Una ley para el monte

Sólo CHA e IU tenían ayer decidido apoyar el jueves en el pleno de las Cortes de Aragón la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular que propone, con el apoyo de más de 30.000 firmas, promulgar una ley para «establecer un régimen de protección especial para la alta montaña», es decir, todos los territorios por encima de 1.500 metros. El texto, impulsado por colectivos ecologistas y que ha duplicado la cifra de apoyos que exige la legislación para que la Cámara autonómica la admita a trámite, propone, entre otros aspectos, establecer una moratoria de dos años para la «creación, modificación o ampliación de estaciones de esquí y centros invernales que se pretendan instalar en áreas de alta montaña». Uno de los primeros puntos del orden del día del pleno del jueves es el debate de su toma en consideración. Si sale adelante, las Cortes abrirán un periodo de enmiendas y constituirán una ponencia para iniciar su debate. Si no la apoyan la mitad más uno de los diputados, será descartada. CHA considera que «necesaria una normativa para regular y proteger la montaña; más, cuando la DGA apoya proyectos de dudosa viabilidad», señaló la diputada Yolanda Echeverría. Adolfo Barrena, de IU, mostró su apoyo a la propuesta y destacó la excesiva presión urbanística a la que se ve sometido el Pirineo, que considera que puede ser insostenible. Ambos destacaron el amplio apoyo social de la propuesta. PP y PAR no habían decidido su voto. En el primer caso, por cuestiones de agenda del grupo. En el segundo, optaron por esperar a conocer las medidas ambientales que aprueba hoy la DGA. El PSOE no hizo pública su postura.

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