Aragón gravará a las empresas contaminantes, los centros comerciales y los remontes de esquí

El Gobierno de Aragón ha decidido subirse al carro de los
impuestos medioambientales. Antes de final de año tiene previsto aprobar
una Ley de Medidas Fiscales que incluye tres nuevos gravámenes sobre las
grandes superficies comerciales (incluyendo la zona de aparcamiento),
los remontes de esquí (porque considera que «perturban el ecosistema») y
las emisiones contaminantes, con lo que espera recaudar 17,7 millones de
euros y paliar así la pérdida de recaudación que provocará la reducción
de la presión fiscal sobre las familias, los jóvenes, los mayores y los
discapacitados.

Gravar las actividades que dañan el entorno está de moda. El Gobierno
central ha anunciado recientemente la creación de impuestos verdes para
compensar las rebajas previstas en el IRPF y el impuesto de sociedades.
Y ahora Aragón se ha sumado a Andalucía, Castilla-La Mancha,
Extremadura, Galicia y Madrid en la imposición de penas pecuniarias a
las empresas contaminantes.

El consejero aragonés de Economía y Hacienda, Eduardo Bandrés, justifica
su creación porque «es una tendencia que se da en toda Europa: la
reducción de los impuestos que gravan lo bueno, como la renta, el
patrimonio o el trabajo; y el aumento de la carga fiscal sobre las
actividades con efectos negativos».

El proyecto de Ley de Medidas Fiscales del Gobierno aragonés, que el
consejero cree que estará aprobado antes de final de año, para aplicarlo
en 2006, recoge tres impuestos denominados medioambientales. El
Ejecutivo ha afirmado que el dinero obtenido -17,7 millones de euros- se
utilizará en la conservación del medio ambiente.

Concretamente, el impuesto sobre los centros comerciales se establece
según el número de metros cuadrados, incluyendo áreas de venta,
almacenes y aparcamiento. El Ejecutivo ha decidido incluir el
aparcamiento porque, según especifica el proyecto, «denota la capacidad
del establecimiento para atraer y acoger al tráfico, que genera el
principal efecto contaminante». La tasa, que se aplicará anualmente a
los hipermercados mayores de 500 metros, oscila entre 12 y 19 euros el
metro cuadrado, aunque habrá correctores en función de la clase y el
tipo de suelo. El Gobierno de Aragón espera recaudar cuatro millones de
euros al año.

El impuesto sobre el transporte por cable grava los que trasladan a
personas y los que llevan mercancías utilizadas en el medio forestal. La
norma afirma que constituyen un «elemento perturbador del paisaje». En
el caso de los remontes, el hecho imponible se incrementa, incluyendo no
sólo la longitud del arrastre -12 euros el metro al año-, sino también
los kilómetros de pista. «Las estaciones de esquí», según el proyecto,
«atraen masivamente personas y perturban el ecosistema». Bandrés asegura
que «el impacto en el esquiador será prácticamente irrelevante». En
total se obtendrán unos 1,7 millones de euros.

El gravamen que más dinero proporcionará(12 millones de euros) es el que
penaliza la emisión de contaminantes a la atmósfera. Las empresas
pagarán en función de la cantidad emitida de óxidos de azufre, nitrógeno
y dióxido de carbono.

Críticas de la oposición

Los partidos que conforman el Gobierno -PSOE y Partido Aragonés- han
presentado dos enmiendas para que los dueños de los remontes se
beneficien durante el primer año de una reducción del 50% y para que el
aparcamiento no compute más del 25% de la superficie total del
hipermercado. «Así no se gravará demasiado a los grandes comercios de
las afueras en comparación con los del centro», afirma Bandrés. Sin
embargo, el principal partido de la oposición (PP) ha pedido que se
supriman los tres porque «afectarán al turismo, provocarán pérdida de
competitividad en las empresas aragonesas y repercutirán en todos los
ciudadanos», según explica Manuel Guedea, su responsable de Economía.
Ante estas críticas, el consejero responde: «Para nosotros, el valor del
medio ambiente no es infinito. Por eso hemos aplicado cuotas más
reducidas que en otras comunidades».

La Confederación de Empresarios de Aragón también se ha mostrado
contraria a las nuevas tasas. Su presidente, Jesús Morte, critica
especialmente la que grava los comercios porque «aumentará la inflación
y hará que pierdan competitividad». Además, considera que no ayudará al
pequeño comercio porque lo recaudado no se destinará a su fomento, como
sucede en Cataluña.