La dga regulará el sector de la nieve para reducir su impacto urbanístico y ambiental
El Gobierno de Aragón está decidido a regular de forma específica el sector de la nieve para 2007, una vez descartada la elaboración de la Ley integral de Montaña, con el objetivo de que no vuelvan a producirse polémicas como las que se están dando, por ejemplo, con la ampliación de Formigal. Al Ejecutivo autonómico le preocupa especialmente que un sector clave para la economía de Aragón, como es el del esquí, y que contribuye a asentar población, se desarrolle rodeado de controversia. Para sacar del «ojo del huracán» al deporte blanco, redactará unas directrices sectoriales de ordenación del territorio, que completarán a las del Pirineo (aprobadas a finales del año pasado), y que establecerán un marco para el desarrollo futuro del sector y de la expansión urbanística que lleva aparejado.
Entre otras cuestiones, se fijarán los requisitos que tendrán que reunir las nuevas estaciones y las nuevas pistas para evitar desmontes agresivos; se evaluarán las necesidades de infraestructuras de acceso para los centros invernales, con el objetivo de reducir los atascos que se producen cada fin de semana, y se regulará el desarrollo urbanístico que camina a lomos de la nieve. Además, se elaborará una cartografía con zonas susceptibles de ser ocupadas por futuros centros invernales debido a su orografía, y se plantearán medidas correctoras para minimizar los impactos ambientales derivados de la explotación de la nieve. Todo con el objetivo de concitar un consenso social en torno al sector que, hoy por hoy, no existe.
La intención de la DGA, según explicaron fuentes del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, es que las directrices entren en vigor el próximo año. Para redactarlas, los socios de gobierno van a contratar en los próximos días una asistencia técnica. De hecho, el Boletín Oficial de la Comunidad publicaba esta semana la convocatoria. Quien se haga con el concurso, que tiene un importe global de 48.000 euros, dispondrá de cinco meses para ultimar el texto.
Una vez disponga de ese borrador, la DGA quiere abrir un «periodo amplio de contactos y conversaciones con todos los colectivos implicados» de alguna manera en el sector de la nieve para consensuar al máximo el texto final. «Las directrices del Pirineo se demoraron mucho por el proceso de consultas que se llevó a cabo, especialmente con la Asociación de Entes Locales del Pirineo Aragonés (ADELPA), pero la intención es hacer lo mismo en este caso», señalaron fuentes del departamento de Presidencia, que insistieron, eso sí, en que el objetivo es que las directrices sean una realidad el próximo año.
Las estaciones, conocedoras
Los primeros afectados por las directrices serán las propias estaciones de esquí. El Grupo Aramón -que gestiona Formigal, Panticosa, Cerler, Javalambre y Valdelinares-, así como los responsables de Candanchú y de Astún son ya conocedores de las intenciones del Gobierno. Y todos esperan que, llegado el momento, se les invite a participar y su opinión sea tenida en cuenta. «Estamos muy interesados en que se cuente con nosotros y se nos llame a participar en el debate», explicó el consejero delegado de Aramón, Javier Blecua.
Además de fijar normas para el desarrollo futuro del esquí, las directrices harán también un diagnóstico actual del sector, analizando su evolución en los últimos años y fijando previsiones para los próximos. Se estudiará, en este sentido, la repercusión socioeconómica de la nieve, haciendo hincapié en variables como el número de usuarios, la rentabilidad de las estaciones, el peso del sector en la economía aragonesa, o las variaciones en la población y la respuesta social a las estaciones de esquí. Especial atención merecerá también la incidencia urbanística que está teniendo el sector, con la construcción de nuevos núcleos o el crecimiento de los ya existentes, así como sus afecciones al medio natural.
En todo caso, las directrices incluirán una cartografía con las áreas susceptibles de ser explotadas por el sector y las protegidas, las infraestructuras que requieren las estaciones (vías de acceso, vertidos, depuradoras…), los requisitos para el trazado de nuevas pistas de esquí (con dimensiones y desmontes máximos admisibles), los modelos preferentes de crecimiento urbanístico, así como un conjunto de medidas correctoras para minimizar los daños ambientales. Completará el documento un informe de sostenibilidad ambiental.