El presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, quiere reunirse la próxima semana con el PP para que aclare su posición ante la modernización del turismo de montaña porque, afirmó, no está dispuesto a «avanzar un metro más» si no cuenta con un amplio consenso, incluido el Partido Popular.

En este sentido, Iglesias hizo un llamamiento a la sensatez y a la serenidad porque, dijo, estos proyectos son «ampliamente apoyados» y «no los convertiremos» en «munición electoral o es muy difícil que avancemos en ellos por lo menos hasta las próximas elecciones». Así contestó el presidente al ser preguntado durante la inauguración de la Unidad de Quemados del Miguel Servet por una información, que publica este viernes HERALDO DE ARAGÓN de que los terrenos que Aramón prevé vender por 120 millones se valoraron en 11,7 en 2004 y que la oposición acusa al Gobierno autónomo de «promover la especulación».

Aunque no quiso hacer ninguna valoración, ya que «las valoraciones las hacen las empresas especializadas», Iglesias señaló que en Aragón hay grandes debates porque hay grandes proyectos y, respecto a la modernización del sector del turismo de montaña, señaló que siempre ha querido que esos proyectos avancen con un consenso amplio, desde luego con un acuerdo con el PP.

Pide aclaraciones al PP

Agregó que le parecen «especialmente graves» y no entiende las declaraciones que ha hecho este partido. El PP forma parte de los consejos de Ibercaja y de Aramón, dijo Iglesias, por lo que le pidió a los populares que «nos aclaren si ésta es su posición, porque yo no estoy dispuesto a avanzar un metro más si no se consensúa».

Afirmó que para actuar en la modernización de las estaciones de esquí, que no es un proyecto de esta legislatura, sino de más largo plazo, es imprescindible la cooperación y la colaboración de un partido como el PP que ha tenido responsabilidades en el Gobierno y que las volverá a tener.

Por ello, Iglesias informó de que quiere hablar la próxima semana con el PP y con Ibercaja (que participa en Aramón al 50 por ciento junto con el Gobierno de Aragón) y que si el Partido Popular «sigue manteniendo esta actitud» después de haber votado a favor de los proyectos, y formando parte tanto de los consejos de Ibercaja como de Aramón, «hasta las próximas elecciones no tomaremos ninguna decisión más».

Esa será la posición que defenderá el presidente de Aragón tanto con Ibercaja como con el PP, señaló, al tiempo que dijo que el Partido Popular tiene que clarificar su postura, ya que si está «incómodo» con decisiones que el mismo ha apoyado «nosotros decidiremos al respecto».

Sin embargo, Iglesias espera que haya sido una posición (la mantenida este vierns por el PP) coyuntural, porque hasta ahora tenía una postura coherente, agregó, y que en su entrevista verá si es posible llegar a acuerdos.

En vísperas de iniciar un periodo electoral no sería razonable que se tomará ninguna decisión (sobre los proyectos) por lo que «tendríamos que reconsiderar algunas cosas», ya que, explicó, hay que tener tiempo y serenidad suficiente para la modernización en profundidad que a su juicio necesita el sector del turismo para una seguir siendo competitivos.

La oposición acusa a la DGA y a la empresa de fomentar la «especulación urbanística»
La Plataforma en Defensa de las Montañas reclama elaborar una ley de protección para el Pirineo y exige responsabilidades.

GOYENECHE/ VILLANOVA. Zaragoza | El acuerdo alcanzado entre Aramón y el Ayuntamiento de Benasque para llevar a cabo una expansión urbanística en Cerler de extensión indefinida ha indignado a los partidos de la oposición. Tanto PP, como CHA e IU coincidieron ayer en criticar «la voracidad y la especulación urbanística que promueve el propio Gobierno de Aragón» (ya que cuenta con el 50% del grupo inversor) y reclamaron un mayor control que ponga freno a «un modelo desarrollista» que acabará «cargándose el Pirineo».

Tras las últimas informaciones publicadas por este periódico, los populares consideraron «de máxima urgencia» que el Ejecutivo autonómico comparezca en las Cortes y ofrezca explicaciones. Según censuró su portavoz de medio ambiente, Eloy Suárez, el presidente Iglesias mantiene dos discursos: uno oficial, «que habla de desarrollo sostenible», y otro «real, que es el de las recalificaciones y el de la destrucción del patrimonio natural». El popular acusó a Aramón, que recordó que está participada por la DGA, de haberse convertido «en la mayor especuladora del Pirineo sin que PSOE y PAR lo impidan», algo que calificó de «impresentable».

«Lo importante no es la conservación del territorio, sino hacer el mejor negocio posible», lamentó, al tiempo que reconoció que en el PP nunca hubieran imaginado que esta sociedad «cuyo objetivo era mejorar las condiciones de vida de los habitantes de determinadas zonas», acabara moviéndose únicamente por «el beneficio empresarial puro y duro». Para hacer frente a este modelo de «concentración salvaje en una única parte del territorio», apostó por repartir mejor entre los municipios «los beneficios, pero también las cargas de la nieve».

Muy duros se mostraron también los nacionalistas. El diputado de CHA Pedro Lobera arremetió contra la DGA, «que ampara y alienta» el modelo «especulativo y desarrollista de Aramón». De este grupo inversor criticó que esté «hipotecando a largo plazo a los municipios y a la montaña en general, potenciando un modelo insostenible ambiental y económicamente».

En opinión de Lobera, «con la excusa del esquí y del golf», se están lastrando otras vías de desarrollo más sostenibles. «Estos convenios -dijo, poniendo como ejemplo el de Cerler-, son una hipoteca a largo plazo para los municipios, que triplicarán su tamaño y deberán disponer de servicios para miles de personas que no residirán allí, lo que resulta imposible de soportar». Para poder poner coto a esta situación, el nacionalista insistió en la necesidad de redactar un plan estratégico de la nieve y una ley de la montaña.

También reivindicó una norma «con rango de ley» que proteja «eficazmente» el Pirineo, el diputado de IU Adolfo Barrena. El también coordinador de esta formación en Aragón recordó el «compromiso reiterado» de Iglesias de elaborar una ley de la montaña, que ha caído «en saco rato». En este sentido, advirtió de que las directrices del Pirineo «no evitan los desmanes urbanísticos, como se comprueba», y denunció que todo este proceso se está haciendo «sin la participación ciudadana» que exige el Convenio de Aarhus, un acuerdo de la ONU suscrito por la DGA.

Barrena recordó además que, por cada 25 nuevas casas que se construyen en el Pirineo, «sólo se censa un ciudadano». «Está demostrado -concluyó- que el crecimiento se está enfocando más a la especulación y al turismo estacional que al desarrollo sostenible de una zona que necesita ser protegida».

Depurar responsabilidades

El portavoz de la Plataforma en Defensa de las Montañas, Francisco Iturbe, dijo que «se comprueba otra vez que la actividad real de Aramón es especular, se saltan las reglas y ya no tienen verguenza ni para disimular, es de una desfachatez absoluta».

Para Iturbe «no es decente que digan que van a recalificar lo que les dé la gana, hay que investigar a fondo, exigir explicaciones y depurar las responsabilidades correspondientes en todos los ámbitos». «Lo más triste es el silencio cómplice del Gobierno aragonés», concluyó.

Javier Blecua: «Hemos renunciado a 45 millones por promover hoteles en vez de viviendas»
El consejero delegado de Aramón rechaza la acusación de especular y recuerda que los ediles del PP también aprobaron el convenio y el plan parcial.

C. V. Zaragoza | El consejero delegado de Montañas de Aragón, Javier Blecua, quiso salir al paso de las fuertes críticas que ha suscitado el convenio suscrito con el Ayuntamiento de Benasque y rechazó las acusaciones de promover movimientos especulatorios. En ese sentido, recordó que «tanto el plan parcial de Cerler como el convenio fueron aprobados por unanimidad, con los dos ediles del PP incluidos». El Ayuntamiento, presidido por José Ignacio Abadías (PAR), que gobierna por acuerdo con el PSOE, tiene cuatro concejales aragonesistas, dos socialistas y los dos populares aludidos por Blecua.

Además, el responsable de Aramón aseguró que la sociedad «ha renunciado a ingresos que se pueden estimar en 45 millones por su insistencia en que buena parte de las 1.400 viviendas que se pueden edificar en la segunda unidad de ejecución se sustituyan por plazas hoteleras, ya que es más beneficioso económicamente para la zona y la estación de esquí y causa menos impacto». «El modelo que había, que estaba heredado del plan antiguo, no nos gustaba y por eso lo hemos cambiado», insistió.

Blecua destacó también la decisión de trocear el paquete inmobiliario en tres fases «para ejecutarlo en unos cinco años, cuando lo fácil era sacarlo a la venta de golpe, pero hemos preferido plantear una adecuación a la demanda más suave y paulatina».

Respecto a los elevados ingresos que obtendrá la empresa con este desarrollo urbanístico, Blecua aseguró que «todos se van a reinvertir en la estación de esquí, bien en las actuaciones de modernización, bien en los diferentes proyectos de ampliación que existen y que creemos que son necesarios para tener unas instalaciones competitivas».

CARLOS VILLANOVA. Zaragoza | Los terrenos propiedad de Montañas de Aragón (Aramón) en la segunda unidad de ejecución de la urbanización de Cerler, aneja a la estación de esquí, han experimentado una sobresaliente revalorización tras la aprobación el pasado mes de febrero, por parte del Ayuntamiento de Benasque, del plan parcial de ordenación correspondiente a ese núcleo de población pedáneo. El incremento de la plusvalía es del mil por cien, ya que ese suelo, por el que Aramón (empresa mixta participada a partes iguales por la DGA e Ibercaja) ha reconocido que espera ingresar unos 120 millones de euros, fue valorado por la propia empresa hace dos años en 11,7 millones.

Así queda patente en la contabilidad y la memoria del grupo aragonés de la nieve (gestiona, además de Cerler, las estaciones de Formigal, Panticosa, Valdelinares y Javalambre) de 2004. En esos documentos se apunta que su participación, de aproximadamente el 87% de capital social, en Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque, la firma propietaria de la estación de esquí, es de 24.747.000 euros. De ellos, 13.054.437 corresponden al valor teórico contable de esa empresa, mientras que el resto, 11.692.562 euros, responden al valor de los terrenos que posee en la segunda unidad de ejecución de la urbanización de Cerler.

