El constitucional anula una pista de esquí que se iba a construir en zona prohibida de valladolid

Se hizo una Ley en Castilla y León para adaptar un proyecto a una prohibición. Se modificó lo que hiciera falta para que la provincia de Valladolid tuviera una pista de esquí, en una zona sin nieve, que se fabricaría, y afectada por incendios. Se trataba de un proyecto megalómano, otro más, en una comunidad autónoma que tanto apostó por ellos.

Y ahora, el Tribunal Constitucional anula, de forma unánime, la Ley 6/2010, de 28 de mayo, en la que se declaraba como Proyecto Regional el ‘Complejo de Ocio y Aventura Meseta Ski’. Esa Ley fue recurrida en 2011 por el anterior Gobierno, en una iniciativa que encabezó el propio José Luis Rodríguez Zapatero, al considerar que se vulneró el artículo 50 de la Ley de Montes, «que obliga a las comunidades autónomas a garantizar la restauración de los terrenos incendiados y que prohíbe su urbanización durante treinta años”.

Además, el Tribunal Constitucional, que ya en 2011 suspendió la eficacia de la Ley, deja claro ahora que esa Proyecto Regional «pretende desarrollar»el ‘Complejo de ocio y aventura Meseta-Ski’ sobre unos «terrenos sujetos a las prohibiciones de cambio de uso forestal y de realización de actividades incompatibles con la regeneración de la cubierta forestal”, lo que es, a juicio del TC una «vulneración de la legislación básica del Estado”. Incluso dice el Constitucional que esta Ley no guarda «correspondencia sistemática alguna»con la Ley de Montes de Castilla y León, aprobada unos meses antes por las Cortes de Castilla y León, que «dispone que queda prohibido el cambio de uso forestal de los montes afectados por incendios durante un plazo de treinta años, y la modificación de la clasificación urbanística de los montes afectados por incendios durante treinta años”.

Ante todo ello, el colectivo Ecologistas en Acción pedirá, cuando la sentencia se publique en el BOE, la demolición de las pistas ya construidas y propone que «el centenar de procuradores, diputados y concejales que aprobaron el proyecto sufraguen con cargo a su patrimonio los 15 millones de euros de dinero público despilfarrado”.

También exigirá al Juzgado la inmediata demolición de las obras realizadas ilegalmente, así como la restauración de los terrenos a su estado original, procediendo a reforestarlos y a reintegrarlos al monte público «Eriales de Tordesillas y Anejos»del que fueron segregados en 2007.

Esta demolición, ya acordada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de Valladolid, en septiembre de 2010, fue revocada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León un año más tarde por depender la eventual demolición de la sentencia del Tribunal Constitucional.

Ecologistas en Acción agradece a Rodríguez Zapatero que «en su día interviniera en defensa de la legalidad y el medio ambiente» y «deplora la arbitrariedad e ilegalidad de las actuaciones emprendidas por la Diputación de Valladolid, el Ayuntamiento de Tordesillas, la Junta de Castilla y León y los grupos parlamentarios popular, socialista y leonesista de las Cortes regionales, que por unanimidad y entre aplausos aprobaron a sabiendas una Ley inconstitucional”.

En una nota de prensa, los ecologistas recuerdan que la Diputación de Valladolid inició en 2006 las obras de la pista de esquí «sin licencias municipales, sin declaración de impacto ambiental y sin permiso para el cambio del uso forestal de los terrenos”. También destacan que el entonces consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, aprobó «meses más tarde la declaración de impacto ambiental, aun sabiendo por sus propios técnicos que el monte había sufrido un incendio”.

«Es gravísimo que todas las autoridades y representantes políticos regionales que han intervenido a favor del proyecto hayan sacrificado el principio de legalidad, la división de poderes del Estado y los derechos fundamentales amparados por la Constitución para satisfacer los intereses espurios de unos políticos locales lamentables cuyas ocurrencias van a costarnos una vez se restaure el monte más de 15 millones de euros de todos, dilapidados en un dislate imposible”, añaden los ecologistas.