El grupo aramón pedirá responsabilidad patrimonial a los concejales de benasque

Esta decisión, que también podría afectar a otras votaciones relacionadas como la que tendrá lugar mañana miércoles, supone que la empresa mixta participada al 50% por la DGA e Ibercaja extrema la presión sobre el equipo de gobierno que encabeza el regionalista José Ignacio Abadías para que retire la declaración de litigiosidad de esos terrenos.

La petición de responsabilidades no podrá plantearse hasta que no exista una sentencia firme sobre la validez o no del acuerdo municipal tomado en mayo de 2007. No obstante, en el caso de que los tribunales den la razón a Aramón, los concejales que apoyaron -o que apoyen a partir de ahora- la declaración de litigiosidad de la unidad de ejecución 1 (UE1) de Cerler tendrían que responder con su patrimonio personal por los perjuicios que esta decisión ha acarreado a la empresa. Además, el grupo tampoco descarta pedir responsabilidad patrimonial al propio Ayuntamiento de Benasque como institución, otro supuesto que también contempla la ley.

La declaración de litigiosidad de la UE1 de Cerler tiene su origen en la demanda civil que los ex propietarios de los terrenos en los que se asienta la urbanización presentaron contra Aramón pidiendo la devolución de esas parcelas al estimar que los contratos firmados hace 40 años están resueltos por incumplimiento.

Una decisión muy polémica

Tras tener conocimiento de ese conflicto judicial, el equipo de gobierno del Consistorio benasqués tomó una decisión que en la práctica supuso bloquear las operaciones urbanísticas de Aramón en el valle y que fue muy polémica por las circunstancias en las que se produjo. El acuerdo se adoptó solo tres días antes de las últimas elecciones municipales -que dieron al PAR la mayoría absoluta-, y en la votación solo participaron tres de los nueve concejales del municipio.

Al pleno no acudieron los dos concejales del PSOE, uno del PP y otro del PAR. Además, de los cinco ediles que sí estaban, un representante popular y otro de los aragonesistas se ausentaron por estar implicados en la demanda civil, con lo que finalmente la litigiosidad salió adelante con solo dos votos a favor -el alcalde y una concejal del PAR- y una abstención -un edil del PP-.

Pese a todo, lo más controvertido de la decisión fue que se tomó en contra de lo expresado por los técnicos municipales. Varios escritos de los servicios jurídicos del Consistorio sostienen que no era necesario declarar litigiosa la reparcelación, pero el alcalde prefirió hacer caso a otro informe encargado por él mismo a un gabinete jurídico de Madrid y que sostiene justo lo contrario.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Huesca anuló el acuerdo por no seguir el procedimiento establecido, pero el Ayuntamiento recurrió la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, por lo que los servicios jurídicos de Aramón aún tienen que esperar a que haya un fallo firme para pedir responsabilidades patrimoniales. Mientras, el grupo de la nieve y el Ayuntamiento mantienen negociaciones para llegar a un acuerdo que solucione el conflicto, pero de momento no ha habido resultados.

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