La valoración de esos suelos no ha sido nunca sencilla. El último informe del Tribunal de Cuentas sobre la Comunidad Autónoma, relativo al ejercicio 2001 (cuando aún no se había creado Aramón) y publicado en el boletín de las Cortes de Aragón el pasado 31 de agosto, destaca que Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque posee «bienes cuyos valores contables son muy inferiores a los catastrales». «Se trata de terrenos con valor contable de 241.000 .

euros y valor catastral del año 2001 de 7.269.000 euros, de cuya adquisición la sociedad no dispone de documentación acreditativa suficiente, por lo que no se ha podido verificar el coste contable asociado a los mismos», se añade en el informe.

En 2002, cuando se decide la creación de Aramón, DGA e Ibercaja encargan valoraciones de las propiedades que se van a fusionar en el grupo. Tras varios estudios discrepantes, los dos socios aceptaron una auditoría de la consultora Arthur Andersen, que tasaba el valor patrimonial del grupo en unos 42 millones de .

euros. De esa tasación, además de la valoración en 11,7 millones, se desprende que el coste inicial de los terrenos de Cerler (que data de finales de los años sesenta) fue de unos 800.000 euros.
Desarrollos urbanísticos

La urbanización de Cerler es un proyecto que arranca en enero de 1967, cuando se publicó en el BOE el Plan Parcial de la Estación de Esquí de Cerler. Sin embargo, ese proyecto sólo se materializa, con algunos solares aún sin edificar, en una parte de los terrenos planificados, las 30,5 hectáreas de la unidad de ejecución uno, que es la urbanización hoy visible.

Aramón retoma ese plan parcial, que debía ser revisado para adaptarlo a la normativa urbanística actual, con la intención de llevar a cabo la unidad de ejecución dos, de 18,3 hectáreas. Con ese objetivo, entre otros, impulsa la revisión, aprobada por unanimidad en febrero, y firma un convenio de colaboración, el pasado mes de agosto, con el Ayuntamiento de Benasque donde, entre otras medidas, el Consistorio le cede su 10% de aprovechamiento urbanístico para cofinanciar el plan de modernización de la estación, tasado en 27 millones a aportar entre 2005 y 2008, aunque la empresa asegura haber desembolsado ya otros nueve en diferentes actuaciones como la mejora de la carretera del Ampriu.

En ese convenio, el Ayuntamiento se obliga a reclasificar una cantidad indeterminada de terrenos privados para llevar a cabo una ampliación de la urbanización hasta ahora no prevista. Esos suelos deben ser anejos a un futuro vial de acceso a la urbanización que Aramón financiará con dos millones de euros. El Consistorio también se compromete a ceder a Aramón el 20% del aprovechamiento urbanístico de esta operación, que debe ser al menos de 3,5 millones, para financiar el proyecto de ampliación de la estación por Ardonés.

Aramón potencia ‘un modelo especulativo’ (16-06-2006)
HUESCA.- El diputado de CHA Pedro Lobera denunció ayer en una nota de prensa la “voracidad urbanística de Aramón” que, a través de los convenios que está realizando con distintos Ayuntamientos para el desarrollo o creación de estaciones de esquí “está hipotecando a largo plazo a estos municipios y a la montaña en general potenciando un modelo especulativo, insostenible ambiental y económicamente”. Lobera estimó que, mientras no haya un Plan estratégico de la nieve y una ley de desarrollo y conservación de la montaña, “seguirá imponiéndose este modelo especulativo y desarrollista de Aramón, que ampara y alienta el Gobierno de Aragón, que tiene el 50% de esta sociedad”.

Por otra parte, el portavoz adjunto del PP en Aragón, Eloy Suárez, consideró ayer de “máxima urgencia” la comparecencia del Ejecutivo autónomo en las Cortes para explicar las actividades urbanísticas de Aramón en el municipio de Benasque.

El PP pide a Aliaga que explique las actuaciones de Aramón en Cerler (16-06-2006)

Considera preocupante el modelo de las recalificaciones en el Pirineo
HUESCA.- El portavoz adjunto del Partido Popular en las Cortes de Aragón, Eloy Suárez, reclamó ayer la comparecencia del consejero de Industria, Comercio y Turismo del Ejecutivo aragonés, Arturo Aliaga, ante el Parlamento autonómico para que ofrezca explicaciones concretas sobre las actuaciones que está llevando a cabo en la estación de esquí de Cerler. Esta petición de comparecencia viene acompañada de un conjunto de once preguntas parlamentarias sobre la venta de varias parcelas pertenecientes a Aramón.

“Están surgiendo actuaciones muy concretas y fórmulas de gestión que, para el Partido Popular, ponen en entredicho el comportamiento de la parte pública de Aramón, y creemos obligado que el consejero explique cuáles son los motivos que impulsan estas actividades que poco concuerdan con el interés público”, afirmó Eloy Suárez.

En cualquier caso, lo más preocupante para el diputado popular es “el crecimiento de Aramón utilizando el modelo de las recalificaciones, es decir, a costa de aumentar la edificación en los valles del Pirineo cuando la sostenibilidad y la conservación del medio natural ya ha comenzado a quebrarse”.

Las intenciones urbanísticas en Cerler de Montañas de Aragón (Aramón), empresa participada al 50% por el Gobierno autonómico e Ibercaja, van más allá de completar la urbanización ligada a la estación de esquí con las 18,3 hectáreas de la segunda unidad de ejecución, proyecto por el que, como publicó este periódico, espera ingresar unos 120 millones de euros en los próximos años. El grupo de la nieve aragonesa, además, ha pactado con el Ayuntamiento de Benasque una futura ampliación de esa urbanización, hasta ahora no prevista, con una superficie «indeterminada de hectáreas».

Así se especifica en el convenio de colaboración suscrito por la empresa mixta y el Consistorio benasqués en agosto de 2005 con el objetivo de determinar la participación del Ayuntamiento en la financiación del plan de modernización de la estación de esquí, que Aramón estima en una inversión de 27 millones de euros repartida entre 2005 y 2008, a lo que hay que sumar la aportación previa de otros ocho o nueve en actuaciones como, por ejemplo, la mejora de la carretera al Ampriu.

El espíritu del convenio es que Benasque recompense «el esfuerzo singular» que Aramón hace con el plan de modernización. La intención real es que, mediante la cesión de los aprovechamientos urbanísticos que corresponden al Ayuntamiento, Montañas de Aragón obtenga -además de los 120 millones por la venta de sus suelos en la segunda unidad de ejecución de la urbanización- aproximadamente la mitad de los 27 millones de inversión prevista en el dominio esquiable.

La primera fuente de esos ingresos municipales derivados a Aramón provendrá de la segunda unidad de ejecución de la urbanización de Cerler, como queda recogido en la estipulación primera A del convenio. Por ella, el Ayuntamiento se obliga «a invertir el importe que obtenga por la enajenación del 10% del aprovechamiento urbanístico» en actividades que «directamente coadyuven a financiar» el proyecto de modernización. La fórmula que se plantea para materializar esa operación es que «el Ayuntamiento asuma la titularidad y financie directamente determinadas obras» de ese plan de mejora y, posteriormente, transfiera su uso a Aramón.
Nuevas construcciones

La necesidad de conseguir más ingresos lleva a acordar dos nuevas actuaciones de expansión inmobiliaria, ya que la superficie destinada a la urbanización (planteada desde hace décadas y cuyo desarrollo completo se desatascó en febrero con la aprobación del plan parcial de Cerler) queda agotada con la ejecución de las 18,3 hectáreas de la segunda unidad. El grueso de esas aportaciones extra tiene que llegar por la obligación recogida en la estipulación primera B. De acuerdo a ella, el Consistorio tiene que «promover, tramitar y aprobar un proyecto de modificación aislada del plan general de ordenación urbana de Benasque por el que se reclasifique una superficie indeterminada de hectáreas de suelo en el acceso norte a la urbanización de esquí de Cerler». Ese acceso norte, con un coste estimado de dos millones de euros, según fuentes de Aramón, será financiado por la propia empresa participada.

El convenio explica que esos suelos son «de propiedad privada y ajena al Ayuntamiento de Benasque» y Aramón, por lo que el Consistorio obtendrá un 20% del valor del área modificada como aprovechamiento urbanístico. Ese 20%, que incluso ya se estima aproximadamente en 3,5 millones de euros, se cede a Aramón, pero no para financiar remontes u obras del plan de modernización, sino con el «destino finalista» de costear el proyecto de ampliación de Ardonés.

Con ese mismo objetivo, la ampliación del dominio esquiable por la zona de Ardonés, se establece la estipulación primera C, que es la tercera vía para que Benasque dé más ganancias a Aramón. Esta cláusula tiene dos partes. La primera consiste en la obligación municipal de aprobar el proyecto que le presente Aramón para «llevar a cabo una intervención urbanística en el valle del Ampriu, que se estima pudiera consistir en la construcción de un edificio singular», cuyo proyecto ya ha sido encargado por la empresa, «para su uso de hotel, siempre que los informes preceptivos vinculantes sean favorables». La segunda parte consiste en crear «una parcela de servicios privados enclavada en el aparcamiento público de la zona del Molino (el primer gran remonte de la estación, anejo a la urbanización) a favor de Aramón».

Ampliación casi imposible

Lo que resulta más sorprendente de las estipulaciones primera B y primera C es que el destino de sus beneficios (en metálico o como aprobación de trámites administrativos) es la ampliación de la estación de Cerler por Ardonés, un proyecto ideado hace años y que el propio consejero delegado de Aramón, Javier Blecua, admite que «es muy complicado que salga adelante» por sus complicaciones medioambientales (es hábitat de especies protegidas, como la perdiz nival).

En el mismo convenio se explicita, en la exposición sexta, que Aramón presentó al departamento de Medio Ambiente, en noviembre de 2004, un modificado de ese proyecto con estudio de impacto ambiental y que todavía está «pendiente de aprobación».

