Un país de montañas amenazadas

No es otra la conclusión que se puede extraer del debate que tuvo lugar en las Cortes de Aragón el pasado 15 de noviembre. Treinta mil aragoneses firmaron en el plazo que está estipulado la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que proponía una Ley para la protección de la alta montaña de Aragón, aunque la legislación aragonesa sólo exige quince mil firmas de apoyo. ¿Quiénes eran? ¿Agricultores, médicos, camioneros, conserjes, abogados, profesores, albañiles, dependientes? ¿A qué partido votaron en las últimas elecciones aragonesas? ¿Cuántos eran montañeros? La jornada será tristemente recordada como aquella en que los representantes del pueblo aragonés rechazaron la Iniciativa Legislativa Popular para la protección de la alta montaña aragonesa. Se votaba si se admitía a trámite.

Izquierda Unida y Chunta Aragonesista votaron a favor de esta admisión a trámite. Partido Socialista y Partido Aragonés, en contra. El Partido Popular se abstuvo para desmarcarse de los partidos que sostienen el Gobierno de Aragón. Esto supone que la propuesta de Ley -un pretexto para reflexionar sosegadamente sobre desarrollo y conservación de las montañas- no ha pasado ni tan siquiera la primera criba. A pesar de su rotundo apoyo social, no será debatida en las Cortes. Los partidos que sustentan el Gobierno de Aragón, PAR y PSOE, se opusieron con el argumento fundamental de que no era necesaria una mayor protección de las montañas porque resultaba suficiente la que ofrecían las Directrices Parciales de Ordenación del Territorio, casualmente recién aprobadas por decreto, la futura Ley de protección ambiental y otras normas pasadas y futuras.

Pero sobre el debate planeaba en todo momento, como un ave, el sector inmobiliario. Se entiende que ciertas opciones políticas sean conniventes con los sectores económicos interesados en las actividades inmobiliarias que circundan las estaciones de esquí y se expanden por las montañas aragonesas. Pero no se entiende que otras opciones estén cautivas de esos mismos agentes. Quizá nos estamos acostumbrando a que algunos políticos no estén a la altura que las ocasiones merecen. Las expansiones inmobiliarias nos esperan ahí, en diferentes lugares de Aragón, y es necesario que los representantes de los aragoneses controlen y no sean controlados. Es probable que se haya perdido una oportunidad para dar un giro real de progreso y mirar hacia un desarrollo reflexivo y sostenible en las montañas. Pero seremos optimistas y pensaremos que, probablemente, el tejido social y ciudadano que ha estado tras la Iniciativa Legislativa Popular va a tomar buena nota de lo que ha sucedido o sucederá en las montañas de Aragón, reclamando sin tregua que, por fin, las montañas dejen de estar amenazadas. Esos treinta mil firmantes ¿Quiénes eran? ¿A qué partido votaron en las últimas elecciones aragonesas? ¿Cuántos eran montañeros?

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