¿qué pasa con la carta española de las montañas?
HISTORIA DE UNA CARTA
Los montañeros amamos las montañas y acudimos a ellas por un sinfín de razones. Algunas sumamente pragmáticas: desconectar de la rutina, hacer deporte, mantener alta nuestra autoestima añadiendo un objetivo codiciado a nuestra lista personal de trofeos, disfrutar del tiempo con los amigos compartiendo una ocupación que nos divierte. A éstas suelen superponerse otras razones mucho más inaprensibles e íntimas, como la necesidad de soledad y silencio, el profundo bienestar que depara la belleza o la pulsión del reencuentro periódico con lo inalterado.
Todas estas razones, que quizás percibimos como subjetivas e individualistas, son en realidad altamente compartidas por muchos de nosotros y también por personas no montañeras en el sentido deportivo de la palabra. Y sin necesidad de entrar en más análisis, todas estas razones nos bastan probablemente a la mayoría para creer sin reservas en la importancia de conservar las montañas.
Las montañas tienen, sin embargo, muchas más razones de ser. Tantas, que abreviaríamos diciendo que las montañas son la base de la seguridad y la economía de las tierras del llano, debido a su influencia sobre el clima y sobre la disponibilidad de agua, además de ser reserva de patrimonios naturales y culturales, de paisajes de alta calidad y de una multitud de valores económicos y también intangibles, que se derivan precisamente de su vasta diversidad biológica y cultural.
Sin embargo, todas estas funciones y servicios que deparan las montañas, y que son vitales por igual para montañeses y habitantes del llano, dependen críticamente o sólo pueden cumplirse si los ecosistemas de las montañas se encuentran en un estado razonablemente bueno de conservación. Desafortunadamente la mayor parte de las actividades humanas en las montañas han tenido y tienen como objeto la explotación no siempre racional de sus recursos, lo que conduce irremisiblemente a la degradación y en algunos casos a la destrucción total de estos ecosistemas. De este modo quedan comprometidos la mayor parte de los procesos vinculados a los hábitats y sistemas biológicos propios de las montañas, y ello afecta especialmente a la protección de los suelos, la regulación de los caudales hidrológicos, la calidad del agua, el mantenimiento de la biodiversidad, el clima y la depuración del aire.
Todos estos aspectos motivaron, allá por 1998, la declaración del año 2002 como Año Internacional de las Montañas por parte de la Asamblea de las Naciones Unidas, con el objeto de promover un amplio debate técnico y social que arrojara luz acerca de los mecanismos más idóneos para conjugar conservación y desarrollo en las áreas de montaña, y evitar así los graves problemas vinculados a la degradación de sus ecosistemas, y que en muchos casos entroncan también con una calidad de vida insuficiente para sus pobladores humanos.
En los países de la Unión Europea, tanto la actividad preparatoria del Año Internacional de las Montañas como la celebración del mismo dieron lugar a multitud de foros de debate -institucionales y civiles-, que a su vez generaron una ingente cantidad de conclusiones, recomendaciones, convenios, estrategias y normativas tendentes a la mejora del estado de cosas a través de la identificación de las causas de los problemas y de las medidas más idóneas para atajar éstos. En muchos de los países, el proceso ha adquirido compromiso y continuidad a través de líneas de investigación y de la puesta en marcha de muy diversos planes y programas vinculados a la gestión sostenible en las áreas de montaña.
En nuestro país, con una cierta precipitación y especialmente gracias al efecto de arrastre que supuso el ejemplo de otros países europeos, el Año Internacional de las Montañas dio lugar a diversas y quizás inconexas iniciativas, tanto de las administraciones regionales, instituciones y organismos públicos (destacando en ello el Organismo Autónomo Parques Nacionales) como por parte de diversas fundaciones, empresas, organizaciones y colectivos sociales, ambientalistas y montañeros. Todo ello propició un moderado (pero pasajero) incremento del interés mediático y público con relación a las áreas españolas de montaña.
