La dga se plantea incumplir por tercera vez su promesa sobre la ley de la montaña

La ley de la montaña peligra de nuevo. El consejero de Política Territorial, Rogelio Silva, dudó ayer en el pleno de las Cortes de la necesidad de impulsar la normativa. A pesar de que la creación de un texto legal específico para el Pirineo es un compromiso pendiente desde 1999 de la coalición PSOE-PAR -en especial de Marcelino Iglesias-, Silva abrió la posibilidad de que el Ejecutivo vuelva a incumplir esta promesa por tercera vez.

La razón esgrimida por el aragonesista es que ya existe «mucha normativa sobre la protección de las montañas» que podría hacer innecesaria la nueva norma. Silva destacó que su departamento sigue trabajando «en esa posible ley», pero descartó aprobar un texto «con dos artículos» y aclaró que «si se lleva a las Cortes será porque hace falta y porque hay un anteproyecto coherente».

El responsable de Política Territorial del Ejecutivo hizo estas afirmaciones en respuesta a una interpelación de Chunta en la que Bizén Fuster le instó a aclarar si la DGA va a llevar a las Cortes un proyecto de ley de la montaña.

Silva respondió que la situación legislativa en ese ámbito es «tan desordenada y tan poco conocida» que mucha gente no se da cuenta de que existen «muchas medidas de protección y muchas normativas sobre la protección de las montañas». «Eso había que ordenarlo de alguna forma, y eso me llevó a tener diversas reuniones institucionales y también una con la Plataforma en Defensa de las Montañas», explicó el consejero.

El resultado de esas reuniones, según Silva, cuestiona la necesidad de crear una nueva norma específica. «No puedo decir que hay unas conclusiones firmadas, pero sí me atrevo a decir que en esas reuniones que hemos tenido, incluida la de la Plataforma, queda en duda si es necesaria una ley de comarcas de montaña».

El consejero de Política Territorial aclaró que los contactos mantenidos han puesto de manifiesto que sí hay una demanda de regular «el desarrollo de la nieve y las urbanizaciones». «Esos son los dos caballos de batalla», reconoció Silva antes de anunciar una nueva reunión con la Plataforma.

Las palabras de Silva pillaron por sorpresa a la parte socialista de la DGA. Sin embargo, fuentes de Presidencia confirmaron que el Ejecutivo baraja la posibilidad de no impulsar la ley de la montaña. Pese a que ser un compromiso pendiente desde hace una década, el Gobierno de Aragón dice ahora que en esta asunto «no hay ninguna idea preconcebida».

«En el tema de la ley de la montaña queremos poner en marcha un proceso similar al de los conflictos del agua -explicaron las mismas fuentes-. Se acaban de iniciar contactos con la Plataforma y con todos los demás sectores implicados, y el objetivo es buscar una solución por consenso que puede ser una ley, unas directrices o cualquier otra fórmula». Siempre según esta versión, lo que sí es seguro es que como mínimo se va a ordenar y a simplificar toda la normativa que afecta a las zonas de montaña.

Esta declaración de intenciones contrasta con lo sucedido en las tres últimas legislaturas. La coalición PSOE-PAR no solo no ha impulsado una ley de la montaña o del Pirineo, sino que en 2005 ni siquiera aceptó a trámite una iniciativa legislativa popular impulsada por la Plataforma en Defensa de las Montañas tras reunir más de 30.000 avales -el doble de los necesarios para que el texto fuera tomado en consideración-.

A finales de 2007, las organizaciones ecologistas reunieron otras 15.000 firmas para tratar de recuperar su propuesta. La Plataforma entregó esos apoyos en las Cortes y pidió comparecer en la comisión de Peticiones, pero un año después aún no ha recibido respuesta.

En cuanto a los contactos con todas las partes que ahora anuncia la DGA, a finales de 2007 ya se dijo que iba a haber reuniones, pero los encuentros acaban de iniciarse.


HERALDO DE ARAGON

 

PROTEGER LAS MONTAÑAS

Las montañas, especialmente los Pirineos, son para Aragón una riqueza natural insustituible y un potencial de desarrollo que hay que administrar con inteligencia y respeto. La elaboración de una ley que ordene las actividades que se realizan allí y proteja de manera coherente la montaña no es solo una promesa aún incumplida del Gobierno de Iglesias, sino una aspiración ciudadana

LA insinuación del consejero de Política Territorial en el sentido de que sería innecesaria una Ley de Montaña resulta decepcionante e injustificada. La elaboración de una ley específica para las zonas de montaña es, desde 1999, un compromiso pendiente del Gobierno de coalición que preside Marcelino Iglesias, que ha dejado transcurrir dos legislaturas y media sin cumplir su promesa. La alusión de Rogelio Silva parece indicar que, una vez más, se va a faltar a la palabra dada. Una ley de esas características es, sin embargo, imprescindible si se quiere proteger de manera adecuada un medio frágil y extremadamente valioso que está sometido a constantes presiones y si se han de armonizar acertadamente los distintos intereses que convergen allí. Que ya existan muchas normas relativas a la montaña no es una excusa, sino, si cabe, una razón más para organizarlas en una especializada que garantice coherencia y transparencia. El propio consejero reconoció que la situación legislativa al respecto es «desordenada». Pues debiera, entonces, ordenarse. Recuérdese, además, que esta ley es una aspiración ciudadana que movilizó a buena parte de la sociedad civil aragonesa en torno a una iniciativa legislativa popular que, en su momento, fue rechazada, pero cuya reivindicación permanece viva.

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