Aramón entrega a montanuy el plan para la macrourbanización

El Ayuntamiento de Montanuy dispone ya de un plan con el que poder continuar con la tramitación de la macrourbanización que Aramón, la sociedad mixta que gestiona las estaciones de esquí en Aragón, pretende sacar adelante en el valle de Castanesa. Según pudo saber ayer este diario, Aramón ha hecho entrega de la documentación a este municipio afectado por la construcción de 2.300 viviendas, dos campos de golf y nuevas pistas de esquí planificadas junto a Cerler y en el valle (cerca ya de la frontera con Cataluña).

Se trata de un polémico plan urbanístico que ayer mismo fue denunciado por la Plataforma en Defensa de las Montañas, colectivo que junto con IU-Aragón había acudido al Parlamento europeo para informar ante una comisión de los «abusos urbanísticos» en territorio aragonés. A la cita, organizada por el eurodiputado Willy Meyer, acudieron también representantes de las comunidades autónomas de Valencia, Castilla La Mancha y Cantabria.

La alarma sobre el avance del proyecto de Montanuy la dio Francisco Iturbe, representante de la Plataforma en Defensa de las Montañas. «Este fin de semana hemos tenido conocimiento de que se ha presentado el plan para continuar con el proyecto de la urbanización, pero poca información más nos ofrecen de este valle en el que viven alrededor de 300 personas, destinadas fundamentalmente a la ganadería», indicó Iturbe.

Uno de los motivos esgrimidos en la comisión para rechazar la macrourbanización fue el coste ambiental que tendrá la llegada de 7.000 personas al valle de Castanesa. «Los sistemas hídricos, basados en arroyos, desaparecen por completo y se desplaza la ganadería a cambio del monocultivo del esquí. Pese a que el cambio climático indica que mantener este tipo de actividad en el Pirineo aragonés no será rentable en 15 ó 20 años», argumentó Iturbe.

Junto con el caso de Montanuy, el coordinador de IU en Aragón, Adolfo Barrena, puso encima de la mesa otros proyectos impulsados por promotores privados y ayudados por las administraciones públicas como son el macrocomplejo de juego y ocio de Gran Scala, las 8.000 viviendas planificadas en La Muela (vinculadas a la construcción de un campo de golf y un centro comercial), el desarrollo de las estaciones de esquí de Valdelinares-Gúdar y Javalambre o la ampliación del polígono industrial de Empresarium en Zaragoza, a costa de ocupar suelo de zona esteparia de especial protección.

«Bajo la justificación de que el turismo de nieve crea empleo, el Gobierno se está vinculando con la financiación de instalaciones de esquí y también con el cubrimiento del déficit que estos recintos generan cada año», expuso Adolfo Barrena en alusión al 50% de participación que el Gobierno de Aragón tienen en la sociedad Aramón (promotora del macroplan de Montanuy).

También le dedicó gran parte de su comparecencia al proyecto de Gran Scala y a la ayuda que el Gobierno de Aragón presta a sus promotores. «La última moda de nuestro Gobierno en Aragón es legislar a la carta para desarrollar los terrenos que desean los promotores», dijo.

FACILIDADES Denunció que la DGA «ha firmado un protocolo de forma que se compromete a pagar las infraestructuras de agua, electricidad, comunicaciones e incluso una parada del AVE. Y se ha comprometido también a modificar la Ley del Juego y la Ley Urbanística en todo aquello que necesiten», subrayó ante los asistentes a la comisión.

Todos estos casos denunciados por IU Aragón se incluirán en el informe Auken, un documento coordinado por la eurodiputada danesa Margaret Auken (Los Verdes) con el que la Unión Europea pretende completar la propuesta de resolución aprobada en el 2005 (conocida como informe Fourtou), por la que la UE instó a las autoridades españolas competentes a garantizar que los planes generales de desarrollo urbanístico se sujeten a una evaluación de impacto ambiental. Fue un toque de atención al que las administraciones públicas han hecho caso omiso, de ahí que IU esté colaborando intensamente con este nuevo documento al que se quiere dar mayores implicaciones que al informe Fourtou.

Se prevé que el informe Auken esté listo en febrero o marzo del próximo año, y entre sus conclusiones se incluirá la exigencia de dictar una moratoria a las autoridades españolas para los nuevos proyectos urbanísticos que no se ajusten a la ley . El objetivo es que la UE pueda interrumpir el pago de los fondos estructurales a las regiones que supuestamente no respeten las normas urbanísticas. Asimismo, se pedirán indemnizaciones para las personas damnificadas por la ejecución de estos planes urbanísticos que incumplan la normativa medioambiental.