aragón.
El Gobierno ordena revisar el censo de 764 pueblos aragoneses
Estadística intenta evitar los fraudes basados en falsos empadronamientos. Las inscripciones amañadas se sancionarán con multas de hasta 600 euros.
M. NAVACORENA (28/03/2006)
El Gobierno central ha decidido atajar los fraudes electorales ordenando a los ayuntamientos de menos de 2.000 habitantes –674 de los 731 existentes en Aragón– la revisión y puesta al día de sus padrones so pena de acudir a la Junta Electoral Central y de imponer una multa a los vecinos infractores de hasta 600 euros. Además, ahí donde existan porcentajes sospechosos, las delegaciones provinciales del Instituto Nacional de Estadística (INE) actuarán de oficio dando de baja a quien no resida habitualmente allí.
La decisión, publicada ayer en El País, responde a «numerosos empadronamientos sospechosos» detectados en las elecciones municipales de 1999 y 2003. EL PERIÓDICO ya publicó este mismo mes las irregularidades vividas en varios pueblos del Pirineo. Unas ilegalidades ligadas en su mayoría a la expansión urbanística, y que en Aragón cuentan ya con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) –recurrida al Supremo– contra el alcalde de Yésero.
La resolución de la oficina del censo electoral del INE salió publicada en el BOE del 8 de marzo. En ella se establece como novedad que a partir de ahora se dará de baja automática del censo electoral a todo aquel inscrito en un padrón que no resida en el nuevo municipio (hasta ahora se esperaba para primar el voto). Con ello se intenta frenar duplicidades y conseguir que todos los empadronados vivan realmente en los pueblos.
COMPROBAR LA RESIDENCIA Las cifras de electores se publicarán mensualmente en la web www.ine.es y serán remitidas tanto a los consistorios que tengan variaciones significativas como a todos los municipios de menos de 2.000 habitantes para que lo hagan público. Tras un periodo de reclamaciones, el INE «podrá requerir del ayuntamiento que certifique que se han realizado todas las comprobaciones necesarias para verificar que los electores inscritos residen realmente en el municipio y en el domicilio donde figuran empadronados, sin que sea suficiente la mera aportación de las hojas de empadronamiento»
A partir de ahora, el ayuntamiento notificará a las personas dadas de alta la obligación de inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente, advirtiéndole que la falsedad será una infracción electoral sancionada con multa de 30,01 a 601,01 euros.
Si el consistorio comprueba que algunas de las personas dadas de alta no residen en el municipio o no responden al requerimiento, deberá iniciar de inmediato un expediente de baja de oficio por inclusión indebida. Y si el municipio no responde al requerimiento de la delegación provincial del INE, en un plazo de 15 días se reclamará una certificación y transcurrido otro periodo similar se pondrá en conocimiento de la Junta Electoral Central.
VENTAJAS La diferencia de estar empadronado en un municipio o en otro repercute en ventajas como los cotos de caza o los micológicos, el reparto de madera, un impuesto de circulación más barato o una mejor atención sanitaria.
En Aragón, de momento la situación más palpable se ha detectado en pequeñas localidades del Pirineo, en donde el alcalde y su equipo de gobierno intentan dibujar unos planes urbanísticos basados en recalificaciones beneficiosas para unos. El INE de Aragón admite no haber actuado de oficio recientemente para inspeccionar estos censos electorales o padrones. Y la iniciativa la han tomado los vecinos, como los de Yésero, que han denunciado los hechos ante los tribunales.
Crecimientos espectaculares en vísperas electorales
El censo de algunos municipios aragoneses ha registrado espectaculares crecimientos en vísperas de elecciones municipales. El más destacado es el del 105% que experimentó la localidad zaragozana de Anento entre enero de 2002 y mayo del 203. Le precedía otra del 38% cuatro años antes. El primero es similar al de La Muela en el mismo plazo: sumó 1.207 vecinos a los 979 censados. Le siguen en crecimiento relativo otro municipio zaragozano, Pómer –un 80% en el periodo 2002-2003–, y uno oscense, Nueno, donde el aumento fue del 82%. En Teruel destaca El Vallecillo, con un 67% a final de los 90.
Pueblecicos
JOSÉ LUIS Trasobares (28/03/2006)
Decía el otro día el vicepresidente Biel que por algo será que algunos pueblos del terruño rural van mucho más pitos que la misma Zaragoza, y se ponen auditorios, tranvías, chirimbolos, semáforos y frontones. Tiene razón. Claro que esos pueblos prodigiosos no son exactamente las localidades parameras del Cuarto Espacio por cuya redención clama y pena el presidente de la DPZ, Javier Lambán, sino poblaciones muy específicas ubicadas en las áreas de influencia de las capitales, o en hermosos parajes montañeses, o en cualesquiera otros lugares de interés urbanístico (más o menos) donde la tierra esté lista para convertirse en solar y el solar en pelotazo.
Hay pueblecicos aragoneses hasta ahora de capa caída donde los censos electorales han crecido de repente con inusitada rapidez. De súbito se constituyen nuevos ayuntamientos y florecen planes generales de ordenación con golosos apartamentos, ricos chalets y otras virguerías. Hasta ahora esos desparramos urbanísticos sólo sucedían en los términos municipales de las grandes ciudades y en algunas villas escogidas. Allí, el gesto administrativo de declarar urbanizable un suelo rústico ha producido durante decenios efectos embriagadores, borracheras de pingüe beneficio. Y como a todos nos va el vicio, pronto hubo otras localidades que aspiraron a correrse la juerga: ésta por quedar cerca de Zaragoza, aquella por su proximidad a Huesca, la de más allá por la vecindad con la estación de esquí o por su idoneidad para albergar un bonito campo de golf… En fin, incluso están surgiendo ahora alicientes que ni siquiera guardan relación con la recalificación del suelo y el ladrillazo. Un pueblo puede dar juego por sus derechos de pasto o de explotación del bosque, o por sus posibilidades para albergar un parque eólico, una incineradora, una mina a cielo abierto o un Potosí.
El dinero es Dios. El que no corre, vuela. Ni los lejanos pueblecicos del Aragón profundo están a salvo.
El 10 de diciembre de 1998, Mariano Fanlo se presentó ante el secretario municipal de Yésero (Huesca). Llevaba con él 19 carnés de identidad y empadronó a todos sus titulares. De una tacada. Para ahorrar tiempo, porque las elecciones municipales se celebraban seis meses después. El pueblo tenía y tiene unas 40 casas, 62 empadronados (más los 19 de golpe) y sólo 12 vecinos que residan todo el año. Fanlo, policía nacional jubilado, había dejado Yésero hace más de 40 años y vive en Jaca (a 40 kilómetros), pero al empadronar a su familia y amigos salió elegido alcalde en la lista del Partido Popular. Obtuvo 40 votos, 17 más que Vicente Campo, del Partido Aragonés Regionalista. Sin los 19 nuevos votantes, hubiese perdido por un voto en 1999 y por 15 en 2003, cuando revalidó su mandato.
Fanlo dirige el pueblo enfrentado con parte de los vecinos permanentes y ha impulsado un Plan de Ordenación Urbana para levantar 589 casas en el corazón del Pirineo. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha ordenado revisar el censo y dar de baja a los empadronados aquel frío día de diciembre de 1998 y que van al pueblo a votar. Fanlo ha rehusado hablar para este reportaje.
Santiago Ripoll llegó a Yésero desde Barcelona hace 10 años. A finales de los años 80 había comprado una casa en este pueblo mínimo del Pirineo. El enclave, de empinadas calles y casas de piedra, se asoma al valle del Sía. Barranco abajo ruge el agua cristalina y la nieve cubre a menudo el puente que lleva hasta el pueblo. Ripoll, de 51 años, se hartó de su trabajo como ejecutivo. «Si viviera en Barcelona, ahora estaría muerto», afirma.
Cuando llegó, Yésero tenía poco atractivo, pero hoy tiene todas las oportunidades para un alcalde con iniciativa. El pueblo está a 10 kilómetros de la estación de esquí de Panticosa y a otros tantos del Parque Nacional de Ordesa. Así que el alcalde promovió una revisión del Plan General de Ordenación Urbana para construir 589 casas. El pasado 15 de febrero, la Comisión Provincial de Urbanismo le denegó el permiso por decenas de motivos como la falta de zonas verdes o de justificación.
Ripoll está convencido de que su oposición y la de otros vecinos, junto a la sucesión de recursos judiciales que ha presentado, fueron fundamentales para frenar el plan. Y también de que eso le costó que el alcalde le quitara el bar del pueblo, que intente derribar su vivienda y que su mujer se fuera de casa. «He tenido un coste personal muy alto, porque me he opuesto y en un pueblo tan pequeño eso es muy duro». La paralización del plan le ha costado a Fanlo y a los que empadronó mucho dinero. Ellos eran en su mayoría propietarios de las tierras que iban a urbanizar.
El problema se repite en otros pueblos de la zona. El Gobierno de Aragón, del PSOE, promueve ambiciosas ampliaciones de las pistas de esquí. Pero el negocio no es tanto el esquí como el ladrillo. La prueba es que la empresa pública que promueve las pistas, Aramón, amplió la estación de Panticosa, pero sólo lo hizo a cambio de que el municipio le cediera 30 hectáreas para urbanizar.
Al calor del ladrillo han surgido denuncias como la de Yésero. Una vecina de Fago, Mónica Barcos, denuncia que su alcalde, Miguel José Grima, del PP, le impide empadronarse, pese a que es de allí y allí vive desde hace dos años. Barcos sostiene que Grima no quiere nuevos vecinos que le puedan desalojar del pueblo mientras 18 de los 31 empadronados no viven en el pueblo. El alcalde lo niega y asegura que no puede empadronar a todo el que lo pide si no cumple los criterios de residencia. Además, sostiene que detrás del intento de Barcos y otros vecinos por censarse hay un intento de «tomar el control del pueblo».