En el ámbito político, el Consejo de Ministros creó ad hoc un Comité Español para el Año Internacional de las Montañas, con la función de difundir las recomendaciones de las Naciones Unidas, así como de promover y coordinar los esfuerzos de las distintas instituciones y colectivos interesados en el AIM. A instancias del Ministerio de Medio Ambiente, ese Comité acordó también elaborar un documento que, a partir del análisis de los diversos aspectos de la realidad, diagnosticara la situación actual de las montañas españolas y propusiera las líneas estratégicas más adecuadas para conciliar la conservación de las mismas y el uso sostenible de sus recursos.
Este estudio se nos encomendó a un equipo externo e independiente de consultores, que a lo largo de varios meses realizamos una prospección de la ingente documentación específica surgida como resultado del AIM y sus fases preparativas. El análisis de esta información a la luz de la realidad española nos permitió un primer esfuerzo de síntesis de la problemática de nuestras montañas, que bajo la forma de un cuestionario de trabajo se sometió a la consulta de más de un centenar de expertos, entre técnicos, investigadores, gestores, juristas, políticos y docentes, así como representantes de grupos ecologistas, sindicatos agrarios, prensa especializada en temas ambientales y de montaña, asociaciones de empresarios turísticos y otros colectivos sociales.
De este modo y también a través de colaboraciones, escritos y comunicaciones personales, pudimos valorizar a lo largo de la redacción del trabajo las opiniones y aportaciones de un valioso grupo de personas y entidades implicadas, por unas u otras razones, en la conservación y también en la utilización de los recursos de las montañas. En diferentes momentos, el trabajo recibió además las orientaciones y la supervisión del profesor Martínez de Pisón, así como el estrecho seguimiento por parte de expertos en derecho ambiental y de personas de reconocido criterio en el mundo del alpinismo.
El proceso de análisis y diagnóstico nos llevó a la delimitación de los grandes campos de problemas socioeconómicos, carencias institucionales y amenazas ambientales comunes a la mayor parte de las áreas españolas de montaña, y ello a su vez a una serie de conclusiones y propuestas plasmadas en un primer borrador que, revisado y enriquecido tras ser sometido a debate en el Seminario sobre Conservación y Desarrollo Sostenible en Áreas de Montaña (23-26 de febrero de 2003 en Valsaín, Segovia), nos permitió finalmente elaborar el segundo borrador de la Carta Española de las Montañas, cuyo objetivo explícito es “establecer los principios, directrices y recomendaciones para el diseño de políticas integrales capaces de garantizar la protección de las montañas (…) como única vía para garantizar la equidad, el bienestar y el desarrollo equilibrado de sus habitantes, satisfaciendo a la vez las aspiraciones, intereses y expectativas espirituales, recreativas, éticas, científicas, intelectuales y vitales del conjunto de la sociedad”.
En sus premisas fundamentales, la Carta reconoce cómo “el alto grado de naturalidad y diversidad aún presente en las montañas españolas; la calidad, belleza, exclusividad y significado cultural de los múltiples paisajes de sus valles y cumbres; la originalidad y funcionalidad de sus ecosistemas y el rico legado histórico que encierran sus culturas, representan en su estado de integridad, y en el contexto nacional, europeo y supranacional, el principal activo económico para los pobladores de las montañas y un auténtico valor en alza para el conjunto de la sociedad” y, por lo tanto, “garantizar el estado de integridad y naturalidad de las montañas españolas debe constituir la principal prioridad y el objetivo básico de toda política de montaña”.
En su estado actual, el borrador de la Carta de las Montañas recoge dieciocho puntos, estructurados en los tres ejes fundamentales que se explican a continuación :
1) Conservación prioritaria del patrimonio natural y cultural, rehabilitación de los paisajes y espacios degradados y recuperación del legado cultural, en el entendimiento de que todos los valores naturales y culturales del medio de montaña son exclusivos e irrepetibles, y su deterioro o destrucción son irreparables, significan una pérdida definitiva para la colectividad y van en detrimento espiritual, ético y moral de las generaciones presentes y venideras.