Pese a todo eso, o quizás precisamente por eso mismo, la vigésima y última estipulación del convenio establece que «es condición esencial que impone el Ayuntamiento» para participar en la financiación de los 27 millones del plan de modernización que «se lleve a efecto también la ampliación de Ardonés» de acuerdo al proyecto modificado presentado «u a otros posteriores que recojan prescripciones, determinaciones o condiciones de las diferentes administraciones intervinientes».

Si en el plazo de cinco años a partir de la fecha del convenio (16 de agosto de 2005) no se pudiera «empezar a ejecutar» esa ampliación por Ardonés, Aramón «acepta reintegrar» al Ayuntamiento «el 80% de las aportaciones o inversiones» que hubiera realizado para el plan de modernización incrementadas con el IPC anual. La devolución se haría en tres anualidades «a partir de que se constate el transcurso de dicho plazo y, por tanto, la imposibilidad de desarrollar el proyecto de ampliación».

Por lo tanto, si Aramón consigue desbloquear ese proyecto, aunque sea con notables restricciones de Medio Ambiente (como le ha sucedido con los planes de ampliación de Valdelinares y Javalambre), se embolsaría sin problemas entre doce y catorce millones por los aprovechamientos urbanísticos cedidos. En cualquier caso, si no lo logra, se quedará finalmente con un 20% de esos ingresos.

Más especulación en las montañas. En el Pirineo, donde uno de los motivos que se alegaban para la construcción era el de la creación de empleo, se van a construir 904.568 m2 destinados a viviendas frente a los 17.513 m2 para hoteles. Se prevé que habrá 9.500 viviendas y 14 hoteles. Además, las empresas constructoras están empezando a buscar terrenos en zonas que no estaban consideradas como turísticas.

Por otro lado, la Plataforma en Defensa de las Montañas denuncia a Aramón por la mala gestión con que está llevando a cabo las obras de ampliación de la estación de esquí de Formigal, en Espelunciecha. La asociación alerta sobre «el despilfarro, la incompetencia y negligencia con que se están haciendo estas obras, así como los posibles riegos para la seguridad, y se exigen explicaciones por estos desaguisados».

La Plataforma considera, primero, que los gastos están siendo desorbitados ya que van ya por encima de los 105 millones, superando en 30 millones lo previsto en el presupuesto inicial. En segundo lugar, por la negligencia de la empresa a la hora de construir las infraestructuras, ya que han aparecido grietas en la ladera, lo que puede ser una prueba de haber deslizamientos en la zona de aparcamientos.

Aramón se defiende
Por su parte, Aramón, la empresa encargada de las obras de Formigal, ha contestado a la acusación de la que ha sido objeto, alegando los siguientes puntos:

1. La Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón (PDMA) sigue refiriéndose a obras ejecutadas por Formigal, S.A. en el verano de 2004 y a las soluciones técnicas aplicadas en 2005.

2. Las actuaciones y reparaciones efectuadas por Formigal, S.A. han funcionado correctamente, dentro de las previsiones técnicas avaladas por los Gabinetes más solventes de España. Precisamente, las fotografías remitidas por PDMA corresponden a un puente en desuso que se encuentra en fase de desmontaje y reubicación.

3. Se confunden, creemos que deliberadamente, las obras realizadas por Formigal, S.A., con otras actuaciones de carreteras, vertederos o explotaciones mineras cuya titularidad no corresponde a Formigal, S.A.

4. Ninguno de los miembros de la PDMA se ha dirigido al Grupo Aramón ni a Formigal, S.A. para recabar información completa y veraz sobre las materias que le preocupan.

5. Ni Formigal, S.A. ni el Grupo Aramón van a mantener debates públicos que parecen tener como única finalidad erosionar la imagen de unas empresas, que por su participación pública o institucional son instrumentalizadas con intencionalidad política.

6. El Grupo Aramón se siente reconfortado por la acogida que ha tenido su política de inversiones y modernización de Estaciones, que ha supuesto en la última temporada un record histórico de más de 1 millón de visitantes, situando a las Estaciones del Grupo entre las más competitivas del país, lo cual constituye una eficaz aportación para el desarrollo económico y social de las Comarcas de Montaña en Aragón.

Protesta en los picos
También por las montañas, la Plataforma ha convocado para el próximo 25 de junio una protesta para reivindicar la Ley de Protección de la Montaña de Aragón, a través de la ascensión a diversos picos, al igual que la manifestación por la Carta de las Montañas. Aunque esta vez parece tener más proyección internacional ya que se subirán el Cerro Cabeza en Méjico, el Pan de Azúcar, en Venezuela, el Mont Blanc, en Francia y Tryfan, en Gales.

Un informe del Ministerio de Medio Ambiente señala que la media de superficie urbanizada en España ha superado casi en el 100% a la media europea entre 1990-2000.

Esto choca más si se tiene en cuenta que el crecimiento del número de habitantes ha sido similar. Así, en el periodo citado, la población en Europa creció el 3,5% y el incremento de suelo urbanizado fue del 13,8%. En España, la población creció el 4,3% y el crecimiento de superficie urbanizada fue el 25,4%, según el ‘Perfil Ambiental de España 2005.’

Esas cifras no sólo indican un enorme crecimiento en el sector inmobiliario, que aún continúa, sino que ha generado, también, algunas preocupaciones relativas a la sostenibilidad de las edificaciones.

Arturo Gonzalo Aispiri, secretario general para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático apunta, como una de las «dos principales razones de insostenibilidad», hacia el «cambio acelerado de ocupación de suelo». La otra es, a su juicio, «el crecimiento desenfrenado del transporte».

Costa e interior

«Hay que destacar el crecimiento por ocupación que, comparado con el de Europa, ha sido vertiginoso», añade. Gonzalo Aispiri señala a la costa, pero también se acuerda del interior. «En comunidades costeras como Murcia, Valencia y Baleares se ha acusado un fuerte impacto ambiental, sin olvidar que en Madrid se ha incrementado en más del 40% el suelo urbanizado».

En la costa, por ejemplo, durante el mismo periodo de 10 años, Málaga, Barcelona, Alicante y Melilla han superado el 50% de edificación de su primer kilómetro.

También subyace otra serie de inquietudes y es que «este ritmo genera un rosario de problemas, como las dotaciones. A ello hay que añadir cargas económicas para los municipios, como las basuras o la depuración del agua».

Igualmente hace hincapié en que «en muchas ocasiones no hay agua disponible y los diseños de las infraestructuras no son adecuados».

Los promotores

«No sé si se urbaniza mucho o poco, pero la única realidad es que no tenemos ‘stocks’», apunta Guillermo Chicote, presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE).

«En España, tenemos un mercado de segunda residencia importante al que hay que satisfacer. Madrid es una comunidad que se extiende a los cuatro puntos cardinales y en Europa tenemos más de 100.000 compradores», apunta.

La preocupación por el medio ambiente existe entre los promotores. «No se puede culpar siempre a los mismos porque nosotros, además de querer y cumplir el Código Técnico de la Edificación (CTE), podemos decir que la vivienda es una fuente de riqueza en la economía española». Insiste en que «no se puede negar que hay demanda y, por tanto, hay que seguir construyendo».

Guillermo Chicote recuerda que la «capacidad legislativa está en manos de las comunidades y la ejecutiva, en la de los ayuntamientos». Además, advierte: «Salvo casos aislados que se producen, porque no todo el mundo es perfecto, los ayuntamientos quieren que se edifique respetando los paisajes y el medio ambiente, puesto que son sus ciudadanos los que lo van a vivir en el futuro».

Chicote opina que «los planeamientos tardan cinco o seis años en aprobarse. Esto encarece las casas y da menos posibilidades de un crecimiento más adecuado». Y lamenta que, «como el primer kilómetro de costa está saturado, no hay más remedio que meterse en el interior, pero respetando a los ayuntamientos».

Por su parte, Ramón López de Lucio, catedrático de Planeamiento Urbanístico de la Universidad Politécnica de Madrid, sí considera que «se urbaniza en exceso». Y añade: «El ritmo razonable lo debe marcar el crecimiento de la población». Al ritmo que se ha ido desde 1990 a 2000, «se destruye el territorio, nos vamos quedando sin costa virgen, sin parques naturales…».

«Para que la edificación no deteriore el entorno se necesita el trabajo de todos», concluye Guillermo Chicote.

La empresa mixta Montañas de Aragón (Aramón), participada al 50% por el Gobierno aragonés e Ibercaja, espera conseguir unos ingresos de 120 millones de euros cuando haya vendido todos los terrenos urbanizables que posee en Cerler. Aunque actualmente está negociando la venta de un primer paquete a cambio de 25 millones de euros y las obras de urbanización de toda el área construible, el objetivo final es sumar otros 95 dentro de cuatro o cinco años, que es cuando tiene previsto culminar el proceso desinversor en el complejo invernal de Benasque.

La ganancia global, 120 millones, equivale a toda la inversión que ha desarrollado Aramón en sus cinco estaciones (Formigal, Panticosa, Cerler, Javalambre y Valdelinares) desde su creación, en 2002, incluidas las actuaciones previstas para este año. El grupo, que hasta ahora se ha financiado con las aportaciones de los socios, tiene previsto otro ingreso proveniente de un desarrollo urbanístico en Formigal.

La urbanización de Cerler, aneja al casco histórico de la pedanía benasquesa y muy próxima a las pistas de esquí, es un proyecto que data desde 1967, cuando, tras aprobarse la construcción de la estación, se decidió permutar terrenos con los propietarios del monte donde se localiza el dominio esquiable. Hasta la fecha se ha construido la primera unidad de ejecución, de unas 30,5 hectáreas de extensión. La segunda y última unidad de ejecución, cuyas 18,3 hectáreas son, en su gran mayoría, propiedad de Aramón, llevaba décadas paralizada. La aprobación en febrero del correspondiente plan parcial de ordenación urbana ha posibilitado que el grupo de la nieve aragonesa saque a la venta esos terrenos, donde está permitida la edificación de 1.400 viviendas.
Concurso y partición

Aunque, pese al notable peso de la DGA en su accionariado, Aramón no está obligada legalmente a realizar procesos de adjudicación como una empresa pública, sus responsables decidieron, dada la importancia del asunto, convocar un concurso restringido con un sistema de puntuación objetivo en el que se primaba, entre otras cuestiones, la sustitución de parte de las viviendas permitidas por habitaciones de hotel.