Estos conflictos están surgiendo ahora entre dos formas de vida. Los que protestan suelen ser gente llegada de fuera, como Miguel Ángel Molinero y Mónica Crespo, una pareja de treintañeros que llegó hace cinco años a Fago huyendo de Madrid; o Ramón, un albañil de Madrid que se estableció en Yésero junto a su familia. Ellos intentan proteger el paisaje y después de años allí se sienten con derechos. Enfrente tienen a los alcaldes y los habitantes de toda la vida. La mayoría abandonó los inhóspitos pueblos de las cumbres y van en verano y fines de semana. Sin embargo, consideran forasteros -así los llaman- a los que llegaron de la ciudad aunque son los que viven allí.
Ripoll explica que no se opone a cualquier urbanización, sino a las grandes urbanizaciones que están vacías casi todo el año: «Construyen segundas residencias que no se ocupan nunca, salvo en Navidad y en los puentes. Trabajo en un bar y sé que no dejan nada en la zona ni dan trabajo. Sólo ganan los constructores y los alcaldes. A cambio, fastidian el paisaje, que es el atractivo de la zona, y saturan la zona de coches y carreteras. Que construyan hoteles», explica en el coche, junto a Panticosa. Es jueves, la nieve es perfecta y en el aparcamiento recién construido en un desmonte para albergar 1.500 coches sólo hay una decena de vehículos. El argumento es espantosamente similar al que comienza a alzarse en la costa, ante la proliferación de segundas residencias.
A menos de un kilómetro está Francia. Allí todo está protegido. O los franceses saben algo que los españoles no saben, o viceversa. Se admiten apuestas.
Malas noticias para los amantes de la nieve y el alpinismo: el Everest mengua año a año. Esta frase puede parecer una broma o exagerada, pero desgraciadamente, no es así. El cambio climático provoca que cada 10 años aumente la temperatura terrestre unos 0,5 grados. Este aumento, aunque pueda parecer muy leve, ya está causando graves efectos: sequía, huracanes, inundaciones… Uno de los más importantes es el deshielo de los casquetes y glaciares polares, que provoca la subida del nivel del mar, lo que podría significar que en unos años desaparecieran las costas españolas y del noroeste europeo, llegando a cubrir ciudades como Amsterdam o Venecia, ambas por debajo del nivel del mar.
Uno de los puntos de donde los meteorólogos toman referencias para sus estudios es el Everest, el techo del mundo. Este invierno, las temperaturas en la cumbre de la montaña han superado a las más altas de todos los tiempos, registradas en 1951. Toda la zona ha aumentado entre 2 y 4 grados más que la media mundial en los últimos años, temperaturas superiores en 4 o 5 grados a las habituales. Además, científicos chinos aseguran que el Everest ha menguado de tamaño, noticia que en octubre del año pasado destapaba una expedición científica de dicho país al cifrar en 8.844,43 metros la altura de la montaña, casi 4 metros menos que en la anterior medición.
El Everest mengua
Lo que sí es seguro, es que cada año nieva menos en todo el mundo. Un grupo de escaladores patrocinados por el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente han detectado síntomas de que las nieves han empezado a retirarse y de que el paisaje que rodea al Everest ha cambiado respecto al que conocieron Sir Edmund Hillary y el sherpa Tenzing Norgay, los primeros que alcanzaron la cumbre en 1953.
Este equipo ha comprobado que el glaciar que antes llegaba hasta el primer campamento de Hillary y Norgay se había retirado casi cinco kilómetros y que una serie de estanques situados junto a la llamada Isla Peak se habían convertido en un gran lago.
Estudio de Javier Corripio
Pero no sólo en Asia nieva menos, también en nuestro país se han registrado en los últimos años una disminución considerable de las nevadas. Uno de los estudios más recientes sobre el tema es el de Javier Corripio, Dr. en Geociencias, quien actualmente investiga los recursos hídricos derivados de la nieve y glaciares en el Centro Federal de Tecnología de Suiza.
El informe de Corripio se centraba sobre todo en San Glorio, a propósito de la polémica sobre la creación de una nueva estación de esquí en este puerto leonés. Corripio estaba en contra de la nueva estación, pero su opinión se basaba en el cambio climático, que está ocasionando la disminución de precipitaciones nivológicas, lo que hace cuestionarse la viabilidad económica que pueda tener una estación de esquí si dentro 10 años apenas si nevará un mes en todo el invierno, con lo que las posibilidades para los esquiadores de disfrutar de este deporte serán más reducidas.
El aumento de las temperaturas y la disminución de las precipitaciones disminuyen el nivel de nieve cada año, y para los próximos años se espera un cambio más drástico, a no ser que se tomen medidas radicales para paliar el efecto invernadero, el cambio climático, la contaminación…
Soy un municipalista convencido. La mayor parte de mi vida profesional la he dedicado a trabajar para los ayuntamientos, grandes y pequeños……No entiendo la contramanifestación del Portalet, en la que según parece un grupo de alcaldes y cargos públicos expresaron su discrepancia con determinados colectivos ciudadanos que piden más protección para el Pirineo. Tengan o no razón, la postura de las autoridades públicas se debe expresar mediante el ejercicio de sus competencias, bien sean de ordenación del territorio, urbanismo o protección del medio ambiente. Los poderes públios deben promover la participación ciudadana, velar por la utilización racional de los recursos naturales, defender el medio ambiente y regular la utilización del suelo para evitar la especulación. Lo dicen los artículos 9.45 y 47 de la Constitución. La misión los alcaldes no es defender «lo suyo». Su obligación como la del resto de poderes públicos, es defender el interés general.
El portavoz de CHA en las Cortes, Chesús Bernal, preguntó este viernes a Iglesias por los motivos por los que ha renunciado a su «compromiso formal», reiterado en varias ocasiones, de regular por ley el desarrollo y protección de la montaña, «más allá de unas simples directrices parciales».
Las directrices, explicó Iglesias, obligan a las administraciones a su cumplimiento «exactamente igual» que una ley y tiene «la misma eficacia y autoridad». En todo caso, Iglesias reiteró que no renuncia, por ejemplo, a que «en un futuro» pueda haber una ley, sobre todo porque en la legislatura pasada el Gobierno de coalición PSOE-PAR, entonces en minoría, presentó un proyecto de ley que, recordó Iglesias, fue rechazado por la mayoría parlamentaria «antes de debatirla», cuando los grupos de la oposición tenían entonces la oportunidad de introducir modificaciones.
«Así es el juego democrático»
La mayoría parlamentaria, insistió, «impuso su criterio» para retirar la ley y la mayoría actual del PSOE y el PAR no han considerado oportuno presentarla y han optado por elaborar unas directrices. «Así es el juego democrático», apuntó Iglesias.
En todo caso, opinó que las directrices cumplirán su objetivo, que no es otro que «conseguir conciliar la posición de quienes quieren mantener el Pirineo y de quienes quieren mantener un umbral de desarrollo que mantenga vivos los valles», es decir, de quienes apuestan por un desarrollo sostenible. Si no son suficientes, sin embargo, el propio Iglesias dijo que reconocerá en la Cámara, si la «voluntad soberana» del pueblo se lo permite, «que no han funcionado bien» y serán revisadas para, en su caso, «hacer una ley».
Bernal, por su parte, recordó que el presidente Iglesias ha prometido una ley del Pirineo o de la Montaña en varias ocasiones, entre ellas en sus discursos de investidura.
La última vez, insistió, en febrero de 2005, cuando a una pregunta suya anunció la inminente presentación de la nueva Ley de Ordenación Territorial (que se retrasó luego casi un año), de la que «penderían» dos directrices parciales; las generales de Ordenación Territorial y las de la Montaña.
Biel dice que «no hace falta» la ley de montaña
Pero mientras la LOTA acaba de entrar en las Cortes para su tramitación, las directrices que deberían depender de ésta «ya andan solas». Además, apuntó que aunque Iglesias no renuncie a ley, su vicepresidente, José Ángel Biel, ha dicho que «no hace falta», cuando en esta ocasión, reiteró, sí tienen mayoría para traerla a las Cortes.
Pero lo más grave, a su juicio, es que mientras «se va posponiendo el debate de fondo», que no es otro que la necesidad de establecer un «marco general de actuación, un modelo equilibrado para las montañas, que «fije cauces y límites al desarrollo», algo que «sólo puede marcar una ley, no las directrices».
Bernal instó a Iglesias a no buscar «excusas» y a que no insinúe que CHA no quiere hacer cosas en las montañas, porque el problema no es si se hacen o no, sino «cómo se hacen».
Se informará y debatirá de:
-Contramanifestación en Portalet de alcaldes vinculados a las obras de ampliación o construcción de nuevas estaciones de esquí.
-Declaraciones del Presidente y del Vicepresidente del Gobierno de Aragón.
-Posicionamientos y editoriales de medios de comunicación.
Desde la Plataforma en defensa de las montañas de Aragón y desde las más de 40 asociaciones, colectivos, sindicatos y partidos que apoyaron la manifestación del 11 de marzo te convocamos a participar en un asamblea informativa para analizar el futuro inmediato del tema y analizar nuevas propuestas de movilización.
El contenido del acto será el siguiente:
1. Breve proyección de diapositivas de montaña relacionadas con el problema.
2. Repaso de los sucesos y declaraciones de los últimos días.
3. Presentación de la iniciativa “Cumbres vivas”. Es esta una propuesta de realización de numerosas ascensiones colectivas a cimas de Pirineos, Ibérica y otras cordilleras del mundo, el fin de semana del 25 de junio, “en defensa de las montañas de Aragón”. En el acto ofreceremos todo tipo de información y pautas y contactos para participar en las ascensiones masivas.
