«la razón» denuncia el boom urbanístico de la alta montaña de aramón

«Boom» urbanístico en la alta montaña

Las ampliaciones de las estaciones de esquí disparan el negocio de la construcción

Por Clemente Álvarez

Hace unos días, las excavadoras entraron por primera vez en el valle pirenaico de Espelunciecha y comenzaron a arrasar un paraje que hasta entonces se había mantenido casi intacto para proceder a la ampliación de la estación de esquí de Formigal. Muchos de los vecinos de los pueblos cercanos han visto simbolizada en estas máquinas la promesa de progreso y riqueza. Sin embargo, otros muchos habitantes, ecologistas y montañeros han puesto el grito en el cielo, no ya sólo por la «profanación» de este precioso valle, sino sobre todo por lo que consideran que supone la llegada a las montañas españolas de un fenómeno tan temido como conocido en otras partes del país: la especulación urbanística más salvaje.
Según alertó la semana pasada en Madrid una delegación de diferentes plataformas en defensa de las montañas, las excavadoras de Espelunciecha son en realidad una simple avanzadilla de otras muchas máquinas que se adentrarán pronto en las sierras turolenses de Javalambre y Gúdar, en los montes cantábricos del puerto de San Glorio, en las laderas de Sierra Nevada y en macizos pirenaicos de Navarra, Aragón y Cataluña. Sin duda, un auténtico «boom» de proyectos de ampliaciones y nuevas estaciones de esquí que comparten un denominador común: todas van asociados a la construcción de centros comerciales, hoteles, aparcamientos, urbanizaciones e incluso campos de golf. De momento, según estas plataformas sociales, el precio del suelo se ha disparado en algunas zonas de montaña y el metro cuadrado en Baqueira Beret o en Sierra Nevada puede llegar a costar más de 3.000 euros, más que el precio medio del metro cuadrado en Madrid capital. De hecho, la construcción en primera línea de nieve resulta ya entre un 5 y un 7 por ciento más rentable que en la de playa.