De las cinco propuestas presentadas, resultó con mayor puntuación la del grupo formado por López Soriano, Alosa, Agreda y Ordisa, que era el que ofrecía menos viviendas y más plazas hoteleras. Además, participaron en el concurso Vallehermoso/Hercesa, Labaro, Wilcox y un grupo formado por Nicuesa, Duar, Castillo, Goya 900, Tabuenca, Habitalia, Nozar y CAI.

Una vez resuelto el concurso, Aramón decidió llevar a cabo el proceso de urbanización en tres fases para facilitar una mejor adecuación del aumento de oferta inmobiliaria y hotelera a la demanda. De esta forma, el grupo está negociando con el de López Soriano la venta de 4,4 hectáreas y se reserva el resto para futuras operaciones. Si finalmente se rubrica el acuerdo con López Soriano y sus socios, éstos asumirán, además del pago de 25 millones a Aramón, la urbanización de toda la unidad dos de ejecución y la remodelación de la unidad uno.

Especulación

La Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón criticó ayer con dureza la actuación de Aramón en Cerler. Su portavoz, Francisco Iturbe, dijo que «es otra prueba más de lo que es Aramón: una empresa inmobiliaria que se dedica a la especulación». «Estamos viendo cómo ofrece un precio para comprar terrenos en Castanesa y cómo vende a otro mucho más elevado en Cerler obteniendo una plusvalía enorme».

Para Iturbe, «ése es el negocio de Aramón y lo más triste es que lo hace con dinero público y con el argumento falaz y cínico de que busca el interés de la gente de la montaña, cuando lo que hace es robarles las plusvalías de sus terrenos».

El consejero delegado de Aramón, Javier Blecua, rechazó ayer las críticas y recordó que su empresa «tiene como objetivo reinvertir todos los beneficios en la mejora de las estaciones». Además, insistió en que la urbanización de Cerler data de 1967 y que «se ha primado crear hoteles porque son más beneficiosos que las viviendas para la zona».

La empresa Montañas de Aragón (Aramón), participada al 50% por el Gobierno autonómico e Ibercaja, tiene previsto ingresar alrededor de 25 millones de euros por la venta de aproximadamente un tercio de la ampliación de la urbanización de Cerler, ubicada al lado de la estación de esquí del valle de Benasque. Aunque todavía está pendiente de firma, la compraventa .

-de no torcerse a última hora por las cláusulas de salvaguarda que incluye el contrato para garantizar la construcción de cierto número de plazas hoteleras en vez de viviendas- se hará con el grupo López Soriano, ganador de un concurso cerrado que Aramón organizó entre cinco candidatos al estilo de las adjudicaciones públicas.

La operación supondrá el inicio del fin para un proyecto, el de la ampliación de la urbanización de Cerler, que comenzó a tramitarse en 1966, cuando se creó la estación permutando terrenos edificables con los propietarios del área esquiable. Hasta la fecha, se ha urbanizado y construido la llamada unidad de ejecución 1, de 30,5 hectáreas de extensión. Lo que ahora se quiere llevar a cabo es la unidad de ejecución 2, que abarca unas 18,3 hectáreas (12,7 de ellas destinadas a usos comerciales, hoteleros y residenciales y aparcamientos; 1,3 a equipamientos; 2,1 a zona verde y otras 2,1 a viales), de las cuales más del .

80% pertenecen a Aramón.

El punto de partida para poder realizar la operación fue la aprobación por parte del Ayuntamieto, el pasado mes de febrero, del plan parcial de ordenación urbana. A partir de ese momento, el grupo de la nieve aragonesa (que gestiona, además de Cerler, otras cuatro de las siete estaciones aragonesas: Formigal, Panticosa, Javalambre y Valdelinares) se planteó la posibilidad de materializar de una sola vez la venta de las 18,3 hectáreas, una opción que hubiera supuesto unos ingresos de 120 millones y que era bien acogida en la DGA.

Sin embargo, se ha impuesto el criterio del otro socio, Ibercaja, que ha preferido fraccionar la operación en tres fases y un periodo de cuatro o cinco años. Así, el primer paquete que se ha ofertado es de 4,4 hectáreas, 2,9 de ellas destinadas a la construcción de 366 viviendas y 1,5 donde se tendrán que edificar 309 plazas hoteleras que, en principio, se repartirán en tres pequeños establecimientos de ese tipo.

El consejero delegado de Aramón, Javier Blecua, asegura que, con ese fraccionamiento en tres tiempos del desarrollo urbanístico, «se garantiza que la oferta residencial y hotelera salga al mercado de forma más racional, lo que permitirá un encaje más cómodo y adecuado con la demanda que si se urbanizase todo el espacio disponible a la vez».
Hoteles por viviendas

Otras de las cuestiones espinosas en el plan de ordenación aprobado es la densidad de edificación permitida. El propio Blecua admite que las 1.400 viviviendas programadas para el conjunto de la unidad de ejecución 2, «que nos llegan heredadas por el planteamiento anterior, representan una densidad demasiado elevada para la filosofía que Aramón quiere adoptar en sus actuaciones, con el máximo respeto al entorno y la mayor calidad arquitectónica posible».

Por ese motivo, y «a pesar de que supone una disminución importante sobre los ingresos posibles», siempre según el responsable del holding de la nieve aragonesa, se ha optado por restar el número de viviendas a cambio de aumentar el de plazas hoteleras. «Además, todos los estudios demuestran que el hotel es más beneficioso para la economía de la zona relacionada con la estación de esquí, ya que se incrementan las plazas disponibles para albergar esquiadores, lo que se traduce en más venta de bonos para las pistas y más consumo en los comercios», añade Blecua.

La forma de favorecer ese desplazamiento de viviendas hacia plazas hoteleras se ha materializado en el concurso restringido planteado por Aramón. Una de las claves para conseguir puntos en el mismo era, precisamente, la incorporación de habitaciones de hotel en la oferta que se hiciera. De hecho, y aunque también puntuaban otros aspectos, la ganadora ha sido la que menos viviendas y más plazas hoteleras ha propuesto.

Garantizar el cumplimiento de la propuesta en los términos que se ha hecho es una de las principales preocupaciones de Aramón, para que posteriormente no haya un cambio de planes y la empresa que se haga con el suelo pueda construir sin cortapisas. Ése es el motivo de que todavía no se haya materializado la firma del acuerdo con López Soriano, grupo que acudió al concurso acompañado de Alosa, Agreda Automóviles, Ordisa y la firma vasca Cosimet.

Las cláusulas de garantía buscan asegurar que la empresa adquiriente del suelo ejecute el plan previsto en tres años y que se encargue de la gestión de los hoteles durante otros quince. Además, en el caso de que finalmente hubiera un aumento del número de viviendas, se pretende añadir una fuerte penalización por cada una de ellas.

Urbanización completa

A pesar de que el suelo que se venderá es sólo la tercera parte del de la ampliación global, la empresa compradora asumirá las obras de urbanización de toda la unidad de ejecución 2 y las de remodelación de la unidad de ejecución 1, que precisa un importante remozado. El resto de fincas de las 18,3 hectáreas de terreno disponible para la ampliación quedarán, por lo tanto, listas para que las siguientes operaciones sean exclusivamente de construcción.

No todas las actuaciones de urbanización quedarán cubiertas en esta operación, ya que Aramón tendrá que aportar los dos millones de euros que costará un nuevo vial de acceso a la urbanización de Cerler, que irá más pegado al monte que el actual, lo que permitirá crear un recorrido circular que facilite el tránsito de vehículos, siempre complicado en los días de mayor afluencia a las pistas de esquí.

HERALDO DE ARAGON.
Los ecologistas denuncian que siguen los problemas por las obras de Formigal.

La Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón pide a Aramón que explique los riesgos y las soluciones. La PDMA denunció ayer que las obras de ampliación de la estación de esquí de Formigal siguen teniendo problemas. Sus portavoces, Mariano Polanco y Francisco Iturbe, pidieron a Aramón que explique claramente «cuáles son los riesgos que presenta, qué medidas se están adoptando para evitarlos, quiénes son los responsables y cuánto vale».

La PDMA solicitó que la empresa haga públicos los informes realizados por el Colegio de Geólogos.

Geólogos y por el CEDEX sobre las laderas que sufrieron desplazamientos. También mostró su preocupación por el aumento del coste del proyecto, recordando que Aramón se financia en parte con capital público.

Polanco e Iturbe acompañaron sus declaraciones de una proyección de diapositivas con la que explicaron los problemas detectados por la Plataforma en una reciente visita a Formigal. Entre ellos, destacaron la aparición de nuevas grietas en la ladera situada sobre el aparcamiento del Portalet; la existencia de multitud de filtraciones en el asfalto de esa misma explanada; la erosión y la inundación del túmulo megalítico de Mina Elisita; la falta de consistencia de un terraplén construido para el nuevo trazado de la A-136; y la desestabilización de los puentes que se apoyan en la ladera en la ladera del telesilla de ocho plazas que va a cambiar su ubicación por culpa de los corrimientos de tierra.

La PDMA reconoce, no obstante, que el vertedero situado junto a ese segundo aparcamiento progresa adecuadamente y con una actividad continua.
«Que acudan a nosotros»

El presidente de Aramón, Francisco Bono, no quiso comentar las deficiencias denunciadas por la Plataforma. «En Formigal no hay ningún problema que afecte al funcionamiento de la estación -aseguró-. Nuestras cuentas están claras y son públicas, y los problemas que hubo en su día se están resolviendo. Si la Plataforma en Defensa de las Montañas tiene alguna queja o alguna duda que acuda a nosotros. Estaremos encantados de atenderla», dijo.

ARAGON DIGITAL
La Plataforma en Defensa de las Montañas denuncia que las obras de Formigal siguen desestabilizando la ladera de las Corvas

La Plataforma en Defensa de las Montañas ha denunciado este jueves que las obras de ampliación de las obras de Formigal siguen desestabilizando la ladera de las Corvas. Según la organización, en esta ladera se ha abierto este año una nueva grieta de 1,30 metros de descuelgue, que podría desprenderse si se produce un movimiento sísmico.

