No obstante, y ante la reclamación presentada por la negativa de las Cortes a tratar la iniciativa legislativa a pesar de contar con el respaldo de 30.000 ciudadanos, el Justicia informa que dicha queja queda fuera de sus competencias al referirse a un órgano concreto.
«La necesidad de regular mediante una ley específica el desarrollo del Pirineo ya fue puesta de manifiesto desde aquí con motivo de la tramitación de un expediente en el año 1999», reconoce Fernando García Vicente.
CONVIVENCIA El Justicia insiste en la necesidad de compatibilizar desarrollo y conservación, «indicando que en esa compatibilidad difícilmente encajan las urbanizaciones, con una afección medioambiental irreversible», añaden los promotores de la ILP.
«Lo deseable sería, y es tarea de los gobernantes hacerlo, disponer de una política global para los Pirineos que definiera un modelo de desarrollo, en el que se establecieran los usos del territorio posibles en cada valle (agricultura y ganadería, turismo, industria, conservación, etcétera…), sus límites, en especial los urbanísticos y grado de compatibilidad. En concreto respecto de las estaciones de esquí, dónde se pueden realizar y dónde no, con qué tamaño y unidas a qué entorno urbanístico. La mejor herramienta para ello es la planificación integral, por medio de la ley», se lee en la contestación.
Los promotores de la ILP exigen ahora al Ejecutivo aragonés que dé una explicación de «por qué ha incumplido su compromiso con el Justicia de Aragón de elaborar una Ley de la Montaña, estando de acuerdo en que era una regulación necesaria».
Además, se convoca una manifestación para el próximo 11 de marzo en protesta por estos hechos, se colocarán varios puestos informativos en la Cincomarzada y el 19 de marzo habrá una concentración en Espelunciecha-Portalet.