La expansión de las dos estaciones de esquí de Teruel ha encontrado serios problemas administrativos. El Departamento de Medio Ambiente de la DGA ha echado atrás los trámites para el crecimiento de Valdelinares y recortará en breves fechas la expansión de Javalambre, según ha podido saber EL PERIODICO DE ARAGON.
En el caso de Valdelinares, promovido por Aramón, la empresa semipública participada por la DGA e Ibercaja, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) ha declarado nulo el proceso de información pública desarrollado por el ayuntamiento turolense al estimar que el documento puesto a disposición de los ciudadanos era tan sólo un borrador de la ampliación y no un proyecto propiamente dicho.
El Inaga tomó esa decisión poco después de recibir el expediente que le remitió el consistorio con el resultado de la exposición al público: la mayoría de las alegaciones denunciaba precisamente defectos de forma en el proceso por la inconsistencia de la información a la que podían acceder.
El Inaga ha requerido a Aramón para que le envíe una información complementaria antes de decidir la nueva salida a información pública del proyecto.
En el caso de Javalambre, el recorte de las aspiraciones iniciales de Aramón se materializará, dentro de unos días, cuando se haga oficial la declaración de impacto ambiental del proyecto. Fuentes de Medio Ambiente explicaron que la resolución «modificará sustancialmente las pretensiones» de los promotores de la operación por los inconvenientes ecológicos que plantea.
La ampliación de la estación de Javalambre, a la que durante el invierno se desplazan semanalmente cientos de esquiadores –la inmensa mayoría de ellos procedentes de la Comunidad Valenciana–, es una vieja reclamación de los alcaldes de la comarca de Gúdar-Javalambre.
Fuentes de Aramón consideraron que la reclamación de más información sobre la expansión de Valdelinares es «algo normal» en la tramitación de las ampliaciones, lo mismo que ocurre con otros proyectos de infraestructuras y equipamientos tanto públicos como privados. Según explicaron, la DGA lleva varios meses reclamando más datos antes de sacar a información pública la actuación.
La misma consideración efectuaron al saber que la evaluación de impacto ambiental establecerá restricciones sobre los planes de extensión de Javalambre. «También ocurrió en Cerler y Formigal», señalaron.
Pese a lo que pueda parecer, las trabas de Medio Ambiente –dirigido por Alfredo Boné, del PAR– a Aramón –controlado desde la Presidencia de la DGA– carecen de lectura política, explicaron fuentes del Gobierno de Aragón. Se deben al contenido de los proyectos.