Zaragoza.- La ladera de las Corvas está completamente desestabilizada por las obras de ampliación de la estación de esquí de Formigal. Así lo ha denunciado este jueves la Plataforma en Defensa de las Montañas, que ha indicado, asimismo, que siguen apareciendo grietas en este terreno. “Cuando fuimos este año a ver cómo estaba la situación, descubrimos un nuevo sistema de grietas. Por término medio, el descuelgue del labio es de 1,30 metros”, ha explicado el miembro de esta organización, Mariano Polanco. Además de esto, desde esta plataforma han indicado que esta situación podría tener riesgos para las personas. “Esa ladera está desestabilizada y tenemos que tener en cuenta que en esa zona hay un riesgo sísmico de moderado a medio”, ha asegurado Polanco.

Por todo esto, desde la Plataforma en Defensa de las Montañas han exigido a Aramón que “dé información clara sobre todo el proyecto y qué es lo que está pasando en esa zona”. Asimismo, esta organización ha denunciado el “despilfarro, la incompetencia y la negligencia que se ha cometido en todas estas obras”, ha planteado Polanco. Según ha indicado esta organización, “en un principio se dijo que el presupuesto de estas actuaciones era de 60 millones de euros, y un artículo escrito por un técnico de Aramón antes de comenzar las obras revela que se iban a invertir 105 millones. Ahora hay que sumar todo lo despilfarrado”, ha asegurado Mariano Polanco.

Esta plataforma ha criticado también el criterio de la empresa constructiva. “Sólo está primando el criterio deportivo. Lo único que se pretende es dar al usuario una especie de parque temático de la nieve”, han indicado.

La plataforma ha cuestionado también la colocación de una capa de suelo cemento en el aparcamiento del Portalet. “Este elemento se está diluyendo entre las juntas por el agua de las laderas. Esto podría implicar la perdida de consistencia de la superficie del aparcamiento. Si esta capa no era necesaria, se está despilfarrando dinero”, han planteado. También han protestado por el sobrecoste de cimentación del edificio de las Sextas o el progresivo deterioro del puente del aparcamiento debido al mal estado del estribo apoyado en la ladera.

Los trabajos son muy criticados desde sus inicios por los ecologistas dado su «nulo rigor técnico», por lo que piden los informes sobre las medidas de corrección recomendadas por los geólogos. Aramón, empresa participada al 50% por la DGA e Ibercaja, desmiente todo.

«La ladera del aparcamiento del Portalet se sigue moviendo, generándose otro conjunto de grietas que evidencian una mayor desestabilización de la ladera. Los dos puentes construidos sobre el Gállego presentan una inclinación realmente peligrosa. Se ha creado un vertedero en Sextas para los desechos de las obras cuyos lixiviados llegan continuamente al río Gállego. Y se ha construido un terraplén para el desvío de la carretera inservible por su inseguridad y falta de consistencia», explicó ayer Mariano Polanco mientras facilitaba fotografías de los hechos tomadas estos días pasados.

LOS COSTES Los ecologistas se preguntaron ayer por el incremento de los costes porque, argumentaron, «los soportamos todos los aragoneses con nuestros impuestos». Y sacó a la luz un informe firmado por uno de los ingenieros de la obra en el 2004 que valoraba la inversión en 105 millones de euros. «Si esta cantidad se calculaba antes de corregir la mala ejecución de la obra, a cuánto ascenderá ahora», criticó Polanco.

El pasado año, Aramón admitió los problemas existentes tanto en el aparcamiento del Portalet como en el pilotaje del telesilla que sustituirá al huevo, así como en la edificación del edificio de servicios de Sextas. Y optó por una serie de soluciones cuya efectividad cuestiona la Plataforma en Defensa de las Montañas.

En la ladera del aparcamiento –para 1.500 vehículos– se extendió una capa de suelo-cemento para frenar las fisuras. Sin embargo, los ecologistas aseguran que cuando el agua circula por el interior, el cemento lo desvía hacia las juntas de las capas hasta que sale al exterior, lo que «provocará una pérdida de consistencia de la superficie».

Además, alertan sobre la evolución de las grietas y el surgimiento de nuevos grupos de fisuras de hasta 1,30 metros de altura.

Sobre el edificio de Sextas, puesto en servicio la temporada pasada, Polanco denuncia el micropilotaje por su alto coste y exige a Aramón que haga público el dinero gastado.

Otro de los puntos recalcados ayer por los ecologistas es la «variación continua sobre los proyectos, datos y trazados» para instalar el telesilla en una ladera desestabilizada por las excavaciones . «Que si un telecabina o un telesilla, que si se desplaza hacia la derecha o izquierda y ahora en forma de L.Es un desastre».

Por ello, piden a Aramón que haga público el estudio que encargó al Cedex (organismo del Ministerio de Fomento) y sus conclusiones y recomendaciones.

RESPUESTAS El presidente de Aramón, Francisco Bono, rechazó las acusaciones de los ecologistas y aseguró que no se ha detectado ninguna de las anomalías denunciadas. «Si estos señores creen que ocurre algo importante les agradeceríamos que se pusieron en contacto con nosotros y que no los comunicaran. Con dedicarse a buscar grietas como el que busca setas, no sé lo que pretenden, hay cosas más constructivas que hacer», explicó Bono, quien insistió en que las obras se han desarrollado con «total normalidad».

Por último, estimó que denuncias hechas pública por los detractores de la ampliación son «destructivas para el interés general».

Mariano Polanco, miembro de Ecologistas en Acción de Huesca y de la PDMA, ofreció una rueda de prensa para exigir a Aramón, sociedad que promueve las obras, explicaciones por “los desaguisados” causados por la forma “negligente y carente de rigor técnico” con que se han acometido y de cuenta sobre el gasto económico que van a suponer finalmente.

En este sentido, hizo referencia a la publicación en una revista de ingeniería de un artículo firmado por José María Villar y Javier Bellosta, técnico de Aramón, en la que se cifran las obras, antes de comenzar, en 105 millones de euros, unos 30 millones más de lo presupuestado inicialmente.

MONTANUY La entidad para-pública Aramon (formada por la DGA e Ibercaja y que integra las estaciones de esquí de Cerler, Formigal, Panticosa, Javalambre y Valdelinares) ha enviado cartas a vecinos de pueblos del valle de Castanesa, propietarios de terrenos susceptibles de ser urbanizables, para mostrar su interés en la compra o permuta de estos terrenos. En el caso de compra, la entidad ofrece entre 240.000 y 300.000 euros por hectárea. La finalidad de estas fincas, ubicadas en pueblos de Montanuy como Ardanuy, Benifons, Castanesa o Fonchanina, sería la de construir viviendas y equipamiento asociados a la ampliaciÛn de Cerler hacia esta zona de la Ribagorza aragonesa. El alcalde de Montanuy, José Maria Agullana, afirmó tener constancia de las cartas remitidas por Aramon pero añadió que el ayuntamiento no mediar · en ninguna negociación entre particulares. En cambio, sí apuntó que el documento de la futura planificación urbanística del municipio (POUM), que ya ha pasado por la exposición pública, ser aprobado inicialmente próximamente y que para entonces la propiedad y la destinación de los terrenos debería estar clarificada. La operación iniciada recientemente se suma a la opción de compra que cerró el año pasado sobre unos terrenos de entre 40 y 50 hectáreas cerca de El Pont de Suert (en la Casa d’Arro) para una urbanización y una zona de servicios. Paralelamente, la entidad semipública está ultimando un acuerdo con dos propietarios de 140 hectáreas en la zona de Pedreña, que destinaría al área esquiable de Castanesa y que se uniría a las 500 acordó alquilar.

De esta manera se quiere asegurar su viabilidad como motor económico de las comarcas pirenaicas haciéndolo compatible con el medio natural. El plan contempla 18 acciones concretas.

Implantar un forfait único de temporada que permita esquiar en todas las estaciones de esquí alpino de Catalunya es una de las pretensiones futuras que contempla el Pla Director d’Estacions de Muntanya de la Generalitat. Antes, el Govern subvencionará un estudio para implantar este pase por destino o valle. Además, la Generalitat realizará otro estudio para crear este forfait en todas las estaciones de esquí nórdico del país.

Ésta es una de las acciones concretas que contempla este plan para potenciar las estaciones de montaña del país. El proyecto del Govern también contempla los ámbitos en los cuales se pueden ampliar los dominios esquiables actuales. De esta manera, el Pla Director prevé la ampliación de la estación aranesa de Baqueira Beret, además de la ya aprobada en tierras del Pallars, hacia el valle de Barradós y más allá del Pla de Beret. También en el Aran, el plan contempla una pequeña ampliación de la estación de la Tuca.

En cuanto a la estación ribargoçana de Boí Taüll, el Govern le da la opción de ampliar hasta cuatro veces más su superficie actual, ya sea hacia la Vall de Durro como hacia la Vall de Manyanet. Esta última ampliación tendría el objetivo de conectar por el lado pallarés esta estación con la futura de la Vall Fosca, que ya está en construcción. También podrá ampliarse en un futuro la estación leridana de Port Ainé, mientras que en la de Port del Comte no se prevén nuevas ampliaciones.

La grave situación económica de Espot Esquí, ahora gestionada por la Generalitat y de la que el Govern no garantiza su apertura la próxima temporada, obliga a que el plan contemple una reducción considerable de su dominio esquiable.
En las estaciones de esquí nórdico de Lleida se contempla la ampliación de las de Sant Joan de l’Erm, Tuixent-la Vansa, Aransa y Lles. En las de Tavascan y Bosc Verós no se prevé ninguna ampliación.

El plan presentado ayer en el CITE de Talarn, acto al que acudieron además de Joaquim Nadal, el delegado del Govern en l’Alt Pirineu i Aran, Víctor Orrit; y el secretario de Planificació Territorial del Govern, Oriol Nel·lo, contempla una inversión de 71,4 millones de euros para la potenciación de un sector económico clave para el desarrollo de las comarcas del Pirineo. Este presupuesto, del cual 31,4 millones corresponden a subvenciones y el resto a créditos, se invertirá en potenciar el papel motor de las estaciones de esquí, fomentar grupos empresariales viables, definir un marco normativo claro y eficiente para el sector y conseguir un uso compatible con el paisaje y el entorno.

