Montanuy pide a la dga que agote la vía judicial en defensa de su plan urbanístico

El Ayuntamiento de Montanuy y un colectivo de vecinos agrupados en la Asociación para el Desarrollo de la Montaña han pedido al Gobierno de Aragón que recurra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que declaró nulo «de pleno derecho» su Plan General de Ordenación Urbana. En esta norma urbanística se enmarcaba la proyectada ampliación de la estación de esquí de Cerler por Castanesa. «Estos valles merecen un futuro mejor, lejos de la despoblación a la que se ven abocados sin remisión», indicaron fuentes vecinales. MONTANUY. El municipio de Montanuy no está dispuesto a tirar la toalla y sigue empeñado en el desarrollo urbanístico de sus 17 núcleos, la mayoría a punto de despoblarse. El Ayuntamiento y una asociación de vecinos piden al Gobierno de Aragón que recurra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que declaró «la nulidad de pleno derecho» del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), un plan vinculado a la ampliación de la estación de Cerler por el valle de Castanesa, con los consiguientes usos residenciales (un máximo de 2.545 viviendas) y hoteleros.

El TSJA notificó el jueves la sentencia que estimaba el recurso interpuesto por Naturaleza Rural, otra asociación vecinal, contra los acuerdos de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Huesca de 2008 que aprobaron el plan. Como parte demandada figura la DGA y como codemandados el Ayuntamiento de Montanuy, 17 propietarios y la mercantil Castanesa Nieve, una sociedad creada por el ‘holding’ Aramón para la compra del suelo recalificado y la reinversión de las plusvalías en las pistas de esquí.

El Ayuntamiento espera que el Ejecutivo autonómico dé el primer paso, «porque contra él va la sentencia» como principal demandado, señaló el alcalde. José María Agullana cree que lo mejor sería «ir de la mano», pero si no es así, el Ayuntamiento acudirá al Tribunal Supremo. De momento, ya ha pedido un dictamen a su abogado para conocer el alcance de la sentencia y las posibilidades del recurso de casación. Ayer recibió la llamada del consejero de Presidencia, Roberto Bermúdez de Castro, que a su vez es presidente de Aramón. «Fue nuestro primer contacto con la nueva dirección de Aramón», precisó.

El grupo de la nieve compró 180,2 hectáreas en el municipio, de las cuales 44,3 son suelos recalificados. Para el lunes ha convocado un consejo de administración, con este tema como único punto del orden del día. En él decidirá si recurre y en qué situación contable quedan esos activos, por lo que pagó 20,9 millones de euros.

Un fallo «claro y contundente»

Javier González Migueláñez, abogado de Montanuy, se mostró partidario de recurrir «salvo que el Ayuntamiento diga lo contrario». Según este letrado, el fallo es «claro, rotundo y de gran trascendencia», ya que declara la nulidad total del plan. Sin embargo, ve posibilidades de sacar adelante el recurso porque el TSJA ha hilado «muy fino» en la interpretación de la ley y «se ha excedido en su cautela».

Este tribunal dictaminó que el PGOU debió someterse a la llamada «evaluación ambiental estratégica», como marcaba una directiva europea de 2001 para examinar los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, directiva que fue traspuesta a la legislación española en abril de 2006. Sin embargo, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), atendiendo a la norma aragonesa, no lo consideró oportuno y dijo que su aplicación era «inviable» porque el PGOU ya se había iniciado en el año 2004.

El Supremo, explicó González Migueláñez, podría tardar un máximo de 3 años en resolver la casación. Otra opción, más rápida, sería volver a tramitar el PGOU y someterlo a evaluación ambiental, un procedimiento que dura entre 12 a 15 meses, atendiendo a los plazos mínimos legales.

También la Asociación para el Desarrollo de la Montaña (ADM), formada por vecinos de Montanuy y otros dos municipios de la zona –de la que forman parte algunos de los 17 vecinos que comparecieron en el proceso judicial apoyando al Ayuntamiento–, instó ayer al Gobierno autonómico a recurrir la sentencia porque el plan urbanístico es «imprescindible» para garantizar la vida en estos pueblos. «Estos valles merecen un futuro mejor, lejos de la despoblación a la que se ven abocados», señalaron en un comunicado. Además, mostraron su desacuerdo con Naturaleza Viva, asociación demandante, a la que acusaron de pretender hablar en nombre de los vecinos y propietarios del valle de Castanesa, «cuando está sustentada por no más de nueve personas».

