Con esta sentencia se daba carpetazo al proyecto de ampliación de la estación de esquí de Cerler por el valle de Castanesa. La actuación, presupuestada en 389 millones de euros, hubiera tenido un fortísimo impacto en una zona de alto valor ecológico. A diferencia de otros proyectos, como el complejo turístico de Marina de Valdecañas, recién declarado ilegal por el Supremo, las máquinas no llegaron a entrar en el valle. De un plumazo, la deuda de Aramón (Gobierno de Aragón e Ibercaja) suma otros 30 millones de euros antes contabilizados como activos, lo que, añadidos a los 78 reconocidos, suponen 108 millones. Una deuda que los aragoneses y aragonesas deberemos pagar algún día. Uno podría esperar que D. Marcelino Iglesias –expresidente de la Comunidad y principal mentor del proyecto– o D. Francisco Bono –anterior presidente de Aramón y actual consejero de Economía– reconocieran su responsabilidad o dieran alguna explicación. También se podría esperar que nuestros responsables políticos aprendieran la lección. Pero no seamos ingenuos, el Gobierno de Aragón ya ha anunciado su intención de recurrir la sentencia. Por otro lado, recientemente daba un nuevo paso hacia la unión de las estaciones de esquí de Astún, Candanchú (recién salida de un concurso de acreedores) y Formigal (con una sociedad urbanística abocada a la quiebra) por el valle de Canal Roya, declarando el proyecto de Interés General. Con un presupuesto inicial de 42,3 millones, el Gobierno declaraba que está adelantando los trámites “para comenzar a ejecutarlo cuando mejore la situación económica”.