Un ente catalán para las estaciones
Entre las acciones impulsadas por el plan destaca también la creación del Ens Català per a les Estacions de Montanya. Este ente, que estará adscrito a la Generalitat y contará con la participación de los diferentes departamentos del Govern, las administraciones locales y los operadores del sector, actuará como ventana única con el objetivo de gestionar todas las ayudas y permisos, y facilitar la interlocución público privada. Para ordenar las activades en las estaciones, el plan impulsará una normativa de derechos y deberes de los esquiadores y de la formación y titulación de los profesionales del sector.

El plan director también prevé realizar una campaña de promoción, bajo el epígrafe Catalunya-Pirineus, centrada en las actividades de nieve en el inverno y en el público familiar en el verano. La campaña se centrará en estimular la demanda interna y en dar a conocer las estaciones catalanas en el exterior. En esta promoción del esquí en el país, el Govern quiere reforzar la semana blanca escolar e impulsar una semana blanca dirigida a las familias, y garantizar las infraestructuras básicas con la mejora de los accesos, la creación de nuevos remontadores y la renovación de los cañones de nieve de aquí al 2011.

Para promover el uso de las estaciones en verano, el plan otorga una serie de ayudas para la creación de productos y actividades turísticas.

Entre 1990 y 2000, el suelo urbanizable en España aumentó 170.384
hectáreas, lo que supone el 25% del territorio. En este mismo periodo se
perdieron 239.248 hectáreas de suelo forestal. En 2005 se batieron todos
los record de construcción llegando a las 800.000 viviendas. La
construcción ha pasado a convertirse en uno de los principales negocios
y el motor económico del país. Sólo en 2005 la construcción explicó en
España el 40% del aumento del empleo total de la economía y el 33% del
crecimiento del PIB.

A pesar de estas cifras, España figura en el grupo de países de la OCDE
que ha registrado crecimientos más acusados del precio de la vivienda.
De hecho, el acceso a la vivienda sigue siendo uno de los principales
problemas sociales. En 2005 la relación entre el crédito a las familias
y la renta disponible familiar ascendió al 115%. Es decir, los elevados
niveles de construcción no están produciendo descensos en los precios de
las viviendas, sin embargo, sí están creando importantes problemas
ambientales.

La degradación del litoral mediterráneo es un ejemplo que se extiende a
todo el Estado. Las costas del norte se resienten, la edificabilidad de
los 1.700 kilómetros de franja marítima en Galicia aumentará un 75% con
los nuevos planes urbanísticos que programan 600.000 pisos.

El interior del país tampoco se queda atrás. De hecho, el crecimiento
urbanístico en regiones como Madrid superó la media nacional en la
década 1990-2000 urbanizando el 50% de su territorio. Más de un centenar
de los 179 municipios de la región prepara en estos momentos sus Planes
Generales de Ordenación Urbana, lo que supondrá la inminente salida al
mercado de suelo para la construcción de, al menos, 260.000 viviendas.

La marea urbanizadora arrasa con todo. La figura de espacio natural
protegido ya no es garantía de supervivencia, los gobiernos autónomos
modifican los límites, revisan la normativa, autorizando viviendas,
grandes infraestructuras, estaciones de esquí, puertos deportivos, etc.
Pero las repercusiones no son sólo ambientales, ya que el patrimonio
cultural, histórico y arquitectónico también se resiente. El paisaje de
huertas tradicionales en el Levante y Murcia desaparece. Los conjuntos
monumentales, a pesar de estar declarados Patrimonio de la Humanidad,
están amenazados. así, en la ciudad de Toledo se prevé la construcción
de la tradicional vega del Tajo y en San Lorenzo de El Escorial
(Madrid), las viviendas se comen la ladera del monte Abantos y arrebatan
las vistas del monumental Monasterio.

Asociado a esta vorágine constructiva surgen los problemas de corrupción
en la mayoría de las administraciones. En este contexto las
irregularidades urbanísticas son constantes. Los derechos de los
ciudadanos se pisotean y los informes ambientales negativos se
convierten en positivos. Los Ayuntamientos ocultan información
urbanística y son numerosos los casos de prevaricación y delito
urbanístico cometidos por responsables municipales. A pesar de las
denuncias, la impunidad es escandalosa. La falta de sensibilidad o de
conocimiento urbanístico por parte de muchos jueces contribuye a
fomentar esta situación.

Una mención aparte merece lo que está sucediendo en la Comunidad de
Madrid donde el propio Gobierno regional, mediante la actual Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, mira para otra parte e,
incluso, favorece actuaciones urbanísticas a todas luces irregulares.

Ante esta situación, las cinco organizaciones ecologistas se han
dirigido a los 17 Presidentes autonómicos y al Gobierno para solicitar
una actitud más activa y eficaz en la persecución de la delincuencia y
de las irregularidades urbanísticas. En este sentido, las organizaciones
confían en que la creación de la figura del Fiscal Coordinador de Medio
Ambiente y Urbanismo y el nuevo texto de la Ley del Suelo, que tramita
el Ministerio de Vivienda, frenen la espiral especuladora en la que ha
entrado la práctica totalidad del territorio español.

Este telesilla tendrá un trazado diferente al del huevo para solventar los problemas surgidos en el 2004 por el pilotaje de este remonte, que provocó la aparición de grietas y el deslizamiento de la ladera. El presidente de Aramón, Francisco Bono, confirmó ayer que este telesilla de pinza desembragable de ocho plazas partirá del edificio de servicios y se desviará hacia la derecha en forma de L hasta llegar a Cantal.

En un principio, la estación invernal del pirineo oscense barajó la posibilidad de trasladar el telesilla hacia la izquierda, donde está el remonte llamado El Furco, pero finalmente se ha optado por este desvío de recorrido manteniendo tanto el origen como el destino del antiguo huevo.

Aramón había estudiado la posibilidad de sustituir este telesilla por un telecabina de ocho plazas de la misma capacidad (3.200 personas por hora), pero el anuncio publicado ayer en el BOA por la Dirección General de Transportes sólo hace referencia a un telesilla con capacidad para ocho personas.

MONTANUY El consorcio aragonés del esquí, Aramon, está a punto de cerrar el acuerdo para alquilar otras 140 hectáreas de monte en el municipio de Montanuy para incluirlas en la futura zona de ampliaciÛn de la estación de Cerler hacia la carretera N-230 y las poblaciones leridanas de El Pont de Suert y Vilaller. Fuentes del consorcio, formado por la Diputación General de Aragón e Ibercaja, señalaron que la operación se podría firmar en una o dos semanas y se ceñiría a una serie de terrenos de varios particulares ubicados cerca del núcleo de Ardanuy. Aramon completaría, de esta forma, la adquisición de los derechos para ampliar Cerler. En junio del pasado año, cerró un acuerdo de alquiler de 500 hectáreas de Castanesa con la sociedad titular de la montaña. El periodo de arrendamiento se fijó para 50 años con una indemnización de 120 euros por hectárea al año, que empezaron a pagarse ya en el 2005. El inicio de la ampliaciÛn de las pistas de Cerler está pendiente de los proyectos y trámites administrativos, que podrían prolongarse entre este año y 2008. El objetivo del consorcio es que en la temporada de esquí 2009-2010 ya estén operativos varios de los remontes previstos en esta zona. Aramon, asimismo, tiene pendiente una opción de compra de los terrenos ubicados alrededor de Casa d’Arro para ubicar la zona de servicios y urbanización de la nueva entrada a Cerler por la N-230.

Los apartamentos a pie de pista de Baqueira, la estación más exclusiva, han roto la barrera de los 6.000 euros/m2

Baqueira ha roto moldes: las viviendas construidas en la zona de Tanau, prácticamente a pie de pista, se han vendido a más de 6.000 euros por metro cuadrado, «más que en Barcelona», según las inmobiliarias de la zona. El inmobiliario de esquí acumula cuatro años de boom que han llevado a grandes promotoras como la gallega Fadesa y la madrileña Nozar a comprar las estaciones de esquí de Vallfosca Interllacs y Boí Taül. Pero la vivienda tiene también una cara oscura para el mundo del esquí: su baja ocupación en la mayor parte del año reduce la rentabilidad de las propias estaciones. Según la consultora Irea, «empiezan a surgir dudas sobre la viabilidad de este modelo basado en la creación de segundas residencias».

La vivienda de esquí se ha disparado en toda España y ha alcanzado sus costas más altas en Val d´Aran y el Pallars Sobirà. En las estaciones que se están abriendo en la cornisa cantábrica, como San Isidro, los precios de los apartamentos rondan los 1.400 euros m2,suben hasta alrededor de los 3.000 euros en las estaciones del Pirineo aragonés y ya están en los 4.000 euros en la zona de Catalunya. Joan Torras, gerente de Fincas Pirineu, señala que «en Esterri y Valencia d´Àneu los apartamentos alcanzan ya los 4.000 y 4.200 euros, cuando hace tres o cuatro años estábamos en los 2.000 euros, y el récord, desde luego, está en la parte de arriba de Baqueira». La subida ha sido aún mayor en la capital de la comarca, Sort (ha pasado de los 1.000 a los 3.000 euros/ m2 en el periodo) y, según Torras, «va a continuar: el plan territorial ha limitado en 5.000 el número de viviendas que se pueden construir en la comarca, por lo que las que se puedan construir se dispararán».

Joaquim Alsina, gerente de ACEM, la asociación de estaciones de esquí catalanas, reconoce que «en los últimos años muchas personas han comprado viviendas en la zona de esquí como inversión, como ha pasado en las zonas de costa, por ejemplo». Alsina reconoce que «a los accionistas de las estaciones, ya sean promotores inmobiliarios o incluso las administraciones públicas, les gusta construir viviendas porque se venden y proporcionan un beneficio más rápido que el modelo basado en la promoción de hoteles», que a menudo se explotan en alquiler o con contrato de gestión. Alsina, sin embargo, defiende que lo ideal para una estación «es que el 30% del alojamiento en la zona sea de segundas residencias y el 70%, hotelero, porque los hoteles se esfuerzan en llenar su establecimiento cada día y durante todo el año y, por tanto, son los mejores aliados de las estaciones en su esfuerzo por llenar las pistas de esquí».