SUELO URBANIZABLE 50,9

El PGOU recalifica 50,9 hectáreas distribuidas de manera discontinua entre los distintos núcleos. La mayor parte, 19,4 en Casa de Arro, la zona donde se sitúa el Ayuntamiento.

VIVIENDAS 2.545

La densidad es de 50 viviendas/ha, con un máximo de 2.545 unidades. El plan parcial definiría un mínimo del 25% de techo edificable para VPO y uso hostelero.

LOS APARCAMIENTOS 1.900

El plan especial de infraestructuras vinculado a la ampliación preveía un parquin de 400 plazas en Fonchanina y otro de 1.500 en el núcleo Ayuntamiento.


Pueblos en vías de extinción

La anulación judicial del plan urbanístico supone un duro golpe para los habitantes de Montanuy, que desde hace años ven cómo los valles cercanos crecen a la sombra de las estaciones de esquí

En esta época del año, con la nieve cubriendo el paisaje, la mayor parte de los 17 núcleos que conforman el municipio de Montanuy son pueblos fantasma donde es imposible encontrar en la calle a algún vecino que pueda opinar sobre el revés judicial. Los ocupantes de las pocas casas habitadas pasan el invierno allí donde están los servicios, en Pont de Suert o en Vilaller, en la provincia de Lérida. El Ayuntamiento calcula que en 10 años, por evolución vegetativa, solo quedarán habitados tres. El único residente fijo de Fonchanina murió hace un año, y en otros ya no se habla de cuántas familias hay sino de cuántos individuos.

Los 250 empadronados se reparten por Aneto, Bono, Estet, Forcat, Viñal, Ginaste, Montanuy, Escané, Benifons, Erbera, Ardanuy, Castanesa, Fonchanina, Noales, Castarné, Ribera y Señiu. En este último residen 13, y la convivencia no es fácil: comparten el pequeño casco urbano miembros de Naturaleza Viva, la asociación que instó el recurso, y otros que se opusieron a él activamente.

En este municipio, al oír hablar de la ampliación de Cerler se piensa en la floreciente industria de la nieve de los valles vecinos. «Solo aspiramos a tener pueblos de 300 habitantes, no megaurbanizaciones», aseguran, recordando además que los suelos recalificados, por prescripción del propio plan, solo se pueden desarrollar si se ejecuta el proyecto de Cerler. Mientras esto no ocurra, ni un movimiento de tierra. «La ampliación puede llevarse a cabo sin el PGOU de Montanuy, solo necesitaría un inversor para no tener que recurrir a las plusvalías urbanísticas, pero Montanuy no puede crecer sin las pistas», comenta un político de la zona.

«Aquí nadie se ha hecho rico. Los que vendieron y tenían ganado siguen con las vacas, no se han comprado un chalé para irse fuera», afirma la teniente de alcalde Laura Vigo. Ganadero es precisamente José Vicente Joaniquet, vecino de Aneto, uno de los 17 particulares que se personaron en el recurso y que apoya el plan. Y eso que él pidió la recalificación de una finca pero le fue denegada. «La única alternativa para nosotros era la nieve, hacia eso se había enfocado, porque en esta zona solo tenemos la ganadería y de ella no se puede vivir en exclusiva», señala este joven que completa sus ingresos con un taxi. «Buena parte de la gente que está en contra es porque ya tiene la vida arreglada. Deberían mirar al futuro. Esto no es para hoy ni para mañana sino para un horizonte de 20 años».

Joaniquet es uno del centenar de miembros de la Asociación por el Desarrollo de la Montaña, que agrupa a Montanuy, Bonansa y Laspaúles, lo mismo que Esther Cereza. Para ella, la anulación judicial «es una desgracia». «Si hay que rectificar algo, que se haga; si hay que hacer un estudio ambiental, que se haga; pero que esta zona pueda crecer, lo mismo que los valles vecinos», dice indignada. Montanuy linda al norte con el valle de Arán y la gran estación de Baqueira-Beret; al este, con Boí Tahüll; y al oeste, con el valle de Benasque, cuyas pistas aspiran a tener más cerca gracias al proyecto de ampliación.