4. Recogida de otras propuestas de acción y debate “en defensa de las montañas de Aragón”.
HUESCA.- El PAR en la DPH, a través de su portavoz, Gonzalo Lapetra, ha presentado para su aprobación en el próximo pleno una propuesta de resolución que supone un pronunciamiento por el desarrollo y por el protagonismo de las instituciones y vecinos del Pirineo en el debate social y político sobre los modelos de futuro para ese espacio, actualmente abierto, así como una apuesta por el diálogo hacia un modelo compensado y realmente viable.
El planteamiento del PAR incide en la importancia de la reunión que el pasado domingo mantuvieron en el Portalet alcaldes, concejales y cargos de los entes comarcales de las cuatro comarcas pirenaicas aragonesas bajo el lema “Por un Pirineo con Vida”, que considera un hito comparable al que dio lugar, en su día, a la creación de Adelpa.-En ese acto, al tiempo que se celebraba una concentración de la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón, “se pusieron de manifiesto las diferencias de fundamento, criterio y perspectiva respecto al desarrollo de los valles del Pirineo, en un marco general de convivencia y de apertura al diálogo, aunque sin ocultar las profundas discrepancias”, explica el PAR.
Sin embargo, “aspectos como la preservación de la naturaleza, el equilibrio del turismo y del urbanismo o el mantenimiento de la herencia cultural, si bien con distintos puntos de vista, tienen que ser, a juicio de la mayoría, terreno de acuerdo posible en el que, por parte de los representantes locales, se reclamó el protagonismo de los vecinos de la zona”.
Los montañeses y los ecologistas de ciudad. Alberto Bernués
A raíz de la concentración de la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón en Portalet el 19 de marzo de 2006 y de la contra-concentración de algunos alcaldes y representantes políticos de la Comarca Alto-Gállego, vuelven a oírse voces señalando ese falso enfrentamiento entre montañeses y algunos habitantes de las ciudades. No debemos entrar en esa dialéctica que parece obedecer a estrategias políticas diseñadas para desviar la atención y ocultar unos hechos de gran gravedad que nos afectan a todos, montañeses y amantes de las montañas.
Lo cierto es que si hay una discrepancia, pero de modelo, de visión o postura en relación a lo que queremos para las zonas de montaña, que nada tiene que ver con el origen o lugar donde habitan sus valedores. El concepto de desarrollo sostenible, ampliamente manoseado por representantes políticos, tiene un significado claro, basado en criterios técnico-científicos: primero, debe contemplar conjuntamente las demandas e intereses de la generaciones actuales y futuras; segundo, debe basarse en la capacidad de auto-reproducción de los sistemas naturales y socio-económicos; y tercero, ha de tener un carácter endógeno, es decir, un desarrollo generado desde las zonas de montaña, por y para los montañeses, controlado y gestionado por ellos.
Enfrente nos encontramos con un modelo desarrollista, obsoleto en el resto de regiones montañosas Europeas, que solo ve esquí alpino, campos de golf y grandes urbanizaciones para visitantes de escasos fines de semana al año. Este modelo es diametralmente opuesto al desarrollo sostenible que hoy promueven organismos y tratados internacionales. No respeta los intereses de las generaciones futuras pues supone una agresión totalmente irreversible al paisaje, principal valor económico de estas zonas. Carece de toda racionalidad económica, pues a pesar de grandes subvenciones públicas las pérdidas son millonarias y los mayores beneficiarios son los especuladores inmobiliarios, que dejan una riqueza residual en el territorio, después de extraer las plusvalías. Y por último, pero no menos importante, no es protagonizado por los habitantes de la montaña, que ceden su capacidad de decisión sobre el territorio y acaban en manos de intereses exógenos.
En juego está nada más y nada menos que nuestro futuro común, medioambiental y económico. Déjense de victimismo y de manipular a los montañeses, necesitamos menos demagogia y especulación y más propuestas imaginativas, integradas y respetuosas con el entorno socio-económico, cultural y natural.
Contra manifestación en el Portalet. Juan Antolín.
El domingo 19 de Marzo, algunos alcaldes y concejales del Alto Gállego del PAR y PSOE, organizaron un “encuentro” en el mismo lugar, hora y fecha en el que la Plataforma en Defensa de las Montañas (PDM) había convocado oficial y legalmente por tercer año consecutivo, una concentración en protesta de la ampliación de la estación de Formigal en el valle de Espelunciecha y por la tramitación de una Ley de Protección para las Montañas de Aragón.
Los partidos de los que son miembros los organizadores de dicho “encuentro”, tuvieron una estupenda oportunidad de debatir, reflexionar y contrastar sus ideas con las de los miembros de la PDM cuando éstos, apoyados por otras muchas organizaciones, presentaron en las Cortes de Aragón 30.000 firmas de aragoneses avalando una propuesta ciudadana de Ley de Protección de las Montañas. Recordamos que dichos partidos se negaron a debatir esta propuesta de ley, rechazándola en el Pleno de las Cortes aragonesas el día 15 de Diciembre de 2005, sin ningún tipo de debate ni miramiento. tras un laborioso y legal proceso de Iniciativa Legislativa Popular por parte de la ciudadanía.
Parece que no contentos con despreciar a los promotores y firmantes de esa Iniciativa Legislativa Popular se comienzan a utilizan métodos de contra manifestación, nada democráticos, ilegales y peligrosos para intentar limitar el derecho a disentir de la política del Gobierno aragonés en materia medioambiental y a manifestarlo públicamente.
Desarrollo sostenible para el Pirineo (Ana Acín Pérez) Publicada el 27.03.2006
Soy montañesa, ecóloga de formación y ecologista en el corazón. Vivo, trabajo aquí y espero seguir haciéndolo.
Hace un año surgió una iniciativa popular para llevar a las Cortes la propuesta de crear una ley del Pirineo. Allí se rechazó, ante la pasividad y el silencio de los alcaldes y presidentes de las comarcas del Pirineo, los mismos que ahora salen a manifestarse y pedir un debate, ¿por qué no lo pidieron cuando sus compañeros lo rechazaron en las Cortes?
Faltan proyectos creativos y apostar por el desarrollo sostenible de verdad. El desarrollo sostenible consiste en no agotar los recursos que nos dan el valor. Ocupar el suelo con urbanizaciones no es desarrollo sostenible, tampoco ampliar las estaciones de esquí. Diversificar el aprovechamiento de los recursos sí lo es.
El espacio protegido más emblemático de la zona, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, recibe 600.000 visitantes a lo largo del año. Así que dejen de utilizar ‘proteger’ como sinónimo de ‘perder’, el único que pierde aquí es el montañés.
Opinar sobre la montaña. José Luis Latas Lacasta.
Acudí a la concentración en el Portalet de la Plataforma en Defensa de las Montañas.
Apareció un grupo de cargos políticos que dijeron que las decisiones les correspondían a ellos y no a esos ecologistas urbanos que sólo aparecían ocasionalmente.
En vez de entrar a debatir, descalifican al interlocutor, acusándolo de recién llegado. Curiosa paradoja, cuando muchos de los que hoy exigen «pedigrí» montañés para opinar, resulta que no sabían dónde estaba Espelunziecha. El alcalde de Sallent, por ejemplo, llegó a mi tierra –el Alto Aragón– desde 200 km al sur. No voy a admitir que decida si soy quién para opinar.
Pero es que, si no fuera montañés, como simple ciudadano que paga impuestos, creo que tendría derecho a protestar por lo que hacen con el dinero público y con un patrimonio de todos.
La carne y el ladrillo. Mariano Polanco
La Comunidad Europea ha dictado unos requisitos mínimos para el funcionamiento de los mataderos, pero la mayoría de los municipios aragoneses no pueden asumir el costo de la adecuación a la normativa y su posterior mantenimiento. El Gobierno de Aragón, imperturbable, impone la normativa sin preocuparle las consecuencias para la población y los profesionales del ramo. No habilita líneas de crédito ni subvenciones, desecha la posibilidad de un periodo transitorio de cuatro años para aplicar la normativa, ni excluye del cumplimiento a las explotaciones familiares tal como han hecho nuestros vecinos franceses. Con esta decisión se cierran unos cien mataderos y se amenaza la continuidad de unas cuatrocientas carnicerías del medio rural, a sus propietarios y empleados se les plantea un incierto futuro y a los ciudadanos sobrecostes y pérdida de calidad de la carne. A este perjuicio no son ajenos los ganaderos ni los hosteleros, que temen que los corderos y terneras de
nuestras montañas se consumirán allá donde consideren las distribuidoras y aquí los de cualquier incierto origen. La permanencia en los pueblos de las familias directamente perjudicadas es la excusa que utiliza nuestro Gobierno para justificar su alocada política urbanística, implantada donde las inmobiliarias decidan y transformando prados en urbanizaciones. Es bien cierto que ni vacas ni corderos producen astronómicas ganancias, es difícil especular con ellos, recibir inconfesables comisiones y utilizarlos como elementos de presión política. Mientras tanto se rehuye la promesa electoral de una Ley de Montaña y se desdeña la voluntad de más de treinta mil aragoneses. De seguir el Gobierno en esta línea ¿cuántos “ladrillos” nos quedan aún por tragar?
Es necesario un acuerdo más global sobre el desarrollo de las
zonas de montaña. Más que normativas, lo urgente son los
acuerdos sociales.
Ecología y Desarrollo pide que las Directrices de la Nieve se
elaboren con una amplia participación pública, de acuerdo con
el Convenio de Aarhus.
Ecología y Desarrollo pide un liderazgo activo al Gobierno de
Aragón.
Ecología y Desarrollo pide a las partes generosidad, respeto y
prudencia en la defensa de sus posiciones.
