Medio ambiente rechaza modificar el uso de los montes públicos
REQUISITOS ECOLOGICOS Medio Ambiente de la DGA ha echado un jarro de
agua fría al proyecto de Aramón y el ayuntamiento, que crearon la semana
pasada una empresa para gestionar la operación. El consistorio pidió a
la consejería que descatalogara la ladera que proyecta urbanizar,
declarada de utilidad pública aunque sea de su propiedad. El Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) desestimó en marzo la solicitud y
remitió a los promotores a la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio de Huesca, dependiente de Obras Públicas. Sus responsables
entendieron que no procedía descatalogarlo y que no se trataba sólo de
una cuestión ambiental, sino que para acometer una operación
inmobiliaria de este tipo el ayuntamiento debería tramitar una reforma
del Plan General de Ordenación Urbana.
Con todo, y aunque su inclusión en una Reserva de la Biosfera no vete de
forma preceptiva las actividades de construcción, el proyecto tiene la
oposición de Medio Ambiente. La consejería, que ha hecho
descatalogaciones con permutas de terreno que han permitido la
protección de áreas de mayor tamaño o interés natural, establece como
requisito que el nuevo uso del monte desafectado sea sobre todo público.
Medio Ambiente no es partidario de descatalogar montes para urbanizar.
Prisa innecesaria
JAIME Armengol (13/12/2005)
El nuevo equipo gestor de Aramón ha encontrado en Medio Ambiente de la DGA dificultades que hasta hace unos meses no se producían en la tramitación de proyectos. Sin causa política que sustente esta nueva realidad, pues tanto el PAR como el PSOE están de acuerdo en la apuesta de la nieve, los motivos hay que encontrarlos en las prisas de la compañía por superar trámites ambientales y urbanísticos muy complejos. Al ciudadano razonablemente informado no puede parecerle lógico que Medio Ambiente devuelva proyectos realizados por una empresa de la que la propia DGA ostenta un 50% de la titularidad. Ni el Gobierno ni una mayoría social y política aragonesa objetan de una expansión racional del negocio de la nieve que beneficie a los valles, a sus ayuntamientos y a sus vecinos. Pero planificada con cuidado, sin voracidad y con planteamientos claros.