La comisión desea que la proposición sea, al menos, aprobada a trámite, ya que considera que sería la continuación del proceso democrático correcto y propio, “ya que una iniciativa popular de éxito merece, por lo menos, la consideración de un debate”, señaló ayer en una rueda de prensa en Zaragoza una de las integrantes de la plataforma, Blanca Beltrán.
Aunque la ley sea admitida a trámite, el resultado final podría llegar a diferir bastante del texto inicial. En este sentido, desde la comisión promotora, se habla de la necesidad de cumplir unos mínimos, entre ellos, la existencia de una moratoria “para que no se realicen grandes obras mientras no haya un marco jurídico sobre qué hacer o qué no”, indicó otro de sus integrantes, Paco Iturbe. Se trata, en definitiva, de conseguir “un texto consensuado que recoja los intereses de todas las partes, sin excepciones, ni ambigüedades o contradicciones”, en palabras de Iturbe. Debe ser, por tanto, un texto claro y refundido. En este sentido, la ronda previa de reuniones con los grupos parlamentarios desarrollada por la comisión, ha pretendido transmitirles la doble vertiente de la importancia de esta ILP. Por un lado, lo destacado de una iniciativa popular que ha conseguido tanto apoyo, algo que han calificado de “hecho excepcional en la historia de Aragón”, además de la trascendencia del tema de las montañas, que se considera una de las señas de identidad más importantes de Aragón.
El Vicepresidente del Gobierno afirmó: “Con cinco artículos no se puede resolver el tema de las montañas de Aragón”. “Los promotores tienen su derecho, pero esta ley se refiere sólo a la alta montaña, y no a la montaña. Según los parámetros que se utilicen para definir qué es montaña, como la inclinación de las pendientes, en Aragón salvo la plaza del Pilar, todo es montaña, y de las 33 comarcas, 30 se podrían incluir en esa posible ley de la montaña, que nunca se ha planteado antes desde el Gobierno de Aragón”.