La eurocámara pide una moratoria en la construcción de nuevas viviendas en valencia

Pese a que el dictamen no es vinculante supone una clara llamada de
atención a la urbanización desenfrenada del litoral español. El llamado
Informe Fortou responde a las quejas de cerca de 15.000 ciudadanos de
varios países de la UE, en su mayoría propietarios de fincas y chales,
que alegan que se han visto obligados a pagar excesivas cuotas de
urbanización y, en ocasiones a la expropiación de sus fincas a favor de
las empresas urbanizadoras.

El texto ha sido aprobado por 550 votos a favor, 45 en contra y 25
abstenciones. El informe insiste «con urgencia» en la necesidad de
aplicar ese parón a las recalificaciones para evitar desviaciones e
intentar frenar el impacto de algunas actuaciones urbanísticas, que
afectan principalmente a la costa. Los eurodiputados advierten además de
que «parece que se está produciendo una cierta precipitación para
comprometer nuevos proyectos antes de la promulgación de una nueva ley,
que sin duda parecerá más restrictiva.

En el texto se sugiere la creación de una oficina de reclamaciones -bajo
autoridad de responsables locales y del Gobierno valenciano- que asista
a las personas afectadas por la aplicación de la laegislación
urbanística en vigor. Además, se pide a las autoridades estatales y
autonómicas que garanticen que los planes generales de desarrollo y
urbanización que puedan tener un impacto ambiental significativo «estén
sujetas a una evaluación estratégica de impacto ambiental en
cumplimiento con la legislación comunitaria.

Según la Consejería de Territorio y Vivienda de la Generalitat
Valenciana, si España aplica finalmente la moratoria esta afectaría a 96
actuaciones urbanísticas y superficie reclasificada que quedaría en
suspenso ascendería a 55 millones de metros cuadrados de suelo de 64
ayuntamientos distintos.

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