Ecología y desarrollo clama un «basta ya» para las montañas

La Fundación Ecología y Desarrollo exigió ayer al presidente Marcelino Iglesias que «lidere activamente» el debate surgido en torno a cómo conciliar en las montañas –y en particular en el Pirineo– el desarrollo socioeconómico con la protección ambiental y frene, mediante el diálogo, la escalada de enfrentamientos surgidos en la sociedad. Su presidente, Víctor Viñuales, lamentó ayer en una rueda de prensa celebrada en Zaragoza que el Gobierno aragonés sea «un mero espectador cualificado en el conflicto entre Aramón y los ecologistas».

«Las montañas son un activo muy importante. Pero, ¿qué queremos ser? ¿Otro Baqueira, Andorra o Los Alpes? Por eso es necesario un pacto sobre la nieve pero integrado en una visión más general que recoja aspectos de ordenación del territorio, política turística, medioambiental, agrícola o ganadera. Porque una empresa como es Aramón no puede definir el desarrollo», añadió.

La fundación recordó que «más que leyes, lo urgente son los acuerdos sociales». «¿Cuántos municipios del Pirineo tienen técnicos?, ¿cuál es el resultado de la negociación de un ayuntamiento pequeño con una empresa constructora que mueve miles de millones?, ¿queremos cantidad o calidad?», se preguntó.

Viñuales habló ayer de «crisis» y pidió al Ejecutivo que «regule la avaricia» despertada por el ladrillo. «Levantando apartamentos ocupados 18 días al año no se fija población. Porque éste es un modelo que no ha funcionado en la costa». Ahora, la asignatura pendiente es la participación social. «Pedimos a las partes generosidad, respeto y prudencia en la defensa de sus posiciones. Y que no se contramanifiesten, porque todo el mundo tiene derecho a opinar», afirmó recordando la contramanifestación de alcaldes del Pirineo a la protesta en el Portalet de la Plataforma en Defensa de las Montañas.

Pablo Barrenechea, responsable del Programa Aragón de la citada fundación, reclamó por su parte que las directrices de la nieve se elaboren participativamente, como exige el Convenio de Aarhusa, que obliga a los países europeos a contar con la sociedad durante la elaboración de disposiciones o normas jurídicas.

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