El nuevo impuesto medioambiental sobre el esquí costará entre 1,7 y 2,5 millones al año a las estaciones

VILLANOVA/ S. CAMPO. Zaragoza/ Jaca | El impuesto ecológico sobre los tendidos y remontes de las estaciones de esquí que aplicará el Gobierno aragonés a partir del próximo año va a suponer un coste de explotación para los centros invernales difícil de soportar. De acuerdo a sus propios cálculos oficiosos, la tasa recaudará anualmente de los siete complejos invernales entre 1,7 y 2,5 millones de euros.

El grupo Montañas de Aragón (Aramón), participado al 50% por la DGA e Ibercaja, será quien más tenga que pagar. Entre un millón y un millón y medio de euros se verá obligado a desembolsar por sus cinco estaciones: Formigal, Panticosa, Cerler, Valdelinares y Javalambre. La campaña pasada, que fue mala, Aramón cosechó pérdidas. El grupo perdió un 27% de esquiadores en Formigal y un 42% en Cerler, sus dos pistas más importantes. La otra pirenaica, Panticosa, acumula números rojos desde hace un lustro y su continuidad está pendiente de un plan de inversión ligado a desarrollos urbanísticos.

El impuesto le supondrá cada año entre 400.000 y 600.000 euros a Candanchú y entre 300.000 y 450.000 a Astún, las dos estaciones del valle del Aragón, que están gestionadas por empresas privadas. Por lo que respecta a Candanchú, no hay datos disponibles, mientras que Astún registró el pasado ejercicio un modesto beneficio de 90.000 euros.

Ante este panorama, y dado que la tasa tiene carácter de coste de explotación fijo (no se cobra por esquiador, sino por extensión de tendidos), parece extraordinariamente complicado que las estaciones no la repercutan en sus clientes aumentando el precio de los pases y los abonos.

Esa medida, en todo caso, debería de producirse la próxima campaña, puesto que para la actual ya se han vendido los pases a un precio y no sería de recibo establecer una segunda tarifa en la misma temporada.

Aumento de los precios

Las estaciones calculan que el aumento de precios tendría que estar entre un euro y uno y medio. Aquí también se refleja el choque de una tasa fija en un negocio con una gran variabilidad de ingresos: ni siquiera se puede mesurar con cierta exactitud cuánto hay que subir los precios para equilibrar las cuentas con seguridad. El problema es que la DGA no quiere identificar el impuesto con ejemplos de fiscalización individualizada, como la ecotasa balear.

El consejero delegado de Aramón, Javier Blecua, afirma «entender conceptualmente el impuesto como una medida de sensibilización», aunque espera que «se pueda hacer una implantación gradual» y que «la tasa se ciña a los grandes remontes».

El director de Candanchú, Eduardo Roldán, es mucho más crítico con el tributo, que califica de «barbaridad» y que supone «una nueva vuelta de tuerca» a un sector «ya de por sí débil» y dependiente del clima. «El funcionamiento y mantenimiento de los remontes es complejo y depende de una tecnología cara y no es lógico que unas empresas tan frágiles como las nuestras, tengan que soportarlo», añade.

Roldán recalca que esta tasa repercutirá «en toda la economía del valle, que depende en gran medida de la nieve». Para Roldán, no hay «justificación posible» para este impuesto , cuando, según señala, «las estaciones asumen directamente sus obligaciones en materia de responsabilidad en temas de medio ambiente, y este tributo no se va a aplicar por igual a las empresas eléctricas, que también usan postes de tendido para transportar la energía».

«Están cometiendo una arbitrariedad, en Aragón se está perdiendo el tiempo en hacer cosas que no tienen sentido en el sector de la nieve y alguien tendrá que asumir esta responsabilidad», afirma. Asimismo el director de Candanchú critica que la medida se haya anunciado «por sorpresa», cuando la temporada ya está planificada y los precios anunciados.

Roldán está a la espera de que el Gobierno aragonés convoque una reunión para explicar cómo se plantea el tributo y cómo se recaudará, pero reconoce que si el proyecto sigue adelante «no tendremos más remedio que defendernos, presentando los recursos que tengan cabida y llegando a los tribunales si hace falta».

El director de Astún, Jesús Santacruz, califica la tasa de «incoherente». En su opinión, en vez de «castigar» a las estaciones con más tributos, lo lógico sería que las plusvalías que generan en los valles donde se asientan retornaran a los centros. «Al final, las empresas tendrán que repercutir, de una manera u otra, esos costes en los forfaits», concluye.

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