El penúltimo fin de semana, varios miles de personas se
manifestaron en Zaragoza convocados por la Plataforma en
Defensa de las montañas. El pasado fin de semana, cara a cara,
se celebró una programada manifestación convocada por la misma
entidad y una contramanifestación convocada por autoridades
locales del Pirineo. En suma, la escalada de enfrentamientos
sigue. Vamos mal, muy mal. La existencia de enfoques diversos
en un área de la realidad es común en una sociedad,
expresarlos en libertad es común en una sociedad democrática,
ser capaces de integrar lo sustancial de esas miradas en una
alternativa inclusiva es lo que distingue a una sociedad
madura. Ese es el desafío de nuestra comunidad autónoma ante
el desarrollo de las montañas en general y del Pirineo en
particular.
Esa asignatura no se aprueba meramente con la elaboración de
estudios como el Plan Estratégico de la Nieve (1996) sin
participación social o con la aprobación de la recientes
directrices de ordenación del Pirineo, en las que tampoco se
dedicaron recursos, ni tiempo, ni ganas .a ESCUCHAR a la
sociedad y las diferentes sensibilidades que la integran.
El desafío de construir un desarrollo sostenible es justamente
el mismo que el debate sobre el futuro de las montañas y el
futuro de la industria de la nieve: el de cómo conciliar el
desarrollo socioeconómico y la protección ambiental. Y en ese
desafío no cabe negar ninguno de los términos. No se debe
buscar soluciones para el medio ambiente, sin integrar la
sustentabilidad económica de las propuestas. Pero, al mismo
tiempo, se sitúan fuera de la historia quienes, en pleno siglo
XXI quieren negar la necesidad de integrar los aspectos
ambientales en el desarrollo social. Fuera de la historia y
fuera de la ley..porque las políticas nacionales, europeas y
los tratados internacionales obligan a caminar en esa
dirección.
Es necesario y urgente un pacto sobre el desarrollo del sector
de la nieve, integrado en una visión más general que sueñe un
desarrollo socioeconómico sostenible para las zonas de
montaña. ¿Qué modelo de turismo queremos?, ¿Qué modelo de
desarrollo urbanístico?, ¿qué modelo agroganadero es posible,
qué desarrollos industriales son los adecuados?. El Gobierno
de Aragón no debe ser, como así parece desprenderse de la
lectura de los medios de comunicación, un mero espectador
cualificado del enfrentamiento entre ARAMON (que también en
parte es Gobierno de Aragón) y las organizaciones
medioambientalistas.
La Fundación Ecología y Desarrollo cree que, pese a esta
pluralidad de enfoques que existen en la sociedad aragonesa
sobre el modelo de desarrollo de las zonas de montaña, es
posible encontrar un camino practicable para el Pirineo en el
que se combinen el desarrollo económico y el respeto
medioambiental. Encontrarlo y hacer una síntesis creativa de
las contradicciones y sensibilidades que existen en la
sociedad es una responsabilidad de las instituciones
aragonesas.
En el momento actual pedimos expresamente:
1.- Que la ordenación no se circunscriba al sector de la
nieve. El Pirineo necesita un acuerdo más global sobre el
modelo de desarrollo por el que se opta. Y este acuerdo debe
recoger aspectos de ordenación del territorio, de política
turística, el modelo socioeconómico general.Sin embargo, más
importante que una nueva regulación, es propiciar la
participación de la sociedad y construir un acuerdo social
amplio global. Los problemas que existen no se dan por falta
de regulación y normativas, lo que hay es una falta de acuerdo
social. Ese modelo es el que se debe acordar de una vez en
Aragón para las zonas de montaña. ¡Sí a hablar de la nieve!,
pero es necesario que el acuerdo sea más general, más amplio.
2.- En todo caso, si el Gobierno de Aragón persiste en su
empeño de elaborar sólo unas directrices circunscritas a la
nieve, reclamamos que éstas se elaboren de forma
participativa. Lo exige el sentido común, dado el grado de
confrontación presente en la sociedad aragonesa y lo exige el
Convenio de Aarhus en su artículo 6 y en su artículo 8, que
regula la participación del público durante la fase de
elaboración de disposiciones reglamentarias o de instrumentos
normativos jurídicos obligatorios de aplicación general (el
pasado 16 de febrero de 2005, el boletín oficial del Estado
publicaba el Instrumento de Ratificación del Convenio sobre el
acceso a la información, la participación del público en la
toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de
medio ambiente, hecho en Aarhus (Dinamarca).
3.- Pedimos expresamente cordura a las partes más
enfrentadas. que no caigan en provocaciones, que todo el mundo
se manifieste de acuerdo con lo que le dicten sus
convicciones, pero que nadie contramanifieste, que se discuta
con pasión las ideas ajenas, pero que se respete a las
personas y entidades que las emiten..Son ideas sencillas, pero
en ellas contienen lo sustancial de la argamasa de un
sociedad democrática.
4.- Pedimos expresamente al Gobierno de Aragón que construya
ese amplio acuerdo sobre el desarrollo de las montañas en
Aragón y del Pirineo en particular, esa es la tarea más propia
de un gobierno democrático: elaborar políticas que incluyan la
mayoría de los enfoques presentes en una sociedad. La calidad
última de una norma legal tiene que ver con el nivel de
adhesión que despierta en los ciudadanos. Le pedimos al
gobierno de Aragón que lidere la construcción de ese amplio
acuerdo.
El domingo sábado 19 de marzo se celebró en el Portalet, la 3ª Concentración en el Portalet (Espelunziecha) en Defensa de las Montañas. Unos minutos antes, algunos alcaldes de pueblos de montaña se presentaron en una contramanifestación bajo la pancarta «Por un Pirineo vivo». Por otra parte, el día 20 se anunció una regulación en 2007 para las estaciones de esquí.
Como cada año, la concentración conservacionista contaba con los permisos necesarios para manifestarse en el Portalet. La de los Alcaldes, según nuestras fuentes, no. Sin embargo, anunciaron en la prensa que ellos también lo harían, y allá se presentaron una docena de ediles y responsables de comarcas. Con ellos se llevaron a una decena de empleados de Aramón en traje de faena. La Guardia Civil dividió el terreno que inesperadamente habría que compartir. Frente a frente.
Por un Pirineo con vida
Una vez más, la política de hechos consumados se puso por delante. Y hablaron por delante. A las 12 y cuarto de la mañana aproximadamente tomó el megáfono José Luis Sánchez, el Alcalde de Sallent de Gállego. Para él, quienes defienden una política y una ley en defensa de las
montañas, son urbanitas que ven agresión en cualquier cosa que se haga en el Pirineo. Mientras hablaba, su manifiesto titulado «Por un Pirineo con vida», el mismo que su pancarta, era repartido entre los asistentes a la concentración opuesta, la legalizada. Cuando reiteró que la ampliación de Formigal por Espelunziecha era por la prosperidad del valle, los montañeros conservacionistas le recordaron que el valle de Tena es el segundo más rico del Pirineo aragonés.
En alguna ocasión más sus palabras irritaron a los participantes en la manifestación legalizada, y los organizadores chistaron pidiendo silencio. Él lo reclamó enérgicamente. Pero el final de su intervención fue coreado con gritos de «Aramón, especulación». ¿Podía ser de otra forma? La contramanifestación de los alcaldes no podía ser bien digerida por los participantes en la 3ª Concentración en Defensa de las Montañas. Resultaba irónico tener que escuchar cierto tono de victimismo y cierta acusación de intransigencia por parte del mismo poder político que se había negado a oír la voz de los 30.000 aragoneses que pidieron una Ley de las Montañas. La de 30.000 aragoneses y la opinión de su defensor, El Justicia de Aragón, quien ya la pidió en 1999. «Lo deseable sería, y es tarea de los gobernantes hacerlo, disponer de una política global para los Pirineos que definiera un modelo de desarrollo en el que se establecieran los usos del territorio posible en cada valle (agricultura y ganadería, turismo, industria, conservación, etc.), sus límites, en especial los urbanísticos, y grado de compatibilidad.
En concreto, respecto de las estaciones de esquí, dónde se pueden realizar y dónde no, con qué tamaño y unidas a qué entorno urbanístico. La mejor herramienta para ello es la planificación integral, por medio de la Ley» ha precisado ahora.
Hacer mermelada
Pero, por otro lado, algo estaría ocurriendo para que en esta edición haya subido el nivel de la oposición. El año pasado, este papel sólo tomó forma mediante un artículo aparecido en Heraldo de Aragón el día de la concentración suscrito por un «un montañero» que decía negarse a compartir espacio con algunos de los previsibles asistentes al acto que habían (o habíamos) criticado a la FAM por su indiferencia. Él acudiría, en cambio, a un encuentro senderista en Jaraba. Además, previamente habían caldeado el ambiente las palabras del presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, en una entrevista aparecida también el día de la manifestación: «No podemos pedir a un joven que se quede en el Pirineo a hacer mermelada». El intento de llevar al ridículo un proyecto de desarrollo sostenible no pasará desapercibido para los organizadores. «La salida del presidente roza el ridículo, pero refleja la dicotomía existente: o el esquí o nada. Existe un abanico de posibilidades. Creo que este discurso debe romperse (…) y hablar en serio de desarrollo» explicó Paco Iturbe. ¿Y construir miles de casas que sólo están ocupadas quince días al año, es una forma de futuro para los jóvenes?, replicará Mariano Polanco. Del lado de los alcaldes, el de Biescas señala: «Los ecologistas tienen claro a lo que se oponen pero no presentan alternativas» (Fuente: M. Navarcorena/El Periódico de Aragón, 20 de marzo).