Alarma por el proyecto de Aragón de duplicar las pistas de esquí

«Después de la especulación urbanística en la costa y en el interior, ya sólo quedaban las montañas», comenta Theo Oberhuber, coordinador general de Ecologistas en Acción, que asegura que «la construcción en estas zonas es ahora mismo el mayor negocio del país».
Según destacan los representantes de las distintas plataformas de protesta aparecidas en España como respuesta a este nuevo fenómeno, la punta del iceberg son las numerosas ampliaciones de estaciones de esquí proyectadas en todo el territorio nacional, pues todavía peor que estas actuaciones son los grandes proyectos urbanísticos de los que van acompañados.
«Yo mismo soy esquiador, no tengo nada especial contra este deporte», subraya Mariano Polanco, de la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón, «el problema es que si una estación de esquí no lleva asociado un proyecto urbanístico no puede ser rentable económicamente».
Sólo algunas cifras: En la estación leonesa de San Isidro se van a construir 2.500 viviendas, cerca de diez hoteles, un centro comercial y un palacio de deportes. En Baqueira Beret, ya en Pirineos, un área residencial con 500 viviendas, tres hoteles, 2.000 plazas de aparcamiento y una zona comercial. En la estación de Panticosa, una urbanización de 250 chalets. En Jaca, 90 apartamentos. En Sallent de Gállego, 600 apartamentos turísticos, hoteles y espacios comerciales. Y en Sierra Nevada, 300 nuevas viviendas.
El caso de Aragón es especialmente significativo. Allí, cuenta Polanco, ha sido el propio Gobierno autonómico del PSOE y el PAR el que ha creado junto a Ibercaja una empresa específica, Aramón (Montañas de Aragón, S.A.), para llevar a cabo la ampliación de sus estaciones de esquí. El objetivo de partida consiste en dedicar 216 millones de euros en duplicar la superficie esquiable de las montañas aragonesas, pero en algún ocasión sus responsables han dado a entender que su pretensión es ir incluso más lejos.
Paradójicamente, la plataforma aragonesa ha denunciado que justo la persona que debe velar por que todos estos proyectos respeten el entorno natural, el consejero de Medio Ambiente aragonés Alfredo Boné, fue uno de los fundadores y primer presidente de la empresa Aramón. Y, ya de momento, el Gobierno aragonés ha presentado un anteproyecto de una nueva Ley del Suelo en el que, según Polanco, se abre la puerta a la construcción en suelos protegidos de alta montaña.
«Las montañas son patrimonio de todos los ciudadanos», destaca Mario Rodríguez, de Greenpeace, que lamenta que sean las propias administraciones las que, en lugar de velar por su conservación, faciliten que unos pocos especulen con ellas.
Las ampliaciones proyectadas afectan a los valles pirenaicos de Espelunciecha, Ardonés, Balberdera y Castanesa, pero también a las sierras turolenses de Gúdar y Javalambre, siendo esta última considerada por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN) como uno de los tres núcleos de alta prioridad botánica mundial que hay en España junto a los Pirineos y Sierra Nevada.
Otro ejemplo también muy llamativo se ha dado en Navarra y de nuevo por la actuación de la Administarción. Según las plataformas en defensa de las montañas, en la Comunidad Foral se ha descatalogado parte de la Reserva Natural de Larra, en el Valle del Roncal, para que espacios de gran interés hasta ahora protegidos puedan ser ocupados por nuevas pistas de esquí de fondo. Por pistas de esquí de fondo y, como no, por dos nuevos refugios y un aparcamiento ampliado.
Del mismo modo, ha resultado igual de sorprendente la presentación por parte de un consorcio de empresarios, denominado Tres Provincias S.A., de un proyecto para construir una macroestación de esquí junto al Puerto de San Glorio, en la Cordillera Cantábrica, que se extendería por las tres vertientes del macizo de Fuentes Carrionas, la cantábrica, la leonesa y la palentina. La intención de estos empresarios es invertir 74 millones de euros para construir 80 kilómetros de pistas e infraestructuras para atender a unos 30.000 esquiadores a la hora. La pega es que un gran porcentaje de los terrenos sobre los que se asentaría la estación están dentro de los límites del Parque Regional de Picos de Europa y del Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuentes del Cobre, y también incluidos en la futura Red Natura 2000, pues tiene un valor altísimo para especies amenazadas como el urogallo o el oso pardo.
Como en el caso anterior, los promotores ya han pedido que se recorte estos espacios protegidos para que no se conviertan en un «problema», y muchos alcaldes de la zona se han mostrado partidarios de la propuesta esperanzados en que la futura estación de esquí impulse el desarrollo de la región.
El derecho de estas poblaciones aisladas en las montañas a crecer tanto como el resto del país suele ser el argumento principal para justificar las ampliaciones. Y nadie niega que la construcción de estas infraestructuras pueda mejorar la economía de los montañeses. Pero, ¿vale todo?
«Nosotros no estamos en contra del desarrollo socioeconómico de las comarcas», señala la portavoz de la Sociedad Española de Ornitología, Carlota Viada, «pero queremos que se busquen otras vías de desarrollo más sostenibles». Algunas alternativas, comenta la ornitóloga, pueden ser las explotaciones forestales, el turismo rural o el deporte de aventura, que se ha demostrado que han valido para impulsar otros municipios de Pirineos o la Cordillera Cantábrica.
Además, las organizaciones ecologistas recuerdan que las nuevas pistas de esquí pueden tener puesta su fecha de caducidad antes de construirse por culpa del cambio climático. «Hay que preguntarse dónde se quedará la cota de nieve en el futuro por el calentamiento de la Tierra, estas ampliaciones son pan para hoy y hambre para mañana», recalca Mario Rodríguez.
Por su parte, la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (Fedme) –que representa al colectivo de los montañeros– no ha suscrito el Manifiesto en Defensa de las Montañas firmado por todas plataformas y organizaciones ecologistas por diversas discrepancias en Aragón, pero comparte la mayor parte de las reivindicaciones de estos. Carlos Ferrís, coordinador del recién creado Consejo Asesor Científico de las Montañas de la Fedme, considera que lo que está pasando con las estaciones de esquí es lo mismo que ocurre con los campos de golf en el litoral. «Hay que reflexionar si todos estos proyectos tienen sentido, creemos que las administraciones deben tener coherencia, pues no se puede pedir protección para algunos espacios y quitársela a otros», afirma.
Ferrís entiende que habría que repasar caso por caso para determinar el impacto de cada estación. No obstante, esta seguro de que, aunque pueda haber algún proyecto cuya viabilidad sea más discutible, hay otros que se caen por su propio peso. «La federación española no es un grupo ecologista, pues no dejamos de ser usuarios de las montañas», asegura, «pero sí es cierto que detrás de todo esto hay un tema urbanístico, pues realmente la rentabilidad no puede venir de una estación de esquí por sí sola».
En medio de las protestas y el ruido de las máquinas excavadoras que ya han comenzado a trabajar en Espelunciecha, los representantes de las plataformas han solicitado una moratoria de las ampliaciones para poder dialogar todas las partes interesadas. Según Theo Oberhuber, «es imprescindible dialogar para ver qué tipo de desarrollo queremos para las montañas y cuáles son los intereses verdaderos de estas ampliaciones». «Con casi mil kilómetros esquiables, nuestro país tiene suficientes pistas de esquí, hoteles e infraestructuras».
Además, estos colectivos –que han pedido reunirse con la ministra de Medio Ambiente– reclaman la elaboración de una Ley específica para las montañas que regule el desarrollo urbanístico en estas zonas, tal y como existe una para las Costas, y la aprobación de la Carta de las Montañas iniciada hace dos años con motivo del Año Internacional de las Montañas.

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