Ana García del Río, de la consultora Irea, recuerda que «esta cuestión se planteó inicialmente en los Alpes y allí lleva años en estudio. La conclusión es que hay que procurar que al menos el 50% de las plazas de alojamiento sean hoteleras y que los hoteles se concentren en las zonas más cercanas a las pistas, mientras que las viviendas pueden situarse en un segundo anillo, en un área de hasta 35 kilómetros de la estación». García destaca que Irea ha estudiado como paradigmático el caso de Sierra Nevada, que «a raíz del Campeonato del Mundo de esquí de 1995 tuvo un gran desarrollo hotelero para alojar a participantes y visitantes. Después del campeonato, los ingresos por forfaits han experimentado un crecimiento espectacular».

Sierra Nevada, con 31 kilómetros de pistas, tiene 21.780 plazas hoteleras, frente al modelo más inmobiliario del Pirineo, donde Baqueira Beret, con 37 kilómetros de pistas, tiene 8.360 plazas, según la patronal estatal Atudem. Según Ana García, «los hoteles han logrado mantener unos buenos ratios de ocupación, mientras que las viviendas se ocupan de media unos 11 días por temporada». Al menos oficialmente, porque numerosas inmobiliarias alquilan apartamentos por días o por semanas, de forma que las segundas residencias se convierten de hecho en aparthoteles y proporcionan a esquiadores o inversores unos ingresos extras para rentabilizar los más de 300.000 euros que puede costar una vivienda nueva en el Pirinero catalán.

El boom inmobiliario del esquí viene impulsado en parte por las propias administraciones, sobre todo fuera de Catalunya, donde sólo Astún y Candanchú son de propiedad privada. Los gobiernos autónomos son accionistas de muchas estaciones, como las de Sierra Nevada o Manzaneda. O en el caso de Aramon, la propietaria de las estaciones aragonesas, sus accionistas son el Gobierno regional e Ibercaja, y en cada estación participan los ayuntamientos. Según Alsina, «las administraciones facilitan las recalificaciones de suelo para construir vivienda porque los ingresos de su venta aportan los recursos para financiar las obras o el mantenimiento de las propias estaciones».

Los grupos privados que han apostado por el esquí son además inmobiliarios: Fadesa está construyendo un auténtico resort de montaña en Badaguás, cerca de Jaca, con campo de golf incluido, y acaba de adquirir Vallfosca Interllacs, promotora de otro resort similar. La promotora madrileña Nozar ha adquirido la estación de Boi Taüll y grupos inmobiliarios son accionistas destacados de las nuevas estaciones que se construyen en España, como San Isidro (León) o San Glorio, a caballo entre Castilla y Cantabria.

El precio de una segunda residencia a pie de pista en el Pirineo catalán ya llega a los 300.000 euros, más del doble que hace cuatro años. La escalada en el precio de las viviendas de nieve ha llevado a grupos como Fadesa o Nozar a comprar las propias estaciones de esquí. Ese exceso de viviendas lastra las cuentas de las estaciones.

Dudas sobre la viabilidad de las segundas residencias
Baqueira ha roto moldes: las viviendas construidas en la zona de Tanau, prácticamente a pie de pista, se han vendido a más de 6.000 euros por metro cuadrado, «más que en Barcelona», según las inmobiliarias de la zona. El inmobiliario de esquí acumula cuatro años de boom que han llevado a grandes promotoras como la gallega y la madrileña Nozar a comprar las estaciones de esquí de Vallfosca Interllacs y Boí Taül. Pero la vivienda tiene también una cara oscura para el mundo del esquí: su baja ocupación en la mayor parte del año reduce la rentabilidad de las propias estaciones. Según la consultora Irea, «empiezan a surgir dudas sobre la viabilidad de este modelo basado en la creación de segundas residencias».

Boom inmobiliario
La vivienda de esquí se ha disparado en toda España y ha alcanzado sus costas más altas en Val d´Aran y el Pallars Sobirà. En las estaciones que se están abriendo en la cornisa cantábrica, como San Isidro, los precios de los apartamentos rondan los 1.400 euros m2, suben hasta alrededor de los 3.000 euros en las estaciones del Pirineo aragonés y ya están en los 4.000 euros en la zona de Catalunya. Joan Torras, gerente de Fincas Pirineu, señala que «en Esterri y Valencia d´Àneu los apartamentos alcanzan ya los 4.000 y 4.200 euros, cuando hace tres o cuatro años estábamos en los 2.000 euros, y el récord, desde luego, está en la parte de arriba de Baqueira».

La subida ha sido aún mayor en la capital de la comarca, Sort (ha pasado de los 1.000 a los 3.000 euros/ m2 en el periodo) y, según Torras, «va a continuar: el plan territorial ha limitado en 5.000 el número de viviendas que se pueden construir en la comarca, por lo que las que se puedan construir se dispararán».

Joaquim Alsina, gerente de ACEM, la asociación de estaciones de esquí catalanas, reconoce que «en los últimos años muchas personas han comprado viviendas en la zona de esquí como inversión, como ha pasado en las zonas de costa, por ejemplo». Alsina reconoce que «a los accionistas de las estaciones, ya sean promotores inmobiliarios o incluso las administraciones públicas, les gusta construir viviendas porque se venden y proporcionan un beneficio más rápido que el modelo basado en la promoción de hoteles», que a menudo se explotan en alquiler o con contrato de gestión. Alsina, sin embargo, defiende que lo ideal para una estación «es que el 30% del alojamiento en la zona sea de segundas residencias y el 70%, hotelero, porque los hoteles se esfuerzan en llenar su establecimiento cada día y durante todo el año y, por tanto, son los mejores aliados de las estaciones en su esfuerzo por llenar las pistas de esquí».

Ana García del Río, de la consultora Irea, recuerda que «esta cuestión se planteó inicialmente en los Alpes y allí lleva años en estudio. La conclusión es que hay que procurar que al menos el 50% de las plazas de alojamiento sean hoteleras y que los hoteles se concentren en las zonas más cercanas a las pistas, mientras que las viviendas pueden situarse en un segundo anillo, en un área de hasta 35 kilómetros de la estación». García destaca que Irea ha estudiado como paradigmático el caso de Sierra Nevada, que «a raíz del Campeonato del Mundo de esquí de 1995 tuvo un gran desarrollo hotelero para alojar a participantes y visitantes. Después del campeonato, los ingresos por forfaits han experimentado un crecimiento espectacular».

Sierra Nevada, con unos 76 kilómetros de pistas, tiene 21.780 plazas hoteleras, frente al modelo más inmobiliario del Pirineo, donde Baqueira Beret, con mas de 100 km de pistas, tiene 8.360 plazas, según la patronal estatal Atudem. Según Ana García, «los hoteles han logrado mantener unos buenos ratios de ocupación, mientras que las viviendas se ocupan de media unos 11 días por temporada». Al menos oficialmente, porque numerosas inmobiliarias alquilan apartamentos por días o por semanas, de forma que las segundas residencias se convierten de hecho en aparthoteles y proporcionan a esquiadores o inversores unos ingresos extras para rentabilizar los más de 300.000 euros que puede costar una vivienda nueva en el Pirinero catalán.

¿Quien es el culpable de este boom?
El boom inmobiliario del esquí viene impulsado en parte por las propias administraciones, sobre todo fuera de Catalunya, donde sólo Astún y Candanchú son de propiedad privada. Los gobiernos autónomos son accionistas de muchas estaciones, como las de Sierra Nevada o Manzaneda.

O en el caso de , la propietaria de las estaciones aragonesas, sus accionistas son el Gobierno regional e Ibercaja, y en cada estación participan los ayuntamientos. Según Alsina, «las administraciones facilitan las recalificaciones de suelo para construir vivienda porque los ingresos de su venta aportan los recursos para financiar las obras o el mantenimiento de las propias estaciones».

Quien apuesta por el esquí son empresas constructoras
Los grupos privados que han apostado por el esquí son además inmobiliarios: Fadesa está construyendo un auténtico resort de montaña en Badaguás, cerca de Jaca, con campo de golf incluido, y acaba de adquirir Vallfosca Interllacs, promotora de otro resort similar. La promotora madrileña ha adquirido la estación de Boi Taüll y grupos inmobiliarios son accionistas destacados de las nuevas estaciones que se construyen o renuevan en España, como San Isidro (León) o San Glorio, a caballo entre Castilla y Cantabria.

Según explicó Ecologistas en Acción a través de un comunicado, el borrador de la Carta de las Montañas, única propuesta emitida en 2002 para la protección genérica de las montañas españolas y su compatibilización con el bienestar de sus habitantes, continúa sin ser aprobada cuatro años después de ser emitida por el Ministerio de Medio Ambiente.

La situación en estas áreas es, en opinión de la organización, cada vez más preocupante ya que están, cada vez con más frecuencia, en el punto de mira de proyectos de explotación «insostenibles».

«Lejos de mejorar la sensibilidad de las autoridades ambientales y de los responsables políticos respecto a las importantes funciones ecológicas, sociales y económicas que desempeñan los sistemas naturales de las montañas, estas áreas están, cada vez con más frecuencia, en el punto de mira de proyectos de explotación insostenible de sus recursos y espacios, justificados por sus promotores con el argumento de la dinamización económica de las áreas rurales y la provisión de empleo para sus habitantes», argumentan.

Según Ecologistas, detrás de la mayoría de los proyectos de urbanización de zonas montañosas se esconde «la presión urbanística y especuladora, que generalmente está vinculada con la creación o ampliación de estaciones de esquí y otras promociones deportivas y recreativas diseñadas para el uso multitudinario, con el aliciente de la alta calidad paisajística y a menudo la vecindad de espacios naturales protegidos».

Según denuncian numerosos colectivos, en algunos casos los intereses económicos están llevando al extremo de forzar cambios en la legislación ambiental de estos espacios para permitir la construcción de este tipo de complejos.

