Informe auken: el documento también incluye otros puntos negros aragoneses
La primera denuncia presentada por IU y admitida en el informe aprobado ayer incluía otros proyectos urbanísticos desaforados en Aragón. En diciembre pasado este partido amplió esta denuncia con otros planes, como Gran Scala, Astún y Formigal actuaciones en Gúdar-Javalambre, Camarena de la Sierra y San Agustín, la ampliación desmedida del área metropolitana de Zaragoza en Villanueva de Gállego y Cuarte de Huerva, y la escasa reserva de suelo en la capital aragonesa. Junto a estos desarrollos urbanísticos, Izquierda Unida añadió el proyecto Gran Scala. Otras iniciativas denunciadas son:
PIRINEOS: Las obras para ampliar Cerler por la ronda del Isábena, en Castejón de Sos y por Ardonés, en Benasque. Además, incluye la construcción de una nueva estación en Castanesa junto al límite de la provincia con Lérida y la propia ampliación de Cerler por Aneto, en Montanuy. Estas obras incluyen, según la denuncia, tres campos de golf (Bisaurri, Bono y Coll d´Espina), edificios de servicios, carreteras y aparcamientos e incluso miniembalses para abastecimiento, en una zona con problemas de agua en verano. Se tendría que construir un teleférico de 50 millones de euros y varias telecabinas. Estos proyectos incluirían la construcción de un mínimo de 2.300 viviendas y establecimientos hoteleros con al menos 3.500 plazas, muchas de ellas de lujo y alto standing. También se denuncia la construcción en esos lugares de un centro termal, un complejo hípico, una pista de patinaje de hielo al aire libre y un centro deportivo.
EL SUR DE LA CAPITAL: Además, en la denuncia se alerta de que entre el cuarto cinturón, el límite de Pla-Za y la Base Aérea se establece un área de «suelos especiales no urbanizables» en la que podrían ir «una futura urbanización con miles de viviendas y polígonos industriales». Y se cita Valdespartera, Arcosur, Montes de Torrero, Pla-Za y PTR. En total, unas 3.000 hectáreas en el entorno del centro consolidado de Zaragoza.
IU APLAUDE LA APROBACIÓN DEL INFORME AUKEN
El Parlamento Europeo pide que anulen los desarrollos urbanísticos en curso que no se ajustan a la legislación, suspender los nuevos planes que no respeten el medio ambiente, además de congelar los fondos comunitarios para España hasta que no se resuelvan abusos urbanísticos denunciados
Zaragoza, 26 de marzo de 2009.- Izquierda Unida de Aragón aplaude la aprobación en el Pleno del Parlamento Europeo del Informe Auken, un documento sobre el impacto de la urbanización extensiva en España. El informe, que ha suscitado el apoyo de la ciudadanía española y europea, ha sido aprobado por 349 votos a favor y sólo 116 votos en contra.
El concreto, el Informe Auken exige que se congelen los fondos comunitarios para España hasta que se resuelvan los abusos urbanísticos denunciados en Bruselas por ciudadanos de varios países de la Unión Europea, anular los desarrollos urbanísticos en curso que no se ajustan a la legislación comunitaria, y pide suspender y revisar todos los nuevos planes que no respeten el medio ambiente y no garanticen el derecho a la propiedad.
El PP y el PSOE se han visto solos, ni tan siquiera apoyados por sus respectivos grupos en Europa. El británico Michael Cashman, vicepresidente de la Comisión de Peticiones y miembro del grupo socialista, pidió al inicio de la votación que se retirase su nombre de la propuesta alternativa que el PSOE había presentado. Para el eurodiputado de IU, Willy Meyer, “el gesto de Cashman ha escenificado el rechazo que los grupos parlamentarios europeos vienen anunciado frente a la actitud de sus colegas españoles, quienes se han empeñado en ocultar las responsabilidades de sus gobiernos a toda costa”.
Meyer, que ha participado desde el inicio en la elaboración del informe Auken, señala que “he defendido con decisión este informe porque pone de manifiesto la responsabilidad de todas las administraciones españolas, desde el Gobierno a las autoridades autonómicas y locales, en el desarrollo de un modelo económico basado en la especulación urbanística, devastador para el medioambiente, la economía y el desarrollo social de España.”
Por su parte, el Coordinador General de IU Aragón y portavoz parlamentario en las Cortes aragonesas, Adolfo Barrena, muestra su satisfacción porque “este informe recoge una parte de los daños colaterales del modelo de desarrollo aplicado en España, tanto por el PP como por el PSOE y porque evitará la especulación y la realización de muchos de los proyectos de urbanización que vulneran abiertamente la legislación”. “Es una buena noticia –continua- porque hoy se ha reconocido que éstos son los efectos de un modelo económico equivocado que exigen una respuesta política”.
A propuesta de Izquierda Unida, este informe insta al Gobierno Español a crear una Comisión de trabajo, donde participen todas las administraciones; un debate público sobre el desarrollo urbanístico, que permita tomar medidas legislativas contra la especulación y el desarrollo insostenible, poniendo fin a la “legislación a la carta”, que afecta a particularmente a las zonas costeras y a Comunidades como Madrid y Aragón. Willy Meyer afirma que “Izquierda Unida considera que el urbanismo en España es una cuestión de Estado que afecta a nuestro desarrollo económico, a nuestro sistema de justicia y a la transparencia de nuestras administraciones”.
Intervención de Meyer
El eurodiputado explicó en su intervención ante el Pleno del Europarlamento que «las administraciones españolas han dejado a un lado el interés general. Ejemplos claros son el modelo urbanístico de Aragón, donde zonas que deberían gozar de especial protección, como Pirineos o Castanesa, se ven devastadas por macroproyectos urbanísticos y donde la sumisión de su administración a los intereses de la empresa promotora del proyecto “Gran Scala”, se plasmó en una carta blanca poniendo todos los instrumentos legislativos y administrativos de la Comunidad a disposición de los intereses de esta empresa.” Meyer continuó diciendo que “esta misma situación, la vivimos a diario en Valencia, donde sus autoridades sin pudor alguno han declarado de “interés general” la Fórmula 1 a fin de justificar la construcción de un circuito que tiene graves consecuencias medioambientales, sin aportar ningún beneficio para los valencianos”.