El colectivo, «latente germen de la sociedad civil del valle de Benasque», emplaza «a la sociedad civil del Alto Aragón y a la opinión pública aragonesa a que utilicen la razón, que otros ignoran, y apoyen políticas de desarrollo real». En este sentido, propone alinearse con colectivos como la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón, el Instituto Pirenaico de Ecología, la Asociación Aqueras Montañas (Jaca), la Asociación Naturaleza Rural (Castanesa) o el Foro social de la Ribagorza porque «lejos de intereses particulares, son capaces de enriquecer los vínculos sociales y culturales de los pueblos impidiendo que éstos se conviertan en meros centros de vacaciones».
Acab remarca que las políticas del Gobierno de Aragón «se sustentan, todavía, en el ya fallido modelo de desarrollo urbanístico (culpable, en gran medida, de la crítica situación de la economía española), que genera beneficios especulativos a corto plazo, pero que dilapida cualquier opción de desarrollo social y económico». El colectivo reprocha que los «megaproyectos» que se impulsan no vertebran el territorio, ni dinamizan la economía o asientan población sino que generan «tensiones locales por la competencia desproporcionada que Aramón ejerce sobre la iniciativa privada, al abarcar cada vez más sectores a menor precio: urbanismo, alojamientos, restauración, actividades, deportes de aventura, temporada de verano, etcétera».
La asociación remarca que la montaña aragonesa sufre «el mal endémico de la falta de infraestructuras y servicios básicos». Considera prioritario que se inviertan los 389 millones de euros previstos para la ampliación de Castanesa, en toda la comarca ribagorzana en mejoras en educación, salud, servicios de emergencias, centros cívicos, cobertura de ADSL, teletrabajo, residencias de tercera edad, créditos y apoyo para Pymes, explotaciones ganaderas, turismo cultural y ambiental de calidad, desarrollo de biomasa forestal y energías renovables, reciclaje de residuos y depuradoras, alquileres de VPO o carreteras.