La especulación urbanística es el principal problema ambiental de españa

Entre 1990 y 2000, el suelo urbanizable en España aumentó 170.384
hectáreas, lo que supone el 25% del territorio. En este mismo periodo se
perdieron 239.248 hectáreas de suelo forestal. En 2005 se batieron todos
los record de construcción llegando a las 800.000 viviendas. La
construcción ha pasado a convertirse en uno de los principales negocios
y el motor económico del país. Sólo en 2005 la construcción explicó en
España el 40% del aumento del empleo total de la economía y el 33% del
crecimiento del PIB.

A pesar de estas cifras, España figura en el grupo de países de la OCDE
que ha registrado crecimientos más acusados del precio de la vivienda.
De hecho, el acceso a la vivienda sigue siendo uno de los principales
problemas sociales. En 2005 la relación entre el crédito a las familias
y la renta disponible familiar ascendió al 115%. Es decir, los elevados
niveles de construcción no están produciendo descensos en los precios de
las viviendas, sin embargo, sí están creando importantes problemas
ambientales.

La degradación del litoral mediterráneo es un ejemplo que se extiende a
todo el Estado. Las costas del norte se resienten, la edificabilidad de
los 1.700 kilómetros de franja marítima en Galicia aumentará un 75% con
los nuevos planes urbanísticos que programan 600.000 pisos.

El interior del país tampoco se queda atrás. De hecho, el crecimiento
urbanístico en regiones como Madrid superó la media nacional en la
década 1990-2000 urbanizando el 50% de su territorio. Más de un centenar
de los 179 municipios de la región prepara en estos momentos sus Planes
Generales de Ordenación Urbana, lo que supondrá la inminente salida al
mercado de suelo para la construcción de, al menos, 260.000 viviendas.

La marea urbanizadora arrasa con todo. La figura de espacio natural
protegido ya no es garantía de supervivencia, los gobiernos autónomos
modifican los límites, revisan la normativa, autorizando viviendas,
grandes infraestructuras, estaciones de esquí, puertos deportivos, etc.
Pero las repercusiones no son sólo ambientales, ya que el patrimonio
cultural, histórico y arquitectónico también se resiente. El paisaje de
huertas tradicionales en el Levante y Murcia desaparece. Los conjuntos
monumentales, a pesar de estar declarados Patrimonio de la Humanidad,
están amenazados. así, en la ciudad de Toledo se prevé la construcción
de la tradicional vega del Tajo y en San Lorenzo de El Escorial
(Madrid), las viviendas se comen la ladera del monte Abantos y arrebatan
las vistas del monumental Monasterio.

Asociado a esta vorágine constructiva surgen los problemas de corrupción
en la mayoría de las administraciones. En este contexto las
irregularidades urbanísticas son constantes. Los derechos de los
ciudadanos se pisotean y los informes ambientales negativos se
convierten en positivos. Los Ayuntamientos ocultan información
urbanística y son numerosos los casos de prevaricación y delito
urbanístico cometidos por responsables municipales. A pesar de las
denuncias, la impunidad es escandalosa. La falta de sensibilidad o de
conocimiento urbanístico por parte de muchos jueces contribuye a
fomentar esta situación.

Una mención aparte merece lo que está sucediendo en la Comunidad de
Madrid donde el propio Gobierno regional, mediante la actual Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, mira para otra parte e,
incluso, favorece actuaciones urbanísticas a todas luces irregulares.

Ante esta situación, las cinco organizaciones ecologistas se han
dirigido a los 17 Presidentes autonómicos y al Gobierno para solicitar
una actitud más activa y eficaz en la persecución de la delincuencia y
de las irregularidades urbanísticas. En este sentido, las organizaciones
confían en que la creación de la figura del Fiscal Coordinador de Medio
Ambiente y Urbanismo y el nuevo texto de la Ley del Suelo, que tramita
el Ministerio de Vivienda, frenen la espiral especuladora en la que ha
entrado la práctica totalidad del territorio español.

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