La dga anula el veto a edificar en el posets

El decreto modifica varios aspectos del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de la zona protegida. Entre ellos, deja sin efecto la prohibición taxativa de construir fuera de los cascos urbanos del parque y sus inmediaciones. Hasta ayer, únicamente estaba permitida, siempre con el visto bueno del patronato de la zona protegida, ampliar los refugios de montaña ya existentes cuando no rebasen «una superficie edificada de 50 metros cuadrados ni se superen dos pisos de altura». El documento hecho público ayer señala que esas limitaciones a la construcción desaparecen, lo que permitirá autorizar, «excepcionalmente», los proyectos de construcción «en los que concurran razones de utilidad pública o interés social que hayan sido previamente declaradas» por el propio Gobierno de Aragón.

Un portavoz del Departamento de Medio Ambiente de la DGA señaló que el levantamiento del veto permitirá únicamente construir un refugio de montaña en una zona considerada deficitaria en este tipo de instalaciones, reclamadas por la Federación de Montaña. También insistió en que tanto la consideración de «utilidad pública» como la de «interés social» requieren una declaración previa de la administración.

La modificación del PORN, a cuyo artículo 31 nadie presentó alegaciones, no sentó bien a los grupos conservacionistas. El vocal de Ecologistas en Acción en el patronato del parque pedirá explicaciones para saber por qué fue aprobada sin informar al organismo, que el año pasado no celebró su segunda reunión semestral. Fuentes de Ecologistas en Acción señalaron que, si bien la reforma se efectuó a instancias de la Federación de Montaña, consideran que la redacción del precepto, que calificaron de «ambigua», abre la puerta a todo tipo de edificaciones de carácter deportivo y turístico.

Los 613 kilómetros cuadrados del parque abarcan los términos municipales de Gistaín, Benasque, Montanuy, San Juan de Plan y Sahún. En los tres primeros municipios hay proyectadas grandes operaciones urbanísticas relacionadas con el esquí, todas ellas promovidas por Aramón, la empresa privada participada al 50% por el propio Gobierno de Aragón e Ibercaja. En Benasque está pendiente la ampliación de Cerler, que incluye erigir un hotel singular para financiar las obras; en Montanuy está proyectada la puesta en funcionamiento del complejo de Castanesa, la estación más oriental de Aragón, que competirá directamente con las catalanas de Boí-Tahull y Baqueira Beret; y, en Gistaín, las autoridades locales promueven un recinto invernal –el más elevado de la península tras Sierra Nevada– y estival con campos de golf cuya financiación está prevista mediante la comercialización de viviendas.

Las fuentes consultadas en Medio Ambiente insistieron en que la finalidad de la reforma no es abrir la puerta a este tipo de operaciones.

La modificación sigue eximiendo de la evaluación de impacto ambiental a las recalificaciones de suelo urbanizable de menos de cinco hectáreas. Sí deben pasar este trámite la creación de nuevas estaciones de esquí y sus ampliaciones.

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