2) Puesta en valor del patrimonio, así preservado, como base fundamental para el desarrollo y el bienestar local, a través de la utilización equilibrada, sostenible y racional de los distintos recursos: agricultura, ganadería y sector forestal; pequeña industria sostenible; turismo responsable, desaconsejándose las formas intensivas y de alto impacto como las que se asocian a las estaciones de esquí; actividades innovadoras vinculadas a los recursos culturales, la docencia, la investigación, la rehabilitación del patrimonio cultural o la preservación del medio natural.
3) Contraprestaciones a la población local, en el respeto al principio de equidad social ante las desventajas naturales que impone la montaña a sus pobladores, así como en reconocimiento a los beneficios que todo el conjunto de la sociedad obtenemos de las montañas, a menudo como consecuencia de buenas prácticas y también de restricciones de usos por parte de sus pobladores. Dichas contraprestaciones –bajo la forma de un amplio abanico de mecanismos de apoyo estructural, promoción, indemnización, incentivación y compensación- deben reflejar la solidaridad social y estimular el liderazgo, el consenso y la participación local en todos los procesos de protección, planificación y gestión de las zonas de montaña.
Por último, nuestro borrador de la Carta de las Montañas incluía una propuesta de coordinación de criterios, voluntades, normativas y competencias políticas bajo la forma de un Observatorio o Red de Apoyo para las Zonas de Montaña, que en el ámbito estatal y en una primera fase debiera promover el diálogo conjunto y el debate técnico entre las administraciones territoriales, con objeto de unificar criterios para la creación de una política homogénea de protección para las montañas españolas, así como estudiar los instrumentos normativos y financieros más adecuados.
En una segunda fase, se trataría de establecer una red territorial de centros de orientación técnica de ámbito autonómico o comarcal, cuya misión consistiría en favorecer las iniciativas locales para el desarrollo sostenible y de impulsarlas allá donde faltasen, utilizando técnicas de análisis y ordenación territorial así como de “facilitación social” para todos los procesos de participación y consecución de pactos operativos, aportando soluciones técnicas, ayuda administrativa, apoyo financiero y seguimiento de los procesos locales a través de descriptores adecuados, con objeto de conseguir una mejora permanente de dichos procesos.
Finalizado en la primavera de 2003 el trabajo del equipo redactor, el borrador de la Carta de las Montañas recibió –todavía en el “rebufo” del Año Internacional de las Montañas- elogios y parabienes, incluyendo el de documento modélico para el contexto de la Unión Europea. A lo largo del verano de 2003, el borrador fue sometido a una nueva ronda de participación pública, remitiéndose a más de doscientas direcciones de expertos, agentes sociales e instituciones implicadas, y recabando sólo ligeras puntualizaciones que no implicaron cambios sustanciales ni tampoco especiales críticas adversas.
En el momento presente, finales de marzo de 2004, ya suficientemente alejado el glamour europeo del AIM, el interés del Ministerio de Medio Ambiente por las montañas ha vuelto a apagarse –no en vano, uno de los problemas diagnosticados en nuestro estudio ha sido una histórica desatención política hacia las montañas-. El borrador de la Carta de las Montañas ha permanecido durante muchos meses en algún cajón, y por algún motivo continúa pendiente el proceso de aprobación que debería convertir el borrador en documento de trabajo, e implicar en adelante una serie de compromisos y de obligaciones.
Sería fantástico que el nuevo gobierno recién elegido rompiera la tradición y se interesara genuinamente por el porvenir de las montañas españolas. Sería una gran noticia para los muchos ciudadanos que amamos las montañas, pero también debiera serlo para el resto de la colectividad, porque la salud y la integridad de las montañas nos beneficia a todos.
Sería fantástico pero sobre todo es urgente, porque las montañas españolas se encuentran, desgraciadamente, tan amenazadas por la codicia y la estupidez como lo estaban antes de que llegara, y se fuera, el Año Internacional de las Montañas.
Rosa Fernández-Arroyo