Dejar en «los ecologistas» la aportación de alternativas resulta un argumento habitual. Pero más que alternativas lo que se les pide son soluciones mágicas. En todo caso, sus alternativas corren el riesgo de ser despreciadas como la «mermelada» o calificadas de «miseria», como se oyó decir a un alcalde de Chistau durante un debate sobre el desarrollo del valle. Pero, por otro lado, esta actitud ha sido claramente reprobada, y no sólo por El Justicia cuando dice «es tarea de los gobernantes…». Varios profesores universitarios de Geografía también lo afirman: «Es exigible [a la Administración] la búsqueda de un modo sostenible de explotación de los recursos, un modo que no lleve implícito el agotamiento o deterioro medio o grave de su materia prima: su calidad natural, ambiental y paisajística» (M. Frochoso, R. González, F. Allende, N. López: Protección y desprotección de la Naturaleza: San Glorio, otra estación de esquí para la Montaña Cantábrica).
Poesía necesaria
A las 12 y media, tomaba la palabra Francisco Iturbe, de la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón quien realizó un resumen de los últimos acontecimientos, y entre ellos la negativa de las Cortes Aragonesas a tener en consideración las 30.000 firmas conseguidas para promover una Iniciativa Legislativa Popular por una Ley en Defensa de la Alta Montaña. También denunció como falso el enfrentamiento que se busca entre montañeses y montañeros. A continuación, Isabel Santolaria puso voz a El verdadero progreso, como tituló Eduardo Martínez de Pisón el texto que envió a la vez que disculpaba su ausencia. Tal vez anduviera por la parte que dice «cada vez que matan un átomo de esta belleza algo muere en nuestro interior para siempre… y quisiéramos tener durante un segundo el don que recobra lo perdido y devuelve a la montaña la grandeza anterior a su maltrato» cuando una voz protestó por el lado de los alcaldes:
– ¡Eso es poesía!
Poesía necesaria, no cabe duda.
Isabel Santolaria continuó sin interrupciones y finalizó con una evidencia: «El verdadero progreso sólo existe si está firmemente fundado en el respeto al legado cultural y a la naturaleza».
Cerró el acto José Luis Martínez, quien pidió que este encuentro inesperado sirviera como inicio del diálogo. Un diálogo que, de producirse, lo hará sobre un inesperado nuevo «escenario». Al día siguiente, el Heraldo de Aragón publicaba en primera página: «El desarrollo de las estaciones de esquí tendrá una regulación propia en 2007». En la información se explica que «tras descartar una ley integral de la montaña, el Gobierno aragonés ha decidido establecer una regulación específica para el sector de la nieve (…) para que no vuelvan a producirse polémicas como las de la ampliación de Formigal». Para redactar las medidas, se pedirá una «asistencia técnica» mediante un concurso dotado con 48.000 euros y con cinco meses de plazo para preparar la propuesta.
Sabemos las dificultades que entraña vivir en la montaña y de la montaña. creemos que nadie mejor que Isabel puede representar nuestras ideas e ilusiones por un territorio poblado, dinámico y bien conservado.
Desde aqui queremos dar las gracias a Isabel Santolaria por su valentía y decisión al aceptar leer el comunicado de la «III Concentración en Espelunciecha», celebrada el pasado domingo 19 de Marzo en el Portalet. Alguno de los proyectos inmediatos de Isabel (8 mujeres: un objetivo, una ilusión) está recogido en la página web que figura debajo. Os invitamos desde aqui a visitarlo y a apoyarlo.
AMAR LA NATURALEZA
CARMEN Bandrés (20/03/2006)
Cada fin de semana, un aluvión humano invade el Pirineo; tras la visita, queda un sedimento indeseable en forma de residuos, erosión y vestigios que no debieran formar parte de tan espléndido marco natural; que lo degradan y restan a las generaciones venideras la oportunidad de conocer un entorno maravilloso en su estado puro.
Todos pensamos que la culpa es de los demás, que son otros los que sobran y que es a ellos a quienes debería limitarse el acceso. Tampoco se trata de crear más reservas ilusorias que focalizan visitas indiscriminadas, ni de restringir todo tipo de actividades, pues algunas de ellas han conseguido revitalizar los valles y fijar una población, condenada de otra forma a la emigración.
Es, obviamente, una cuestión de respeto y educación. Pero, el Hombre, que también forma parte del medio ambiente y de la naturaleza, es, además, su principal agente destructor. Intereses miopes y especulación urbanística acechan a la sombra de deportes como el esquí o el golf, los cuales, mal enfocados, pueden tornar en desastre lo que estaba llamado a ser solución.
Todavía es posible una opción de desarrollo sostenible.
*Escritora
VIVIR EN LA MONTAÑA
ANTONIO Domínguez (21/03/2006)
Se encontraron en el Portalet. No podían elegir mejor lugar, esa cima fronteriza en la que pactos y más pactos entre ganaderos y pastores de ambos lados dirimían con talento y palabras frecuentes conflictos sobre quítame allá unos pastos. Por una parte, la Plataforma en Defensa de las Montañas y de otra, los alcaldes de municipios montañeses. Todos estamos de acuerdo en mantener puro y vivo un paisaje al que acudimos de cuando en cuando para oxigenarnos (eso sí, en autobuses, coches, motos y demás ingenios –exceptuada la bicicleta– contaminadores, luego destructores). Pero existe otra realidad, la de quienes moran en valles y montañas sufriendo las evidentes inclemencias de un clima y condiciones habitacionales más que inhóspitas. Que unos y otros hayan acordado sentarse a hablar merece un sincero aplauso. Los alcaldes tendrán que pensar en los desmanes que causa una mala política de pistas, turismo, construcciones, especulaciones o similares. Y los ecologistas, en un hecho tan obvio y elemental que apenas merece ser considerado: ¿cómo y de qué viven los montañeses? Existen ejemplos mil. No se trata de decir esquí o nada, ni tampoco de que las gentes vivan de la mermelada, el queso y vender vacas. Existe un punto intermedio de encuentro: el respeto al medio natural, el freno al desarrollo destructor y la intervención para generar recursos que no se limiten en exclusiva al sector servicios. Ejemplos los hay en otros lugares de Europa. Aunque las Cortes de Aragón aún no hayan entendido la importancia de esa ley de Montañas que parece dormir el sueño de los justos. Profesor de Universidad
Entre la despoblación y la inmigración
ARAGÓN vive durante estos últimos años un fenómeno humano que incide en sentido inverso sobre su demografía: la inmigración, cada vez más presente y numerosas en su territorio, y la despoblación, muy agudizada en las zonas rurales.
En este sentido, nuestra Comunidad sigue las pautas del resto del país, si bien tanto en el primero como en el segundo caso tiene características más acusadas, es especialmente en la pérdida de censo poblacional, donde sigue una tendencia extremadamente negativa, como ocurre en las áreas rurales y de montaña. En algunas de ellas puede decirse que todavía sigue el goteo de la fuerte emigración padecida en las décadas de los cincuenta y sesenta, donde la provincia de Huesca logró el triste récord de situarse en primer lugar en pueblos abandonados. Si entonces muchas de estas economías rurales ya no pudieron superar la revolución que supuso la mecanización agraria, la posterior economía de mercado con la Política Agraria Comunitaria (PAC) ha terminado por hacer difícilmente rentables unas explotaciones pequeñas y precisadas de una reconvención total.
La llegada de inmigrantes durante los últimos años ha detenido la peligrosa curva descendente que experimentaba el censo de Aragón, cada vez más centrado y concentrado en Zaragoza, pero no hasta el punto de solucionar el grave problema demográfico que esta tierra padece y consolidar su población. Primero, porque en algunas zonas es muy difícil el asentamiento de población inmigrante por sus exigencias y falta de adecuación al medio y, también, porque en muchos casos la mano de obra que llega de fuera soluciona seguramente una coyuntura o una situación, pero no queda lo suficientemente arraigada e integrada, de tal manera que permita un desarrollo equitativo y armónico de la economía y, consecuentemente, de la sociedad.
A fin de corregir este y otros desajustes, normales entre gentes que llegan a un país nuevo, desconocido y diferente en una situación de necesidad, hay que desarrollar políticas y conductas que tiendan a la integración, al conocimiento y a la tolerancia entre nativos y foráneos. Un trabajo que empieza en la escuela y sigue en todos los aspectos humanos, familiares, laborales y profesionales, a fin de conseguir no sólo un incremento del censo, sino un relevo poblacional lo más completo posible.
Carta al Periodico de Aragón. Badaguás. Normas para todos
Un pueblo andaluz en el Pirineo. Desde varios kilómetros de distancia puede apreciarse el enorme caserío de la urbanización levantada en Badaguás, perteneciente al municipio de Jaca, con sus casas blancas, como un pueblo andaluz. El impacto visual es considerable y desde luego ajeno a la tipología de los pueblos de la zona.
Contrasta la libertad que se le ha concedido al constructor con las exigencias que ese mismo ayuntamiento impone a los particulares. No es posible poner una pequeña terraza en una vivienda por su impacto visual (¿mayor que el de Badaguás?); allá se ponen pegas para ampliar una ventana. Estaría bien, si las normas fueran iguales para todos.
Joaquín Lerma Enciso . Zaragoza
No solo porque las condiciones de la carretera (¿pública?) de acceso al Portalet son de película del oeste, más que del presente siglo. No solo porque el deterioro a ambos lados de la carretera, tras más de dos años de obras millonarias y deficitarias en Aramón-Formigal es palmario. Los ediles de la comarca, arropados por personal de Aramón visiblemente uniformado, nos dijeron una vez más que ellos estaban por el desarrollo (no sabemos si “urbanístico” o simplemente sin adjetivo), que veníamos de las ciudades a exigirles que lo frenen. Nos transmitieron que ese terreno es suyo, que no les molestemos, que hacen con él lo que creen conveniente. Ya lo vemos. Para eso no hacía falta subir a contra manifestarse al Portalet. Ya lo sabíamos.
