HERALDO DE ARAGON

 

 

 

El Gobierno de Aragón es el principal demandado. El acto impugnado es precisamente la aprobación definitiva del PGOU por parte de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio. Antes de ir a los tribunales, Naturaleza Viva interpuso un recurso de alzada ante el viceconsejero de Obras Públicas, pero se desestimó por silencio administrativo.

 

El recurso de la DGA no será el único. Casi con toda probabilidad también irá al Supremo el grupo Aramón, del que forma parte Castanesa Nieve S. L., propietaria del suelo recalificado, con cuyas plusvalías iba a pagar el proyecto de ampliación de las pistas de Cerler hacia el vecino valle de Castanesa. La decisión definitiva se tomará mañana, cuando se reúna el consejo de administración.

 

Igualmente Montanuy quiere comparecer en el alto tribunal, según anunció su abogado, Javier González Migueláñez. Eso sí, el alcalde, José María Agullana, cree que es la DGA la que debe tomar la iniciativa.

Gobierno, Aramón y Ayuntamiento son parte en el proceso, junto a 17 particulares, algunos de ellos miembros de la Asociación por el Desarrollo de la Montaña, mayoritaria en el municipio, que el viernes instó al Ejecutivo a presentar recurso, al considerar el PGOU una pieza fundamental para evitar la despoblación de los 17 núcleos que conforman Montanuy, una parte de ellos situados en el valle de Castanesa.

 

Si la sentencia adquiriera firmeza, el PGOU sería nulo, Montanuy volvería a regirse por las normas subsidiarias provinciales y los terrenos recalificados como urbanizables dejarían de serlo. Aramón compro 180 hectáreas, con un coste de 20,9 millones de euros. De momento, la crisis ha impedido cualquier operación. Y es que el plan condiciona el desarrollo del suelo a la ampliación de la estación, una exigencia impuesta por el Ayuntamiento para evitar movimientos especulativos, ya que su principal objetivo es extender el dominio esquiable como motor económico del municipio.

Según fuentes jurídicas, el recurso de casación suspendería la nulidad, aunque los demandantes también podrían solicitar la ejecución de sentencia.

En paralelo, el Ayuntamiento de Montanuy puede reiniciar el procedimiento urbanístico para enmendar la irregularidad que motivó la anulación. Sería necesario retrotraerse al momento en el que debió encargar la evaluación ambiental estratégica, una omisión achacable al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), que la consideró «inviable» dado el avanzado estado de tramitación del PGOU. La repetición de los trámites, si no hay demoras imprevistas, conllevaría entre 12 y 15 meses, mientras que la Sala Tercera (Contencioso-Administrativa) del Tribunal Supremo está tardando tres años en resolver los recursos.

 

Las partes demandadas. La principal es la DGA, pero también figuran la compañía mercantil Castanesa Nieve S. L. (grupo Aramón), el Ayuntamiento de Montanuy y 17 vecinos que se personaron en apoyo del municipio.

 

El acto impugnado. Los acuerdos adoptados en 2008 por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio, órgano de la administración autonómica, que aprobaron con carácter definitivo el PGOU.

 

La clave del fallo. La omisión de la evaluación de impacto ambiental estratégica, un trámite «esencial», según la sentencia, que determina la nulidad de pleno derecho del plan. El Inaga, también un órgano del Gobierno de Aragón, consideró que era «inviable» hacerlo, acogiéndose a una excepcionalidad de la ley y argumentando que cuando entró en vigor la norma el plan ya estaba avanzado. Según el tribunal, no lo motivó razonadamente. Además, se trata de un municipio de «alta calidad ambiental».

 

Los empresarios del valle de Benasque, sin embargo, no dudaron en posicionarse junto a los vecinos de Montanuy y criticaron que el proceso judicial se iniciara «por una plataforma de gente que no vive en el territorio y que ha conseguido frenar un proyecto como este, la ampliación de Cerler, que permitiría colocar la estación dentro de una categoría superior», comentó Jorge Llanas, presidente de la Asociación Turística. «Parece que no hay voluntad de sacar adelante el Pirineo», criticó haciendo referencia a la asociación que tanto se ha opuesto a este proyecto, que ellos consideran fundamental.

 

Llanas quiso hacer hincapié en que desde Benasque siempre han defendido que la ampliación de las pistas debería iniciarse por el sector de Ardonés, pero que entienden también el sentir de sus convecinos del valle de Castanesa. «Los que viven en el territorio tienen derecho a ver cómo su valle se convierte en próspero y fructífero, que genera una riqueza acorde a los días en los que vivimos», insistió el presidente de los empresarios turísticos.