El urbanismo en el pirineo provoca serios conflictos de convivencia

El desarrollo urbanístico que afecta al Pirineo aragonés está generando ya no sólo problemas legales que comienzan a librarse en los tribunales, sino conflictos sociales y de convivencia en la montaña. Los censos masivos o falsos se unen a la fiebre constructora, y los tiras y aflojas en los ayuntamientos van a más entre quienes quieren mantener el equilibrio, la proporción y la armonía del paisaje rural y los que entienden que el futuro pasa por la recalificación y venta de terrenos para levantar urbanizaciones o un sinfín de apartamentos turísticos.

Las sospechas de planes urbanísticos encubiertos en algunos de los municipios pirenaicos y las tensiones surgidas entre sus habitantes –algunas de ellas han acabado incluso en agresiones y denuncias– han movilizado a los vecinos en contra de los gobiernos locales.

La situación se ha vuelto tan complicada que una parte de la población ha decidido unirse. De hecho el sábado, en Aínsa, se constituyó la primera asociación de este tipo, la denominada Asociación de Vecinos del Pirineo Central.

«Estamos en contra de los movimientos políticos que favorecen exclusivamente la construcción en el Pirineo mientras persisten las carencias en la montaña. Las políticas deben favorecer el asentamiento de la población, no de los edificios», afirmaba uno de los participantes.

REPRESALIAS Esta asociación será la portavoz de las críticas de la población. «Los pueblos son muy pequeños y no queremos más enfrentamientos por dar la cara y opinar sobre lo que está ocurriendo», especificaba otro vecino. «Aquí, si hablas, el alcalde te hace la vida imposible», lamentaba.

Yésero, Aragüés del Puerto, Boltaña, Fanlo, Fragen, Sabiñánigo, La Espuña o Biescas son algunos ejemplos con pretensiones de expansión urbanística. Y las sospechas en algunos de ellos nacen ya desde el momento en que el padrón falsea la realidad para, denuncian algunos, «permitir al alcalde que haga lo que le interesa».

El caso de Yésero es el más flagrante. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) instó en julio pasado a este ayuntamiento a revisar su padrón y cumplir con la Ley de Régimen Local –cerca de 90 personas censadas pero sólo 20 viviendo– tras la denuncia de un empadronamiento masivo. Una actuación cuyo fin podría esconder, aseguran varios vecinos, la aprobación de un nuevo Plan de Ordenación Urbana. El pleito se encuentra recurrido en el Supremo, ya que el alcalde, Mariano Fanlo (PP), niega los hechos.

CONTROL DE LA DGA «La autonomía municipal en temas urbanísticos llega hasta donde no afecte a estructuras dotacionales o territoriales más amplias. Porque el desarrollo de cualquier trama urbana debe ser asumible por el municipio. Si la planificación es acorde y el urbanismo es integral, no tiene por qué haber problemas. El problema no es el campo de golf, sino la urbanización con que va acompañada», aseguran al respecto desde el departamento de Urbanismo del Gobierno de Aragón.

Como ejemplo de esta actuación cita el Ejecutivo aragonés el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado este mes en Sabiñánigo. Un plan de desarrollo que ha paralizado la construcción de dos campos de golf.

En Yésero, el PGOU presentado por el consistorio a Urbanismo –y rechazado– solicitaba construir 589 viviendas en una parcela de, aproximadamente, dos hectáreas. «Si se optimizara el terreno del pueblo, podrían edificarse más de 150 viviendas sin necesidad de una extensión», denuncia Santiago Ripoll, vecino de la localidad.

En Fanlo, su alcalde, Horacio Palacio (PAR), se está planteado una ampliación de casi el doble del casco urbano actual. En este municipio viven unas 18 personas y hay más de 200 empadronadas.

Fanlo es cabecera de nueve pueblos, algunos deshabitados. Como Cerezuela, «en donde se ha llegado a un acuerdo de concesión de 60 años a los antiguos propietarios a cambio, me imagino, de poder construir nuevas viviendas», asegura un habitante del municipio.

En Aragüés del Puerto viven unos 60 vecinos, pero empadronados aparecen el doble. «Ya se han construido bloques de apartamentos, y ahora se van a levantar 25 unifamiliares. Pero es que cualquiera que tiene terreno cree que va a ser millonario. Esto es una locura», dice Cristina Carayón. Esta vecina, hoy concejala del PAR sin cartera, ha ganado el juicio por agresiones interpuesto contra el alcalde, Miguel Calvo Pétriz (PSOE). «Van a por mí porque denuncio lo que me parece mal», afirma. Y esta vez han sido unos vertidos al río.

En Fago –donde residen 18 habitantes y son 36 los censados–, una vecina puso una denuncia por agresión contra el alcalde, Miguel José Grima (PP), pero finalmente se quedó en juicio de faltas. «El ambiente es insostenible. El problema no es urbanístico, porque Fago no tiene término municipal, sino de convivencia. ¿Alguien me puede decir qué está pasando?», se preguntan.