Después de que el valle de Espelunziecha esté arrasado. Después de que sus partidos despreciaron la oportunidad de contrastar sus ideas con las de “los ecologistas”, cuando éstos presentaron en las Cortes de Aragón 30.000 firmas de aragoneses avalando una propuesta ciudadana de Ley de Protección de las Montañas de Aragón. Después de que el Justicia de Aragón alertara sobre la necesidad de la Ley. Después de una manifestación multitudinaria en su favor. Después de que se empiezan a crear asociaciones de vecinos en el Pirineo en contra del modelo Aramón. Después de que revistas especializadas, páginas web, programas de televisión y de radio denuncian constantemente la explosión especulativa en el Pirineo. Vienen a dialogar ahora bajo la ventisca, en su territorio vedado.
Los alcaldes y representantes de PSOE, PAR y PP de los municipios del Pirineo propondrán a los ecologistas un encuentro para iniciar el diálogo sobre el futuro de la montaña. Así lo aseguró Luis Estaún, alcalde de Biescas, una vez finalizada la contramanifestación que estos cargos electos organizaron a la ya convocada en el Portalet por la Plataforma en Defensa de las Montañas. Los naturalistas han recogido el guante, aunque lamentan que el debate no se haya producido ya en las Cortes cuando se presentaron 30.000 firmas a favor de una Ley de la Montaña.
«Nosotros queremos exponer la situación real y las necesidades de la gente que vive aquí. Porque los ecologistas tienen claro a lo que se oponen, pero no presentan alternativas», dijo el también vicepresidente de la comarca del Alto Gállego.
«Por supuesto que hay que abrir un debate, pero con todos los interesados en la montaña. Porque el enfoque de enfrentamiento entre montañeros y montañeses es falso», contestó Paco Iturbe, portavoz de la plataforma.
En cuanto a las reacciones al acto que tuvo lugar ayer al mediodía en el Portalet, son muy diferentes. Los alcaldes la definen como positiva, porque «ha servido para escuchar y hacer oír nuestra postura». Pero los ecologistas la han criticado tanto por los modos como por las formas. «Ha sido un error. Ni era el lugar, ni se ha acertado con la forma», dice José Luis Martínez, de la plataforma.
El mal tiempo provocó que no fueran muchos los concentrados. Una cuarentena por parte de los alcaldes y un centenar por parte ecologista. Estos últimos presentaron la campaña Cumbres vivas, para el próximo 25 de junio. Un centenar de cumbres de toda Europa serán coronadas ese día para pedir la defensa de la montaña de Aragón.
El desarrollo urbanístico que afecta al Pirineo aragonés está generando ya no sólo problemas legales que comienzan a librarse en los tribunales, sino conflictos sociales y de convivencia en la montaña. Los censos masivos o falsos se unen a la fiebre constructora, y los tiras y aflojas en los ayuntamientos van a más entre quienes quieren mantener el equilibrio, la proporción y la armonía del paisaje rural y los que entienden que el futuro pasa por la recalificación y venta de terrenos para levantar urbanizaciones o un sinfín de apartamentos turísticos.
Las sospechas de planes urbanísticos encubiertos en algunos de los municipios pirenaicos y las tensiones surgidas entre sus habitantes –algunas de ellas han acabado incluso en agresiones y denuncias– han movilizado a los vecinos en contra de los gobiernos locales.
La situación se ha vuelto tan complicada que una parte de la población ha decidido unirse. De hecho el sábado, en Aínsa, se constituyó la primera asociación de este tipo, la denominada Asociación de Vecinos del Pirineo Central.
«Estamos en contra de los movimientos políticos que favorecen exclusivamente la construcción en el Pirineo mientras persisten las carencias en la montaña. Las políticas deben favorecer el asentamiento de la población, no de los edificios», afirmaba uno de los participantes.
REPRESALIAS Esta asociación será la portavoz de las críticas de la población. «Los pueblos son muy pequeños y no queremos más enfrentamientos por dar la cara y opinar sobre lo que está ocurriendo», especificaba otro vecino. «Aquí, si hablas, el alcalde te hace la vida imposible», lamentaba.
Yésero, Aragüés del Puerto, Boltaña, Fanlo, Fragen, Sabiñánigo, La Espuña o Biescas son algunos ejemplos con pretensiones de expansión urbanística. Y las sospechas en algunos de ellos nacen ya desde el momento en que el padrón falsea la realidad para, denuncian algunos, «permitir al alcalde que haga lo que le interesa».
El caso de Yésero es el más flagrante. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) instó en julio pasado a este ayuntamiento a revisar su padrón y cumplir con la Ley de Régimen Local –cerca de 90 personas censadas pero sólo 20 viviendo– tras la denuncia de un empadronamiento masivo. Una actuación cuyo fin podría esconder, aseguran varios vecinos, la aprobación de un nuevo Plan de Ordenación Urbana. El pleito se encuentra recurrido en el Supremo, ya que el alcalde, Mariano Fanlo (PP), niega los hechos.
CONTROL DE LA DGA «La autonomía municipal en temas urbanísticos llega hasta donde no afecte a estructuras dotacionales o territoriales más amplias. Porque el desarrollo de cualquier trama urbana debe ser asumible por el municipio. Si la planificación es acorde y el urbanismo es integral, no tiene por qué haber problemas. El problema no es el campo de golf, sino la urbanización con que va acompañada», aseguran al respecto desde el departamento de Urbanismo del Gobierno de Aragón.
Como ejemplo de esta actuación cita el Ejecutivo aragonés el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado este mes en Sabiñánigo. Un plan de desarrollo que ha paralizado la construcción de dos campos de golf.
En Yésero, el PGOU presentado por el consistorio a Urbanismo –y rechazado– solicitaba construir 589 viviendas en una parcela de, aproximadamente, dos hectáreas. «Si se optimizara el terreno del pueblo, podrían edificarse más de 150 viviendas sin necesidad de una extensión», denuncia Santiago Ripoll, vecino de la localidad.
En Fanlo, su alcalde, Horacio Palacio (PAR), se está planteado una ampliación de casi el doble del casco urbano actual. En este municipio viven unas 18 personas y hay más de 200 empadronadas.
Fanlo es cabecera de nueve pueblos, algunos deshabitados. Como Cerezuela, «en donde se ha llegado a un acuerdo de concesión de 60 años a los antiguos propietarios a cambio, me imagino, de poder construir nuevas viviendas», asegura un habitante del municipio.
En Aragüés del Puerto viven unos 60 vecinos, pero empadronados aparecen el doble. «Ya se han construido bloques de apartamentos, y ahora se van a levantar 25 unifamiliares. Pero es que cualquiera que tiene terreno cree que va a ser millonario. Esto es una locura», dice Cristina Carayón. Esta vecina, hoy concejala del PAR sin cartera, ha ganado el juicio por agresiones interpuesto contra el alcalde, Miguel Calvo Pétriz (PSOE). «Van a por mí porque denuncio lo que me parece mal», afirma. Y esta vez han sido unos vertidos al río.
En Fago –donde residen 18 habitantes y son 36 los censados–, una vecina puso una denuncia por agresión contra el alcalde, Miguel José Grima (PP), pero finalmente se quedó en juicio de faltas. «El ambiente es insostenible. El problema no es urbanístico, porque Fago no tiene término municipal, sino de convivencia. ¿Alguien me puede decir qué está pasando?», se preguntan.
Los alcaldes y representantes de PSOE, PAR y PP de los municipios del Pirineo propondrán a los ecologistas un encuentro para iniciar el diálogo sobre el futuro de la montaña. Así lo aseguró Luis Estaún, alcalde de Biescas, una vez finalizada la contramanifestación que estos cargos electos organizaron a la ya convocada en el Portalet por la Plataforma en Defensa de las Montañas. Los naturalistas han recogido el guante, aunque lamentan que el debate no se haya producido ya en las Cortes cuando se presentaron 30.000 firmas a favor de una Ley de la Montaña.
«Nosotros queremos exponer la situación real y las necesidades de la gente que vive aquí. Porque los ecologistas tienen claro a lo que se oponen, pero no presentan alternativas», dijo el también vicepresidente de la comarca del Alto Gállego.
«Por supuesto que hay que abrir un debate, pero con todos los interesados en la montaña. Porque el enfoque de enfrentamiento entre montañeros y montañeses es falso», contestó Paco Iturbe, portavoz de la plataforma.
En cuanto a las reacciones al acto que tuvo lugar ayer al mediodía en el Portalet, son muy diferentes. Los alcaldes la definen como positiva, porque «ha servido para escuchar y hacer oír nuestra postura». Pero los ecologistas la han criticado tanto por los modos como por las formas. «Ha sido un error. Ni era el lugar, ni se ha acertado con la forma», dice José Luis Martínez, de la plataforma.
El mal tiempo provocó que no fueran muchos los concentrados. Una cuarentena por parte de los alcaldes y un centenar por parte ecologista. Estos últimos presentaron la campaña Cumbres vivas, para el próximo 25 de junio. Un centenar de cumbres de toda Europa serán coronadas ese día para pedir la defensa de la montaña de Aragón.
Ni marbellización ni sólo mermelada. Editorial de El Periódico de Aragón
El presidente del Gobierno de Aragón exponía de manera muy gráfica en las páginas de este diario la necesidad de desarrollar nuevas actividades económicas en el Pirineo: «No podemos pedir a los jóvenes que se queden a hacer mermelada». Marcelino Iglesias explicaba con toda lógica que con los discursos románticos no se asienta la población en las montañas, opinión que comparten los alcaldes del Alto Gállego que trataron de neutralizar en el Portalet la concentración convocada por Ecologistas en Acción. Todos defienden un Pirineo con vida, lo que cambia es el concepto de vida que tienen unos y otros. Tiene que ser posible alcanzar un punto de encuentro entre las mil viviendas que se proyectan en Formigal y la mermelada como única opción de futuro. Las pretensiones de expansión son lícitas y necesarias, pero al mismo tiempo tienen que ser contenidas para evitar el deterioro medioambiental y la especulación.
