Una ley para el pirineo
Estas tres circunstancias no concurren juntas en ninguna otra parte de Aragón, y en consecuencia justifican un tratamiento diferenciado de este territorio de montaña, cuyo antecedente legislativo es la ley de ordenación integral del somontano del Moncayo, que en mi opinión sirvió para resolver algunos de sus problemas.
En una sociedad plural y abierta al progreso, la existencia de conflictos parece tan inevitable como la necesidad de resolverlos mediante el diálogo, pero el debate sobre el modelo territorial del Pirineo está tan dislocado que puede resultar extravagante.
Los que en su momento apostamos por Añisclo, Guara o Posets-Maladeta y estamos implicados en el fomento de los deportes de montaña, no podemos permanecer impasibles. Si queremos una montaña viva tenemos que ser capaces de formular propuestas.
A mi juicio, la necesaria y siempre pospuesta ley del Pirineo, que debe ser algo distinto de una ley general para territorios de montaña, debería atender a tres finalidades. En primer lugar, racionalizar el desarrollo del sector de la nieve, considerado estratégico, procurando que sus beneficios alcancen a todo el territorio, lo que implica encontrar la fórmula para la participación del Sobrarbe, posiblemente la comarca española con más espacio protegido por habitante. La presencia de una empresa pública debe servir para garantizar un desarrollo equilibrado de todo el territorio, considerando las estaciones de esquí como instalaciones deportivas en el medio natural, sujetas a estrictos controles de calidad ambiental. El Gobierno de Aragón debería implicarse más decididamente en la conservación de los refugios de montaña, que deben ser instalaciones deportivas al servicio del montañismo, evitando la tentación de convertidos en establecimientos de hostelería. En segundo lugar, proteger los espacios naturales singulares amenazados, de manera especial el Anayet y sus circos y valles, que desde los años cincuenta y hasta su inclusión en la actual reserva de caza tuvo consideración equivalente a refugio de fauna silvestre y que hoy es una montaña asediada. Asimismo, recuperar antiguas propuestas y posibilitar la creación del Parque Nacional de los Pirineos, un gran espacio natural con declaración y apoyo financiero del Estado y gestión de la Comunidad Autónoma.
En tercer lugar, es precisa una política de restituciones por obras hidráulicas que tenga en cuenta la aportación del Pirineo al desarrollo de Aragón con pérdidas significativas de recursos y oportunidades, lo que debería implicar un mayor esfuerzo inversor, más allá de las políticas generales de zonas de montaña. En la actualidad, desechados Jánovas y Santaliestra y racionalizado Yesa, queda por resolver el conflicto de Biscarrués; en el que deberá tenerse en cuenta el valor de las aguas bravas como recurso turístico en una zona muy castigada por la despoblación. No olvidemos que junto a las cuatro comarcas pirenaicas, existe un territorio prepirenaico entre la Val de Onsella y la Sierra de Guara injustamente relegado y con demasiada frecuencia olvidado.