EL MUNDO

 Los diez azotes de Auken al ladrillo español

MADRID.- La diputada danesa de Los Verdes Margrete Auken ha lanzado todo un ‘yo acuso’ contra las autoridades españolas y europeas. Su informe -con tantos ‘considerandos’ como letras tiene el alfabeto- critica tanto la desidia de las autoridades durante la última década, como las últimas decisiones adoptadas por el Ministerio de Medio Ambiente, arbitrarias en el caso de las demoliciones de viviendas, especialmente de extranjeros.

«La Comisión no ha actuado con la suficiente firmeza», afirma el texto debatido hoy en el Parlamento Europeo, mientras que los poderes públicos locales han pecado de avaricia y atentado contra los principios y los valores que definen a los europeos, y contra la propia Constitución Española.

El apoyo masivo a su informe de los parlamentarios europeos, donde el PSOE se ha abstenido obliga ahora a la Comisión Europea a poner cartas en el asunto.

Estos son los puntos más críticos del informe de la eurodiputada danesa:

• 1. Recalificaciones interesadas. Auken denuncia que las sucesivas visitas realizadas por delegaciones europeas a España «han indicado que, con frecuencia, muchas autoridades locales y regionales malinterpretan gravemente los objetivos (no solo en las regiones costeras) a la hora de proponer o acordar programas urbanísticos extensos». Así, «la mayoría de los planes urbanísticos denunciados conllevan la reclasificación de suelo rural a suelo urbanizable, para el provecho económico considerable del agente urbanizador y el promotor», habiendo muchos «terrenos protegidos, o terrenos que deberían protegerse en vista de su vulnerable biodiversidad, que se desclasifican y reclasifican, o no se clasifican en absoluto, precisamente para permitir la urbanización de la zona en cuestión».
• 2. Ciudadanos, víctimas económicas. A esos planes urbanísticos están «sometidos miles de ciudadanos de la UE», que «se han visto obligados a pagar el coste arbitrario de proyectos de infraestructuras a menudo no deseadas e innecesarias que afectaban directamente a sus derechos a la propiedad y que han acabado en catástrofe financiera y emocional para muchas familias».
• 3. Buena fe vs pocos escrúpulos. «Miles de ciudadanos europeos -dice el texto-, en diferentes circunstancias, han adquirido propiedades en España de buena fe, actuando conjuntamente con abogados locales, urbanistas y arquitectos, sólo para descubrir más adelante que han sido víctimas de abusos urbanísticos cometidos por autoridades locales poco escrupulosas y que, en consecuencia, sus propiedades se enfrentan a la demolición».
• 4. Las islas, aniquiladas por la especulación. «Las islas y las zonas costeras mediterráneas de España han sufrido una destrucción masiva en la última década, ya que el cemento y el hormigón han saturado esas regiones […]lo que constituye una pérdida trágica e irreparable de su identidad y legado culturales, así como de su integridad medioambiental, y todo ello principalmente por la avaricia y la conducta especulativa de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción que han conseguido sacar beneficios masivos de estas actividades, la mayoría de los cuales se han exportado.
• Modelo expoliador El modelo de crecimiento español es «expoliador de los bienes culturales, destruye valores y señas de identidad undamentales de la diversidad cultural española, destruyendo yacimientos arqueológicos, edificios y lugares de interés cultural, así como su entorno natural y paisajístico».
• 6. Se siguen vendiendo casas ‘ilegales’. «Los agentes inmobiliarios de los Estados miembros, como los del Reino Unido, y otros prestadores de servicios relacionados con el mercado inmobiliario en España, siguen poniendo a la venta propiedades en urbanizaciones nuevas, a pesar de que tienen necesariamente conocimiento de que existe una posibilidad evidente de que el proyecto en cuestión no se termine o no se construya.
• 7. La Ley de Costas ignorada. «Las autoridades españolas aprobaron unas instrucciones relativas a la aplicación de la Ley de Costas de 1988, ignorada durante muchos años, a lo largo de los cuales se produjeron grandes daños medioambientales en las zonas costeras españolas».
• 8. Demoliciones arbitrarias. Auken manifiesta preocupación porque las soluciones del ejecutivo español «no proporcionan unas medidas de ejecución claras para las autoridades regionales y locales implicadas» , y que «muchas de las nuevas peticiones recibidas atestiguan el carácter retroactivo de las instrucciones y la destrucción o demolición arbitrarias de propiedades de particulares adquiridas legítimamente» y que «los propietarios tienen la firme impresión de que se han establecido de forma arbitraria», a expensas de los propietarios extranjeros, como por ejemplo en la isla de Formentera».
• 9. Todas las administraciones, culpables. «Todas las administraciones, centrales, autonómicas y locales, han sido responsables de haber puesto en marcha un modelo de desarrollo insostenible, que ha tenido claramente gravísimas consecuencias, por supuesto medioambientales y, además, sociales y económicas».
• 10. Las sentencias no se cumplen. «Los procedimientos incoados siguen siendo lentos y que las sentencias dictadas en muchos de estos casos no se están ejecutando de forma que compensen a las víctimas de tales abusos».

