Una nueva sentencia del tsjcyl rechaza la construcción de la estación de san glorio

El citado decreto modificó uno de 1998, por el que se dio luz verde al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del espacio protegido. Así, el dictamen del TSJCyL responde al recurso presentado por la Fundación Oso Pardo (FOP), el Fondo para la Protección de Animales Salvajes (Fapas), la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) y la organización WWF/Adena y fue avalado por numerosos informes de expertos y científicos de distintas Universidades españolas y europeas, según informó SEO/BirdLife.

«Esta segunda sentencia refuerza la imposibilidad de instalar la estación de esquí en el espacio natural protegido. Los grupos ecologistas solicitan a las Cortes y a la Junta de Castilla y León que retire su apoyo a este proyecto y elabore un Plan de desarrollo sostenible que garantice la mejora de las comarcas cantábricas».

Asimismo, los colectivos ecologistas indicaron que la sentencia «ratifica» los argumentos esgrimidos en la primera fallada en enero de este año ante el recurso presentado por la Asociación Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA). Así la resolución judicial apunta que la Junta de Castilla y León «debería haber justificado» los motivos por los que cinco años más tarde aprobó un PORN que permite la construcción de estaciones de esquí cuando en el anterior plan este tipo de infraestructuras eran incompatibles con la conservación de los espacios naturales protegidos.

En ese sentido, en la sentencia el Tribunal Superior de Justicia puntualizó que el Ejecutivo autonómico «no han variado suficientemente» las circunstancias medioambientales desde la redacción del PORN y que este espacio tiene un carácter «excepcional» desde el punto de vista geomorfológico, paisajístico y biológico, con numerosas especies protegidas.

Paralización del proyecto

De esta manera, la resolución judicial anula las modificaciones del PORN de la Montaña Palentina e impide que las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional para la Montaña Cantábrica Central de la Junta de Castilla y León puedan incluir la construcción de la estación de esquí.

Por ello, las asociaciones ecologistas solicitaron a las Cortes de Castilla y León y al Ejecutivo regional que retire «de una vez» su apoyo al proyecto de estación de esquí de San Glorio, «por inviable económicamente y por tener un alto impacto ambiental en un lugar protegido con numerosas especies de fauna y flora amenazadas». Además, aseguraron que es «necesario» conseguir que en esta zona existan pueblos «vivos», con una población estable y con calidad de vida.

El abogado de los grupos ecologistas, Carlos González Antón, reiteró que la sentencia supone instar a la Junta a desarrollar el «patrimonio natural» de Castilla y León como un activo económico a través de las figuras legales que establece las normativas, europeas, nacionales y regionales. Abogó por que la Junta diseñe de un Plan de Desarrollo Sostenible en la montaña palentina y leonesa, con la aplicación de los instrumentos de planificación y del fomento de la actividad económica que prevén las normas ambientales. «La montaña cantábrica necesita urgentemente un modelo de desarrollo que no se base en actividades incompatibles con la conservación, como con claridad ya han tenido oportunidad de manifestar los tribunales».

Consecuencias

Esta sentencia supone un nuevo varapalo para el proyecto de la empresa Tres Provincias, formada por un grupo de empresarios palentinos. De momento esta sociedad se mantiene a la espera ya que los estudios de inversión, amortización y rentabilidad están basados en un proyecto cuyas pistas esquiables radican en un 80% en la provincia leonesa y un 26% por en el Parque Natural de Fuentes Carrionas, en la provincia palentina.

Tercera sentencia

El abogado de los grupos ecologistas, Carlos González Antón, indicó que la votación y fallo de la tercer recurso presentado ante el TSJ por la Plataforma en Defensa de San Glorio se produjo a principios del mes de junio por lo que se conocerá la sentencia a finales del mes de julio o ya en septiembre. Indicó que existe ya una «unanimidad» entre los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León respecto a esta causa por su «inviabilidad jurídica y económica».

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