El pp pide retirar la ley urbanística; cha, la de ordenación; e iu, las dos
R. GOYENECHE. Zaragoza | La tramitación parlamentaria de las que pueden ser las leyes más importantes de la legislatura se antoja muy complicada. Los nuevos proyectos de interés general (que sustituyen a los supramunicipales), la ampliación de competencias de la DGA en materia urbanística, así como el momento y las formas empleadas para presentar los textos han conseguido unir a partidos políticos, sindicatos y colectivos sociales en el rechazo a los proyectos de ley de Urbanismo (LUA) y de Ordenación del Territorio (LOTA).
Todos los grupos parlamentarios en las Cortes de Aragón -salvo PSOE y PAR, que sustentan al Gobierno-, van a solicitar la devolución de los textos y han preparado más de medio millar de enmiendas más para presentarlas antes del próximo lunes, cuando concluye el plazo. A su vez, la Federación de Barrios, los grupos de defensa de la naturaleza y los sindicatos lamentan que la DGA haya «evitado el debate y la participación social» en unos proyectos de tanta «repercusión».
Los más críticos con las futuras normativas son los populares, que han preparado unas 400 enmiendas, y tienen previsto pedir la devolución de la LUA. Consideran que la normativa «atenta manifiestamente contra el principio de autonomía municipal». Por eso, abordarán el tema el próximo 8 de abril en la constitución de su Comité Territorial y no descartan posibles medidas para un futuro, en el caso de que la normativa salga aprobada en términos similares a los actuales tras el debate parlamentario.
Y es que la ley, por ejemplo, no sólo permite a la DGA actuar en todo tipo de suelo no urbanizable, incluso el de especial protección, a través de los llamados proyectos de interés general (para centros industriales, política de vivienda, grandes equipamientos públicos…), sino que le exime de solicitar licencia municipal para llevar a cabo esas operaciones, menos en el caso de la política de suelo. Además, tal y como censura el PP, las cesiones a los Ayuntamientos sólo se materializarán en cuanto éstos se hagan cargo de la urbanización, «sin haber podido participar activamente en el proceso».
«Concentración de poder»
Cree el PP, además, que la ley supone una importante «concentración de poder» en manos del consejero de turno y el director general de Urbanismo, ya que desaparecen el Consejo de Ordenación del Territorio y las Comisiones provinciales para temas urbanísticos. Y aunque se crea el Consejo Aragonés de Urbanismo, como órgano vinculante, sus competencias y composición queden indefinidas, a la espera de un posterior reglamento.
Este «cercenamiento» de los órganos de participación preocupa y mucho a Izquierda Unida, que ha pedido la devolución tanto de la LUA, como de la LOTA. Al igual que los populares, IU cree también que el Gobierno «se atribuye competencias que son propias de los Ayuntamientos».
La formación, que ha presentado 61 enmiendas a la LOTA y sigue preparando decenas para la LUA, considera además que ambas normas supondrán la «benidormización de la montaña» y la «marbellización de las zonas urbanas». «Vamos a hacer todo lo posible para que la DGA devuelva estas leyes, ya que apuestan por un urbanismo a la carta, con plusvalías que se reinvierten sin tener en cuenta el bien de la ciudadanía», señalan desde la formación.
Por su parte, Chunta va a solicitar la retirada de la LOTA por la utilización «desmedida» que recoge de la figura del interés general, «que vale para todo». Además, presentará unas 50 enmiendas al texto y otro centenar a la LUA. Opinan los nacionalistas que ésta última supone «una injerencia excesiva en las competencias municipales», aunque confían en «poder arreglar el texto» en el debate.
Las asociaciones de defensa de la naturaleza no ven tampoco con buenos ojos los proyectos de ley. Además de lamentar que la DGA no haya establecido medidas de participación para su elaboración, censuran que ninguna de las normas propuestas «resuelve el problema de la especulación» y lamentan que «se siga tratando el territorio como una suma de 760 municipios independientes y no como un todo». Pero entre sus mayores preocupaciones, figuran los nuevos proyectos de interés general, ya que podrán llevarse a cabo en todo tipo de suelos no urbanizables. «En la práctica no existirá ningún suelo protegido, ya que todos ellos serán susceptibles de ser ocupados superando ciertos trámites», aseguran.
También critican que se «vacíe de poder» al Consejo de Ordenación del Territorio en temas urbanísticos y proponen que, al menos, el COTA tenga entre sus competencias el emitir informes preceptivos sobre los Planes Generales de Ordenación Urbana de las tres capitales de provincia y sus modificaciones. «En todos esos casos, una ponencia técnica debería redactar un informe», señalan.
El sindicato CC OO no acaba de compartir tampoco la oportunidad de ambas leyes, cuando se está modificando la ley básica estatal en materia de Urbanismo. «La DGA tendría que haber esperado por el principio de prudencia, porque dependiendo de lo que ésta establezca, habrá que volver a modificar la autonómica», explican. Al igual que los grupos parlamentarios y los ecologistas, censuran también la figura del interés general, «amplísima» a su parecer y el «nulo esfuerzo realizado» para buscar un texto más consensuado.