La Plataforma en Defensa de las Montañas, promotora de la iniciativa, asegura que la masiva respuesta popular “demuestra la importancia que tiene para los aragoneses la existencia de una ley que proteja a nuestra montañas de los abusos que la amenazan”.
Los promotores consideran que el Gobierno aragonés se encuentra ante la obligación de dar respuesta legal a las reivindicaciones populares y recuerda que el propio ejecutivo autónomo está detrás de la sociedad Aramón (formada por el Gobierno de Aragón y la entidad financiera Ibercaja), “que es la responsable de una política de insostenibilidad y desastre en nuestras montañas”. Aramón ha sido el blanco de las iras de los colectivos en defensa del medio ambiente y un desarrollo sostenible en los últimos años, sobre todo por sus intervenciones en las estaciones de esquí. Ahora Aramón podría incluso operar en zonas limítrofes, lo que ha puesto en alerta a otros colectivos ecologistas pirenaicos.
La ley que promueve la Plataforma pretende salvaguardar los recursos naturales y culturales de las montañas aragonesas y que “lo negativo en la situación actual (despoblación, pérdida progresiva de estructura social y de identidad…) sea cambiado por un relanzamiento social basado en un desarrollo sostenible y perdurable en el tiempo”.
Movilización masiva
Las actuaciones de Aramón en formigal y, en concreto, en el valle de espelunziecha, han sido el detonante de una movilización que se ha dividido entre Zaragoza y el Pirineo central a lo largo de meses. Manifestaciones y debates han servido a la Plataforma para concienciar a la población sobre la necesidad de proteger la cordillera pirenaica.