El equilibrio como única salida. Editorial del Diario del Altoaragón
LOS maximalismos no suelen conducir a nada bueno en aquellas materias que son proclives a la diferenciación de enfoques y tan sólo resultan aceptables en aquellos asuntos en los que no existe ningún resquicio a la tolerancia de determinadas actitudes que conculcan los derechos y vulneran la dignidad humana.
En la confluencia ayer de dos concentraciones en un mismo espacio, incluso la climatología pareció querer aportar su punto de tensión con una descarga de ventisca y de frío que tampoco contribuía a una mayor calidez en el acercamiento de las posturas de los convocantes de ambas reuniones organizadas, por supuesto, sobre la base del legítimo derecho de expresión y de manifestación. Por un lado, los representantes políticos de PSOE, PP y PAR de las cuatro comarcas pirenaicas bajo el lema “Por un Pirineo con vida”. Por otro, la Plataforma en Defensa de las Montañas y su modelo conservacionista.
Obviamente, esta coincidencia, casual o no, ha provocado la visualización del desencuentro que se produce entre munícipes y las gentes de los pueblos pirenaicos, por un lado, y las organizaciones ecologistas que, lógicamente, cuentan también con sus adeptos. Curiosamente, los lemas de este tipo de manifestaciones son perfectamente asumibles por la práctica totalidad de la población aragonesa, así como la enumeración de objetivos, pero en los matices se encuentra el meollo de la problemática y del indudable conflicto. Por un lado, los conservacionistas acusan a la clase política de impulsar un determinado modelo de desarrollo pernicioso para la supervivencia en el estado más virginal posible del medio ambiente. Por otro, las administraciones inciden en que el desarrollo sostenible ha de compatibilizar el cuidado de la naturaleza con el imprescindible progreso de las gentes de la montaña que sufren las servidumbres y tienen todo el derecho a recibir contraprestaciones.
Seguramente, esa cierta tensión entre posturas, convenientemente encauzada, debería conducir a un equilibrio en el que se recogieran las aportaciones de ambas partes del diálogo y, por supuesto, también hubiera ciertas renuncias asumibles. Quizás, como punto de partida, no estaría de más recordar que un gran criterio de la UNESCO estriba en conseguir la mejor convivencia entre el hábitat natural y los lugareños, que, desde hace siglos y milenios, ha resultado muy fructífera.
Marcelino Iglesias repitió en la entrevista que ayer publicó EL PERIODICO que «no podemos pedir a un joven que se quede en el Pirineo a hacer mermelada». Y la frase no ha gustado.
«Sólo hay que mirar a Francia para comprobar que existen otras alternativas para un turismo de calidad que aporta dinero a los jóvenes, como puede ser la industria o la ganadería», responde el conservacionista José Luis Martínez.
«La salida del presidente roza el ridículo, pero refleja la dicotomía existente: o el esquí o nada. Pero existe un abanico de miles de posibilidades. Creo que este discurso de Iglesias debe romperse ya de una manera definitiva y comenzar a hablar en serio de desarrollo», opina Paco Iturbe, de la plataforma por las montañas.
El presidente aragonés afirmó en la entrevista publicada ayer que «sólo con desarrollar el 0,3% del territorio del Pirineo se podría mantener una población de 50.000 habitantes». Iglesias lamentó los discursos románticos, porque, «al final, la gente se va a vivir a la ciudad». Y justificó la creación de Aramón como «la mejor fórmula para desarrollarse sin especular».
En línea con Iglesias, el presidente de la comarca del Alto Gállego, Mariano Fañanás, dijo: «Hemos de vivir de los recursos que nos da la montaña. Y uno es la nieve. Las estaciones de esquí crean puestos de trabajo que permiten asentar a los jóvenes».
Ecologistas en Acción calificó ayer de falsos los datos ofrecidos por el presidente Marcelino Iglesias sobre el nivel de protección de la comunidad. «En el momento en que se actúa en el territorio, las influencias externas hacen que aumenten ostensiblemente los porcentajes. Por lo que no se puede desligar una actuación urbanística de todas sus consecuencias», aseguró Mariano Polanco. El portavoz ecologista contestó así a Iglesias, quien asegura que el proyecto del Gobierno aragonés para el Pirineo es «que el 50% del territorio tenga altos niveles de protección, donde no se pueda edificar ni llevar a cabo grandes proyectos».
Más de un centenar de personas acudieron a la convocatoria de la Plataforma en Defensa de las Montañas en contra de la ampliación de Formigal y revindicando una ley de protección. Al otro lado, alrededor de 40 políticos de las cuatro comarcas pirenaicas (PSOE, PAR y PP) y trabajadores de la estación de esquí, detrás de la pancarta con el lema «Por un Pirineo con vida». Su mensaje, una apuesta a favor de «la generación de mayores y mejores oportunidades de empleo y desarrollo» en el territorio, y una «ordenada y equilibrada expansión urbanística o de los centros invernales» compatible con el mantenimiento de los valores naturales. La presencia de Guardia Civil fue sensiblemente superior a la de citas anteriores. Las dos movilizaciones se sucedieron con normalidad, una vez que se negoció con los agentes el lugar que ocupaba cada una. Los alcaldes de Sallent de Gállego y Biescas, José Luis Sánchez (PSOE) y Luis Estaún (PAR), respectivamente, repartieron el comunicado que leyeron los primeros, para después escuchar el de Eduardo Martínez de Pisón al que puso voz la montañera aragonesa Isabel Santolaria.
El Gobierno de Aragón está decidido a regular de forma específica el sector de la nieve para 2007, una vez descartada la elaboración de la Ley integral de Montaña, con el objetivo de que no vuelvan a producirse polémicas como las que se están dando, por ejemplo, con la ampliación de Formigal. Al Ejecutivo autonómico le preocupa especialmente que un sector clave para la economía de Aragón, como es el del esquí, y que contribuye a asentar población, se desarrolle rodeado de controversia. Para sacar del «ojo del huracán» al deporte blanco, redactará unas directrices sectoriales de ordenación del territorio, que completarán a las del Pirineo (aprobadas a finales del año pasado), y que establecerán un marco para el desarrollo futuro del sector y de la expansión urbanística que lleva aparejado.
Entre otras cuestiones, se fijarán los requisitos que tendrán que reunir las nuevas estaciones y las nuevas pistas para evitar desmontes agresivos; se evaluarán las necesidades de infraestructuras de acceso para los centros invernales, con el objetivo de reducir los atascos que se producen cada fin de semana, y se regulará el desarrollo urbanístico que camina a lomos de la nieve. Además, se elaborará una cartografía con zonas susceptibles de ser ocupadas por futuros centros invernales debido a su orografía, y se plantearán medidas correctoras para minimizar los impactos ambientales derivados de la explotación de la nieve. Todo con el objetivo de concitar un consenso social en torno al sector que, hoy por hoy, no existe.
La intención de la DGA, según explicaron fuentes del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, es que las directrices entren en vigor el próximo año. Para redactarlas, los socios de gobierno van a contratar en los próximos días una asistencia técnica. De hecho, el Boletín Oficial de la Comunidad publicaba esta semana la convocatoria. Quien se haga con el concurso, que tiene un importe global de 48.000 euros, dispondrá de cinco meses para ultimar el texto.
Una vez disponga de ese borrador, la DGA quiere abrir un «periodo amplio de contactos y conversaciones con todos los colectivos implicados» de alguna manera en el sector de la nieve para consensuar al máximo el texto final. «Las directrices del Pirineo se demoraron mucho por el proceso de consultas que se llevó a cabo, especialmente con la Asociación de Entes Locales del Pirineo Aragonés (ADELPA), pero la intención es hacer lo mismo en este caso», señalaron fuentes del departamento de Presidencia, que insistieron, eso sí, en que el objetivo es que las directrices sean una realidad el próximo año.
Las estaciones, conocedoras
Los primeros afectados por las directrices serán las propias estaciones de esquí. El Grupo Aramón -que gestiona Formigal, Panticosa, Cerler, Javalambre y Valdelinares-, así como los responsables de Candanchú y de Astún son ya conocedores de las intenciones del Gobierno. Y todos esperan que, llegado el momento, se les invite a participar y su opinión sea tenida en cuenta. «Estamos muy interesados en que se cuente con nosotros y se nos llame a participar en el debate», explicó el consejero delegado de Aramón, Javier Blecua.
Además de fijar normas para el desarrollo futuro del esquí, las directrices harán también un diagnóstico actual del sector, analizando su evolución en los últimos años y fijando previsiones para los próximos. Se estudiará, en este sentido, la repercusión socioeconómica de la nieve, haciendo hincapié en variables como el número de usuarios, la rentabilidad de las estaciones, el peso del sector en la economía aragonesa, o las variaciones en la población y la respuesta social a las estaciones de esquí. Especial atención merecerá también la incidencia urbanística que está teniendo el sector, con la construcción de nuevos núcleos o el crecimiento de los ya existentes, así como sus afecciones al medio natural.
En todo caso, las directrices incluirán una cartografía con las áreas susceptibles de ser explotadas por el sector y las protegidas, las infraestructuras que requieren las estaciones (vías de acceso, vertidos, depuradoras…), los requisitos para el trazado de nuevas pistas de esquí (con dimensiones y desmontes máximos admisibles), los modelos preferentes de crecimiento urbanístico, así como un conjunto de medidas correctoras para minimizar los daños ambientales. Completará el documento un informe de sostenibilidad ambiental.