La Eurocámara pide congelar los fondos a España si no acaba con los abusos urbanísticos

El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado hoy el informe Auken que exige que se congelen los fondos comunitarios para España hasta que se resuelvan los abusos urbanísticos denunciados en Bruselas por ciudadanos de varios países de la UE. La resolución, extremadamente dura con la situación urbanística de España, ha sido elaborada por la diputada verde danesa Margrete Auken, que pide suspender y revisar todos los nuevos planes que no respeten el medio ambiente y no garanticen el derecho a la propiedad. Exige además anular los desarrollos urbanísticos en curso que no se ajustan a la legislación comunitaria.

El pleno ha sacado adelante el informe, que no es vinculante, con 349 votos a favor, 110 en contra y 114 abstenciones. Se trata de la tercera vez que el pleno denuncia los abusos urbanísticos en España en la actual legislatura. La primera fue en diciembre de 2005 y la segunda en junio de 2007.

Los socialistas y populares españoles han propuesto dos resoluciones alternativas para rebajar el contenido, pero ambas han sido rechazadas. La del PP, por 393 votos en contra y solo 126 a favor. La del PSOE contaba en principio con el apoyo de todos los socialistas europeos, pero antes de la votación, el laborista británico Michael Cashman ha retirado retiraba su firma y ha solicitado que no se introdujeran cambios. Finalmente, la iniciativa del PSOE ha sido tumbada por 436 votos en contra y 72 a favor.

Corrupción endémica

«En España se ha generado una forma endémica de corrupción», señala el texto, que responsabiliza a todos los niveles de la administración de un modelo de «desarrollo insostenible». El informe indica además que las autoridades judiciales no están «debidamente preparadas» para dar respuesta a los abusos. «Las sentencias dictadas en muchos de estos casos no pueden ejecutarse de forma que compensen a las víctimas de tales abusos; ello ha reforzado la impresión, compartida por muchos ciudadanos de la UE de nacionalidad no española, acerca de la falta de actuación y parcialidad de la Justicia española». El informe manifiesta su «preocupación por la situación de la planificación urbana en Marbella, en Andalucía, donde se han construido ilegalmente decenas de miles de viviendas, que infringen probablemente la legislación comunitaria». Se señala además que existen urbanizaciones construidas en zonas protegidas por la red Natura 2000, como las urbanizaciones en Cabo de Gata (Almería) y Murcia.

El texto indica que la falta de «claridad, precisión y seguridad jurídica» en la legislación vigente en España en lo que se refiere al derecho de propiedad y la falta de una aplicación adecuada y coherente de la legislación medioambiental son las causas de muchos de los abusos urbanísticos. El informe insta a revisar «urgentemente» y a modificar la Ley de Costas «a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquellos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero». Además se exige a las autoridades españolas que desplieguen mecanismos para «agilizar el acceso a la Justicia y la indemnización a las víctimas de abusos urbanísticos en virtud de la aplicación de la legislación en vigor».