 EL COSTE DEL PROYECTO

La compra de parcelas. Aramón invirtió 20,9 millones de euros en los terrenos. Hubo tres operaciones para la compra de 44,3, 43,9 y 92 hectáreas. Solo las primeras son de suelo urbanizable, el resto corresponde a la otra parte de las fincas catastrales excluida de la calificación pero que los propietarios también pidieron vender para no segregarlas. Los honorarios del arquitec

to. El arquitecto Norman Foster diseñó el edificio estrella del nuevo dominio esquiable, donde llegaba la telecabina de Fonchanina. Su estudio, Foster+Partners, tenía además otros encargos. En total, 4,2 millones. No eran solo diseños sino verdaderos proyectos constructivos, como exigía la declaración de interés general. Algunas fuentes apuntaron que falta por pagar la dirección facultativa de las obras, incluida en esos emolumentos. Hay que añadir gastos de otros estudios y pro-

yectos, hasta sumar un total de 8 millones. Alquiler del dominio esquia

ble. Se han pagado 3 millones de euros por el alquiler del suelo donde iban a ir las pistas. Unas 1.000 hectáreas comunales de la junta de vecinos de la montaña de Castanesa. Un contrato con Aramón a 50 años, del que únicamente se pagaron los 5 primeros al no haber empezado las obras, tal y como establecía una cláusula.

El Inaga despachó en dos folios el informe «favorable» al nuevo planeamiento urbanístico

El informe emitido por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) sobre el plan de Montanuy, en el que se basa la sentencia que echa atrás el PGOU, se resolvió en dos folios y concluyó con una calificación de «favorable». Este organismo del Gobierno de Aragón consideró «inviable» someter el planeamiento al procedimiento de evaluación ambiental debido a su avanzado estado de tramitación.

Para ello se apoyó en la Ley 9/2006 que obligaba a la evaluación de determinados planes. Esta norma contemplaba una excepción para aquellos cuyo primer acto formal fuera anterior al 21 de julio de 2004: cuando la administración pública competente, es decir, el Inaga, «decida, caso por caso y de forma motivada, que ello es inviable».

El PGOU de Montanuy se inició antes del 21 de julio de 2004, concretamente el 17 de mayo, cuando el pleno decidió encargar la redacción a dos arquitectos. La aprobación inicial se hizo el 30 de agosto de 2006 y estuvo en información pública del 18 de septiembre al 19 de octubre.

El TSJA dice que no alcanza a comprender las razones de esa inviabilidad, cuando ni tan siquiera se había procedido a la aprobación provisional del PGOU. «Cuando se requiere el informe al Inaga en septiembre de 2006, la tramitación se encontraba en sus primeros momentos», y por tanto «nada impedía en aquel momento llevar a cabo la evaluación ambiental requerida».

El documento del Inaga, fechado en enero de 2007 y firmado por el entonces director, Carlos Ontañón, analiza someramente en qué consiste el planeamiento y dónde se localiza. Dice que afecta sobre todo a terrenos de uso agrícola constituidos por prados de siega y lo condiciona a cuatro puntos: el proyecto del polígono industrial puede verse sometido a evaluación ambiental; esta es preceptiva para los planes parciales que desarrollen el PGOU, caso por caso; debe mantenerse el trazado de las vías pecuarias; y respetar la vegetación natural de los cursos de agua y la arbórea.

HAN DICHO

«El Gobierno va a esperar a tener el informe de los servicios jurídicos y a la vista de este, tomará decisiones políticas»

ANTONIO TORRES Portavoz del PP en las Cortes

«Lamento que, por circunstancias, la Justicia haya derrumbado el proyecto, ideado con la sana intención de desarrollar el territorio»

JAVIER LAMBÁN Secretario general del PSOE-Aragón

«Hay que estudiar el recurso. Era una buena oportunidad de desarrollo equilibrado del valle, social, territorial y ambientalmente»

ROQUE VICENTE Coordinador comarcal del PAR en la Ribagorza

«Pedimos al Gobierno que reconsidere su intención de recurrir y se ponga del lado de la sociedad civil, porque es una salvajada»

LUIS ÁNGEL ROMERO Diputado de IU en las Cortes

«Recurrir supondría que el Gobierno, que se escuda en que era un proyecto del anterior, es cómplice de la voluntad de arrasar el monte»

JOSÉ LUIS SORO Portavoz de CHA en las Cortes

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