HERALDO DE ARAGON
Un nuevo embargo a la concesionaria de Candanchú, Etuksa, deja en el aire el futuro de la estación solo tres días después de que la DGA y la empresa llegaran a un acuerdo para salvar la próxima temporada de esquí. La Agencia Tributaria comunicó este lunes una diligencia de embargo por un importe de casi 950.000 euros y solicitó información al ‘holding’ aragonés de la nieve, Aramón, sobre el contrato de alquiler de Candanchú, pactado el pasado viernes con el único objetivo de garantizar la apertura de las instalaciones ante la grave situación económica y financiera que atraviesa la concesionaria.
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La Agencia Tributaria le reclama una deuda de casi 950.000 euros y la concesionaria pretende negociar un aplazamiento La DGA condiciona el acuerdo de alquiler que permitiría abrir a la resolución del conflicto económico
Un nuevo embargo a la concesionaria de Candanchú, Etuksa, deja en el aire el futuro de la estación solo tres días después de que la DGA y la empresa llegaran a un acuerdo para salvar la próxima temporada de esquí. La Agencia Tributaria comunicó ayer una diligencia de embargo por un importe de casi 950.000 euros y solicitó información al ‘holding’ aragonés de la nieve, Aramón, sobre el contrato de alquiler de Candanchú, pactado el pasado viernes con el único objetivo de garantizar la apertura de las instalaciones ante la grave situación económica y financiera que atraviesa la concesionaria.
Los responsables de Candanchú confían ahora en lograr un aplazamiento del pago de la deuda con Hacienda, de forma que se pueda salvar el importe del contrato de alquiler aún pendiente de firma con Aramón. «Nos vamos a personar para solicitar un aplazamiento, algo que se hace de forma ordinaria», aseguró el director, Eduardo Roldán.
Este aplazamiento es imprescindible para reconducir la situación de la estación invernal, ya que el Gobierno de Aragón condiciona la firma del contrato de arrendamiento por un año a que se despejen los problemas económicos de Etuksa con la Agencia Tributaria, según confirmaron fuentes oficiales de la DGA.
Su postura es muy fácil de explicar. La presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, y el consejero de Presidencia, Roberto Bermúdez de Castro, pactaron el pasado viernes con el director de Candanchú que Aramón asuma la gestión de la estación durante un año, para lo que se iba a firmar un contrato de alquiler por 690.000 euros. Y no es una cifra cualquiera, sino el dinero necesario para que Etuksa salde la deuda contraída con los trabajadores, que no cobran sus nóminas desde el verano, y con Endesa, que cortó la luz. También cubriría los gastos imprescindibles para la puesta en servicio de las instalaciones.
Si la Agencia Tributaria no concede el aplazamiento y se firma el contrato, el dinero del alquiler iría a parar a las arcas estatales para saldar parte de la deuda de Candanchú. De esta forma, la DGA no lograría el objetivo de salvar la estación del cierre, salvo que pusiera otros 690.000 euros. Y a esta inyección extra no están dispuestos en el ‘holding’ de la nieve, participado a partes iguales por el Ejecutivo autonómico e Ibercaja.
Además, se desconoce si pueden aflorar más acreedores que, sabedores del contrato de alquiler, puedan reclamar su deuda con nuevos embargos. En la lista hay varios proveedores, según fuentes de la propia estación. Al Gobierno aragonés también le debe los impuestos ambientales.
De momento, es pública una «anotación de embargo» sobre una finca de la estación, promovida por la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Tesorería General de la Seguridad Social, «en reclamación de 153. 500,71 euros de principal». Así consta en las últimas cuentas presentadas por la empresa concesionaria, Etuksa, las de la temporada 2010-2011.
El director de Candanchú no pudo ocultar su sorpresa por la diligencia de la Unidad de Recaudación de la Agencia Tributaria, ya que comunicó la diligencia de embargo solo 72 horas después de que se hiciera público el acuerdo de arrendamiento. «La velocidad con la que actúa Hacienda es incontrolable. Han reaccionado en minutos tras anunciarse la operación», señaló.
Eduardo Roldán manifestó que la diligencia de embargo le fue comunicada ayer por la mañana al grupo Aramón, al que la Agencia Tributaria le hizo un requerimiento de información del contrato de alquiler aún pendiente de firma.
Las últimas cuentas presentadas por la concesionaria de Candanchú, correspondientes a la temporada 2010-2011, ya reflejaban una anotación de embargo sobre una finca. En este caso, promovida por la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Tesorería General de la Seguridad Social «en reclamación de 153.500,71 euros de principal».
La primera medida para reducir los 6 millones de déficit previstos en 2012/13 ha sido acabar con los forfaits gratis a los vecinos, que abonarán el 50%
El consejero de Presidencia, Roberto Bermúdez de Castro, aseguró que la DGA seguirá planteando al grupo Aramón la necesidad de «ajustar gastos» y evitar así el déficit de seis millones de euros previstos en el borrador presupuestario para la campaña 2012-2013. La misma petición fue transmitida por el otro socio de la empresa, Ibercaja, en el consejo de administración al que se llevaron las cuentas hace ahora una mes.
En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la DGA hizo hincapié en que se ajusten los gastos para lograr beneficios «en el más corto plazo posible», que la propia empresa prevé en un plazo de dos años. La primera medida adoptada por la empresa mixta fue limitar los abonos gratuitos de los que ahora se beneficiaban los vecinos de las estaciones, que ahora tendrán que pagar la mitad.
El anunció ha generado rechazo en los valles y la dirección de Aramón mantiene contactos con los alcaldes para acercar posturas. La rebaja en los abonos es una de las medidas de reducción de costes que se recoge en el estudio encargado hace unosmeses a la consultora Price Waterhouse Coopers.
Bermúdez de Castro recordó que la carga financiera es «muy importante». Solo las amortizaciones ascenderán en 2012-2013 a unos trece millones y se deberán desembolsar otros seis para atender los requerimientos con las entidades financieras, a las que se adeudaba 88,8 millones la pasada primavera.