Las intenciones urbanísticas en Cerler de Montañas de Aragón (Aramón), empresa participada al 50% por el Gobierno autonómico e Ibercaja, van más allá de completar la urbanización ligada a la estación de esquí con las 18,3 hectáreas de la segunda unidad de ejecución, proyecto por el que, como publicó este periódico, espera ingresar unos 120 millones de euros en los próximos años. El grupo de la nieve aragonesa, además, ha pactado con el Ayuntamiento de Benasque una futura ampliación de esa urbanización, hasta ahora no prevista, con una superficie «indeterminada de hectáreas».
Así se especifica en el convenio de colaboración suscrito por la empresa mixta y el Consistorio benasqués en agosto de 2005 con el objetivo de determinar la participación del Ayuntamiento en la financiación del plan de modernización de la estación de esquí, que Aramón estima en una inversión de 27 millones de euros repartida entre 2005 y 2008, a lo que hay que sumar la aportación previa de otros ocho o nueve en actuaciones como, por ejemplo, la mejora de la carretera al Ampriu.
El espíritu del convenio es que Benasque recompense «el esfuerzo singular» que Aramón hace con el plan de modernización. La intención real es que, mediante la cesión de los aprovechamientos urbanísticos que corresponden al Ayuntamiento, Montañas de Aragón obtenga -además de los 120 millones por la venta de sus suelos en la segunda unidad de ejecución de la urbanización- aproximadamente la mitad de los 27 millones de inversión prevista en el dominio esquiable.
La primera fuente de esos ingresos municipales derivados a Aramón provendrá de la segunda unidad de ejecución de la urbanización de Cerler, como queda recogido en la estipulación primera A del convenio. Por ella, el Ayuntamiento se obliga «a invertir el importe que obtenga por la enajenación del 10% del aprovechamiento urbanístico» en actividades que «directamente coadyuven a financiar» el proyecto de modernización. La fórmula que se plantea para materializar esa operación es que «el Ayuntamiento asuma la titularidad y financie directamente determinadas obras» de ese plan de mejora y, posteriormente, transfiera su uso a Aramón.
Nuevas construcciones
La necesidad de conseguir más ingresos lleva a acordar dos nuevas actuaciones de expansión inmobiliaria, ya que la superficie destinada a la urbanización (planteada desde hace décadas y cuyo desarrollo completo se desatascó en febrero con la aprobación del plan parcial de Cerler) queda agotada con la ejecución de las 18,3 hectáreas de la segunda unidad. El grueso de esas aportaciones extra tiene que llegar por la obligación recogida en la estipulación primera B. De acuerdo a ella, el Consistorio tiene que «promover, tramitar y aprobar un proyecto de modificación aislada del plan general de ordenación urbana de Benasque por el que se reclasifique una superficie indeterminada de hectáreas de suelo en el acceso norte a la urbanización de esquí de Cerler». Ese acceso norte, con un coste estimado de dos millones de euros, según fuentes de Aramón, será financiado por la propia empresa participada.
El convenio explica que esos suelos son «de propiedad privada y ajena al Ayuntamiento de Benasque» y Aramón, por lo que el Consistorio obtendrá un 20% del valor del área modificada como aprovechamiento urbanístico. Ese 20%, que incluso ya se estima aproximadamente en 3,5 millones de euros, se cede a Aramón, pero no para financiar remontes u obras del plan de modernización, sino con el «destino finalista» de costear el proyecto de ampliación de Ardonés.
Con ese mismo objetivo, la ampliación del dominio esquiable por la zona de Ardonés, se establece la estipulación primera C, que es la tercera vía para que Benasque dé más ganancias a Aramón. Esta cláusula tiene dos partes. La primera consiste en la obligación municipal de aprobar el proyecto que le presente Aramón para «llevar a cabo una intervención urbanística en el valle del Ampriu, que se estima pudiera consistir en la construcción de un edificio singular», cuyo proyecto ya ha sido encargado por la empresa, «para su uso de hotel, siempre que los informes preceptivos vinculantes sean favorables». La segunda parte consiste en crear «una parcela de servicios privados enclavada en el aparcamiento público de la zona del Molino (el primer gran remonte de la estación, anejo a la urbanización) a favor de Aramón».
Ampliación casi imposible
Lo que resulta más sorprendente de las estipulaciones primera B y primera C es que el destino de sus beneficios (en metálico o como aprobación de trámites administrativos) es la ampliación de la estación de Cerler por Ardonés, un proyecto ideado hace años y que el propio consejero delegado de Aramón, Javier Blecua, admite que «es muy complicado que salga adelante» por sus complicaciones medioambientales (es hábitat de especies protegidas, como la perdiz nival).
En el mismo convenio se explicita, en la exposición sexta, que Aramón presentó al departamento de Medio Ambiente, en noviembre de 2004, un modificado de ese proyecto con estudio de impacto ambiental y que todavía está «pendiente de aprobación».
Pese a todo eso, o quizás precisamente por eso mismo, la vigésima y última estipulación del convenio establece que «es condición esencial que impone el Ayuntamiento» para participar en la financiación de los 27 millones del plan de modernización que «se lleve a efecto también la ampliación de Ardonés» de acuerdo al proyecto modificado presentado «u a otros posteriores que recojan prescripciones, determinaciones o condiciones de las diferentes administraciones intervinientes».
Si en el plazo de cinco años a partir de la fecha del convenio (16 de agosto de 2005) no se pudiera «empezar a ejecutar» esa ampliación por Ardonés, Aramón «acepta reintegrar» al Ayuntamiento «el 80% de las aportaciones o inversiones» que hubiera realizado para el plan de modernización incrementadas con el IPC anual. La devolución se haría en tres anualidades «a partir de que se constate el transcurso de dicho plazo y, por tanto, la imposibilidad de desarrollar el proyecto de ampliación».
Por lo tanto, si Aramón consigue desbloquear ese proyecto, aunque sea con notables restricciones de Medio Ambiente (como le ha sucedido con los planes de ampliación de Valdelinares y Javalambre), se embolsaría sin problemas entre doce y catorce millones por los aprovechamientos urbanísticos cedidos. En cualquier caso, si no lo logra, se quedará finalmente con un 20% de esos ingresos.