La jornada reivindicativa ha transcurrido sin incidentes, y sólo en Madrid, más de 200 personas ascendieron a la cumbre del Peñalara, que con sus 2.428 metros es la más alta de la Comunidad de Madrid, para reivindicar la urgente protección de las montañas españolas.

Montañeros y ecologistas ascendieron ayer a 25 cumbres repartidas por todo el territorio nacional en una acción de protesta por las amenazas que se ciernen sobre las montañas, centradas fundamentalmente en la vertebración del territorio, el urbanismo, el turismo, la especulación, la nieve o el golf.

En Aragón, la jornada se centró en el Moncayo, el Aneto y el pico de Castanesa. «Los planes de la empresa Aramón están amenazando la mayoría de nuestras montañas, tanto del Pirineo como de las sierras turolenses. Precisamente ello motivó un exitoso movimiento social solicitando una urgente ley de protección de la alta montaña, pero que incomprensiblemente el Gobierno de Aragón se negó a debatir», asegura la plataforma en un comunicado.

Una decena de personas ascendió al pico Castanesa para llamar la atención sobre su posible destrucción. «Esta cumbre está amenazada por un proyecto urbanístico de Aramón asociado a una nueva estación de esquí», añadieron. Asimismo, otro grupo subió al Aneto como símbolo de la montaña pirenaica aragonesa

Pero el plato fuerte, por ser el más popular, fue el Moncayo. «Un reguero interminable de ciudadanos tardó más de tres horas en ascender, porque el tiempo tampoco acompañó», aseguraron participantes consultados. Personas venidas de todo Aragón, incluso de Soria, se sumaron a la iniciativa «y se han ido haciendo sucesivas fotografías con la pancarta de la acción». Tras la ascensión hubo una comida de hermandad en la pradera de San Gaudioso.

Coincidiendo con este ascenso, el presidente de CHA de Tarazona criticó al Gobierno aragonés por no haber solicitado todavía a Madrid la retirada de los restos de aviones norteamericanos accidentados hace 20 años y localizados en el parque natural del Moncayo.

El borrador de la Carta de las Montañas, única propuesta emitida en 2002
para la protección genérica de las montañas españolas y su
compatibilización con el bienestar de sus habitantes, continúa sin ser
aprobada cuatro años después de ser emitida por el Ministerio de Medio
Ambiente, como respuesta al llamamiento de las Naciones Unidas alertando
de la degradación de las montañas y de la necesidad de extremar la
sostenibilidad del desarrollo económico en estas regiones, y a pesar de
que el pasado mes de junio de 2005 el Congreso de los Diputados instó al
Gobierno Central a su rápida tramitación y aprobación.

Entretanto, la situación en estas áreas es cada vez más preocupante.
Lejos de mejorar la sensibilidad de las autoridades ambientales y de los
responsables políticos respecto a las importantes funciones ecológicas,
sociales y económicas que desempeñan los sistemas naturales de las
montañas, estas áreas están cada vez con más frecuencia en el punto de
mira de proyectos de explotación insostenible de sus recursos y
espacios, justificados por sus promotores con el argumento de la
dinamización económica de las áreas rurales y la provisión de empleo
para sus habitantes.

La presión urbanística y especuladora se oculta detrás de la mayor parte
de estos proyectos, que generalmente están vinculados con la creación o
ampliación de estaciones de esquí y otras promociones deportivas y
recreativas diseñadas para el uso multitudinario, con el aliciente de la
alta calidad paisajística y a menudo la vecindad de espacios naturales
protegidos. Lo que aún es más grave, en algunos casos los intereses
económicos están llevando al extremo de forzar cambios en la legislación
ambiental de estos espacios para permitir la construcción de este tipo
de complejos.

La Carta de las Montañas se presentó en su día como un muy adecuado
enfoque integral para la gestión conservadora de las áreas de montaña,
dándose la circunstancia de que sus premisas de solidaridad social para
con sus pobladores coinciden plenamente con lo que también recientemente
ha subrayado el Ministerio de Agricultura como filosofía básica de su
anteproyecto de Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

Montañeros y conservacionistas coinciden, por tanto, como representantes
de una parte muy importante y concienciada de la ciudadanía, en que la
Carta de las Montañas debe aprobarse e implementarse urgentemente. Eso
es lo que han reivindicado con la ACCIÓN SOLIDARIA PARA LA DIVULGACIÓN Y
REIVINDICACIÓN DE LA CARTA DE LAS MONTAÑAS, que se ha celebrado el
domingo 21 de mayo como jornada de ascensión simultánea y coordinada de
una treintena de montañas repartidas a lo largo y ancho de las más
importantes cadenas montañosas de nuestro país, y en la que al mismo
tiempo se ha denunciado la situación de amenaza, desprotección o
destrucción de numerosas áreas de montaña locales.

Además, como parte del material de divulgación, la citada asociación ha facilitado una entrevista audiovisual realizada a Eduardo Martínez de Pisón. El catedrático de Geografía, Premio Nacional de Medio Ambiente y montañero responde en ellas a las preguntas formuladas por Juan Manuel Montero, redactor jefe de la revista especializada Quercus, sobre la situación de las montañas y evalúa la necesidad de promover un desarrollo sostenible basado en las propuestas formuladas en la Carta de las Montañas.

Esta carta nacía en 2002, durante el transcurso del Año Internacional de las Montañas de la UNESCO, cuando el Consejo de Ministros creó un comité específico para buscar líneas más adecuadas de cara a la conservación de las montañas. El resultado del estudio fue la Carta Española de las Montañas. Una vez elaborada, el Parlamento español votó a favor de su aprobación y se lo encomendó al citado Ministerio. Ha pasado otro año y la Carta sigue paralizada, a pesar de los numerosos apoyos recibidos.

Los colectivos de diferentes comunidades autónomas proponen por su parte, para el 21 de mayo, la participación en ascensiones a montañas próximas. En el listado facilitado por la asociación RedMontañas el pasado jueves 18, la relación se elevaba a 30 posibles citas para elegir.

Esta misma asociación, ha sugerido que, para homogeneizar la campaña, todas las pancartas lleven el mismo lema de «Carta las Montañas ¡ya!», acompañado de otro con la reivindicación de cada comunidad. Además, la organización recomienda también el logo Anti-Especulación en las montañas propuesto por la plataforma Vall Fosca Activa, la cual lleva una campaña en contra de la especulación salvaje llevada a cabo en todo el país.

La aprobación se publicará próximamente en el Boletín Oficial de Aragón. Además de esos once nuevos itinerarios, el Gobierno de Aragón ha autorizado el acondicionamiento parcial de otras cuatro pistas con el fin de impulsar la estación de esquí y reactivar así el comercio en la comarca. Tal y como ya adelantó este diario, no se construirán las pistas proyectadas encima de la carretera actual, por considerarlas incompatibles con la declaración de Lugar de Interés Comunitario.

Los ciudadanos de la comarca de Gúdar-Javalambre esperaban desde hace tiempo esta ampliación y, tras conocer la noticia, lamentaron que no se haya incluido todo el proyecto planteado inicialmente por Aramón. Pese a ello, aseguraron entender que hay que respetar el medio ambiente.

Manuel Lázaro, presidente de la comarca, resumía ese sentir generalizado. «Nos hubiera gustado que el proyecto saliese completo y que hubiese más pistas porque la cantidad esquiable es importante para tener un turismo más atractivo, pero somos partidarios de que el medio ambiente no se degrade», manifestó.

Medio Ambiente ha determinado que se repoblará la zona con pinos moros en una superficie equivalente a la de la ampliación. «Ahora hay más masa forestal que antes de estar las pistas de esquí, si somos respetuosos con las repoblaciones se ganará masa forestal sin que sea un impacto fortísimo», apuntó Lázaro.

Además, al reducirse el número de pistas proyectadas, se aumenta el espacio para instalaciones anexas, como aparcamientos, captación de agua y fabricación de nieve. Desde la Comarca Gúdar-Javalambre se pide que las obras de ampliación se realicen cuanto antes pues el deporte de la nieve es uno de los recursos más importantes de la zona.

«No hay que olvidar que este invierno hay habido una demanda importante, récord de esquiadores y que se ha tenido que cortar la carretera a las pistas», apostilló el presidente comarcal.

TAMBIÉN EN JAVALAMBRE El recorte de la ampliación para proteger el medio ambiente afectará también a la estación de esquí de Javalambre. Serán estas instalaciones las primeras en las que intervendrá en Aramón ya que, según fuentes de la sociedad de capital mixto (Gobierno de Aragón e Ibercaja), el deshielo se produce antes en esta zona que en la de Valdelinares. Se prevé poder iniciar los trabajos a lo largo del verano.

El borrador de la Carta de las Montañas, única propuesta emitida en 2002 para la protección genérica de las montañas españolas y su compatibilización con el bienestar de sus habitantes, continúa sin aprobar cuatro años después de ser emitida por el Ministerio de Medio Ambiente.

Entretanto, la situación en estas áreas es cada vez más preocupante. Lejos de mejorar la sensibilidad de las autoridades ambientales y de los responsables políticos respecto a las importantes funciones ecológicas, sociales y económicas que desempeñan los sistemas naturales de las montañas, estas áreas están cada vez con más frecuencia en el punto de mira de proyectos de explotación insostenible de sus recursos y espacios, justificados por sus promotores con el argumento de la dinamización económica de las áreas rurales y la provisión de empleo para sus habitantes.

La presión urbanística y especuladora se oculta detrás de la mayor parte de estos proyectos, que generalmente están vinculados con la creación o ampliación de estaciones de esquí y otras promociones deportivas y recreativas diseñadas para el uso multitudinario, con el aliciente de la alta calidad paisajística y a menudo la vecindad de espacios naturales protegidos. Lo que aún es más grave, en algunos casos los intereses económicos están llevando al extremo de forzar cambios en la legislación ambiental de estos espacios para permitir la construcción de este tipo de complejos.

RedMontañas, con la colaboración de múltiples plataformas y asociaciones, organiza esta acción conjunta el 21 de mayo para reivindicar la aprobación de la Carta de las Montañas y llamar la atención sobre la necesidad de asegurar la conservación de todas las áreas de montaña.