En el occidente de la meseta del Duero los viejos agricultores
distinguían entre «arar» y «aricar». Al arar se abría el surco para la
siembra y más tarde, al aricar, se repasaba el arado aireando el suelo
para facilitar la germinación del campo. En cuántas cosas aramos y
aricamos. Pasamos una y otra vez arados, ideas, palabras para que
grane la simiente en la tierra áspera o la escritura en yermos
espirituales aún más desapacibles. Por ejemplo, cuando volvemos a
coger la pluma para retomar el argumento de la necesidad de una
decidida política de protección de la montaña estamos, pues,
«aricando», repitiendo esfuerzos, rehaciendo surcos. Pero lo hacemos
con ánimo porque sabemos que no sólo es necesario insistir, sino que
es urgente actuar.
Milenios de naturaleza y siglos de historia se acumularon en el
paisaje de las montañas caracterizándolas con calidades y armonía. Es
el refugio de valores geográficos mayores. Por ello la montaña no es
sólo un recurso más sino un patrimonio muy especial, escaso, reducido
a sí mismo. Allí está lo que tantas veces ya no puede sobrevivir fuera
de ellas: grandeza, agua limpia, bosques, fauna libre, pueblos
arraigados, personalidad territorial. No es evidentemente un área
periurbana o un polígono industrial, no es siquiera un medio neutro.
Sin embargo, no sólo recibe con creciente frecuencia un trato como si
lo fuera, sino que esos espacios hiperfuncionales y duros de origen
urbano parecen sugerir un modelo que debería ser imitado. He oído
quejarse a un alcalde de un pueblo de la Sierra de Guadarrama porque
quisiera convertir a su bucólico pueblo en otro Getafe y no encontraba
los medios. Si, en este proceso, algo valioso cae será entendido como
el necesario precio del progreso. Este desplazamiento de valores es
evidente que se lleva por delante las calidades reales de la montaña.
Es lo que está pasando. Aquí casi nadie ama el paisaje. Y, si su venta
produce beneficios, aún menos.
¿Es verdadero o falso el dilema entre conservación y desarrollo? ¿No
estará el problema más en el abuso de los recursos ambientales que en
su uso? Y el abuso ¿no empezará antes cuando el medio es
particularmente valioso? Hay que equilibrar y hay que ponderar qué
lugares valen y qué usos y qué conservación son más idóneos para
aplicar en ellos. Cada caso requiere una atención y un respeto.
Abalanzarse sobre el paisaje como la fiera sobre su presa no es, pues,
lo más recomendable.
Por ejemplo: es obvio que más de uno piensa que toda la montaña es
esquiable. Pero tal presupuesto ¿no debería pasar por el filtro de la
valoración de los lugares? Hay un concepto de economía adaptada que
pondera tal valoración previa antes de entrar «desaptadamente» en
determinados sitios o de proponer la inmersión generalizada de la
montaña en una red funcional indiscriminada. El procedimiento de tal
economía se basa en el reconocimiento y consolidación de lo existente
como un valor. La pérdida de identidad rural conduce, en cambio, a un
extendido desprecio de lo existente y a su sustitución por modelos
ajenos agresivos. Las mermas, entonces, son dolorosas. Hay que hacer
un balance cualitativo, un balance de valores, no de precios, entre lo
que se gana y lo que se pierde, lo que se levanta y lo que se
destruye, entre lo que es recuperable y lo irrecuperable. Aun así, en
esas condiciones, está claro que el desarrollo es perfectamente viable
por centenares de métodos distintos a la especulación inmobiliaria,
que no requieren ser destructivos. Esta es la alternativa, porque el
aparente axioma de que, para progresar, es indispensable destruir (y
construir…) no es sino una excusa para intentar justificar la falta de
cuidado propia de ciertos rentabilismos de práctica muy extendida.
Claro que, en cualquier caso, es preciso tener voluntad para buscar
las compatibilidades mutuas entre usos y preservación y establecerlas
con rigor ¿Se hace así? Parece que no es habitual.
Lo habitual es la práctica del dinero fácil. Pero el paisaje es
territorio más cultura. La política territorial de tipo local es la
del dinero, pocas veces la de la cultura o, en todo caso, ésta es
entendida poco más allá de la degustación de productos autóctonos y
los coros y danzas de siempre. Se han abierto así dos trincheras: la
de la cultura y la del dinero sin que nadie sensato quiera encontrar
sus posibles puntos de acuerdo, que serían la correcta línea de
actuación y el camino civilizado del progreso. Hace un tiempo me
escribía una persona habitante de un pueblo de montaña amenazado por
urbanizadoras: «Pero, en realidad, ¿qué es progreso? Progreso es
contemplar las montañas sin que se hayan perdido sus calidades,
progreso es tener respeto por la naturaleza».
La crispación cotidiana no se da sólo entre ecologistas urbanos y vecinos propiamente dichos de las comarcas citadas, es en los mismos pueblos del Pirineo donde está aumentando la tensión y la polémica sobre cómo encarar el futuro. Ello es debido en gran medida a la inexistencia de una Ley de la Montaña, que no ha llegado pese a las promesas del Gobierno aragonés y el respaldo de treinta mil ciudadanos cuyas firmas avalaron una iniciativa popular exigiendo tal norma. Y es preciso hacer constar que nadie en su sano juicio pretendería hoy imponer una ordenación contraria al desarrollo económico y social de los montañeses; pero dicho desarrollo no tiene nada que ver con los intereses concretos de grupos cada vez más notorio de especuladores del suelo y de la naturaleza. Hay que deslindar ambos temas.
La asociación trabajará a partir de ahora de manera colegiada y asamblearia. Y su primer fin es darse a conocer. Para ello editarán folletos dirigidos fundamentalmente a los habitantes del Sobrarbe. «A partir de aquí, recopilaremos información sobre actuaciones urbanísticas o paisajísticas abusivas y actuaremos», añadió.
La próxima asamblea tendrá lugar el sábado 29 de abril. «Para entonces, tendremos ya un comunicado oficial con los puntos principales a trabajar y una dirección y una página web».
Preguntados ayer por la contramanifestación convocada por los alcaldes para esta mañana, Nacho Criado criticó «el desarrollo de las estaciones de esquí como monocultivo».
MAS DENUNCIAS Voces anónimas del Sobrarbe ya habían denunciado anteriormente la situación en la que se encuentra la comarca. «Preferimos permanecer en el anonimato por miedo a represalias», aseguran quienes llevan tiempo criticando el desarrollismo ilegal de la zona.
«En casi todas las localidades de la comarca se observan casos en los cuales el urbanismo se realiza a la carta del promotor, prosperando los intermediarios sin escrúpulos en un mercado que todo lo permite», dicen. Y lamentan que «ante la afección por igual de alcaldes de todos los colores, el Gobierno de Aragón no interviene y mira para otra parte, sin ejercer su papel legal».
Con respecto a la explotación urbanística que está viviendo el Pirineo, comienzan a surgir voces contrarias en las propias filas políticas. Es el caso de Mariano Fañanás, presidente de la comarca del Alto Gállego y promotor de la contramanifestación de hoy en el Portalet. «Personalmente, yo creo que ya ha llegado el momento de poner un tope porque existe demasiada segunda residencia. Y estas viviendas no están produciendo demasiada riqueza en el territorio», admitió al respecto ayer mismo.
PSOE, PAR y PP se han unido para acudir a la llamada de la comarca del Alto Gállego y «explicar a los allí presentes nuestra opinión sobre el desarrollo de la montaña. Porque no es cierto que el futuro del Pirineo corra peligro con los nuevos proyectos diseñados», explicó ayer Luis Estaún (PAR), alcalde de Biescas.
Mariano Fañanás (PSOE), presidente de la comarca del Alto Gállego, recordó que «tenemos que vivir de los recursos que nos da la montaña, y uno de ellos es la nieve, porque genera puestos de trabajo».
La idea de los alcaldes –que se produce tras la manifestación a favor de una ley de la montaña que el pasado sábado reunió a más de 6.000 personas en Zaragoza– no ha sido bien acogida por la plataforma, cuyo manifiesto firman, entre otros, desde los Amigos del Galacho de Pastriz a la Asociación Naturalista de Aragón (Ansar), Ecologistas en Acción, Asociación de Vecinos del Picarral, Apudepa, varios grupos y clubs de montaña, el sindicato Comisiones Obreras (CCOO), CHA, la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ) o la asociación de vecinos de Castanesa.
LECTURA DE UN COMUNICADO Bajo una pancarta con el lema Por un Pirineo con vida , el alcalde de Sallent, José Luis Sánchez, leerá un comunicado «sobre los puntos de vista de los representantes elegidos por los habitantes del Pirineo en el debate de cómo debe ser este territorio».
Desde la Plataforma en Defensa de las Montañas llama la atención «el peligroso camino iniciado con esta convocatoria de contra-concentración por los mismos partidos que se han negado hasta ahora al diálogo y al debate parlamentario democrático». Y recuerdan el «desprecio» a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para una Ley de las Montañas, avalada por más de 30.000 aragoneses.
La plataforma asegura haberse enterado de la contramanifestación, que califica de «sorprendente», por la prensa y no tener conocimiento oficial de la misma. «La Subdelegación del Gobierno en Huesca nos ha confirmado que sólo tenía noticia de nuestra concentración, por lo que de producirse se realizaría al margen de la ley», aseguraron.
Por su parte, el presidente comarcal de CHA en el Alto Gállego, Angel Visús, y la coordinadora de Jóvenes de CHA, Patricia Novo, encabezarán la presencia de este partido en la concentración de la plataforma en defensa del valle de Espelunciecha y de las montañas.
Los representantes de Izquierda Unida (IU) en la comarca se sumarán también a esta convocatoria. Ayer, el coordinador de IU en Aragón, Adolfo Barrena, se mostró muy duro ante la contramanifestación, que tildó de «antidemocrática» y organizada para crear enfrentamientos.